28 de enero de 2011

Procuradora responderá cuestionamientos sobre Crucitas en una semana

San José (elpais.cr) - Con una explicación técnica, la Procuradora General de la República (PGR), Ana Lorena Brenes Esquivel, brindó algunos detalles de la apelación que presentó esta entidad ante la Sala Primera por el fallo emitido en relación con la mina Crucitas.

Brenes Esquivel explicó a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ambiente los aspectos sobre los cuales se baso para presentar la apelación ante los tribunales de justicia.
Indicó que la Procuraduría planteó una revisión de algunos aspectos de la sentencia, y no en su totalidad entre ellos las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, los informes de impacto ambiental, cambio del uso de suelo.

El diputado de Acción Ciudadana Claudio Monge Pereira manifestó que Brenes relató en términos "técnicos" la apelación del fallo de los tribunales.

Brenes Esquivel volverá a la Comisión Permanente Especial de Ambiente el próximo jueves para responder las interrogantes que los legisladores le plantearon.

Cuestionamientos entregados por el legislador Claudio Monge a la legisladora:

Considerandos Básicos (Introductorios)
-La Procuraduría General de la República es un ente asesor del estado costarricense. Hasta el momento nadie nos ha informado lo contrario.
-El artículo 113.3 de la Ley General de la Administración Pública reza: "El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto"
-La PGR es el representante del Estado y como tal es la primera llamada a proteger los bienes públicos!

