Ambientalistas piden embargar garantía de Industrias Infinito

EMPRESA DEPOSITÓ $600.000 EN EL 2007

FERLIN FUENTES A. COLABORADOR 12:00 A.M. 24/12/2011

Abogados ambientalistas solicitaron al Tribunal Contencioso Administrativo embargar los $600.000 que la minera Industrias Infinito depositó como garantía ambiental desde el 2007.

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 Álvaro Sagot (de negro) y Bernal Gamboa presentaron ayer por la mañana la solicitud ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

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La solicitud la presentaron ayer Bernal Gamboa y Álvaro Sagot, demandantes en el denominado caso Crucitas, cuya sentencia dictó el Tribunal Contencioso en noviembre de 2010 y confirmó este mes la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo anuló la concesión otorgada a Industrias para extraer oro de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Fue debido a ese proyecto que, en agosto de 2007, la minera, de capital canadiense, depositó el dinero en una cuenta del Banco Nacional denominada Custodia de Valores N.° CV-7297-SETENA-MINAET.

Para Gamboa y Sagot, es necesario inmovilizar ese dinero ante la posibilidad de que la empresa lo retire y deje sin posibilidad de cobrar por los daños causados al ambiente, como ordenó la resolución.

“Esto lo hacemos con el objetivo de que no sea el Estado el que tenga que sacar dinero, sino pretendemos que la empresa (Industrias Infinito) sea la principal responsable”, indicó Sagot.

Se les consultó a representantes de la empresa, pero según su vocera, Yokebec Soto, no es posible referirse a una gestión que hasta ayer desconocían.

Además de la garantía ambiental, los abogados solicitaron embargar las cuentas en los bancos Nacional, de Costa Rica, Popular y HSBC a nombre de la minera.

También pidieron el decomiso de 16 propiedades y seis vehículos también propiedad de Infinito.

Temores. Los ambientalistas realizaron la petición de embargo luego de conocer sobre consultas realizadas sobre esta garantía.

“El 21 de diciembre nos enteramos de que funcionarios del MINAE preguntaron ese día en Setena por el depósito y consultaron sobre si se podría cobrar o no; lo que podría entenderse como que Industrias Infinito ya inició gestiones para retirarlo”, detalla el documento presentado ante el Tribunal.

Hace poco más de una semana, Industrias Infinito cerró oficinas en San Carlos y despidió a más trabajadores. En total ha prescindido de 223 en los últimos meses.

Solo tiene 20 empleados.

Fuente: La Nación.

Abogados ambientalistas solicitan ejecutar sentencia minera Crucitas

Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) 

San José, 23 dic (elpais.cr) – Dos abogados ambientalistas, que ganaron el juicio a la transnacional minera canadiense Infinito Gold, solicitan hoy a los jueces ejecutores del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica ejecutar la sentencia y dictar medidas cautelares.

Entre las medidas cautelares están anotación de las fincas de la empresa, paralización de cuentas corrientes en bancos estatales y privados, así como el embargo de 600 mil dólares depositados ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Los abogados son Bernal Gamboa, representante de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, y Álvaro Sagot Rodríguez, como representante de Jorge Arturo Lobo Segura, biólogo y académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes llevaron el caso junto con Edgardo Araya, de la Unión Norte por la Vida (Unovida).

La documentación será entregada hoy viernes a las diez de la mañana en la Sede del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA), en Calle Blancos de Goicoechea.

El 14 de noviembre el voto N° 4399-2010 del TCA, confirmado mediante  resolución de las nueve horas del treinta de noviembre de dos mil once, voto 001469-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso que la parte demandada (Estado, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la empresa Industrias Infinito S.A.) eran condenadas al pago de daños y perjuicios, costas procesales y personales.

En ambas sentencias fue sepultado el proyecto minero de oro a cielo abierto, que la transnacional pretendía construir en Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

Ambas sentencias condenaron a los demandados Industrias Infinito Sociedad Anónima, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de Industrias Infinito Sociedad Anónima.

Los abogados solicitan valorar, mediante estudios periciales, cuantificar la suma necesaria para la reparación integral de la zona afectada, 60 hectáreas taladas, que deberá ser depositada en la Caja Única del Estado para que sea manejada por el Ministerio del Ambiente, energía y Telecomunicaciones (Minaet), responsable de ejecutar las obras de reparación y restauración de la zona afectada.

Respecto a los codemandados Estado y Sistema Nacional de Áreas de Conservación, deberá el Ministerio de Hacienda realizar la previsión presupuestaria de las sumas que se lleguen a establecer en ejecución de sentencia, a fin de garantizar la disposición presupuestaria para hacer efectiva la citada reparación. Además, Industrias Infinito deberá colaborar y permitir todas las actividades tendientes a la reparación ordenada.

Los abogados advierten que el Sinac – Minaet, al haber sido condenadas y ser parte de este proceso, es imposible pedirles y contar con su criterio técnico-científico (por intereses contrapuestos), se hace necesario recurrir a otras instancias especializadas  que puedan hacer cumplir la sentencia en la etapa de ejecución de sentencia.

Por ello, solicitan que una Comisión Nacional de Rectores (Conare), integre un equipo de profesionales para que realicen los peritajes ordenados en el por tanto de la sentencia.

“Es importante hacerles ver al juez de ejecución, que los costos de estos peritajes son altos, inéditos y complejos y que tratándose de un interés difuso sería irracional y desproporcionado hacer incurrir a la parte actora en dichos gastos por lo que pedimos se acoja nuestra petición de enviar petición a CONARE lo antes posible con carácter de urgente para nombrar la comisión referida”, solicitan.

