24 de mayo de 2011

Firma canadiense trabaja en reapertura de mina Bellavista

Extracción de oro en Miramar está suspendida desde el 2007

B2 Gold estudia trasladar la planta de procesamiento a 7 kilómetros de ladera

Minaet y Setena confirman primer acercamiento, ‘pero nada formal’

Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com 09:59 a.m. 23/05/2011
B2 Gold, firma canadiense que compró la mina Bellavista, busca un sitio más estable para instalar la planta de procesamiento del oro y reactivar operaciones en Montes de Oro, Puntarenas.
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Notas Relacionadas
La producción está suspendida desde julio del 2007, cuando un alud produjo daños en la zona de extracción del oro y afectó los terrenos ubicados abajo de las pilas de lixiviación con cianuro.
Ahora B2 Gold quiere comprar varias fincas, siete kilómetros ladera abajo de la mina, para instalar allí aquella planta.

Además, sustituiría las pilas de lixiviación con cianuro (expuestas al ambiente) por tanques de agitación, que reducirían el riesgo de contaminación.

Tales planes los confirmó Donald Brown, gerente de la mina Bellavista y representante de Metales Procesados M. R. W., la socia costarricense de B2 Gold.

Agregó que la empresa ya identificó las tierras que le interesan: son al menos 75 hectáreas de terreno “en una zona geológica estable”. Aunque dijo que ya están en proceso de comprarlas, no precisó el monto.
La posible reapertura del yacimiento ya genera criterios opuestos en Miramar. Hay quienes ven la minería como fuente de empleo, mientras otros, incluido el alcalde municipal, Álvaro Jiménez, advierten que la rechazarán con “palos y piedras”, si es necesario. 
Ya es conocido. José Francisco Castro, director de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), expresó que esa propuesta de B2 Gold de reubicar la planta de procesamiento no es nueva.
Desde antes de que la mina empezara a procesar oro, en abril del 2005, la anterior firma a cargo (Glencairn Gold Corporation) valoró instalar su planta industrial en un sitio lejos del punto de extracción de roca, recordó.
En el primer trimestre de ese año, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Ministerio de Salud dieron los permisos de operación del yacimiento.

Después, la empresa cambió de opinión y puso la planta en el pie de la ladera de la mina, donde luego ocurrieron los derrumbes, en julio del 2007, que la arrasaron. 

Ahora, la nueva propuesta incluye reubicar el plantel y cambiar los métodos de extracción del oro, y se presentó en Geología y Minas desde diciembre del 2010.

Castro explicó que se trata de un plan conceptual, pero que no es un documento formal para pedir la reactivación de operaciones.

Para eso, indicó, se requiere un nuevo plan de estudio ambiental para la planta industrial.

Por su parte, Andrey Bourrouet, viceministro de Ambiente, confirmó que la empresa no ha presentado ningún documento formal en la Setena, en Geología y Minas o en la Dirección de Aguas del Ministerio.

“Sí han conversado con nosotros, para presentarnos el proyecto, pero todo de manera informal”, declaró el funcionario. 

Brown aceptó que reabrir y reactivar la operación de Bellavista no será a corto plazo.
Aunque la onza de oro cuesta $1.508 en los mercados internacionales, B2 Gold descarta empezar a operar este año o en el 2012. 

Fuente: Nacion.com

28 de abril de 2011

Fiscalía investiga a Fundación Arias por donación de minera

Fiscal General confirmó indagatoria ante diputados

Jerarca pidió abrir caso tras reunirse con periodista de ‘La Nación’ en enero

Chavarría negó que solicitara detener pesquisa contra exministro Arias

Ximena Alfaro M. gimena.alfaro@nacion.com 11:07 a.m. 28/04/2011
La Fiscalía abrió una investigación a la Fundación Arias para la Paz (creada por el expresidente Óscar Arias) para indagar una presunta donación por parte de la firma minera de capital canadiense Industrias Infinito. 

El fiscal general, Jorge Chavarría (centro), se presentó ayer en el Congreso para comparecer ante la “Comisión Arias”.
 
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Notas Relacionadas 
Así lo declaró ayer el fiscal general, Jorge Chavarría, durante su comparecencia ante la denominada Comisión Arias, ante la consulta del diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC). 