Preguntas
1. ¿Qué justificación es la que mueve a la Procuraduría General de la República para apelar esta decisión del Tribunal Contencioso Administrativo?
2. Explique en qué consiste el recurso, si fue casación por la forma y el fondo, o solo por uno de ellos, y que precise qué es lo que se está cuestionando de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y cuáles son las motivaciones para ello. Explique además cuales son los "extremos" de la sentencia que ha señalado en medios de prensa.
3. ¿Considera la PGR que es de su resorte servirle de abogado gratuito a una empresa minera extranjera que ha demostrado con creces disponer de todos los recursos suficientes para pagar asesoría legal en un recurso de casación?
4. ¿Considera oportuno, en tiempos de recorte del gasto y limitaciones de toda índole del que se quejan a menudo los funcionarios de la Procuraduría General de la República, dedicar tiempos y recursos del erario público a defender un proyecto privado declarado de conveniencia nacional en condiciones probadamente irregulares?
5. ¿Puede la señora PGR indicarnos a nosotros y a toda Costa Rica, cuál autoridad del Estado fue la que le solicitó apelar esta decisión? ¿Dónde consta este documento?
6. ¿Ha recibido la Procuraduría amenazas de la empresa sobre un eventual proceso de arbitraje? ¿Algún otro jerarca del gobierno ha informado a la Procuraduría de algún tipo de amenaza en este sentido? ¿Sabe la señora Procuradora que la amenaza de un arbitraje internacional es a menudo usado por las empresas trasnacionales para amedrentar a los Gobiernos, como en el caso de Miliicom, de la Harkken o de Crucitas?
7. ¿Puede citarnos un solo caso que haya sido llevado ante el CIADI del Banco Mundial en el que un inversionista extranjero clame por su buena fe llevando a los árbitros internacionales una sentencia condenatoria que lo obligue a pagar por el daño ambiental provocado y mencione las palabras "fraude, orquestación, malicioso" con un amplio sustento probatorio?
8. ¿Tiene la señora Procuradora conciencia de que el Estado cuenta con mecanismos propios para "lavarse la cara" (órganos directores, procesos de lesividad, sanciones administrativas, destitución) cada vez que un funcionario o una entidad actúa de manera irregular?
9. ¿Ha iniciado la Procuraduría algún trámite interno para investigar las razones por las que la PGR omitió voluntariamente informar al Tribunal Contencioso Administrativo acerca de la existencia de un camino público que podría verse afectado por la laguna de relaves en el proyecto minero Las Crucitas?
10. a¿Qué opinión le merecen a la señora Procuradora las actuaciones del Procurador Ambiental Mauricio Castro Lizano durante el debate en el Contencioso Administrativo, que dejan muchas dudas sobre la objetividad de la PCG; tanto que el mismo fallo del Tribunal señala entre otras cosas las siguientes:
"(...) es pertinente expresar que a este cuerpo jurisdiccional no pasó desapercibida la forma como, durante las audiencias, el Procurador Castro Lizano coordinó, a través de papeles, comunicaciones verbales o incluso mediante señas, con la representación de Industrias Infinito, los más diversos temas, incluidos el de si objetaban preguntas o se formulaban revocatorias"
Y continúa el Tribunal diciendo: "Cabe indicar que durante la etapa de conclusiones se percibió lo que pareció ser una inadecuada identificación del Procurador Castro Lizano con los intereses particulares de Industrias Infinito, pues cuando el representante de la empresa pretendía hacer la exposición de diversos materiales, el referido representante estatal defendió la importancia de las muestras para la teoría del caso de la empresa, incluso antes de que el abogado de ella la expusiera"
10. b ¿Conoce usted que aparentemente un tío del señor Procurador Ambiental Mauricio Castro Lizano tiene contratos millonarios con la minera Crucitas (Infinito Gold) para la realización de diversos trabajos?
11. ¿Por qué si el interés público (ambiental) prevalece sobre el interés de la administración pública y sobre el interés particular (artículo 113.3. Ley General de la Administración Pública), la PGR antepuso durante todo el juicio el interés de la Administración Pública por encima del interés público ambiental para "proteger" y/o respaldar a los funcionarios públicos que de alguno u otra manera participaron en el otorgamiento de los permisos declarados ilegales? ¿No viola está actuación lo dispuesto en el inciso i) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que establece entre las funciones de esa entidad: "Actuar en defensa del patrimonio nacional, de los recursos existentes en la zona marítimo-terrestre, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental y tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado"
12. En concordancia con mi pregunta anterior y devolviéndonos al inicio del Contencioso ¿Por cuáles razones la PGR apeló la resolución que otorgó las medidas cautelares, cuando el otorgamiento de dichas medidas no atentaba en nada contra los intereses del Estado, todo lo contrario?
13. El artículo 21 de la Ley de la PGR estipula en la parte de prohibiciones procesales la necesidad de que en tratándose de recursos de casación la PCG adopte una decisión una vez que conozca el parecer de la Asamblea de Procuradores. ¿Se reunió esta Asamblea? ¿Cuál fue el parecer de la misma? ¿Nos puede brindar copia del Acta?
14. A su juicio como Procuradora y en concordancia con la legislación vigente ¿Es regular el accionar de Setena en el otorgamiento de viabilidad ambiental? ¿Se rige bajo los parámetros legales el Decreto de conveniencia nacional dado al Proyecto? ¿Está usted de acuerdo con el fallo recaído sobre Sonia Espinoza y Oscar Arias? ¿Por qué si o por qué no?
15. Siendo recurrente dentro del texto de la sentencia la frase "fraude de ley" y quedando demostrado que la misma empresa minera fue copartícipe de la nulidad de los permisos otorgados al entregar información errónea/falsa a las autoridades encargadas de otorgarlos, ¿Por qué impugnar la sentencia si ese "fraude de ley" con participación directa de la empresa minera (mala fe) exonera de responsabilidad pecuniaria al Estado costarricense ante una posible demanda arbitral?
16. ¿Puede usted demostrar señora Procuradora que no llamó por teléfono al señor Rodrigo Arias Sánchez la noche de la víspera a su reelección para que intercediera ante los diputados del PLN porque según sus cálculos usted no contaba con los votos necesarios para lograrlo?



PAC afirma: Familiar de procurador ambiental es contratista de Infinito Gold

San José (elpais.cr) - Un familiar de Mauricio Castro Lizano, procurador ambiental de la procuraduría general de la República, está ligado a una de las empresas que prestan servicios a Industrias Infinito Gold, compañía de capital extranjera interesada en extraer oro en Crucitas de San Carlos.

Ese vínculo motivó al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge Pereira, a pedir cuentas a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, durante su comparecencia ante la Comisión de Ambiente.

Las respuestas quedaron pendientes, pero Brenes deberá presentarse de nuevo a la Asamblea Legislativa el próximo jueves 3 de febrero, a partir de la 1:15 de la tarde.

El representante del PAC recordó que la procuraduría, como abogado del Estado, presentó un recurso de casación apelando el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló la concesión otorgada a Industrias Infinito, y que sienta responsabilidades contra los funcionarios que en su oportunidad avalaron el proyecto.

"Es claro que la Procuraduría no está defendiendo nuestro derecho a un ambiente sano. Por el contrario, sale en defensa de Crucitas que tiene suficientes recursos para defenderse sola. Más aún, nos preocupan los vínculos familiares existentes entre funcionarios y contratistas de la minera", enfatizó el diputado Monge Pereira.