Además, solicitan que inmediatamente se anoten varias fincas, propiedad de la empresa minera, a efecto de que respondan por los daños ambientales y costas profesionales.

Igualmente, piden se proceda al embargo de la suma de 600 mil dólares que se encuentra depositada en razón del proyecto minero conforme consta en el expediente por concepto de garantía ambiental.

Dicha suma se encuentra depositada en la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica denominada CUSTODIA DE VALORES No. CV-7297- SETENA-MINAET.

Por otra parte, solicitan se disponga embargo sobre cuentas de la empresa Industrias Infinito en los bancos Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular, Banco HSBC.

Los abogados tampoco omiten indicar que el embargo sería procedente incluso por las costas conforme lo dispone supletoriamente el numeral 221 del Código Procesal Civil.

En cuanto a la tasación de costas del proceso ordinario #exponemos que dado el trabajo realizado durante el juicio, pedimos que se fije previamente a efecto de anotación de propiedades y cuentas la suma de 30 millones de colones correspondiendo 15 millones para Alvaro Sagot Rodríguez y los otros 15 millones para Bernal Gamboa”.

“Es importante hacer ver al Despacho que esta petición tiene como dos fines básicos, siendo el primero que se ordene al CONARE el nombramiento de una comisión de especialistas académicos de las universidades públicas para valorar los daños y perjuicios ambientales así como para establecer las medidas necesarias  en pro de la biodiversidad y segundo, para la anotación y embargo sobre propiedades y cuentas que deben responder por las costas, así como daños y perjuicios”, resaltan los abogados.

Aclaran que “no debe entenderse esta petición como la demanda de ejecución de sentencia, pues para la misma primero necesitamos tener el avalúo necesario, proporcional y científico que emitirían los profesionales que designe el CONARE”.

En cuanto a la labor de la Comisión del CONARES sostienen que “con base a lo resuelto en sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo se les ruega nombrar comisión de profesionales académicos para que rindan peritaje sobre los daños y perjuicios ambientales acontecidos en propiedades de la demandada INDUSTRIAS INFINITO S.A”.

Por otro lado, recomiendan, que el peritaje debe prever montos económicos así como determinación geográfica de la zona afectada y determinación daños y perjuicios a la biodiversidad, el paisaje, a zonas de protección a quebradas y ríos, al bosque, efectos sobre cambio climático y todo lo relacionado.

“La valoración debe  ser también económica fijando un cuantum y previendo y detallando los programas sociales que deberán implementarse para la recuperación ecosistémica y también el daño social ocasionado en áreas influencia relacionadas con el cambio de uso del suelo y tala rasa de la cobertura boscosa”.

Finalmente, recuerdan que la sentencia dispuso: “el daño ambiental sufrido se determinará mediante prueba pericial, la cual deberá contener las recomendaciones necesarias para la reparación integral de la zona afectada; asimismo, pericialmente deberá cuantificarse la suma necesaria para la reparación integral de la zona impactada”.

Fuente: elpais.cr.

Alertan: Sala IV de Costa Rica se puede “volar” sentencia Crucitas

Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) 

San José, 20 dic (elpais.cr) – Dos académicos costarricenses solicitaron a la opinión pública, estar alerta ante una decisión de la Sala Constitucional de anular la jurisprudencia, utilizada por la Sala Primera en el caso de la minera canadiense Infinito Gold.

Una decisión en tal sentido, sostienen, pondrá en conflicto el sistema jurídico costarricense y dará cabida a los intereses de la transnacional para llevar a Costa Rica a un tribunal internacional, aspiración reiterada por funcionarios y abogados de la empresa.

La alerta la hicieron el abogado Walter Antillón Montealegre y el sociólogo José Luís Vega Carballo, miembros de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático.

En un pronunciamiento, divulgado en este medio en la sección Opinión, ambos prestigiosos académicos alertan acerca de la grave amenaza que puede significarle a nuestro País una decisión errada de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.

Recuerdan que desde el pasado 11 de noviembre, es pública la noticia del extravío de un borrador de sentencia de la Sala Primera de la Corte, relacionado con el proyecto minero ubicado en Las Crucitas.

La transnacional canadiense Industrias Infinito Gold S.A. tuvo acceso a ese documento de trabajo, en un momento en que la información contenida en el mismo era secreta; y la utilizó para sustentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte. El caso es objeto de investigación por el Ministerio Público.

En Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, a tres kilómetros del río San Juan, la empresa foránea ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto, pero el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), eliminó los permisos ilegales y un decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional, emitido por el ex presidente Oscar Arias.

La Sala Primera en sentencia, por unanimidad de los cinco magistrados, decidió mantener el fallo del TCA y sepultó legalmente el proyecto minero Crucitas (Ver aquí Sentencia Completa).

Filtración

Antillón Montealgre y Vega Carballo denuncian que, pese a innumerables opiniones vertidas en distintos medios, exigiendo a la Sala Constitucional un rechazo "ad portas" de aquella acción,  basada en el conocimiento previo de un documento filtrado de manera fraudulenta a un tribunal de la República, “los Magistrados de la Sala Constitucional se han mantenido reservados al día de hoy, y ello es altamente preocupante”.

“Porque si un recurso judicial elaborado con base en  documentos espurios filtrados a un tribunal, como ocurre en este caso, es aceptado, la Sala Constitucional estaría cohonestando el ilícito, y con ello sentando un gravísimo precedente para nuestro sistema judicial”, explican los académicos.

Resaltan que “en todo caso obsérvese que desde el punto de vista jurídico ya no existe el “asunto pendiente” a que se refiere el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a que la Sala Primera falló el caso el pasado 30 de noviembre del 2011, confirmando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 14 de diciembre del 2010, tornando insubsistente uno de los presupuestos procesales de la acción”.

