Miércoles, 18 de Enero de 2012 04:18
Escrito por Javier Córdoba Morales (Javier.cordoba@ucr.ac.cr)
La
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) analiza la solicitud de
la empresa Metales Procesado MRW S.A para que le otorgue una viabilidad
ambiental a su proyecto de reactivar la mina Bellavista, en Miramar de
Puntarenas.
La mina Bellavista fue cerrada en el año 2007 luego de que se
produjeran derrumbes en la zona de extracción del oro y colapsara una de
las geomembranas que contenía el material residual combinado con
cianuro.
La SETENA recibió el año anterior un “formulario D1” por parte de
esta empresa, la cual pretende construir una gran tubería que traslade
el material con oro desde el lugar donde se encontraba originalmente el
proyecto, hasta unos 7,8 kilómetros de distancia, donde se encuentra la
quebrada Agua Buena, para darle ahí el proceso industrial.
Los ambientalistas opuestos al proyecto solicitan a la SETENA que se
rechace el trámite de la empresa minera, pues consideran que cualquier
nuevo proyecto de minería está impedido por la moratoria que declaró el
gobierno de la presidenta Laura Chinchilla al iniciar su administración.
NUEVO PROYECTO
El proyecto de la empresa Metales Procesado MRW S.A para reactivar la
mina Bellavista consiste en la construcción de una planta de
beneficiado de oro a unos 7,8 kilómetros “más abajo” del área original
del proyecto.
Según la descripción de proyecto que realiza la empresa, contenido en
el expediente D1-5490 SETENA, la construcción de la tubería es solo una
de las opciones que se contemplan para trasladar la “mena” en forma de
lodo (agua y roca molida).
“Esta tubería sería de polietileno de alta densidad, tendría un
diámetro aproximado de 8 pulgadas, y se construiría enterrada a lo largo
de la zona, y de forma aérea en los paso de los ríos Ciruelas, Naranjo y
Naranjito (…)”, señala el documento Descripción del Proyecto en el
expediente.
De no prosperar la idea de una tubería, la empresa también plantea
la posibilidad de transportar el material por tierra (por medio de
vehículos), para llevarlo hasta una planta donde se ubicarían los
tanques de lixiviación, donde el cianuro liberaría el oro.
Tras pasar por un sistema que reduce la concentración de cianuro a
“niveles aceptables de acuerdo con el Código Internacional de Cianuro”,
el material residual se depositaría en un embalse de 38 hectáreas y con
una capacidad para 4,5 millones de metros cúbicos.
La Comisión Plenaria de la SETENA recibió a los representantes de la
empresa en una audiencia el pasado 6 de julio, donde el apoderado Donald
Brown aseguró que la minera ha invertido cerca de $9 millones en un
programa de recuperación ambiental y un programa social en Miramar de
Puntarenas.
El abogado de la empresa, Walter Niehaus, indicó que los “derechos
adquiridos” por la empresa no fueron afectados por el decreto de
moratoria de la administración Chinchilla, y aseguró que la intensión es
pasar de un “beneficiamiento a cielos abiertos” a un “beneficiamiento
cerrado” en tanques.
“SE SALEN DEL ÁREA DEL PROYECTO”
Julio Mülller, de la organización Miramar al Grano, interpuso un
recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar frenar este
proyecto, pues considera que este no se puede realizar tras el decreto
de moratoria del presente gobierno.
Según explicó Mülller a UNIVERSIDAD, existe preocupación porque se
quiere instalar una gran tubería que traslade lodo, y que contaminaría
gran cantidad de agua en su proceso, así como la construcción de una
enorme represa para depositar los residuos.
“Originalmente eran 12 millones de toneladas las que iban a producir
de residuos, ahora lo redujeron a 4,5 millones. Siempre es una cantidad
enorme porque la pila que colapsó en 2007 solo tenía tres millones de
toneladas”, comentó el activista.
Müller recordó que el decreto de moratoria incluye claramente las
actividades de exploración, explotación y beneficiamiento de oro, por lo
que la solicitud de la minera debería ser rechazada “ad portas” por
parte de SETENA.
Además, argumentó que la nueva planta de beneficiado se construirá en
un lugar distinto al del proyecto original, por lo que debe
considerarse como un proyecto nuevo, que de hecho, se está archivando en
un expediente distinto en la SETENA.