El legislador del PAC también solicitó a Brenes demostrar que no llamó por teléfono al ex ministro de la presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, durante la víspera de su reelección, para que intercediera ante los diputados del Partido Liberación Nacional.


 
Fuente: elpais.cr.

27 de enero de 2011

Procuradora será interpelada hoy por diputados por apoyo a empresa minera

La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, comparecerá este jueves ante a Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, para explicar sus actuaciones a favor de la empresa minera Industrias Infinito, a la que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló en diciembre los permisos para la explotación de Crucitas.
En la comparecencia, programada para esta tarde, los diputados pedirán explicaciones a Brenes por el recurso de casación presentado por la Procuraduría General luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló los permisos de explotación de la mina de oro a cielo abierto Las Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos, a la empresa canadiense Industrias Infinito.

El diputado ambientalista José María Villalta, señaló que "la Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa una empresa privada extranjera, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la mina a cielo abierto en Crucitas".
Villalta resaltó que lo que le corresponde a la Procuraduría como representante judicial del 

Estado "es defender a la población costarricense", no los intereses de una transnacional minera que fue juzgada por la justicia costarricense por incurrir en acciones ilegítimas para obtener los permisos de explotación de un proyecto minero con un alto impacto negativo al medio ambiente, indicó el diputado del Frente Amplio.

El diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC) dijo por su parte que Brenes "debe aclarar, de una vez por todas, si la función de dicho órgano es defender a Costa Rica, y por tanto al ambiente y la sana institucionalidad, o servir de abogado gratuito a empresas extranjeras que solo buscan lucrar a costa de nuestros recursos naturales".

La comisión aprobó la moción de interpelar a Brenes, tras conocerse que la Procuraduría y, por lo tanto el estado costarricense, siguen avalando el proyecto minero Las Crucitas, al presentar una apelación al fallo que eliminó los permisos a la empresa minera y condenó al Estado y a Industrias Infinito al pago del daño ambiental causado.

Brenes había declarado a la prensa con anterioridad que la decisión de la Procuraduría General de pedir la anulación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo "fue coordinada" con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.

Por su parte, la presidenta Laura Chinchilla había justificado su respaldo al recurso de casación planteado por la procuraduría ante la Sala Primera, alegando que es para evitar una eventual indemnización millonaria que podría plantear la empresa y para defender al Estado porque hay en la sentencia funcionarios cuestionados.

26 de enero de 2011

Procuradora dará razones por defensa de permisos a Crucitas

Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com 11:09 a.m. 26/01/2011
San José (Redacción). La Comisión Legislativa de Ambiente interrogará mañana a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, por la defensa realizada de los permisos otorgados a la minera Crucitas.
La Procuraduría presentó a inicios de este mes un recurso de casación en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Dicho fallo retiró los permisos otorgados por el Estado a la empresa Infinito para desarrollar un proyecto minero en Cutris de San Carlos. Asimismo, en el fallo, los jueces reprocharon la declaración de interés público en favor del proyecto.
“La Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa una empresa privada extranjera, Industrias Infinito, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la mina a cielo abierto en Crucitas”, dijo en el comunicado José María Villalta, legislador del Partido Frente Amplio.
Fuente: Nacion.com.

Procuradora irá a la Asamblea por acciones a favor de empresa de Crucitas

La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, comparecerá este jueves ante los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea, para explicar sus actuaciones a favor de la empresa minera Industrias Infinito, a la que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló en diciembre los permisos para la explotación de Crucitas.
En la comparecencia, programada para mañana a la 1 p.m., los diputados pedirán explicaciones a Brenes por el recurso de casación presentado por la Procuraduría General luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló los permisos de explotación de la mina de oro a cielo abierto Las Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos, a la empresa canadiense Industrias Infinito.

El diputado ambientalista José María Villalta, señaló que "la Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa una empresa privada extranjera, Industrias Infinito, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la mina a cielo abierto en Crucitas".

Villalta resaltó que lo que le corresponde a la Procuraduría como representante judicial del Estado "es defender a la población costarricense", no los intereses de una transnacional minera que fue juzgada por la justicia costarricense por incurrir en acciones ilegítimas para obtener los permisos de explotación de un proyecto minero con un alto impacto negativo al medio ambiente, indicó el diputado del Frente Amplio.