Pero además, aseguran, “en el plano de la oportunidad, está un grave riesgo, que la Sala Constitucional nos estaría haciendo correr como País, al acoger por la vía de la inconstitucionalidad cualquiera de las pretensiones de la empresa minera; porque con ello franquearía el camino de un eventual arbitraje internacional a instancias de Infinito Gold: en varias ocasiones los representantes de la empresa han planteado esta opción; y, de manera sistemática, en comunicados a sus inversionistas, han insistido en la inminencia de un conflicto entre la jurisprudencia de la Sala Primera y la de la Sala Constitucional de la Corte. Acoger entonces, a estas alturas, algún recurso por parte de la Sala Constitucional significaría permitirle a la empresa minera confirmar esta supuesta tesis ante un tribunal arbitral a nivel internacional”.

“Como ciudadanos comprometidos con la vigencia de nuestro sistema democrático, y atentos a los riesgos que significa un error de apreciación de nuestros magistrados, exhortamos a la comunidad nacional a exigir a la Sala Constitucional que respete nuestro ordenamiento y no se preste a abrir una peligrosa Caja de Pandora de incalculables daños para Costa Rica”, concluyen  Walter Antillón  Montealegre  y José Luis Vega Carballo, en representación de la Red Costarricense  para el Constitucionalismo Democrático.

Cabe recordar que el abogado y apoderado de la empresa, el constitucionalista  Rubén Hernández Valle dijo al Semanario Universidad que la “última palabra no está dicha”.

El abogado minero aseguró que el proceso “no ha terminado”, ya que todavía queda la instancia de la Sala Constitucional con la que esperan que los magistrados acojan una acción interpuesta por el otro abogado de la minera, Juan Carlos Hernández.

Hernández Valle recalcó que “los tribunales contencioso-administrativos no pueden fallar contra la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por lo que veremos qué dice esta Sala”.

Sin embargo, los abogados ambientalistas durante el juicio contra la minera fueron enfáticos al reiterar la inviabilidad de esta acción de inconstitucionalidad.

Álvaro Sagot, abogado que representó durante el juicio al biólogo Jorge Lobo, explicó  que para que la acción sea acogida se necesita que exista un juicio previo, donde se discuta algún aspecto en el que se podría considerar la inconstitucionalidad.

“Al haber terminado el caso en Sala Primera, la acción debe ser rechazada; es decir, no tiene sentido, ni sustento”, concluyó Sagot.

Para Bernal Gamboa, abogado de  la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), existiendo una sentencia en firme, la posibilidad de que la Sala Constitucional admita la acción interpuesta por la empresa minera generaría un “pulso terrible” entre las dos salas.

Fuente: elpais.cr.

DIPUTADO ADELANTA CARTA DE RENUNCIA A INMUNIDAD

• Claudio Monge no teme a denuncia de minera

José Quirós Gallegos 

Sandra Cordero 

jquiros@diarioextra.com

Claudio Monge, diputado del PAC, dice tener lista la carta de renuncia a su inmunidad y pone a disposición su cargo en caso de una posible suspensión, en caso que se lo soliciten, por supuestas difamaciones en contra de Industrias Infinito Gold.

Claudio Monge diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), habló con DIARIO EXTRA sobre la demanda que enfrenta por ¢300 millones debido a supuestas insinuaciones que hizo en contra de la empresa minera Industrias Infinito Gold.

El rojiamarillo Manrique Oviedo también se ha visto involucrado en dichas acusaciones, pues supuestamente en una conferencia de prensa lanzó varios comentarios difamatorios por el accionar de la compañía minera, que demanda al legislador por un monto de ¢200 millones.

Monge declaró en exclusiva a DIARIO EXTRA que ya tiene preparada la carta sobre la renuncia de su inmunidad y pone a disposición su cargo en caso de una posible suspensión.

El legislador procedió a redactar la carta debido a las presuntas insinuaciones que realizó Sergio Alfaro, exdiputado del PAC, en la red social Pensar la Acción Ciudadana (https://www.facebook.com/groups/pensarlaaccionciudadana), donde al parecer compara este caso con el del diputado liberacionista Jorge Alberto Angulo, pues no está de acuerdo con la suspensión del verdiblanco y por esto supuestamente insinuó que Monge también debería renunciar a su inmunidad.

“Para la felicidad de algunos debo comunicar que hace días tengo redactada mi carta de renuncia a la inmunidad y mi suspensión del cargo como diputado, por la demanda proveniente de una transnacional criminal. Será un honor ser mi propio defensor contra esos prostituidores de la institucionalidad nacional”, expresó.

El diputado además calificó de “corruptores de siete leguas, compradores de influencias, pervertidores de soberanía” a Industrias Infinito Gold.

María Eugenia Venegas, diputada del PAC, describe el actuar de Monge como un “show político”, pues aduce que lo conoce suficiente para poder hacer dicha afirmación.

Mientras tanto, Oviedo dijo expresamente a DIARIO EXTRA que él no piensa renunciar a su inmunidad y cuando se le consultó si sostenía lo dicho en el pasado sobre la empresa aseguró que lo sostiene y lo amplía.

Los personeros de Industrias Infinito Gold se mostraron satisfechos con la decisión de Monge, ya que si renuncia a su inmunidad va a poder afrontar la causa por la cual fue acusado y expresaron que “en caso de ganar, el dinero será usado para ayudar a las personas de la zona”.

Fuente: Diario Extra.