Este foro legislativo investiga al exministro Rodrigo Arias (hermano del expresidente) por el manejo de $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

En su exposición, Chavarría dijo que “ordenó” la indagatoria a la Fundación Arias para la Paz tras reunirse con Giannina Segnini, jefa de la unidad de investigación de La Nación.

Segnini se encontró con Chavarría el lunes 17 de enero para hablar sobre una investigación que el diario aún tiene abierta en relación con este tema.

En la reunión, la periodista le entregó al Fiscal impresiones de páginas disponibles en Internet sobre la fundación canadiense Norlien, establecida por el empresario canadiense y socio de Infinito Gold (dueña de la mina Crucitas), Ronald Mannix. 

Mannix ofreció, en el 2008, una cooperación de $250.000 a la Fundación Arias a través de la Fundación Norlien.

“Esa documentación se la entrego yo a Juan Carlos Cubillo (fiscal adjunto), entonces se ordenó la investigación, se coordinó con un fiscal de otro país y estamos en espera de la respuesta”, dijo Chavarría.

Por su parte, Luis Alberto Cordero, director ejecutivo de la Fundación Arias, negó que esta organización recibiera dinero de esa procedencia. 

La firma Industrias Infinito pretendió explotar la mina de oro Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión del proyecto minero el 24 de noviembre del 2010 al encontrar ilegalidades en los permisos para extraer oro y daño ambiental causado por la tala de almendros. 

Ayer mismo, Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, dijo no estar sorprendido por la revelación del fiscal Chavarría, y agregó que “las aseveraciones son producto de la maldad y perversión de quienes quieren desacreditar el buen nombre de la empresa”.

El otro caso. Respecto a la investigación seguida a Rodrigo Arias, Chavarría negó que fuera él quien ordenara la suspensión de la indagatoria al exministro.

Tal declaración contradice la versión de la exfiscala Lilliam Gómez, quien, el 30 de marzo pasado, en la Asamblea Legislativa, dijo que había sido Chavarría el que pidió frenar la indagatoria el 8 de octubre del 2010.

“El nombre de la persona que jurídicamente toma la decisión (de suspender la indagatoria) es Lilliam Gómez”, sostuvo Chavarría.

No obstante, la exfiscala, en sus declaraciones ante los diputados, afirmó que Chavarría le solicitó detener la pesquisa.

Además, Chavarría aseguró que no conoce a Rodrigo Arias, nunca ha conversado con él, “ni le he dado la mano”.

La investigación de los diputados continuará el miércoles con la audiencia a Rodrigo Arias. 
 
Fuente: Nacion.com.

27 de abril de 2011

Fiscalía investiga supuesta donación de Industrias Infinito a Fundación Arias

XIMENA ALFARO M. gimena.alfaro@nacion.com 03:05 P.M. 27/04/2011
San José (Redacción). El fiscal general, Jorge Chavarría, confirmó ante diputados esta mañana que la Fiscalía investiga una supuesta donación de la firma minera Industrias Infinito a la Fundación Arias.

El fiscal general, Jorge Chavarría, durante su comparecencia en la "Comisión Arias". LUIS NAVARRO
Así lo manifestó Chavarría en la "Comisión Arias" ante la consulta del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo.
En la comparecencia, Chavarría también indicó que se contactó a un fiscal del exterior para indagar el caso.
"Se ordenó la investigación, se coordinó con un fiscal de otro país y estamos en espera de la respuesta", inidicó el jerarca.
Asimismo en su exposición, el fiscal afirmó que no le solicitó a la exfiscala a.i. Lilliam Gómez detener la indagatoria contra el exministro Rodrigo Arias por el manejo de $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre el 2007 y el 2008.
Lo declarado por Chavarría contradice las declaraciones ofrecidas por la exfiscala a.i. Lilliam Gómez ante la misma comisión.
El fiscal asegura que fue Gómez quien tomó la decisión de suspender la indagatoria y negó conocer a Rodrigo Arias.

Fuente: Nacion.com.

26 de abril de 2011

SETENA en la Bellavista del pueblo. El Fantasma Minero otra vez

El fantasma vuelve a merodear por nuestros bosques. Pero no son los espíritus de los árboles, ni los protectores de las fieras, las aves o los insectos. No son los destellos que vigilan la calma y los misterios de la jungla y que se manifiestan en tímidas luciérnagas que prenden y apagan cuando cae la tarde. Se trata, más bien, del fantasma de la muerte, la que viste de oro, pestilente de cianuro, vomitando lodos tóxicos, carcomiendo la tierra y la roca con su lengua mecánica y sus dientes de acero. Es la muerte que se viste con furia asesina, que mata por avaricia, que se burla de la justicia y manipula las leyes a conveniencia.