La comisión aprobó la moción de interpelar a Brenes, tras conocerse que la Procuraduría y, por lo tanto el estado costarricense, siguen avalando el proyecto minero Las Crucitas, al presentar una apelación al fallo que eliminó los permisos a la empresa minera y condenó al Estado y a Industrias Infinito al pago del daño ambiental causado.

Brenes había declarado a la prensa con anterioridad que la decisión de la Procuraduría General de pedir la anulación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo "fue coordinada" con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.
Por su parte, la presidenta Laura Chinchilla había justificado su respaldo al recurso de casación planteado por la procuraduría ante la Sala Primera, alegando que es para evitar una eventual indemnización millonaria que podría plantear la empresa y para defender al Estado porque hay en la sentencia funcionarios cuestionados.

Fuente: Informa-tico.

25 de enero de 2011

Procuradora deberá comparecer el jueves ante Comisión de Ambiente por defender minera


tribunal_goicoechea
Los jueces del tribunal Administrativo también recomendaron investigar al expresidente Arias en el caso Crucitas
25 ene. | alonso mejía. Diputados pedirán explicaciones a Ana Lorena Brenes por recurso de casación del Estado a favor de Industrias Infinito
La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, tendrá que comparecer el próximo jueves ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, para dar explicaciones por la posición de la Procuraduría a favor del levantamiento de prohibición en el caso del proyecto minero Las Crucitas
Para representantes de los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana, la Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa una empresa privada extranjera, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas, cuando lo que le corresponde, como representante judicial del Estado, es defender a la población costarricense, aseguró la semana pasada el diputado José María Villalta.
La procuradora Brenes deberá comparecer ante la Comisió de Ambiente el jueves 27 de enero a la 1 p.m. Por el recurso de casación, el gobierno de la presidenta Chinchilla se ha visto envuelto en una ola de críticas, pues se da en un contexto donde por un lado acusa a Nicaragua de dañar con el dragado del río San Juan el medio ambiente, pero por otro lado, defiende la concesión minera, que pone en serio peligro a las comunidades aledañas al proyecto minero.
En medio de un total hermetismo ante los medios, la empresa canadiense Industrias Infinito presentó el pasado 18 de enero su apelación a la sentencia, el mismo día que también lo hizo la Procuraduría, en representación del Estado, para sorpresa de los sectores ambientalistas y de la sociedad civil que ha seguido el caso Crucitas durante muchos meses.
Fuente: El Pregón.

23 de enero de 2011

La experiencia minera en Costa Rica existe y ha sido nefasta

Sonia Torres (*)

23/01/2011

Fuente: Ascot Minning.
En Costa Rica la minería se ha concentrado en el llamado cinturón del oro, en el que sobresale Abangares donde los ríos son plateados por el mercurio o lucen macilentos y tan ácidos como el limón y las ruinas convertidas en museo no terminan de servir al turismo.

En Miramar, las bellas vistas hacia el Golfo de Nicoya hoy tienen paisajes desérticos que interrumpen los corredores biológicos por causa de la cuarta mina de oro a cielo abierto.

En Esparza el desierto de Macacona producto de la primera mina de oro a cielo desangra diariamente el acuífero local y es testimonio de la pérdida de pozos de agua potable que siguen manando pesados metales concentrados desde el tajo cercano.

En Chomes, un hermoso cerro desapareció, y sobre una calle pública yacen actualmente los restos de las construcciones, como legajo de la tercera mina de oro a cielo abierto..., y a pocos pasos, los techos que albergan las esperanzas de los hombres y mujeres que creyeron en la minera.

En Río Chiquito, la sedimentación del embalse Arenal da cuenta de las miles de toneladas de tierra que fueron lanzadas en las márgenes del río antes de caer en el lago usado para producir la electricidad de un país.

Y en San Carlos, al igual que en el resto del país donde se han dado luchas contra las mineras, el rencor, rencillas y desprecio entre hermanos suplantó al amor, solidaridad y compañerismo de antes; en momentos en los que la minera recurre a un tercer tribunal en busca del respaldo a los compromisos adquiridos por gobernantes inescrupulosos.

Ni qué decir de los impactos sociales en Abangares, donde aunque tenemos el doble de la tasa de síndrome de Down del país y pese a que algunos funcionarios sanitarios le vinculan con la minería, pocos estudios formales se han realizado para correlacionar la misma en forma científica; pocos se preguntan por qué de los aumentos de abortos en comunidades abangareñas como Matapalo y Limonal separadas por la planta de proceso y lagunas mineras dejadas en abandono y nadie da cuenta de los niveles del mercurio en la sangre de los lugareños.