• Jorge Lobo, profesor de la UCR, irá a juicio el 11 de enero

INFINITO DESPIDE A LA MAYORÍA DE EMPLEADOS

Sandra Cordero
scordero@diarioextra.com
Fotos: Víctor Benavides

Al menos 50 personas esperaban a Jorge Lobo afuera de los Tribunales de Goicoechea para mostrarle su apoyo. Hasta una manta con las firmas de todos le entregaron al final de la jornada.

Al parecer la historia de la minería en Costa Rica es un cuento de nunca acabar porque la empresa Industrias Infinito Gold está tomando algunas medidas a causa de la resolución de la Sala Primera, entre ellas despedir a 23 empleados.

El gran dilema es que no se descarta que en los próximos meses sean más los que pierdan el trabajo.

Otro de los acontecimientos que hacen creer que este tema aún tiene cuerda para rato es la definición de la fecha para el juicio por difamación, en el cual las partes involucradas serán Jorge Lobo, profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) que participó en el video “El oro de los tontos”, y la empresa minera canadiense.

EN UN INICIO ERAN 243 EMPLEADOS

Cuando la empresa inició labores en Costa Rica contaba con una planilla de 243 empleados, los cuales en su gran mayoría eran personas de San Carlos que vieron el proyecto minero como su tabla de salvación, más que todo por todas las inversiones y mejoras que se habían llevado a cabo en la zona.

Con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de diciembre de 2010 se tomó la decisión de prescindir de los servicios de 200 empleados y ayer se les entregó la carta a 23 más, por lo que de momento solo 20 quedan laborando.

Ante el tema de los despidos Industrias Infinito Gold dejó muy claro que “todos los trabajadores que laboraron para la empresa contarán con todas las garantías legales que ofrece la ley”.

Y SIGUE LA HISTORIA

Nuevamente el abogado Ciro Casas se presentó a los Tribunales en Goicoechea para lograr una conciliación con el profesor Lobo, pero al parecer como en las ocasiones anteriores no llegaron a ningún acuerdo satisfactorio para ninguna de las partes.

Por eso el 11 de enero se volverán a ver la cara en el juicio por el video que se presentó hace pocos meses y por las palabras utilizadas el día de su presentación, en el cual los personeros sintieron que Lobo difamaba a la empresa.

Además los abogados de Industrias Infinito Gold presentaron una acción civil resarcitoria por ¢500 millones.

Lobo conversó con DIARIO EXTRA y afirmó: “Yo no tengo por qué retractarme de lo que he dicho. En este caso muchas personas en el país deberían rectificar lo que piensan de la empresa porque al menos el 80% de la población está en desacuerdo con la actividad minera”.

Fuente: Diario Extra.

Mineros de Crucitas rehúyen por tercera vez audiencia en juzgado penal

San José, 16 dic (elpais.cr) - Uno de los dos universitarios acusados de difamación acudió  a audiencia privada con la empresa transnacional canadiense Infinito Gold, pero los representantes de compañía minera, por tercera vez, no se presentaron.

Los gerentes de la minera canadiense no se hicieron presentes en la audiencia de conciliación en la querella por difamación contra el catedrático de la Universidad Nacional (UCR), Jorge Lobo.

Tampoco lo hicieron en las audiencias previstas  en el marco de las acciones contra el abogado Edgardo Araya, de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) y el académico Nicolas Boeglin.

Los empresarios canadienses fueron representados  únicamente por el abogado Ciro Casas Zamora. El otro abogado de la empresa minera canadiense José Luis Ocampo Rojas no se hizo presente.

La audiencia de conciliación se llevó a cabo a la hora señalada sin que hubiera retractación por parte del académico Jorge Lobo, ni tampoco un arreglo conciliatorio satisfactorio a sus intereses de las partes en conflicto.  La audiencia de debate fue señalada para el día 11 de enero del 2012.

Lobo enfrenta el mismo tipo de acusación que el abogado de UNOVIDA, Edgardo Araya, y el Profesor de la Facultad de Derecho, Nicolás Boeglin:: una demanda penal por difamación acompañada de una acción civil resarcitoria por 500 millones de colones (1 millón de US$ aproximadamente).

En el caso de los académicos, la empresa minera basa sus acusaciones  en las declaraciones que ambos dieron en el documental "El Oro de los Tontos", del realizador Pablo Ortega, presentado en la UCR el pasado 14 de junio del 2011, y disponible en Youtube “Ver http://www.youtube.com/watch?v=gKVS1wvvEU8). 

Fuente: elpais.cr.

Minera Crucitas completó ayer despido de 223 empleados

Luis Miguel Herrera C. luis.herrera@nacion.com 12:28 p.m. 15/12/2011

La minera Crucitas completó ayer el despido de 223 empleados y dejó a solo  20 personas encargadas de labores  administrativas.

El cese de los trabajadores se inició el año pasado, casi paralelamente al proceso judicial que derivó en un  juicio en el Tribunal Contencioso, cuyo resultado, en noviembre del 2010,  fue la anulación de las autorizaciones dadas por el Estado a la empresa Industrias Infinito para extraer oro de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.

El mes pasado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó esa sentencia, por lo que ya no quedan instancias a las cuales acudir.

Yokebec Soto, encargada de prensa de la compañía confirmó los despidos y manifestó que para la firma ha sido "doloroso"  tomar la decisión de prescindir de los servicios de gran parte de su personal, que llegó a sumar un total de 243 empleados.

En todos los casos se pagaron los extremos laborales correspondientes.

Fuente. La Nacion.

