Por: Josué Bravo
CORRESPONAL /COSTA RICA
El próximo jueves 27 de enero la Procuradora General de la República de Costa Rica (PGR), Ana Lorena Brenes, deberá comparecer ante los diputados que integran la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, sobre todo lo actuado en el caso de la minería Las Crucitas.
La comisión aprobó la moción de interpelar a Brenes, tras conocer que la Procuraduría y, por ende el estado de Costa Rica, siguen avalando el proyecto minero Las Crucitas, al presentar una apelación al fallo adverso que eliminó los permisos ambientales de la empresa minera.
“La Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa de una empresa privada extranjera, Industrias Infinito, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la minería a cielo abierto en Las Crucitas, cuando lo que le corresponde, como representante judicial del Estado, es defender a la población costarricense”, dijo el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.
El diputado del también opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, sostiene que la Procuraduría “se pone del lado del cianuro y la depredación ambiental”.
La oposición política costarrincense ve una doble moral en la presidenta Laura Chinchilla, que por un lado vocifera contra Nicaragua por un supuesto daño ambiental generado por el dragado del río San Juan en Harbourd Head, territorio nica, aunque Costa Rica dice que es suyo y lo nombra Isla Calero, mientras avala la minería que podría contaminar las aguas del río nicaragüense.
La procuradora Brenes dijo que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de pedir una anulación a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual revocó los permisos ambientales a la minería y condenó al Estado y a Industrias Infinito, fue coordinada con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.
Chinchilla justificó su respaldo al recurso de casación planteado por la procuraduría ante la Sala Primera de la Corte Suprema, alegando que está evitando una eventual indemnización millonaria y defiende al Estado porque existen en la sentencia funcionarios cuestionados.
“La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál es la función de la Procuraduría? ¿defender los intereses de nuestro Estado o defender los intereses de una empresa transnacional?, cuestionó el diputado Oviedo.
Fuente: LaPrensa.com.ni.
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