Como en cualquier lugar del mundo, las empresas mineras huyen de Costa Rica cuando les conviene o se cambian de nombre y continúan como si nada a lo interno del país. Aquí hasta se llevan los ahorros de las asociaciones solidaristas como ocurrió con la Ariel Resources en Abangares; dejando también cuentas sin pagar por servicios eléctricos y seguros médicos de los trabajadores. Aunque aquí no tenemos rótulos que hablen de las estadísticas que indiquen registros de las empresas mineras en las entradas de las minas, si tenemos cruces en los cementerios que señalan a los mineros que han sucumbido en las minas.


Aquí en Costa Rica no tenemos la valentía de tomar el toro por los cuernos y llamar pan al pan y vino al vino por temor a caer mal o conseguir menos de lo esperado. Quizá por eso, se produjeron las reformas al Código Minero que resultan en autoengaño porque, entre otras cosas, no se pusieron restricciones al procesamiento minero de las transnacionales que terminarán procesando el oro que extraerán los mineros sin compromisos laborales ni médicos para las empresas que serán las que establezcan la ley de la broza que terminarán comprando a los mineros alineados en cooperativas.


Aquí al igual que en cualquier lugar del mundo, el trabajador minero no tiene derecho a rebelarse porque no tiene otra fuente de trabajo. Los lugareños abandonan sus casas cuando la naciente secó y el agua no llegó más al hogar. No hay regulaciones y la minera invade el perímetro urbano, carcomiendo los techos de las casas.


Aquí al igual que en Chile y otros países las mineras abandonan las minas. Se cambian de nombre, cierran las oficinas y se atrincheran en el plantel minero en permanente amenaza.
En Abangares tenemos algunas mujeres viudas que han tenido que recurrir a la minería para seguir sosteniendo a la familia, luego que el esposo falleciera; a esas mujeres hoy se les ilustra como dependientes de la minería para sensibilizar más a la población.


Aquí en Costa Rica, son pocas las viudas e interminables los huérfanos que siguiendo los pasos del padre, del tío o del abuelo, siguen perforando las entrañas aunque paguen con su salud y quizá la vida; mientras, los más aventurados hacen negocio con el oro teñido de sangre de nuestros hermanos, pero a eso le llaman solidaridad, progreso y desarrollo sostenible.


Aquí la escolaridad de los mineros es baja; el alcoholismo es la enfermedad y la esperanza no existe. No hay equipos para respirar aire fresco en las entrañas, aún se cree en promesas y se añoran cooperativas que suenan a salvación.


En Costa Rica sucumbió mina Bellavista y en Miramar nadie se murió de hambre por falta de trabajo. El colapso de mina Bellavista evidenció en el siglo XXI la incapacidad de las instituciones en prevenir y atender emergencias mineras, al igual que no fue posible manejar adecuadamente el cierre advertido de Macacona, o el cierre intempestivo de Beta Vargas y Río Chiquito en el último cuarto del siglo XX.


¿Cómo no reconocer la experiencia minera de las autoridades de salud que muestran resultados de análisis de agua de un año atrás al colapso de la mina Bellavista, porque fueron incapaces de monitorear los "lavados" del cianuro que hizo la minera con las geomembranas rotas por las masas de roca en movimiento?


¿Cómo ignorar la experiencia nefasta de la Comisión de Emergencia declinando intervenir la mina Bellavista pocos días antes del colapso, pese al clamor popular?


Sigue siendo nefasta la experiencia minera cuando sucumbió la mina Bellavista y el estudio de impacto ambiental que la respaldó sigue vigente, no ha sido cancelado y la empresa trabaja sigilosamente de la mano del gobierno en una "nueva" propuesta minera, ya rechazada por SETENA en el año 1996.


Y ni hablar de la experiencia minera que tenemos en cuanto a trámites y permisos fraudulentos con el que pretendían operar en Crucitas, que han sido evidenciados de mil maneras y finalmente reconocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo, por la constante y acuciosa labor de quienes han creído que vale más el agua que el oro y que la paz a la naturaleza no se nutre de discursos y escritos falsos.