Manifiesto de apoyo al Ph.D. Jorge Lobo Segura; Profesor Universitario de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, ante la demanda intimidatoria de la empresa Industrias Infinito

 

Nosotros y nosotras, estudiantes de Biología de las tres universidades que imparten esta carrera en el país (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Latina), así como personas de otras ocupaciones que se solidarizan con la defensa de la ética en las profesiones, la libertad de cátedra y la libre expresión, nos unimos en apoyo expreso con el Profesor Jorge Lobo Segura, ante la acusación de difamación de personería  jurídica por parte de la empresa minera Industrias Infinito, supuesto delito por el cual la empresa exige una indemnización de más de 500 millones de colones.

            Al Profesor Jorge Lobo se le incrimina por haber expresado en el documental “El Oro de los Tontos”, de Pablo Ortega, argumentos como:

a.      La existencia de accidentes con las lagunas de relave que producen contaminación con aguas cianuradas. (declaración que la empresa acusa como una difamación hacia ellos)

b.     La empresa cumplió con los trámites de una forma sesgada a su favor y que además, él percibía que habían realizado compras de voluntad dentro del proceso con favoritismo a lo interno del Estado (como bien lo refuerza el criterio del juicio en el Contencioso Administrativo del 2010).

Casos como la demanda contra el Profesor Jorge Lobo y la demanda contra el Profesor Nicolás Boeglin, también por parte de esta empresa y por las mismas razones  constituyen intentos de criminalización del pensamiento científico y de la argumentación técnico-jurídica, algo totalmente inaudito y sin precedentes en Costa Rica. Son represalias por el papel destacado de la Universidad de Costa Rica en el conflicto y en la discusión nacional acerca de la minería de oro a cielo abierto y temas similares. Cabe recordar que la Universidad lo que hace es velar por intereses colectivos y bienes comunes, como lo demanda su estatuto. Además de estas personas, la minera ha intentado callar mediante la misma vía al abogado ambientalistas Edgardo Araya y a los diputados de la Asamblea Legislativa Manrique Oviedo y Claudio Monge.

Esta reprimenda emprendida por la empresa minera es un acto directo en contra de la autonomía, los derechos de los funcionarios y la libre cátedra. Es una amenaza a los derechos humanos y además una amenaza a quienes queremos ejercer nuestra profesión como biólogos e implementar nuestros conocimientos adquiridos a través de los años de estudio de manera responsable para emitir criterios certeros sobre procesos de la realidad nacional, en los cuales, como ciudadanos de este país, tenemos la plena responsabilidad y derecho de tomar parte.

Denunciamos este tipo de acciones que lo que buscan es criminalizar la protesta y llamamos a todos los profesionales del país a seguir ejemplos de valentía y honestidad como el que brinda el Profesor Jorge Lobo Segura, en defensa no solo de la institución Universitaria sino de los valores sobre los que se fundamenta nuestro Estado de Derecho como país democrático.

Considerando que la Sala I resolvió rechazar los recursos de casación y dejar en firme la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, el vergonzoso acto de la filtración del borrador de sentencia de Sala I, todas las irregularidades en los permisos de la empresa y que nunca se invitó a venir a este país a Industrias Infinito, solicitamos a la empresa que antes de irse del país cubra los costos y perjuicios que ocasionó al bosque, a las comunidades y las personas particulares y además a instituciones del país.

A Sala IV solicitamos rechazar ad portas los recursos presentados con base en el documento filtrado. La Sala IV lleva varias semanas de preocupante indecisión al respecto.

Manifiesto de Apoyo Al Dr Jorge Lobo Fuente: Estudiantes de Biología Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Latina.

MANIFIESTO PÚBLICO EN DEFENSA DE NUESTRAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Las organizaciones ambientales, programas universitarios y entidades sociales que firmamos el presente documento denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, una serie de irregularidades en materia de gestión ambiental que se han venido dando en el accionar del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) e instituciones bajo el ámbito operacional del viceministerio citado.

Estas irregularidades exigen una pronta y cumplida acción de las autoridades superiores para que se inicie la apertura de expedientes administrativos en sede, así como en la Procuraduría de la Ética, a fin de que se investiguen y corrijan cuanto antes los graves hechos que a continuación se señalan:

1.   Se ha irrespetado en reiteradas ocasiones la Desconcentración Máxima de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) prevista en la misma Ley Orgánica del Ambiente, de manera tal que se ha convertido a este importante ente en un organismo subordinado a las decisiones y ordenanzas políticas y al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite desvalorizado como instrumento que  tutela el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución.

2.   Se ha puesto más recientemente en peligro de daño ambiental a las aguas subterráneas, uno de los recursos naturales más importantes y estratégicos del país, por la emisión de lineamientos que irrespetan la desconcentración máxima o los criterios técnicos de las entidades que las tienen bajo su responsabilidad, como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), cuando se indica (en Acuerdo  4230 de la Junta Directiva de esta entidad del pasado 31 de octubre del 2011) que no se solicitarán estudios hidrogeológicos ni de impacto ambiental, a las actividades que sustituyan tanques  de almacenamiento y trasiego de sustancias hidrocarburadas.

3. Se  deja de lado el hecho de que casi el 100% de esas actividades que disponen de tanques de combustible localización en el 76% del territorio del país es un área de recarga acuífera, así como que los estudios internacionales confirman que los tanques de combustible con más de 20 años, particularmente los subterráneos, representan una fuente de alto riesgo de contaminación del suelo, subsuelo y de las aguas subterráneas, con el agravante de que los efectos de contaminación del agua por hidrocarburos tienen muy serias consecuencias al ambiente y la salud.