Lo anterior expuesto podría parecer un fantasioso cuento de terror, pero es la realidad. B2Gold, a través de su subsidiaria Metales Procesados S. A., pretende retomar la minería en Miramar de Puntarenas, a pesar de la catastrófica experiencia de 2007 en la mina Bellavista, cuando la geomembrana (lo último en tecnología según las empresas mineras canadienses) tuvo una fractura, dejando salir agua con materiales tóxicos para ser depositados finalmente en el río Ciruelas, contaminándolo por completo.

Ahora, Metales Procesados S. A., está empecinada en reabrir tan nefasto proyecto minero, presentando un Estudio Conceptual que no es otra cosa que un remiendo del fallido Estudio de Impacto Ambiental propuesto a mediados de la década de los noventa. Este mismo Estudio Conceptual ni siquiera tiene fundamento jurídico según los expertos, pues la empresa minera debería presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y no los tristemente célebres bacheos a los que nos tienen acostumbrados las empresas y sus compinches del gobierno.

Acostumbrados o no, la SETENA parece hacerse de la vista gorda con respecto a la empresa minera. El Estudio de Impacto Ambiental actual no tiene ningún tipo de fundamento, quedó claramente demostrado que dichos estudios fallaron y quedaron debiendo. Este proyecto necesita, en definitiva, la presentación de un nuevo Estudio Ambiental, no remiendos ni bacheos. La ciudadanía debe estar pendiente de este reintento de socavar nuestro medio ambiente, le debe dar seguimiento a las funestas actuaciones de SETENA, cada vez más complacientes con el capital y la presión política y menos dedicada a su verdadera labor como lo es el desarrollo sostenible.

SETENA ha dejado mucho que desear: Hotel Riu, Cementos David, Proyecto Minero en Crucitas, agroindustria piñera, las marinas, ahora mina Bellavista, entre otros. O recuperamos SETENA para el pueblo y el ambiente o la seguimos dejando en manos de zopilotes depredadores. Exijamos el cumplimiento de la ley ambiental.

José Solano
Educador y Ambientalista
1-1262-0141

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24 de abril de 2011

Locomotora minera vs. maquinita ambiental



María Elvira Samper

Por: María Elvira Samper

EL DEBATE MINERÍA-MEDIO AMbiente, que está en el orden del día, se traduce en la práctica en un choque de trenes...

EL DEBATE MINERÍA-MEDIO AMbiente, que está en el orden del día, se traduce en la práctica en un choque de trenes: el de la locomotora minera que, en el marco de un modelo sin visión de largo aliento, pobre en controles, manilargo en gabelas y obsesivo en generar ingresos para la Nación, avanza a gran velocidad, y la maquinita ambiental, lenta y debilitada por el gobierno Uribe que fusionó el ministerio del ramo con el de Vivienda —de intereses contrarios—, recortó inversión y entregó títulos mineros a discreción aun en zonas protegidas y de reserva.


El presidente Santos, por el contrario, ha dicho en todos los escenarios posibles, empezando por la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se comprometió ante los ‘mamos’ de los pueblos indígenas a respetar el medio ambiente, que impulsará una política de desarrollo sostenible y respeto por la biodiversidad. Pero, al menos por ahora, han prevalecido las promesas sobre las acciones para frenar y/o suspender proyectos demasiado costosos en términos ambientales. Dos botones de muestra: el de la Greystar para extraer oro en el páramo de Santurbán, fue suspendido por presión de la sociedad civil y no por gestión del Gobierno, y el de San Andrés para explorar y eventualmente explotar petróleo en un área de reserva coralina, frenado por una acción popular y no por iniciativa oficial.


El de San Andrés es un caso singular: la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio luz verde a la asociación Repsol-Ecopetrol para explorar y eventualmente explotar petróleo en un área declarada por la Unesco “zona de reserva de biosfera”. Y lo hizo sin consultar previamente con todas las comunidades que podrían verse ser afectadas, como ordena la Constitución, y en contravía del compromiso de protegerla que asumió Colombia hace 11 años con ese reconocimiento. La zona incluye el 76% de los arrecifes coralinos del país, tiene ecosistemas interconectados con cientos de especies animales y además es territorio ancestral de una minoría étnica y cultural que vive de la pesca artesanal en esa área.