Costa Rica ha escrito con sangre su historia minera. Pasado, presente y futuro. Tenemos experiencia minera y ha sido nefasta. La amenaza sigue pero el futuro es promisorio si seguimos el camino trazado por los valientes hombres y mujeres que a pie, de saco y corbata, quemando pestañas y gritando consignas, hemos dicho de muchas formas, no a la minería.


(*) Comité Ambiental Miramar

Fuente: elpais.cr

22 de enero de 2011

Procuradora tica “en tres y dos” por Las Crucitas

Por: Josué Bravo
CORRESPONAL /COSTA RICA
El próximo jueves 27 de enero la Procuradora General de la República de Costa Rica (PGR), Ana Lorena Brenes, deberá comparecer ante los diputados que integran la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, sobre todo lo actuado en el caso de la minería Las Crucitas.
La comisión aprobó la moción de interpelar a Brenes, tras conocer que la Procuraduría y, por ende el estado de Costa Rica, siguen avalando el proyecto minero Las Crucitas, al presentar una apelación al fallo adverso que eliminó los permisos ambientales de la empresa minera.
“La Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa de una empresa privada extranjera, Industrias Infinito, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la minería a cielo abierto en Las Crucitas, cuando lo que le corresponde, como representante judicial del Estado, es defender a la población costarricense”, dijo el diputado José María Villalta, del Frente Amplio.
El diputado del también opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, sostiene que la Procuraduría “se pone del lado del cianuro y la depredación ambiental”.
La oposición política costarrincense ve una doble moral en la presidenta Laura Chinchilla, que por un lado vocifera contra Nicaragua por un supuesto daño ambiental generado por el dragado del río San Juan en Harbourd Head, territorio nica, aunque Costa Rica dice que es suyo y lo nombra Isla Calero, mientras avala la minería que podría contaminar las aguas del río nicaragüense.
La procuradora Brenes dijo que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR), de pedir una anulación a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la cual revocó los permisos ambientales a la minería y condenó al Estado y a Industrias Infinito, fue coordinada con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.
Chinchilla justificó su respaldo al recurso de casación planteado por la procuraduría ante la Sala Primera de la Corte Suprema, alegando que está evitando una eventual indemnización millonaria y defiende al Estado porque existen en la sentencia funcionarios cuestionados.
“La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál es la función de la Procuraduría? ¿defender los intereses de nuestro Estado o defender los intereses de una empresa transnacional?, cuestionó el diputado Oviedo.

20 de enero de 2011

Procuradora comparecerá ante la Asamblea por caso Crucitas

La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, tendrá que comparecer ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, para dar explicaciones por la posición de la Procuraduría en el caso del proyecto minero Las Crucitas.
Según informó el Frente Amplio en un comunicado, los diputados pedirán explicaciones a Brenes por el recurso de casación presentado por la Procuraduría ante la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló los permisos a la empresa minera.
“La Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa una empresa privada extranjera, Industrias Infinito, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas, cuando lo que le corresponde, como representante judicial del Estado, es defender a la población costarricense”, indicó el diputado José María Villalta.
La comparecencia está programada para el jueves 27 de enero a la 1 p.m.
La empresa Industrias Infinito presentó su apelación a la sentencia el pasado 18 de enero.

19 de enero de 2011

Presidenta Chinchilla apoyó apelación contra sentencia Crucitas

miércoles, 19 de enero de 2011

Noticias Monumental informó ayer que la Procuraduría General de la República apeló la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso Crucitas.

Este martes, la Procuradora General, Ana Lorena Brenes, dijo en este noticiero que la decisión del Estado de pedir la anulación de la sentencia que condena al Estado y a la empresa Industrias Infinito, fue en coordinación con la presidencia y el Ministerio de Ambiente.

Este miércoles, Noticias Monumental, le consultó a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, por qué apoyó la apelación del caso.

La mandataria dijo que tiene la obligación de defender al Estado, sobre todo cuando hay funcionarios públicos cuestionados, y admitió temer que enfrentar alguna indemnización.

Ahora le tocará el turno a la Sala I de la Corte de definir el futuro de Crucitas en alzada.