4. Se ha evidenciado, por parte del actual viceministro del MINAET,  Andrei Bourrouet, una evidente falta de conocimientos en materia de protección de aguas subterráneas y detectado la poca importancia que le da al tema, cuando, por ejemplo, ante la contaminación del acuífero en Moín por hidrocarburos desde un tanque de combustible de RECOPE, este declaró (La Nación, 25/05/2011, p. 4.A) que: “ese tipo de contaminaciones son comunes en plantas refinadoras”, mostrando una actitud displicente en vez de solicitar las sanciones  que establece  la Ley del Ambiente por daño ambiental para las entidades responsables de dicho daño, así como una investigación profunda de la situación ambiental de RECOPE y de otros planteles de esta entidad en todo el país.

5. Se ha dado una interpretación incorrecta y antojadiza a la Ley 8220 (Ley que protege al ciudadano del exceso de trámites del Estado), en la medida de que lo que se ha promovido es la eliminación de requisitos de estudios hidrogeológicos o de impacto ambiental, a la sustitución de tanques de combustible; cuando lo que corresponde  es la publicación de los procedimientos y reglas que operan en las diferentes instancias bajo su cargo.

6. Se ha mostrado una clara actitud de beneficiar a un sector en específico sin que se dé la debida  y real importancia a la protección del ambiente, y en particular de las aguas subterráneas, como lo muestra y documenta el Acuerdo 4230 del SENARA, en el que el citado viceministro, en una reunión con el Secretario General de la SETENA, el Director de Hidrocarburos y el Gerente del SENARA, deciden unilateralmente y sin que mediara un discusión técnica apropiada y en claro irrespeto a la legislación vigente y a la autonomía de criterio de las entidades en cuestión, eliminar requisitos técnicos sin ninguna justificación concreta.

Ante las graves anomalías precitadas, exigimos de la manera más vehemente y enérgica la renuncia o despido del viceministro Andrei Bourrouet a la brevedad posible, por el claro incumplimiento de sus funciones al dejar de velar por los intereses públicos que nos asisten como ciudadanos costarricenses.  

  ENTIDADES FIRMANTES:

 Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia  -  Asociacion de Desarrollo para la Ecologia  -  Asociación de Ecología Social (AESO) -  Bloque Verde  -  Bosques Nuestros  -  COECOCEIBA - Amigos de la Tierra  -  Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel (Santo Domingo de Heredia)  -  Comisión de Ambiente de la FEUNA  -  Confraternidad Guanacasteca  -  Coordinadora Ni una sola mina  -  Coronado por la naturaleza  -  Fundación para la Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales (FUPROVIRENA) -  Grupo de Apoyo Ambiental del Movimiento Democrático de Oreamuno  -  Llamado Urgente por el Pais - Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo  - MUSADE - (San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega y Zarcero)  -  Oilwatch Costa Rica  -  Red Activa de Derechos Humanos  -  Red de Coordinación en Biodiversidad  -  Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)

Manifiesto Publico en Defensa de Nuestras Aguas Subterraneas Final

Nicaragua: De las Entrañas de la tierra

Video para sensibilizar al público sobre las multiples amenzas que se ciernen sobre nuestro mendio ambiente.Documental producido por ALBA FILMS y Fundación Luciérnaga. Managua Nicaragua.

Documental: De las Entrañas de la tierra - Parte 1

   

Documental: De las Entrañas de la tierra - Parte 2

 

Fuente: Canal de Youtube Alcadiamanagua.

Porqué ¡conga no va!

Escribe: Hugo Salinas | Opinión - 02 dic 2011

¿Es simplemente un asunto de contaminación ambiental o de depredación de las fuentes de agua? ¿Acaso es un asunto de campesinos y dirigentes ultra-izquierdistas? El problema va más allá. Y en esto, una vez más, la agudeza de la población es más sabia que la propuesta de sus dirigentes.

¡Conga No Va!, tiene que ver con el comportamiento de las multinacionales a Repartición Individualista que contamos ahora, las mismas que se benefician de la Configuración Mundial. El resultado es un comportamiento de desprecio al ser humano, a los recursos naturales, a la Nación, al Estado, al Gobierno en plaza, a la soberanía nacional, al sentido de Patria y a las organizaciones sociales en pro del bienestar general. El único amor que anima a las multinacionales de nuestros tiempos, es la maximización de las ganancias.

Veamos. La Repartición Individualista, segundo elemento de la actividad económica de los tiempos modernos, consiste en que la totalidad de las utilidades de una empresa pertenece única y exclusivamente al propietario o a sus accionistas. Es decir, de la totalidad del Resultado Neto de una actividad económica, generada por los trabajadores y sus familiares presentes y pasados, no les corresponde a esos trabajadores y familiares ni un solo centavo.

Este tipo de repartición se agrava cuando, en las interacciones de la economía actual se delinea la Configuración Mundial, mecanismo que favorece solamente a unas cuantas empresas, llamadas multinacionales, dentro de las miles y miles de empresas existentes a nivel mundial. Es el caso del principal accionista de Yanacocha, la empresa multinacional Newmont Mining Corporation (51.35%). Ella ha cerrado el año 2010 con utilidades cercanas a los 10 mil millones de dólares americanos, generadas por los trabajadores de Nevada (Estados Unidos), Indonesia, Australia, Nueva Zelandia, Ghana y, por supuesto, Perú. Y, siguiendo el principio de la Repartición Individualista, los trabajadores de esos países no han percibido ni un solo centavo del Resultado Neto de sus esfuerzos.

