En el reportaje de esta semana vemos los intentos de reabrir la Mina Bellavista en Miramar, Puntarenas, pese a la oposición de muchas personas y pese a los errores que se cometieron en el pasado, que obligaron a cerrarla.
28 de junio de 2011
Protección del ambiente y actividad petrolera
28.06.2011
El desarrollo energético del país no se debe sustentar en los hidrocarburos
Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.
Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.
Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.
Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.
Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).
Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.
La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.
Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.
Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.
El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.
Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.
La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.
En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.
Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR
Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Fuente: Oilwatch Mesoamerica.
Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.
Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.
Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.
Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.
Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).
Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.
La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.
Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.
Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.
El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.
Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.
La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.
En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.
Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR
Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Fuente: Oilwatch Mesoamerica.
27 de junio de 2011
Protección del ambiente y actividad petrolera
El desarrollo energéticodel país no se debe sustentar en los hidrocarburos
Allan Astorga G. a.astorga.g@gmail.com 09:11 p.m. 27/06/2011
Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.
Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.
Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.
Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.
Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).
Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.
La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.
Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.
Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.
El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.
Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.
La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.
En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.
Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR
Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Fuente: Nacion.com.
25 de junio de 2011
Minera Crucitas demanda a otro diputado
EXIGE ¢300 MILLONES
IRENE VIZCAÍNO ivizcaino@nacion.com 11:27 A.M. 24/06/2011
La empresa Industrias Infinito, que desarrolla el proyecto minero Crucitas, en Cutris, San Carlos, demandó ayer a otro diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La acción es contra Claudio Monge, a quien responsabiliza de difamar la “integridad” de la firma mediante manifestaciones, por lo que le reclama ¢300 millones.
“Nuestro interés es que el dinero sirva para resarcir el daño a la sociedad. Eso será repartido entre las asociaciones de desarrollo comunal de Crucitas”, dijo Wílliam Méndez, asesor legal de la empresa.
El 10 de junio, Industrias Infinito planteó otra querella por difamación contra el también legislador del PAC, Manrique Oviedo. A él, le exige ¢200 millones.
Se desconoce, en ambos casos, las manifestaciones que dieron origen a las gestiones judiciales.
Claudio Monge explicó ayer que desconoce el fondo de la demanda. Sin embargo, aseguró que no le sorprende ni le “intimida”.
“Lo que me sorprende es que se hayan atrasado tanto y que el monto con el que dicen que van a ayudar a los pobres sea tan bajo”, expresó el legislador por Heredia.
Ambas demandas se plantearon ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pues, por ser los diputados miembros de supremos poderes, gozan de inmunidad.
De esta forma, la empresa solicita al Poder Judicial que comience el procedimiento para levantar ese fuero especial.
Fuente: nacion.com.
24 de junio de 2011
RESUMEN EJECUTIVO (AL 20-06-2011) RESPECTO A DENUNCIAS U OTROS// IRREGULARIDADES QUE PRESUNTAMENTE INVOLUCRAN A FUNCIONARIOS DEL MINAET
En la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa del jueves 23 de junio salieron a la luz las valientes denuncias del funcionario Oscar Loza de MINAET.
DenunciasControlInternoMINAET
Se acordó una nueva audiencia para el próximo jueves 30 de junio a la 1:15 pm. con don Teófilo de la Torre y don Oscar Loza para dar seguimiento denuncia por denuncia. Les compartimos aquí por ser información pública la lista de denuncias emitidas por don Oscar Loza... no podemos seguir con esta negligencia en el sector pùblico ambiental.
DenunciasControlInternoMINAET
17 de junio de 2011
Murió el Plan Conceptual - la lucha continúa.
"Si la empresa encargada del proyecto minero Bellavista solicita de manera oficial extender su área de trabajo para la exploración y explotación de oro, la solicitud se rechazaría por el decreto de moratoria firmado en el 2010, que impide nuevos proyectos para esas actividades, aseguró Uriel Juárez, nuevo secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.“ http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/3969-uriel-juarez-secretario-general-setena-plan-para-reactivar-mina-bellavista-incumpliria-legislacion-vigente.html
Ya el 9 de junio en la audiencia de la Comision de Ambiente de la Asamblea el Ing.Uriel Juárez, indicó: “El área del proyecto que SETENA analizó fueron 105 hectareas...Si ellos desearan reactivar el proyecto, lógicamente que vienen condiciones nuevas. Si lo hacen dentro de esas 105 has, que nosotros ya analizamos, habría que ver bajo que condiciones vendría esa solcitud, para ver cual es el instrumento que debemos aplicar – si está dentro del área del proyecto. Si se sale de esa área del proyecto, srs. diputados, aqui aplicariamos la legislación 8904, en donde prohibe el uso de cianuro. De esta forma ahi el proyecto no puede ser analizado. Porque somos respetuosos de la ley.“
En la entrevista con el Semanario Universidad declaró: "Si (los desarrolladores) se salen del área del proyecto actual, habria que hacer uno nuevo (?), y la legislación vigente prohibe la mineria a cielo abierto y el uso de cianuro, con solo eso no le podriamos dar ningún tramite.“
http://www.youtube.com/watch?v=Z3qsNZyPeDA&feature=uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=Z3qsNZyPeDA&feature=uploademail
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| Ing. Juárez, observadoras |
Semanario: Entonces como es una nueva planta, es un nuevo proyecto porque significa salir del lugar?
