24 de enero de 2019

El Proyecto Minero Crucitas: Ayer y hoy


Fotos: ameliarueda.com.
  • Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos aquellos que tienen que ver con los coligalleros. 

El problema minero se remonta a los años de la colonia española. Históricamente, Costa Rica no ha sido un foco de riqueza metalúrgica como lo fueron México, Perú o Bolivia desde antaño. Sin embargo, los mayores episodios mineros pueden ubicarse en el siglo XIX cuando se explotaban los cerros de la cordillera volcánica de Tilarán. Personajes como el exjefe de estado José Rafael Gallegos o más tardíamente, producto de la llegada del ferrocarril y el cultivo del banano en el Caribe, Minor Cooper Keith, fundador del primer gran emporio norteamericano, la United Fruit Company.
Entrado el siglo XX, la minería siguió su desarrollo de forma más artesanal, pues su costo era mayor que su beneficio. Sin embargo, pasada la primera mitad del siglo anterior, poco a poco se hicieron presentes nuevos proyectos con mayores inversiones, principalmente de carácter internacional, tal es el caso de Infinito Gold (Canadá) en Crucitas de Cutris de San Carlos (Alajuela, Costa Rica), muy cerca de la frontera con Nicaragua.
El caso de la mina en Crucitas, se venía gestando una lucha comunitaria de casi dos décadas en contra del proyecto. El caso toma relevancia en octubre de 2008 cuando el entonces presidente de la república, Oscar Arias Sánchez, junto a su ministro de ambiente, Roberto Dobles, declararon “de interés público y conveniencia nacional” el proyecto minero en Crucitas (Decreto 34801). A partir de ese decreto, la empresa tuvo vía libre para talar más de cien hectáreas de bosque, hasta que se logra frenar la destrucción debido a una medida cautelar interpuesta, lo que llevó a dos nuevos escenarios este conflicto: el Tribunal Contencioso Administrativo y las Acciones Directas desde San José, a doscientos kilómetros de distancia de Crucitas. Esto fue importante porque, al trasladar el tema a la capital, se logró posicionar en los medios de comunicación, así como en el debate nacional.
El juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo llevó a una victoria relativa en contra de Industrias Infinito (subsidiaria de Infinito Gold). Relativa en el tanto anuló la concesión otorgada a la empresa minera en Crucitas, pero no prohibió esta práctica. Sin embargo, hubo un hecho fundamental que quizás se veía impensable: la acusación por la firma del decreto 34.801 en contra del ministro de ambiente Roberto Dobles y, más importante aún por todo lo que representa, en contra del expresidente Óscar Arias Sánchez.
Posteriormente, en 2010, se firman dos nuevos decretos relacionados con la minería de oro a cielo abierto. El primero de Óscar Arias Sánchez al finalizar su administración, es el Decreto 35.982, donde se declaraba la “moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto” y suspendía cualquier proyecto en tramitación, pero respetaba los derechos adquiridos por los proyectos anteriores a este decreto, lo cual dejaba, por ejemplo, la Mina Bellavista, y otros similares, en actividad. El segundo es el decreto de la presidente Laura Chinchilla, Decreto 36019, donde se declara la “moratoria de minería metálica a nivel nacional”. Sin embargo, aunque incluye también la minería subterránea, este nuevo decreto no eliminaba las concesiones que ya estaban en funcionamiento, a sabiendas de los desastres ambientales provocados, tal es el caso de Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas. Además, ambos decretos solo se aplican para la extracción de oro y no para otros metales que pueden ser extraídos y que provocan daños similares.
Posteriormente, en 2011, se logra aprobar por unanimidad en la Asamblea Legislativa, la reforma al artículo 8 del Código de Minería, Ley 8904. Con esta reforma se cerraron las posibilidades para nuevas concesiones de minería de oro a cielo abierto, se archivan los proyectos en tramitación, se eliminó la posibilidad de usar mercurio o cianuro en los procesos de lixiviación, se prohíbe la actividad minera en zonas protegidas y se establece que solo la extracción de oro artesanal a través de cooperativas puede desarrollarse en las áreas de reserva minera. A pesar de esta reforma, la minería subterránea no quedó modificada, pues el cambio en el Código de Minería hace referencia exclusivamente a las minas a cielo abierto. De igual forma, mantiene los derechos sobre las concesiones ya existentes.
A pesar de todo esto, en Crucitas se da una nueva reactivación de la minería, pero esta vez bajo la forma del coligallero. Aunque no hay mucha claridad al respecto, es importante destacar que los grandes proyectos mineros están vinculados con redes de carácter criminal como el narcotráfico, razón que explica, por ejemplo, la contratación de sicarios para el asesinato de líderes ambientalistas en diferentes lugares de Latinoamérica. Pareciera ser que hay fuertes intereses moviéndose en la zona, que se aprovechan de la fuerza de trabajo nicaragüense, lo que ha implicado otras problemáticas relacionadas con otros fenómenos socioeconómicos. Las características que ha tomado en los últimos meses la compleja situación con los coligalleros, indica que se trata de todo un entramado que incluye redes criminales y económicas de diversa especie.
Al día de hoy, la situación en Crucitas solo ha pasado por una intervención policiaca en la zona, con algunos conatos de violencia y detenciones, pero el problema se mantiene altamente latente y con posibilidades de un conflicto mayor si el estado no interviene decididamente.
De igual forma, en las últimas semanas ha sido importante la reactivación del caso judicial que implica al expresidente Oscar Arias Sánchez. Esto tiene consecuencias políticas trascendentales en dos vías: la primera en tanto pueda ser juzgado el exmandatario, aunque se corre el riesgo que no trascienda más allá del show mediático que está provocando. La segunda es que se está tejiendo toda una trama de justificación con respecto al proyecto minero: se considera que de haberse concesionado a Infinito Gold la extracción de oro, no estaría dándose el desastre socioambiental que ha provocado el coligallero. Esto último es absurdo, pero es el discurso que se mueve desde los medios de comunicación.
En resumen, Costa Rica no es un país libre de minería y las acciones políticas han estado lejos de poner fin a un problema de larga data. El desastre ambiental provocado por la minería de oro principalmente ha sido evidente en las últimas décadas, en todos sus niveles y métodos. Las medidas raquíticas tomadas por el estado como las moratorias o las prohibiciones parciales no han venido a solucionar en nada la explotación minera ni sus nefastas consecuencias.
Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos aquellos que tienen que ver con los coligalleros.