La ministra de Ambiente y Vivienda ni suena ni truena. El que tiene la batuta es el ministro de Minas, Carlos Rodado. El mismo que en marzo, durante el Foro Mundial de Minería (Canadá), ofreció exenciones tributarias a multinacionales que inviertan en el país, para compensarlas por el alza de algunos impuestos o la eliminación de algunas deducciones. El mismo que se expresó en contra de que áreas donde se han concedido títulos mineros sean declaradas parques naturales regionales. El mismo que era partidario del proyecto en Santurbán antes de que los santandereanos sacaran las uñas para defender su páramo y sus aguas. El mismo que se pronunció a favor del proyecto petrolero en San Andrés. No en vano el sector —incluidos petróleo y gas— lleva tres años creciendo más que el conjunto de la economía. De ahí el afán para atraer inversión para alimentar la locomotora.

Mientras resucita Minambiente para hacerle contrapeso al de Minas, mientras hay pruebas concretas del compromiso con el desarrollo sostenible, mientras el Gobierno define su política ambiental y establece en forma taxativa dónde y en qué condiciones es permitida la exploración y eventual explotación de petróleo y otros minerales, y dónde esas actividades están vedadas, la locomotora minera va ganándole a la maquinita ambiental y es la sociedad civil la que ha hecho de dique de contención, la voz que alerta sobre los riesgos ambientales de algunos proyectos autorizados por el gobierno Uribe. ¡Ojo! Ingeominas tiene más de 16.000 solicitudes para legalizar y/o conceder títulos mineros. No hay que bajar la guardia.

Planean mutilar Parque Nacional a favor de mineras

DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2011 21:22

Sigilosamente en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia se está armando el entramado jurídico para desafectar una zona del Parque Nacional Lauca y entregársela a las compañías mineras. El gobierno de Piñera espera que entre un 5% y un 15% de los terrenos del parque, reconocido por la Unesco como reserva de la biósfera, sean explotados para extraer cobre, oro y plata.

Por Mauricio Becerra R. publicado en El Ciudadano
23/04/2011. A principios de abril se anunció que la Secretaría General de la Presidencia avanza a paso firme en los estudios jurídicos para desafectar un amplio espacio del Parque Nacional Lauca, ubicado en la Región de Arica. Hasta un 15 por ciento de las 137.883 hectáreas del espacio protegido sería entregado en concesiones a compañías mineras para la explotación de cobre, oro y plata presentes en el subsuelo.
Si bien la idea de explotación de minerales surge durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde que Piñera llegó a La Moneda se apuraron los proyectos para intervenir dichos espacios. En agosto del 2010 encargó a la Segpres un informe al respecto y anunció la intervención en una visita a Arica.
El Gobierno persigue encontrar un recurso legal que le permita desafectar un área del parque ubicado en la precordillera y el altiplano andino y así iniciar faenas mineras en un parque nacional protegido por la ley chilena y convenios internacionales.
Aún no hay claridad respecto del tamaño de la zona que Piñera quiere desafectar, aunque informaciones del Diario Financiero calculan en que serían 43 mil hectáreas. El mismo periódico señala que el Gobierno estaría en una etapa de elaborar conclusiones respecto de un informe en torno al tema para ver los beneficios que esto tendría.
En forma paralela, el Ministerio de Minería ha invertido dinero de los contribuyentes buscando un mecanismo jurídico que permita la explotación minera del parque, lo que la actual legislación no permite al tratarse de un área protegida.
MINERAS CON LOS COLMILLOS AFILADOS
Fuentes del Ministerio de Minería calculan en que desafectar el parque permitiría la inversión de cifras cercanas a los US$ 2.000 millones.
Compañías mineras transnacionales y criollas afilan los dientes para explotar las reservas de cobre, oro y plata que estarían en el subsuelo del parque nacional. Ya han pronunciado su interés al respecto compañías como Rio Tinto, BHP, Codelco y Anglo American.
Además ya se han presentado tres proyectos, los que ya cuentan con resolución de calificación ambiental (RCA) para exploraciones por parte de las mineras Catanave, de Southern Copper Corporation; Pampa Camarones, de Haldeman Mining Company; y Los Pumas, de Minera Hemisferio Sur.
El proyecto minero Catanave, ubicado en plena Reserva Natural Las Vicuñas, fue aprobado pese a la evidencia disponible de su impacto en el ecosistema y a los pueblos indígenas colindantes a la zona.
La iniciativa liderada por la empresa estadounidense Southern Copper Corporation –con instalaciones enPerú y México- pretende llevar a cabo 14 perforaciones con diamantina en la ladera oeste del Cerro Catanave. Este método permite la obtención de una muestra de las rocas perforadas que evidenciará la existencia de posibles minerales en la zona.
PARQUE NACIONAL Y RESERVA MUNDIAL DE LA BIÓSFERA