¿Cómo trabaja ese aspirador ascendente llamado Configuración Mundial? Este mecanismo utiliza todos los elementos de la actual economía basada en los intercambios a través de precios expresados en dinero. Tomemos, por ejemplo, el precio de sus trabajadores. Según datos de la Barrick Gold Corporation, producir una onza de oro en Perú le cuesta 105 dólares americanos mientras que en Canadá le cuesta 373 y en Australia 452. Y para que los cholos sigan siendo baratos se cierran las fronteras al libre tránsito de personas, ¡pero no a la circulación del oro y los capitales! Si agregamos que estas multinacionales venden el oro a más de 1768 dólares la onza, se puede entender la codicia por el oro peruano como en los tiempos de la invasión española.

Este mecanismo de succión ascendente se alimenta también de la compra de bienes y servicios de proximidad a precios de regalo. Las multinacionales nunca procesan el producto en el lugar de origen. Como en el caso del oro peruano, ellos prefieren “exportarlo” prácticamente en piedra, sin ningún valor agregado, a fin de que la multinacional tenga un máximo de utilidad. Y la “tecnología de punta” se utiliza sólo en sus países, sin ninguna transferencia hacia los países poseedores de las materias primas. De ahí que, los países más ricos en materias primas, son los más pobres a nivel mundial.

Estas multinacionales tienen el hábito igualmente de corromper jefes de gobierno, funcionarios, políticos y otros. Ahí está, en el caso actual, el controvertido Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución del complejo minero Conga, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. O la intervención de Vladimiro Montesinos, previo pago de 4 millones de dólares, para que el Poder Judicial resolviera a favor de la Newmont Mining Corporation en el juicio seguido por accionistas franceses de la minera BRGM. Y por qué no interrogarse sobre la “vacilación” de un presidente que durante su campaña dice “No a Conga”, y una vez elegido dice “Conga va”.

Las multinacionales también financian la campaña de candidatos al Congreso, como el caso de la ONG Reflexión Democrática presidida por Roque Benavides, propietario de la minera Buenaventura y accionista de la minera Yanacocha y del proyecto minero Conga. Una vez en el Congreso avalan contratos con las multinacionales, contrarios al interés nacional, sirviéndose de Decretos-Ley. O dictan medidas de criminalización de la protesta facilitando dispositivos, primero, para que la policía y los militares sofoquen a sangre y fuego las protestas populares; segundo, las autoridades política y funcionarios sean impedidos de participar en manifestaciones so pena de prisión y, tercero, los dirigentes populares sean encarcelados prácticamente a vida.

Es decir, a través de la Repartición Individualista y su mecanismo la Configuración Mundial, las grandes multinacionales, centros de poder y decisión a nivel mundial, concentran prácticamente la casi totalidad del valor agregado por la totalidad de la población a nivel mundial. El reverso de la medalla es extrema pobreza y un desempleo masivo a nivel mundial. Es urgente, entonces, proponer y viabilizar un nuevo modelo de economía y sociedad.

Fuente: Los Andes-Perú.

Conga NO VA, ÚNETE

Fuente: Canal Youtube de AbelCabreraTV.

Plenario Legislativo debió ver filtración antes del receso

• Asamblea: quedará pendiente filtración de la sentencia en caso Crucitas

Redacción

El Plenario Legislativo debió ver, antes del receso de fin de año, la filtración del borrador de sentencia de la Sala I entregado por un ex magistrado suplente a la empresa

Al parecer, los tira y encoge que ha tenido la discusión del presupuesto nacional y las idas y vueltas de la reforma tributaria impidieron al Plenario Legislativo discutir, en el plazo previsto, la filtración del borrador de sentencia de la Sala Primera en el juicio contra Industrias Infinito por la concesión de la mina Crucitas, de San Carlos.

Diputados de la oposición han pedido que se integre una comisión para que investigue este escandaloso hecho que tiene como implicado al ex magistrado suplente de la Sala Primera, Moisés Faschler, y dé un informe al Plenario en el corto plazo. Pero todo hace pensar que el tema de la filtración quedará pendiente.

El jefe de fracción de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, insistió esta semana en que por la gravedad de la denuncia, este tema no debe dejarse pasar y tampoco se puede tomar a la ligera.

Según Oviedo el tema tiene que ser investigado con seriedad pero, agregó, no se debe anteponer juicios de valor sino más bien poner “en evidencia lo que no está haciéndose bien, para corregirlo”.

En días pasados el diputado Claudio Monge, también del PAC, había adelantado que se aprovecharía la discusión del presupuesto nacional para pedir que se investigue lo sucedido en el caso Crucitas, “no obstante esto no ocurrió” dijo.

El jefe de la fracción oficialista, Luis Gerardo Villanueva, criticó a la Corte Suprema de Justicia por la manera en que eligen a los magistrados y afirmó que más allá de lo que pueda hacer una comisión legislativa que investigue la filtración y al ex magistrado Faschler, lo que se debería hacer es reformar el proceso de selección de los jueces.

“Liberación Nacional va a pedir a la Corte que los nombramientos los haga mediante concurso, ya que de la forma en que se ha venido haciendo podría prestarse para compadrazgos”, dijo Villanueva.

 En estos momentos está pendiente la elección de magistrados suplentes de la Sala Tercera porque varios legisladores se negaron a votar hasta tanto no se revisen los mecanismos de elección. La Corte Suprema de Justicia accedió a esta solicitud desde octubre pasado pero sigue sin enviar el documento a la Asamblea.

Fuente: Informa-tico.