Coordinadora Ni Una Sola Mina
San José, 20 de enero de 2019.

23 de abril de 2017

Llamado Urgente por la seguridad de Jeniffer Moore y John Dougherty requeridos por las autoridades peruanas

Comunicado Urgente
Coordinadora Ni Una Sola Mina

San José, 22 de abril de 2017.

A la comunidad nacional e internacional,
El día viernes 21 de abril de 2017, el documentalista estadounidense John Dougherty y la ambientalista Jennifer Moore, fueron detenidos en horas de la noche en la ciudad de Cusco, Perú al finalizar el cine-foro "Desde Canadá al sur andino de Perú, el caso de HudBay Minerals”, donde se proyectó el trabajo de Dougherty con la participación de Moore en el mismo.
Al sitio se apersonaron unos veinte policías, quienes detuvieron a los extranjeros bajo la excusa de revisar su situación migratoria. Detenidos en la oficina regional de Seguridad del Estado, se les acusa de participar en actividades de trabajo y no de turismo, razón de ser de la visa. Sin embargo, ninguno de los dos estaban realizando actividades lucrativas, tan solo presentaban el mencionado documental.
Jennifer Moore, ambientalista coordinadora del programa latinoamericano sobre conflictos mineros de Miningwatch, está siendo constantemente hostigada por el Estado peruano y la están citando para que este lunes brinde una nueva declaración respecto a su estatus migratorio. Reconocemos que esto se trata de una estrategia de persecución y criminalización por su lucha en contra de la minería, lo cual indica que el Estado pretende complicar su situación para retenerla en el país.
Pasada la media noche, fueron puestos en libertad y se albergan en casas de compañeros. En el caso de Moore, está alojada en casa de su abogada.
Desde Costa Rica, hacemos un llamado para que John Dougherty y Jennifer Moore puedan salir del Perú y que se respeten sus derechos fundamentales.

Coordinadora Ni una sola mina
niunasolamina@gmail.com

6 de octubre de 2014

Posición de la Coordinadora Ni Una Sola Mina sobre la impunidad hacia responsables del Proyecto Minero Crucitas en la zona norte de Costa Rica

San José, Costa Rica
5 de Octubre, 2014

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:

Como se dio a conocer en algunos medios escritos nacionales desde el pasado 3 de octubre de 2014 [1], a partir de este mes y hasta diciembre  se realizarán los juicios contra algunas personas implicadas en el Proyecto Minero Crucitas,  entre estas personas se encuentra el ex - Ministro de Ambiente Roberto Dobles, quien fue una de las personas que otorgó la concesión ilegal al proyecto.
Sin embargo, el supuesto actor intelectual en el otorgamiento del permiso para operar en nuestro país a la empresa minera Industrias Infinito S.A., perteneciente a Infinito Gold Ltda., el ex - Presidente de la República Óscar Arias Sánchez sigue impune pues la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) no indagó al ex – Presidente Arias por este supuesto mal accionar como funcionario público y por tanto se le pudo haber imputado el cargo de prevaricato sino que hace 2 días se comunica que esta misma fiscalía solicitó que se desestime el caso que se sigue contra Óscar Arias Sánchez, por una supuesta donación de 200.000 dólares de  Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz  (expediente 12-000124-621-PE).
Arias sigue impune aun cuando desde el 24 de noviembre del año 2010 los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo recomendaron a la Fiscalía que se investigara si Óscar Arias Sánchez incurrió en prevaricato o no, al declarar de interés público un proyecto minero privado.
Por su parte el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría también ex vice-ministro de Arias, en aparente complicidad con Arias Sánchez por su evidente falta de acciones en el caso Crucitas y otros de interés nacional, sigue a la fecha dejando impune a Oscar Arias a pesar de sus afirmaciones de que en le país “no existe impunidad” [2]. A todo esto se aúna que el Fiscal General Chavarría podría ser reelegido en el cargo el día de lunes 6 de octubre de 2014 a pesar de que numerosos actores sociales nos oponemos por su falta de trasparencia y cuestionada gestión en este importante cargo público.
Por lo tanto como Coordinadora Ni Una Sola Mina exigimos:
1. No más impunidad hacia el ex - Presidente de la República Óscar Arias Sánchez por el caso del Proyecto Minero Crucitas.
2. No a le reelección de Jorge Chavarría como Fiscal General de la República quien con sus acciones deja dudas y aparenta complicidad con Arias Sánchez en el caso del Proyecto Minero en cuestión.
3. Seguir con los casos de todas las personas implicadas en el proyecto Minero Crucitas de Industrias Infinito S.A en Costa Rica sugeridos por varios tribunales del país hace casi cuatro años y hasta la fecha siguen sin efectuarse.

¡SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA!
¡NO MAS IMPUNIDAD!

Coordinadora Ni Una Sola Mina
Costa Rica, Centroamérica
Correo electrónico: niunasolamina@gmail.com


[2]http://www.crhoy.com/bajo-la-lupa-discusion-sobre-continuidad-de-fiscal-general-llega-entre-reproches-y-descontento-popular/?utm_source=boletin&utm_medium=email_link&utm_content=boletin_manual


19 de junio de 2012

Acción Incostitucionalidad: Ley 8964 Reforma Código Minero

N# de Expediente: 12-006179-0007-COFecha de Entrada: 11/05/2012
Estado: TRÁMITEClase de Asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
SubEstado: NOTIFICAN CURSO
Ubicación: ADMISIBILIDAD DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Despacho: SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado(a): PRESIDENTE (A)
Letrado(a): ANDREA DEL HERRERA GUTIÉRREZ
Descripción: ART.8 BIS, 65 INCISO F DEL CÓDIGO DE MINERÍA Y EL TRANSITORIO V DE LA LEY 8964

Sala IV estudia recurso de inconstitucionalidad contra prohibición de minería a cielo abierto


mineria-a-cielo-abierto
Organizaciones ambientalistas creen que detrás del recurso de inconstitucionalidad se intente revivir a Crucitas.
Elvis Martinez. La Sala Constitucional acogió para su estudio un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código de Minería que desde el 2010 prohíbe la minería a cielo abierto. Eso ha puesto en alerta a las organizaciones ambientalistas del país, ya que creen que "intentan revivir por todos los medios el muerto de Industrias Infinito S.A." El recurso de inconstitucionalidad (Expediente N° 12-006179-0007-CO) fue interpuesto el pasado 11 de junio por Franz Ulloa Chaverri, presidente de la Cámara Costarricense de Industria Minera. Ulloa fue consultor de Infinito Gold (Crucitas), en la actualidad es ejecutivo de la transnacional Ascot Mining (Mina Chassoul en San Ramón, Tres Hermanos y El Recio en Abangares).
Ulloa Chaverri solicita que "se declaren inconstitucionales los artículos 8 bis, 65 inciso f) del Código de Minería y el Transitorio V de la Ley 8964, por estimarlos contrarios a los artículos 33, 34, 45, 46, 50 y 121 inciso 14 de la Constitución Política y al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, aprobado mediante ley número 7870".
La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en el 2010 la reforma al Código de Minería. En el artículo 8 bis se prohíben los permisos y concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. "Se establece que como excepción se otorgarán, únicamente,permisos de exploración con fines científicos y de investigación".
Sin embargo, Ulloa Chaverri  sostiene"que el artículo 8 bis, al disponer dicha prohibición, es contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, en tanto considera que la Asamblea Legislativa,so pretexto de perseguir fines públicos, lo que hizo al introducir esta norma fue perjudicar a dos determinadas empresas de manera arbitraria".

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Fuente: El Periódico CR.