Juárez: "Si, entonces no podría operar. Si quieren seguir explotando, es ahi mismo, pero es un riesgo por lo del deslizamiento.“
Suponiendo que el sr.Juárez estaba autorizado de hacer estas declaraciones, algo pasó desde el 14 de abril, cuando la Licda. Cynthia Cavallini, DGM, supuestamente también autorizada, declaró ante la misma Comisión Ambiental:
"El concesionario puede modificar el área o las labores, siempre que haya justificación técnica para hacerlo. … Si por razones técnicas usted tiene que variar las condiciones bajo las que fue otorgada esa concesión, porque necesita variarlas, tiene que pedir la autorización a la DGM. Implica una modificación, no una nueva concesión.“ --- Nada de "No habrá tramite.“
Parece que el gobierno entendió, que resultaria dificilísimo apoyar el aventurero "Plan Conceptual“.
Pero eso no significa, que se abandonó la idea de reactivar la explotación de la mina Bellavista. Al contrario todas las manifestaciones de los funcionarios indican, que piensan seguir con ese proyecto como si no hubiera pasado nada. Esta intención solo se puede realizar bajo tres condiciones. Son exactamente esas, que los funcionarios defienden con uñas y dientes contra toda lógica y evidencia.
En primer lugar es la insistencia en que el deslizamiento fue provocado por lluvias imprevisibles.
Segundo: La afirmación, que no hubo daño ambiental.
Tercero: El pronóstico, que el movimiento tectónico no volveria a ocurrir.
No me imagino, que funcionarios con tanta experiencia sostengan en serio estas ficciones. Pero son imprecindibles para la reactivación de la mina. Porque cada una de estas situaciones deberia llevar a la anulación de la viabilidad o al cierre del proyecto, misión imposible mientras se han extraido solo 80 mil onzas de las 420 mil que esperan en la roca y quieren lucir en los tresores.
En la audiencia de la Comisión de Ambiente quedó evidente el apuro de los representantes de la SETENA.
Al ser enfrentado con el argumento que el deslizamiento se desenfrenó en puro verano y que también las lluvias en los años anteriores eran menores que las de 1997 y 1998, cuando se elaboró el PGA, al sr. Juárez solo le salvó la ayuda humanitaria del presidente de la comisión, quien pasó la palabra a otro diputado sín esperar la respuesta.
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| Claudio Monge, pres. Comisión |
Lo mismo pasó con el argumento que la rotura de la geomembrana, el desborde de la laguna de alta concentración, el hundimiento de la escombrera con la subsecuente sedimentación del río, normalmente son evaluados como daños ambientales graves. SETENA no tenía que responder, gracias a la generosidad del presidente quien solo les pidió que "respondan a algunas preguntas“.
En las conclusiones finales del Ministerio (expediente 45-99) los mismos funcionarios declaran los daños ambientales inexistentes porque "se concentraron en propiedad privada.“
También el pronóstico de la futura estabilidad del patio de lixiviación y de la escombrera se fundamentan en afirmaciones curiosas, como que las formaciones tectónicas no se movieron mucho en el terremoto de Cinchona. Admite la famosa consultora Tetra Tech, que todavia no cuentan con un modelo de las fallas en el área del proyecto para determinar en detalle el comportamento futuro del deslizamiento. Los diputados expresaron su esperanza que un deslizamiento no se repitiera. No comparto esta esperanza.
El efecto desmovilizador intencionado ya se observa en algunos grupos antimineros, que han registrado las declaraciones de SETENA con gran alivio.
De hecho el sr. Juárez usa palabras fuertes, como: "Hay quienes se quieren brincar las reglas; lo que se pide a un desarrollador a veces no le gusta, pero tenemos que ser consecuentes.“ o "Cualquier desarrollador que quiera ir en contra de una legislación y a lo que el pueblo está manifestando, no se la va a jugar.“
Son palabras que conocemos bien de las "barridas“ del TAA.
Para someter a prueba el esperado fin del proyecto, pedimos con más insistencia ahora el cierre técnico definitivo y sostenible de la mina. Hechos, no palabras.