El Parque Lauca se encuentra entre los 3.200 a 6.342 msnm en la comuna de Putre, Provincia deParinacota. Se ubica al norte de la Reserva Nacional Las Vicuñas y es un patrimonio natural protegido por leyes chilenas y acuerdos internacionales, como el ser declarado Reserva de la Biósfera reconocida por la Unesco en 1981.
En sus más de 137 mil hectáreas de precordillera y altiplano, que incluyen el lago Chungará y los bofedales de Parinacota, alberga especies vegetales únicas, como la chachacoma, la llareta, la queñoa de altura y la tola.
Además es hábitat de mamíferos como pumas, vicuñas, vizcachas, zorro culpeo y llamas; y aves, como caití, el flamenco chileno, la guayata, ñandúes y el pato jergón.
Estas cualidades hicieron que el área fuese declarada Parque Nacional en 1970, tres años después de queChile subscribiera el acuerdo de la Convención de Washington para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas, de 1967.
Según este convenio internacional, los gobiernos "convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos", sino mediante la declaración de una ley. También se establece que las riquezas existentes en las zonas protegidas no se explotarán con fines comerciales.
El afamado ministro Laurence Golborne está abocado a la tarea de hallar un resquicio legal que permita a las mineras intervenir el parque sin necesidad de aprobar una ley.
Dicha estrategia debe sortear además la declaratoria del parque Lauca como Reserva de la Biósfera, la que si bien no tiene ningún tipo de peso legal, debido a que los mismos gobiernos postulan tales espacios a este nombramiento dado por la Unesco, se sabe que provocará el rechazo en la ciudadanía.
Otro obstáculo para el Ejecutivo es la presencia en el parque de comunidades aymaras, las que ya han mostrado resistencias a que se intervenga su espacio de vida.
Para esto Piñera en su visita a Arica hizo el anuncio de la intervención del parque argumentando las necesidades de trabajo en la población y que implicaría oportunidades de desarrollo económico para la Región.
LAS RESISTENCIAS
La Coordinadora Aymará de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota ya manifestó su rechazo a las intervenciones de compañías mineras.
En un comunicado dado a conocer el año pasado, los aymaras acusan que no se ha respetado el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígena, que exigen la consulta a los habitantes originarios cuando un proyecto afectará sus territorios.
Además en Facebook ya han surgido grupos que rechazan la intervención minera en un área rica en diversidad vegetal.
La Coordinadora Aymará centra sus descargos en que como la necesidad de agua para la actividad minera es grande, se dañaría el frágil ecosistema del parque con las extracciones de agua que reconoció necesitar el proyecto Catanave en su informe ambiental sólo para su etapa de exploración. La compañía considera el uso de 40.000 litros de agua por sondaje, lo que significa un grave daño para la flora y fauna del lugar.
En la declaración, la Coordinadora Aymara sostiene que "la industria de la minería es un proceso que demanda grandes cantidades de recursos hídricos para sus procesos mineros. Un ejemplo, según laFederación Minera de Chile (FMC) para producir los 5,5 millones de toneladas de cobre fino producidas por Chile en el 2007, se utilizaron aproximadamente 29,7 millones de m3 de agua, lo que representa el consumo mensual de 1.485.000 familias. De este total, más del 60% se extrae de napas subterráneas existentes en el desierto y la cordillera nortina. También la empresas mineras utilizan el agua en forma gratuita, es decir, no pagan el agua como lo hace el chileno común y otras industrias, generando un perjuicio al estado chileno".