Mülller recordó que en una entrevista dada a UNIVERSIDAD el 15 de
junio del 2011, el secretario general de SETENA, Uriel Juárez, aseguró
que si el nuevo proyecto se salía del área que había sido autorizada
para el proyecto anterior, ya no se podía tramitar.
“Si se salen del área del proyecto actual, habría que hacer uno
nuevo, y la legislación vigente prohíbe la minería a cielo abierto y el
uso de cianuro; con solo eso no le podríamos dar ningún trámite”,
respondió entonces Juárez.
El propio Ronald Brown reconoció ante la pregunta de una integrante
de la SETENA, que en este momento “se están comprando propiedades en ese
sector para ubicar el área de beneficiamiento”, lo que deja claro que
la planta estaría instalada fuera del área que se dio en concesión.
El ambientalista se manifestó preocupado de que la SETENA ceda a las
presiones y autorice a la empresa a realizar un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), pues considera que con eso estaría legitimando la
reactivación de la mina.
QUE NI LA UCR LO PUEDA “VOLAR”
Mauricio Álvarez, del programa Kioscos Ambientales de la Universidad
de Costa Rica, comentó que ellos también fueron recibidos por la
Comisión Plenaria de SETENA, donde se les indicó que aún el departamento
legal estaba trabajando para determinar si la propuesta de la empresa
implica o no una nueva actividad.
“En Kioscos les dijimos que íbamos a hacer una fiscalización de lo
que ha sido el expediente y poner la investigación que hiciéramos al
servicio de la comunidad y de las organizaciones ambientales, que están
dispuestas a utilizar los mismos mecanismos que en el caso de Crucitas
para detener el proyecto”, comentó Álvarez.
El universitario llamó la atención respecto de una declaración que
dio el Director Técnico de la SETENA, Esaú Chaves, durante la audiencia
del 6 de julio del 2011 con los personeros de la empresa.
“Yo espero que ese D1 traiga un asidero legal tan fuerte elaborado
por ustedes dos supongo, destacados abogados, que nos den a nosotros luz
y claridad para decir si puede salir sin ningún problema y no nos venga
luego la Asamblea Legislativa, la UCR, etc,etc. a volar esa (…)”,
manifestó Chaves según consta en las actas de la audiencia.
Álvarez aseguró que la construcción de una tubería o de trasladar el
material a una planta de beneficiado era parte del proyecto original de
la mina, pero fue desechado al ser mecanismos más costosos.
“Ellos esperaban sacar unas 300 mil onzas de oro, y no creo que
sacaran ni 100 mil. Con el precio del oro como está, a casi $2000 la
onza, claro que es buen negocio invertir unos $10 millones y sacar más
de $200 millones de ganancia”, afirmó Álvarez.
Embargan garantía ambiental de $600.000 en el caso Crucitas
La garantía ambiental de $600.000 que
entregó la empresa Industrias Infinito para tramitar el proyecto minero
en Las Crucitas, fue embargada y será utilizada para pagar las costas
del proceso, daños y perjuicios.
Así lo indicó a UNIVERSIDAD el abogado
ambientalista Álvaro Sagot, quien explicó que el embargo se da en
respuesta a una gestión que se realizó previo a la ejecución de la
sentencia, en la que tanto el Estado costarricense como el Sistema de
Áreas de Conservación (SINAC) fueron también señalados como
responsables.
Sagot comentó que la pretensión de la
parte demandante es que sea la empresa la que pague los daños monetarios
y perjuicios, por lo que celebró el embargo de la garantía ambiental
por parte de los tribunales.
El abogado aseguró que ahora la parte
demandante está en busca de que se apruebe la conformación de una
comisión de expertos por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
para que sea esta la que determine el monto del daño ambiental causado
en Crucitas.
Sagot detalló que la solicitud fue
rechazada de momento, pues el CONARE no forma parte del proceso; y esta
valoración no la pueden realizar ni el Ministerio del Ambiente, ni el
SINAC, pues son partes demandantes.
Una de las opciones que manejan los
ambientalistas es buscar un convenio con el Instituto de Políticas de
Sostenibildad, que ha sido el encargado de desarrollar la metodología de
valoración ambiental.
“Si tuviéramos este convenio, entonces
la empresa tendría que ser la encargada de pagarle al Instituto por este
trabajo. Al menos esa es la experiencia que he tenido en otros casos en
el Tribunal Ambiental”, comentó Sagot.