Esto incluye medidas como muros de contención, recomendados por expertos en la materia pero no realizados por la minera, el traslado de partes del material estéril y de la mena agotada a lugares seguros, el desmontaje de todas las instalaciones y una reforestación, que merezca el nombre, en lechos de tierra
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| Área "reforestada" |
fértil, con riego sistemático en verano, con especies pioneras, que aguantan las duras condiciones en un terreno devastado.
Estas medidas cuestan mucho tiempo, trabajo y capital, pero hay que pedirlas ahora, mientras la B2Gold saca enormes ganancias en Nicaragua.
Aún asi siempre quedarán daños irreversibles como el tajo, triste monumento de un desarrollo equivocado.
Fuente: Miramar al Grano.
Fuente: Miramar al Grano.
La Tierra busca abogados contra "ecocidios"
Por Ido Liven
AARHUS, Dinamarca, jun (IPS) - Las imágenes de la inmensa mancha negra de petróleo que cubrió el Golfo de México recorrieron el mundo como testimonio de uno de los más grandes desastres ambientales de la historia.
La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada en 2002 para procesar casos contra cuatro tipos de delitos contra la paz: genocidio, crímenes de guerra, de agresión y contra la humanidad.
"Las legislaciones (nacionales) ambientales no cumplen con el propósito", dijo Higgins. "Tenemos un enorme daño y destrucción ocurriendo a diario, y se agrava, no decrece".
La propuesta de Higgins define "ecocidio" como "la vasta destrucción, daño o pérdida de ecosistemas de un territorio dado, sea por causa humana u otras, a tal grado que el goce pacífico de sus habitantes se vea severamente disminuido".
Higgins dijo que, en efecto, ella ve al planeta Tierra como "un cliente que realmente necesita un buen abogado".
"Reconocer el ‘ecocidio’ significaría una expansión de nuestro círculo de preocupación. Ya no sería solamente el daño de humano a humano, sino del humano a toda la comunidad de la Tierra", afirmó.
La abogada dijo que existía un círculo vicioso en las relaciones de la humanidad con la naturaleza: la explotación intensiva de los recursos agota y degrada los ecosistemas, lo que genera conflictos entre las personas, a veces armados. La guerra, a su vez, provoca daños a gran escala en el ambiente.
El deterioro ambiental masivo durante tiempos de guerra ya está prohibido. El artículo de "crímenes de guerra" en el Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, prohíbe "el daño a largo plazo y severo del ambiente" en ciertas condiciones.
La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles proscribe el uso del ambiente como arma en los conflictos armados.
La propuesta de Higgins busca extender esas prohibiciones a tiempos de paz.
Aunque hay diferentes vías para que un caso sea llevado ante la CPI, Higgins cree que los "ecocidios" probablemente se basarán en información presentada por organizaciones no gubernamentales y comunidades locales.
La propuesta es que la CPI castigue a los responsables de "ecocidio" y ordene la restauración del daño en vez del pago de multas, pena común en las legislaciones ambientales de muchos países.
Varias corporaciones concientes de las sanciones financieras simplemente incluyen a las multas dentro de su presupuesto de gastos, señaló la experta.
"Sin duda hay una brecha en la ley internacional" en materia ambiental, dijo David Hunter, profesor asociado de derecho en la American University.
El experto apuntó particularmente a la vulnerabilidad de los países del Sur en desarrollo, que afrontan significativos problemas ambientales pero carecen de robustos sistemas legales para vencerlos.
"Además de que se necesita algo así, que se expanda el derecho penal internacional y cubra los problemas ambientales atroces, creo que es una buena idea", dijo Hunter. "Ahora, si recibirá apoyo y cuánto durará ese apoyo, es otro tema".
El experto explicó que los delitos juzgados por la CPI son actos deliberados. La destrucción ambiental, por otra parte, es resultado de la negligencia. Además, estas acciones, como en el caso de la extracción de arenas de alquitrán en Canadá, deben ser consideradas ilegales a nivel local
Algunos ven la propuesta contra el "ecocidio" como otro intento de "destruir la prosperidad, criminalizando las necesarias actividades económicas". Así opinó Wesley J. Smith, del Centro sobre Excepcionalismo Humano del Instituto de Descubrimiento.
En un artículo de opinión publicado en mayo de 2010 por el neoconservador The Weekly Standard, Smith señaló que "equiparar la extracción de recursos y/o la contaminación con el genocidio trivializa los verdaderos males como la matanza de Ruanda, los campos de exterminio en Camboya, los Gulag (campos de trabajos forzados en la Unión Soviética), y eleva los sistemas ambientales indefinidos al estatus moral de poblaciones humanas", añadió.
Pero Higgins dijo que esperaba mucha más oposición de la que ha recibido hasta ahora. "En cierta medida, estoy en el radar", afirmó con una sonrisa.
Para ser aprobada, la propuesta de "ecocidio" debe ser aprobada por al menos dos tercios de votos en la ONU y adoptada por todos los estados miembro.