Industrias Infinito presentó recurso de casación

La empresa Industrias Infinito presentó el lunes un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que en noviembre pasado ordenó cancelar la concesión para la explotación de una mina en Las Crucitas de Cutris, tras un largo proceso en el que los jueces dieron por demostradas serias irregularidades.
La compañía explicó en un escueto comunicado que su casa matriz en Canadá, donde opera con el nombre de Infinito Gold Inc, había instruido a los abogados para dar trámite al recurso.
"Infinito Gold Inc., reitera su respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país. El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera", señaló el gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación, Juan Carlos Obando.
El funcionario advirtió que no se involucrará en un debate mediático para presionar a los jueces de la Sala Primera de la Corte.
"Con la presentación de la Casación, cerramos el proceso iniciado por el Tribunal Contencioso Administrativo. No habrá más declaraciones en este particular. Industrias Infinito se reincorpora a sus habituales actividades y cumpliendo con las responsabilidades propias de toda empresa", subrayó Obando.
Fuente: Informa-tico.

INDUSTRIAS INFINITO SE DECIDIÓ POR CASACIÓN

• Proceso en Sala I duraría de 6 a 9 meses en resolverse

Sandra Cordero G.
scordero@diarioextra.com

La tan esperada decisión de si se presentaba el recurso de casación o no en el caso Crucitas se resolvió ayer, cuando los abogados de la empresa Industrias Infinito se acercaron a la Sala I a darle trámite al documento con el que esperan se dé la resolución para que la empresa pueda retomar sus labores.

El último día que tenían para apelar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo dictada el 24 de noviembre del año pasado, y quedando en firme el 14 de diciembre de 2010, se dio ayer mismo cuando fue presentado el documento.

La empresa Industrias Infinito, que reiteró su respeto al Estado de Derecho, afirmó que presentó el recurso de casación por la institucionalidad, la seguridad jurídica y las comunidades que se han visto perjudicadas con la resolución del Tribunal.

La decisión se tomó luego de que la casa matriz en Canadá, Infinito Gold, instruyera a sus representantes para presentar el recurso de casación ante la Sala I de la Corte Suprema de Justicia
“Infinito Gold Inc., reitera su respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país. El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera”, señaló el gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación, Juan Carlos Obando.

RESOLUCIÓN POLÉMICA

Con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del pasado 24 de noviembre se anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos.

Además también se derogó el decreto de “Interés Público y Conveniencia Nacional”, dictado por el ex presidente, Óscar Arias Sánchez. Asimismo, el Tribunal aseguró que la empresa habría cometido fraude de ley en la tramitación de los permisos, con la ayuda de funcionarios de entidades estatales, a quienes el Ministerio Público investiga por sus actuaciones, por recomendación de los jueces.

Al consultarle al abogado Bernal Gamboa, representante de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, indicó que “es previsible que fueran a presentar el recurso de casación, ante lo cual ahora nosotros solo tendremos que esperar para ver qué tenemos que alegar en su momento después de que pase por el proceso de preadmisibilidad”.

Fuente: Diario Extra.

Crucitas: Procuraduría de Costa Rica va a casación para defender a Infinito Gold

Transnacional minera canadiense también presentó recurso ante Sala Primera

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr) | 19/01/2011

San José (elpais.cr) - El Estado de Costa Rica, a través de su abogado, la Procuraduría General de la República, presentó un recurso de Casación ante la Sala Primera, por la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que derogó un ilegal decreto ejecutivo y la concesión minera a Infinito Gold.

Además, Industrias Infinito S.A., propietaria del Proyecto Crucitas, apeló este martes la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que Infinito Gold Inc. (Casa Matriz en Canadá), instruyera a los abogados a presentar el recurso de casación.

Así lo informó un escueto comunicado de prensa de Infinito Gold, publicado en la página oficial de la empresa www.laverdadsobrecrucitas.com, donde justifica que lo hace "por la institucionalidad, la seguridad jurídica y las comunidades".

Por su parte, la Procuradora General, Ana Lorena Brenes informó a radio Monumental que la PGR había presentado un recurso de casación contra la sentencia que afectó a la transnacional canadiense, y cuestionó la transparencia del fallo.

En la Región Huetar Norte, en Crucitas de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, Infinito Gold ha pretendido, por más de una década, construir una mina de oro a cielo abierto, que cuenta con el rechazo de más del 90% de la población costarricense.

"Infinito Gold Inc., reitera su respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país. El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera", dice el Gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación, Juan Carlos Obando, según el comunicado.

Obando agregó que "no será Infinito Gold Inc., ni su subsidiaria Industrias Infinito, quienes provoquen un debate mediático con el único fin de trasladar presión a los Magistrados de la Sala Primera".