La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero

09.12.2011

Edgardo Lander El defecto fundamental del informe del PNUMA "Hacia una Economía Verde" es su incapacidad para analizar las relaciones de poder extraordinariamente desiguales que existen en el mundo actual, y los intereses en juego en el funcionamiento de este sistema económico mundial. La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero   A lo largo de sus centenares de páginas, el informe del PNUMA "Hacia una Economía Verde" (2011) presenta muchas reflexiones valiosas sobre posibilidades de alteraciones en los patrones productivos, en la industria, en la agricultura, en la organización de las ciudades, en los sistemas constructivos, en el transporte.    Recoge igualmente una amplia gama de ricas experiencias de tecnologías alternativas, del uso de energías renovables, y de novedosos regímenes regulatorios que existen en diferentes partes del mundo. Esto permite reconocer que hay hoy en todo el planeta procesos de búsqueda de alternativas a la lógica destructora de los modelos productivos y de consumo hoy hegemónicos. Esto debe ser reconocido como una importante contribución del informe a los debates sobre las alternativas. Sin embargo, son mucho más notorias las ausencias.   Correspondiendo a la lógica “light” que caracteriza a la mayor parte de los documentos de este tipo, en este informe se obvian por completo todos los asuntos más polémicos creando así una ficción de un mundo que no opera en base a intereses, sino sobre la posibilidad de construcción de consensos que beneficien a todos. Un ejemplo de los temas ausentes es el caso de la guerra y de la industria bélica, una de las dinámicas más humana y ambientalmente devastadoras existentes en el mundo actual. Tanto en términos de los masivos insumos materiales y energéticos utilizados para la fabricación y transporte de los equipos militares, como de los impactos, con consecuencias a largo plazo, de su utilización en los conflictos bélicos, se trata de una dimensión central de la lógica destructiva hoy imperante. Aparentemente se trata de un tema tabú que no pueden abordar los organismos internacionales sin ofender a los Estados Unidos. Pero aún más esencial es la ausencia absoluta de toda consideración del significado de las extraordinariamente desiguales relaciones de poder existentes en el mundo contemporáneo, y los intereses que están en juego en la operación de este sistema mundo. Habla el informe reiteradamente de politicas, pero nunca de política, nunca del poder. Con relación a la política, los autores se declaran neutrales, afirman que la “economía verde no favorece a una u otra corriente política, ya que es pertinente para todas las economías, tanto las controladas por el Estado como las de mercado”. Los redactores de este informe parecen vivir en un mundo de fantasía en que los gobiernos son democráticos y toman sus decisiones sobre la base de la voluntad de las mayorías y de las necesidades del bienestar de las presentes y futuras generaciones. Parecen creer (o pretenden hacernos creer) que los regímenes políticos contemporáneos y los denominados “formuladores de políticas”, cuentan con la capacidad para imponer normas de comportamiento a las corporaciones y a los mercados financieros. Parecen suponer que el capital financiero y las empresas transnacionales que están operando como agentes activos de la acelerada devastación del planeta, no lo hacen porque esto corresponda a las formas en que buscan maximizar sus tasas de ganancia a corto plazo, sino porque no cuentan con suficiente información, o porque no reciben señales suficientemente claras por parte de los marcos regulatorios dentro de los cuales operan. Estos redactores optan por ignorar que la capacidad de los sistemas políticos contemporáneos para establecer regulaciones y restricciones a la libre operación de los mercados -aunque estás sean exigidas por una muy amplia mayoría de la población- está severamente limitada por el poder político y financiero de las corporaciones. Esto es particularmente evidente en los Estados Unidos. Ninguna política de regulación ambiental, y ningún compromiso internacional, puede ser asumido por el gobierno de dicho país si no cuenta previamente con el visto bueno de las grandes corporaciones potencialmente afectadas. Estas, que de, hecho tienen capacidad de vetar las políticas con las cuales no están de acuerdo. Esto lo han demostrado en forma contundente en el freno a todo compromiso de los Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las negociaciones de cambio climático de las Naciones Unidas, y la forma como han impedido la aprobación hasta de las normas ambientales más tímidas que se han propuesto en estos últimos años. Para los gobernantes, el costo político de afectar los intereses corporativos es, simplemente, demasiado elevado. Las políticas de ajuste estructural con las cuales los gobiernos europeos han respondido a la actual crisis, llegando inclusive a una reforma constitucional en España, se realizan con el fin de responder a las exigencias cada vez más precisas que formulan “los mercados”. Con esto se vienen dando nuevos pasos en el socavamiento de toda noción de democracia y en la dirección de niveles crecientes de concentración, tanto de la riqueza, como del poder de toma de decisiones a escala global. En estas condiciones, el listado de recomendaciones, el conjunto de propuestas de políticas que el PNUMA pide a los gobiernos del mundo que negocien e implementen, no pasa de ser la expresión ingenua de muy buenos deseos, sin posibilidad alguna de alterar el rumbo actual del planeta. Ninguna propuesta que parta de ignorar por completo las realidades de la geopolítica contemporánea tiene posibilidad alguna de realizar aportes significativos a los retos globales que hoy enfrentamos. Esto lo tienen claro los movimientos de resistencia que luchan hoy en todo el mundo. Por ello es poco probable que se dejen entrampar con las falsas promesas de la economía verde.   Páginas:  10pages Edgardo Lander Profesor titular de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela Edgardo Lander es uno de los más destacados pensadores y autores sobre la izquierda en Venezuela. Participa activamente en los movimientos sociales del continente americano que derrotaron el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCAN). Es miembro del grupo de investigación sobre Hegemonías y Emancipaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y de la junta editorial de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Actualmente, forma también parte del comité ejecutivo del Consejo Hemisférico del Foro Social de las Américas. Entre sus publicaciones, como autor o editor, cabe destacar Contribución a la crítica del marxismo realmente existente: Verdad, ciencia y tecnología; La ciencia y la tecnología como asuntos políticos; Límites de la democracia en la sociedad tecnológica; Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Fuente: Oilwatch.