Pero la propuesta de Higgins va más allá de disuadir actividades potencialmente destructivas y castigar a los perpetradores.
"Lo que necesitamos es crear amnistía", dijo, "dar un periodo de transición donde podemos ayudar a las compañías a pasar a ser limpias, con soluciones verdes, porque necesitamos la actividad de las grandes corporaciones"
No se trata de juzgar a nadie, señaló. "Porque, de hecho, somos todos cómplices. La energía que viene a mi casa, por más que y quisiera que procediera de energías renovables, no es así. Si conduzco mi auto estoy usando combustibles fósiles", indicó.
(FIN/2011)
Fuente: IPS Noticias.
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| Bermas de arena en las islas Chandeleur. |
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Otras, como las del "Gran Parche de Basura del Pacífico" --una gigante pila de desechos que flota en el norte de ese océano--, de los incontables árboles cortados en la Amazonia o de las arenas de alquitrán en Canadá, no tuvieron tanta repercusión, pero también atestiguan el precio que tiene la ambición humana.
Para impedir desastres similares y exigir justicia a nivel mundial, la abogada y activista Polly Higgins, radicada en Londres, presentó en abril de 2010 una propuesta legal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para considerar a los daños ambientales graves como un delito contra la paz, al que llamó "ecocidio". La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada en 2002 para procesar casos contra cuatro tipos de delitos contra la paz: genocidio, crímenes de guerra, de agresión y contra la humanidad.
"Las legislaciones (nacionales) ambientales no cumplen con el propósito", dijo Higgins. "Tenemos un enorme daño y destrucción ocurriendo a diario, y se agrava, no decrece".
La propuesta de Higgins define "ecocidio" como "la vasta destrucción, daño o pérdida de ecosistemas de un territorio dado, sea por causa humana u otras, a tal grado que el goce pacífico de sus habitantes se vea severamente disminuido".
Higgins dijo que, en efecto, ella ve al planeta Tierra como "un cliente que realmente necesita un buen abogado".
"Reconocer el ‘ecocidio’ significaría una expansión de nuestro círculo de preocupación. Ya no sería solamente el daño de humano a humano, sino del humano a toda la comunidad de la Tierra", afirmó.
La abogada dijo que existía un círculo vicioso en las relaciones de la humanidad con la naturaleza: la explotación intensiva de los recursos agota y degrada los ecosistemas, lo que genera conflictos entre las personas, a veces armados. La guerra, a su vez, provoca daños a gran escala en el ambiente.
El deterioro ambiental masivo durante tiempos de guerra ya está prohibido. El artículo de "crímenes de guerra" en el Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, prohíbe "el daño a largo plazo y severo del ambiente" en ciertas condiciones.
La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles proscribe el uso del ambiente como arma en los conflictos armados.
La propuesta de Higgins busca extender esas prohibiciones a tiempos de paz.
Aunque hay diferentes vías para que un caso sea llevado ante la CPI, Higgins cree que los "ecocidios" probablemente se basarán en información presentada por organizaciones no gubernamentales y comunidades locales.
La propuesta es que la CPI castigue a los responsables de "ecocidio" y ordene la restauración del daño en vez del pago de multas, pena común en las legislaciones ambientales de muchos países.
Varias corporaciones concientes de las sanciones financieras simplemente incluyen a las multas dentro de su presupuesto de gastos, señaló la experta.
"Sin duda hay una brecha en la ley internacional" en materia ambiental, dijo David Hunter, profesor asociado de derecho en la American University.
El experto apuntó particularmente a la vulnerabilidad de los países del Sur en desarrollo, que afrontan significativos problemas ambientales pero carecen de robustos sistemas legales para vencerlos.
"Además de que se necesita algo así, que se expanda el derecho penal internacional y cubra los problemas ambientales atroces, creo que es una buena idea", dijo Hunter. "Ahora, si recibirá apoyo y cuánto durará ese apoyo, es otro tema".
El experto explicó que los delitos juzgados por la CPI son actos deliberados. La destrucción ambiental, por otra parte, es resultado de la negligencia. Además, estas acciones, como en el caso de la extracción de arenas de alquitrán en Canadá, deben ser consideradas ilegales a nivel local
Algunos ven la propuesta contra el "ecocidio" como otro intento de "destruir la prosperidad, criminalizando las necesarias actividades económicas". Así opinó Wesley J. Smith, del Centro sobre Excepcionalismo Humano del Instituto de Descubrimiento.
En un artículo de opinión publicado en mayo de 2010 por el neoconservador The Weekly Standard, Smith señaló que "equiparar la extracción de recursos y/o la contaminación con el genocidio trivializa los verdaderos males como la matanza de Ruanda, los campos de exterminio en Camboya, los Gulag (campos de trabajos forzados en la Unión Soviética), y eleva los sistemas ambientales indefinidos al estatus moral de poblaciones humanas", añadió.
Pero Higgins dijo que esperaba mucha más oposición de la que ha recibido hasta ahora. "En cierta medida, estoy en el radar", afirmó con una sonrisa.
Para ser aprobada, la propuesta de "ecocidio" debe ser aprobada por al menos dos tercios de votos en la ONU y adoptada por todos los estados miembro.
Pero la propuesta de Higgins va más allá de disuadir actividades potencialmente destructivas y castigar a los perpetradores.
"Lo que necesitamos es crear amnistía", dijo, "dar un periodo de transición donde podemos ayudar a las compañías a pasar a ser limpias, con soluciones verdes, porque necesitamos la actividad de las grandes corporaciones"
No se trata de juzgar a nadie, señaló. "Porque, de hecho, somos todos cómplices. La energía que viene a mi casa, por más que y quisiera que procediera de energías renovables, no es así. Si conduzco mi auto estoy usando combustibles fósiles", indicó.
(FIN/2011)
Fuente: IPS Noticias.
15 de junio de 2011
El Oro de los Tontos
Pablo Ortega presenta otro ingenioso y agradable documental sobre la minería y la empresa Infinito Gold. Martes 14 de junio, 2001.
stellachinchilla.blogspot.com
stellachinchilla.blogspot.com
Fuente: Blog de Stella Chinchilla.
Uriel Juárez, secretario general SETENA: Plan para reactivar mina Bellavista incumpliría legislación vigente
Miércoles, 15 de Junio de 2011 06:08
El secretario general de la SETENA, Uriel Juárez, mencionó que la empresa Metales Procesados no ha hecho ninguna propuesta formal para retomar los trabajos de extracción de oro en la mina Bellavista. (Foto: Katya Alvarado)
Si la empresa encargada del proyecto minero Bellavista solicita de manera oficial extender su área de trabajo para la exploración y explotación de oro, la solicitud se rechazaría por el decreto de moratoria firmado en el 2010, que impide nuevos proyectos para esas actividades, aseguró Uriel Juárez, nuevo secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
El jerarca, quien asumió el cargo el 16 de mayo, explicó en una entrevista con UNIVERSIDAD que según un plan conceptual presentado por la compañía Metales Procesados, encargada de la mina ubicada en Miramar de Puntarenas, esta pretende extender las actividades fuera de su área actual, lo que representa un nuevo proyecto. Sin embargo, las directrices actuales solo permiten la minería con permisos otorgados antes de la aprobación de la moratoria.
El plan conceptual describe que la laguna de relaves (donde se depositan los residuos del proceso de extracción) se ampliaría hacia Agua Buena, donde hay varias nacientes que desembocan en el estero de Puntarenas y llegan al acuífero de Barranca-El Roble.
El ingeniero agrónomo, quien fungió anteriormente como representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Comisión Plenaria de la SETENA, conversó también sobre los retos de la institución y las críticas que ha recibido de parte de la ciudadanía. Este es un extracto de la entrevista.
¿Cuáles son sus objetivos como nuevo secretario general? ¿En qué se enfocará su trabajo?
-Vamos con un tinte de coordinación interno con los diferentes departamentos, en una forma más estrecha, y también consensuar con las otras instituciones que son representadas aquí ante la Comisión Plenaria, para que la labor vaya fluyendo en forma paralela a lo que requiere el ambiente. Nos hemos dado cuenta de que hay ciertas directrices que se realizan sin consultar una institución a la otra.
Por otro lado, también se requiere estrechez con los desarrolladores y consultores ambientales, para coordinar los estudios de impacto ambiental, que los hagan de forma responsable, clara y transparente. A veces hay estudios que vienen de afuera para ser analizados aquí que nos traban más de la cuenta, y cuando damos un dictamen, nos hacen falta indicadores y estudios más fortalecidos para dar una viabilidad.
En cuanto a los temas prioritarios que quedan pendientes en esta administración, ¿cuál es el mayor reto?
-Tenemos proyectos que al país le interesan, por ejemplo los rellenos sanitarios. Hemos visto cómo los que funcionan están terminando su vida útil; entonces hay que ponerle atención a eso con buenos estudios para dar un dictamen.
Está lo de las carreteras, la de Chilamate que va a dar hasta Limón; son obras que el país necesita y requerimos darle un seguimiento puntual para que los impactos no sean tan pronunciados o que se puedan mitigar los que ya hay.
Una de las mayores críticas hacia la institución es que es una entidad técnica, pero se volvió política, por los temas conflictivos como Crucitas. ¿Cómo devolverle este papel fiscalizador y una opinión pública favorable?
-Acepté este puesto porque soy técnico, nunca me he desenvuelto en el campo político, y la SETENA es meramente técnica; estamos velando por el bienestar del país con un desarrollo armónico con la naturaleza. Que se nos quiera tildar en que participamos en cosas políticas, no, más bien al revés, el político quiere meterse para hacernos desviar la atención de lo que llevamos por buen rumbo.
¿Anteriormente sí hubo deseos de sectores de meter esa parte política?
-No me consta, antes de asumir esta responsabilidad estuve tres años y medio como representante en la Comisión Plenaria. En ese seno nadie nos torció la mano para que apoyáramos algo.
Pero el pueblo tiene esa percepción…
-Nosotros tenemos “marcada la cancha” de nuestra actuación y no nos podemos salir de ahí. A mucha gente no le gusta eso; gente molesta que en la calle dice cosas negativas de nosotros porque no le estamos satisfaciendo. Hay intereses de intereses, de los desarrollares, ambientalistas, políticos, que si no se les queda bien, atacan.
¿Cómo pudo afectar el tiempo en que Andrei Bourrouet estuvo ejerciendo los cargos de viceministro de Energía y secretario general a la vez, ya que podía tomar decisiones políticas?
-Desde el punto de vista técnico no afectó nada. Durante ese tiempo se continuaron haciendo los análisis, se siguieron dando las viabilidades, nunca se paralizó a pesar de que el secretario no estaba físicamente.
No hay injerencia política, en ningún momento vi a don Andrei queriéndole torcer el brazo a nadie, siempre hubo mucha transparencia, esos comentarios son infundados. Como Comisión Plenaria le manifestamos que era necesario contar con un secretario de planta, a él y al ministro (de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre).
La SETENA siempre ha sido exigente en los requisitos que se deben solicitar. A mucha gente le parecerá muy duro, la ley nos dice por dónde podemos ir; sin embargo, se puede dialogar y buscar el mejor norte para beneficio de todos; eso no quiere decir que sea suave.
Hay quienes se quieren brincar las reglas; lo que se pide a un desarrollador a veces no le gusta, pero tenemos que ser consecuentes.
¿Cómo está el tema de la mina Bellavista, usted ha comentado que no han visto el plan conceptual de Tetra Tech (realizado para la empresa Metales Procesados)?
-Ellos presentaron en diciembre del año pasado ese plan conceptual; lo metieron en el expediente, nada más. En enero le pedimos a la empresa que nos indicara cuál era el objetivo de presentar ese plan y no hemos tenido respuesta. No lo hemos analizado, de momento no sabemos nada, estamos monitoreando constantemente ese proyecto junto con la Dirección de Geología y Minas.
En el plan conceptual la empresa dice que quiere extender los trabajos más kilómetros hacia abajo, hacia el sector de Agua Buena, y además hacer minería subterránea. ¿Qué requisitos tendrían que cumplir para eso?
-Si se salen del área del proyecto actual, habría que hacer uno nuevo, y la legislación vigente prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro; con solo eso no le podríamos dar ningún trámite.
¿Entonces como es una nueva planta, es un nuevo proyecto porque significa salir del lugar?
-Sí, entonces no podría operar. Si quieren seguir explotando, es ahí mismo, pero es un riesgo por lo del deslizamiento. Lo que es explotación y exploración no se está realizando nada, esa labor está paralizada.
Ellos (la empresa minera) no se la jugarían porque saben que van a tocar con pared, cualquier desarrollador que quiera ir en contra de una legislación y a lo que el pueblo está manifestando, no se la va a jugar, porque es un riesgo muy grande y un desgaste desde todo punto de vista. Si nos presentan un proyecto así, inmediatamente lo rechazamos.
Fuente: Semanario Universidad.
14 de junio de 2011
¿Pedir un nuevo Estudio de Impacto Ambiental??
Doce preguntas del Semanario Universidad
El Semanario nos mandó estas preguntas, material para un artículo que se publicó el 8 de junio 2011.http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/3917-solicitan-a-la-setena-cierre-definitivo-de-mina-bellavista.html
Dado que el espacio en la revista no permite respuestas tan detalladas aunque tengan cierta relevancia en la discusión actual, las publicamos completas en este blog.
En que contexto ven ustedes su denuncia ante SETENA ?
El contexto es ese:
Ahora tanto las conversaciones informales del gobierno con la minera, como las
discusiones en la Asamblea y en grupos del movimiento antiminero se concentran en la cuestión si el nuevo proyecto requiera un nuevo Estudio de Impacto Ambiental o no.
Con esta discusión ya se ha cedido la posición de que esta mina no debe funcionar, que no es factible como estaba planteado y permitido. Esta realidad, que se evidenció en 2007 , ha sido reconocido hasta por la misma empresa minera y por las autoridades. Pero no sacaron la conclusón lógica: que hay que cerrar la mina. La forma administrativa sería: archivar la concesión, declarar nula la viabilidad ambiental por incumplimiento de compromisos adquiridos y un cierre técnico bien controlado por expertos realmente independientes.
Ahora precisa discutir y luchar por un cierre definitivo de la mina, no por las modalidades de una reactivación, tanto más porque ellos todavia no tienen nada listo, presentable.
No le parece poco realista esta exigencia?
Esta exigencia tiene una gran ventaja: Se fundamenta en hechos ocurridos, no tenemos que recurrir a pronósticos, riesgos posibles, probabilidades - situación que se daría en el momento que tenemos que evaluar o sea cuestionar un EIA.
Los hechos son:
La mina ha prometido la estabilidad de la pila de lixiviación , conociendo las fallas, los altos niveles freáticos y las lluvias. La promesa era, que mediante su tecnología de punta, diseño de la pila y medidas de precaución evitarian un deslizamiento y la contaminación con cianuro.Todas sus medidas - sacos de arena, tubos de drenaje, zanjas, la "irrompible“ geomembrana - fracasaron.
No tenemos ninguna razón de aceptar el " borrón y cuenta nueva“ que ahora proponen.
Entonces que efecto espera de su petición de cerrar la mina?
En primer lugar un efecto mobilizador. No digo que esta petitoria nuestra va a fructificar directamente. Para eso se necesita un movimiento y una oposición parlamentaria existente. Pero es clara y comprensible y fundamentada en hechos obvios, aunque ellos no los aceptan.
Por supuesto, me parece prudente prepararse para un momento en que la minera pida formalmente un anexo al PGA vigente o una "homologización“ o, lo más probable, un "pequeño“ EIA para una modesta “planta industrial“ en Agua Buena. Pero esto es otro nivel.
Prepararse a criticar un nuevo EIA es otra cosa que pedirlo ahora al gobierno.
Si pedir el cierre no es realista, tampoco se puede suponer que - una vez aceptada la obligatoriedad de un nuevo EIA - la discusión sobre este Estudio tenga más probabilidad de llevar a un cierre de la mina. Hemos experimentado esta situación entre 1999 y 2002 cuando la comunidad de Miramar y los ambientalistas presentaron criticas muy bien fundamentadas y comprobadas posteriormente. Fueron rechazadas por todas las instancias.
No cree que ahora con el código reformado la situación sea diferente?
No. Pero no voy a tratar de convencer de eso a Usted ni a la gran mayoria del
movimiento. Tienen sus razones para esta creencia. Los mineros ya estan concientes, que aceptar un nuevo EIA para el proyecto minero les llevaria a una situación, que los mismos que piden el EIA les dirán, que la nueva ley no lo permite.
En una nueva discusión sobre el EIA para la planta industrial tendremos que enfrentarnos con la misma minera Metales Procesados, con la misma consultora o sea diseñadora Tetra Tech y con los mismos funcionarios de SETENA y DGM que ya en 2002 avalaron el Plan de Gestión Ambiental.
Ustedes tienen dudas en la credibilidad de los ingenieros que diseñan y después controlan el proceso ?
Hemos visto que ellos fallaron. Y vemos que con maniobras que no contribuyen mucho a la confiabilidad de una fiscalización objetiva, la empresa, su consultora Tetra Tech y los funcionarios del Estado llegaron a conclusiones poco sostenibles. La misma auditora se declaró incapaz evaluar el grado del cumplimiento con el PGA. Argumentos como este, que la estabilidad de la pila esté probable, porque quedó estable en el terremoto de Cinchona, no nos convencen. Esto significaría que todos los taludes que no cayeron en este terremoto, serían estables en el futuro. Hemos visto deslizamientos en 2010 que no cayeron cuando Cinchona.
Denunciamos que la consultora Tetra Tech, encargada con la auditoría se encontró en un conflicto de intereses. Por un lado tenía que investigar la verdad sobre los movimientos de masas en la mina y sobre las responsabilidades de los diseñadores, por otro lado tenía el interés de encubrir posibles errores de sus propios técnicos que colaboraron en el Plan de Gestión Ambiental.
Además es posible que les había torcido la vista el hecho que podían esperar un encargo lucrativo, el diseño del nuevo proyecto, en caso que la auditoría resultara favorable a la minera.
Cuáles son sus críticas a las instituciones SETENA y DGM?
En el fondo es el entendimiento que: si hay un proyecto profitable, hay que realizarlo. Y que después las partes, las instituciones de control y los desarrollistas se sienten para buscar o negociar en equipo soluciones para causar lo menos daño ambiental "posible“. Ya tomaron la decisión de ejecutar el proyecto. Se dejan un espacio para conversar sobre medidas de mitigación. Pero también en cuanto a estas tienen prioridad los criterios de rentabilidad y competetividad.
Nosotros defendemos la tesis, que un gobierno debe revisar un proyecto presentado y punto. Y si resulta no viable, rechazarlo. Pero no buscar modalidades y figuras juridicas que lo hacen viable, junto con el desarrollista. Vemos que frente a estas "reuniones informales de trabajo“ somos totalmente indefensos. Es exactamente la situación actual.
¿Creen ustedes que un recurso de revocatoria y apelación sea suficiente para revocar la viabilidad del proyecto en Bellavista, tomando en consideración que la concesión de oro sigue vigente y que no es una cuestión sencilla quitársela?
Solicité que se anule (revoque) la viabilidad ambiental. Creo que el argumento (obvio incumplimiento con compromisos adquiridos) legalmente es "suficiente“ para justificar tal decisión. Si la SETENA lo verá así ? Mejor pregunte a los funcionarios.
¿Podrá ser el conflicto de intereses y relaciones entre las empresas un motivo que sirva de argumento para que el trabajo en la mina no se reinicie?
SETENA y B2Gold entendieron la Auditoría como base legal para decidir sobre el cierre o la reactivación del proyecto. Si esta Auditoría no cumple con los más mínimos requerimientos de una investigación imparcial - pierden esta base. Si nuestras exigencias son justas, tenemos que presentarlas. Creo que seria un error callarnos si el pronóstico del éxito es poco prometedor. En esta situación luchamos todas y todos ahora.
¿No creen que el camino sea interponer un recurso contencioso administrativo, el mismo que detuvo por el momento la minería en Crucitas, y que abogados consideran que sería la opción más factible?Posiblemente será más efectivo. Nosotros preferimos agotar primero la via administrativa. En este pais la justicia es cara. No conozco a ningún abogado (solicité consulta a varios) dispuesto a tocar el tema Bellavista.
Además es una desventaja de un proceso formal a cargo de un abogado, que las tácticas jurídicas y los reglamentos procesuales fácilmente adquieran una dinámica propia, que sale del control de las bases actores.
¿Tienen conocimiento de que pasó con el plan conceptual que elaboró Tetra Tech y que se presentó a la SETENA? ¿Creen que lo podrían homologar como un estudio de impacto ambiental, pasando por encima de los requerimientos necesarios para reactivar la exploración y explotación en la mina?
Así como se lee ahora el Plan Conceptual, lo considero imposible. Costa Rica todavia no es Nicaragua, donde la misma B2Gold encontró un gobierno extremadamente "accesible“. El Plan Conceptual es un croquis con muchos vacíos. Pero el "equipo singular“ podrá llenarlo con datos y promesas y estudios especiales. No voy a especular sobre las maniobras que van a usar para pasar por encima de los requerimientos.
Cómo ven Ustedes el traspaso de la lixiviación y del deposito de la masa agotada a Agua Buena?
Para nosotros esta alternativa es igual de riesgosa y hasta aventurera. En Agua Buena también puede llover y si no hay fallas bajo la represa de lodos tóxicos, también existe el riesgo de actividades sísmicas. También en Agua Buena rige la ley física de la gravitación o sea la "mano de Dios".
Además serían otros 100 hectáreas de nuestro cantón que se convierten en desierto.
Si ya el movimiento antiminero se está organizando con actividades como la difusión de información y realización de caminatas, ¿en qué se debe enfocar ahora? ¿será en la parte de legalidad y viabilidad del proyecto, tema en que se asienta su denuncia? ¿Por cuáles otros mecanismos se debe optar para evitar la reapertura de la mina?
Eso depende de la relación de fuerzas. El enfoque en lo legal siempre es una señal de la debilidad de un movimiento. Un movimiento fuerte como el que se enfrenta a las plantas atómicas en Alemania casi no recurre a los tribunales. Tiene muchas medidas de resistencia, movilización de cientos de miles de personas, desobediencia civil, bloqueos, cadenas humanas, campamentos en los sitios de las plantas y hasta sabotaje masiva para impedir un proyecto en la realidad, no en el papel.
Eso depende de la relación de fuerzas. El enfoque en lo legal siempre es una señal de la debilidad de un movimiento. Un movimiento fuerte como el que se enfrenta a las plantas atómicas en Alemania casi no recurre a los tribunales. Tiene muchas medidas de resistencia, movilización de cientos de miles de personas, desobediencia civil, bloqueos, cadenas humanas, campamentos en los sitios de las plantas y hasta sabotaje masiva para impedir un proyecto en la realidad, no en el papel.
Una caminata de protesta seguro es una actividad que puede contribuir a que logremos al fin nuestro objetivo. No veo sentido en valorarla bajo el criterio, si por eso van a cerrar la mina. Nosotros con las pocas fuerzas que tenemos apoyamos esta marcha. Participaré hasta tanto me lo permiten las patas.
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