"Con la presentación de la Casación, cerramos el proceso iniciado por el Tribunal Contencioso Administrativo. No habrá más declaraciones en este particular. Industrias Infinito se reincorpora a sus habituales actividades y cumpliendo con las responsabilidades propias de toda empresa", advirtió el funcionario de la transnacional canadiense.

El pasado 24 de noviembre el Tribunal Contencioso Administrativo le anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos, además de que las autoridades ignoraron la desaparición de un camino público que reduce en cinco kilómetros la ruta de los habitantes de la zona.

En la sentencia, los jueces anularon la concesión y también derogaron el decreto de "Interés Público y Conveniencia Nacional", dictado por el ex presidente Oscar Arias Sánchez, para favorecer dicha actividad minera de oro a cielo abierto, considerada una de las más contaminantes del planeta.

Asimismo, el Tribunal aseguró que la empresa habría cometido fraude de ley en la tramitación de los permisos, con la ayuda de funcionarios de entidades estatales, a quienes el Ministerio Público investiga por sus actuaciones, por recomendación de los tres jueces.

Ambientalistas

Entre tanto, los abogados ambientalistas Edgardo Araya, de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), y Álvaro Sagot Rodríguez, representante del académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Lobo, dijeron a este medio que están atentos a los dichos de la PGR y de la transnacional.

"Defenderemos la sentencia ante los cinco jueces de la Sala Primera, y estaremos pidiendo audiencia", anunció Araya.

Sagot Rodríguez recordó que (la Procuradora) Brenes dijo que no existen presiones de la empresa en cuanto al arbitraje internacional, y recordó el abogado: "pero desde que lo dijeron en Sala Constitucional de que si perdían ahí lo llevaban (el caso) al arbitraje; y ahora (durante el juicio), en la etapa de recepción de testigos en el Contencioso lo volvieron a repetir en un medio masivo; para mí, eso es más que presión y ha quedado en el conocimiento público a la hora que dieron la noticia".

"Por supuesto que los jueces... de una u otra manera... ellos leen periódicos, ven noticias y demás; por supuesto que ya la descarga la hicieron y ahora aparentan... quieren dar la apariencia de que son respetuosos del ordenamiento jurídico; y que no se van a meter presión, que no van a hacer presión", añadió.

"Por debajo, en el lado obscuro, a veces se mueven fuerzas que ni siquiera uno se imagina", acotó Sagot.

Para el abogado ambientalista "lo que diga la Procuraduría es de mucho peso porque deja mucho qué desear de parte de ellos, dado que las inconsistencias eran, incluso, de desprotección de bienes públicos".

Sagot cuestionó que "no es posible que se entregue nuestra biodiversidad, que se entreguen caminos a cambio de qué?"

De seguido dijo que eso no es posible y alertó que mientras el Gobierno de Costa Rica, "por otro lado se rasga las vestiduras diciendo que Calero..., que hay un daño ambiental... Me parece que los argumentos no son consistentes... y debería mantenerse una línea más clara, mas cuando existe la justificación de que hay un nuevo Gobierno. Pudo haberse dicho "ya Laura (Chinchilla) emitió un criterio con su reglamento", la Asamblea Legislativa, con la Ley que prohíbe la minería metálica, también es una llamada de atención de qué es lo que quiere, qué es lo que persigue el Estado, ah no... pero ellos presentan Casación. No sé...".

"A mí eso me deja mucho qué desear. Pareciera que no escucha (la PGR) lo que ha dicho la Presidenta Chinchilla, parece que no escucha lo que dijeron los nuevos diputados, que entonces... están defendiendo los intereses de los Arias, que fueron quienes emitieron las últimas autorizaciones para la minera", advirtió.

"Esa es la última pregunta que nos queda, no sé si se podrá contestar o no?", concluyó Sagot Rodríguez.

Por último, cabe recordar que el Ministerio Público ya no solo investigará si existió algún delito en el otorgamiento de permisos a la empresa Industrias Infinito para hacer minería a cielo abierto en la mina Crucitas, sino también si existieron irregularidades en la construcción de una carretera que llega a ese lugar.

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó el pasado mes de diciembre a la empresa y al Estado a detener las obras, y los condenó al pago de indemnizaciones por daño ambiental.

Los jueces recomendaron trasladar el caso al Ministerio Público ante posibles delitos cometidos en su trámite.

El Fiscal General, Jorge Chavarría; dijo que el equipo encargado del caso, ahora estudiará también la construcción de la vía.


Fuente: elpais.cr.

Minera esperó última hora para ir a Casación

Impugnó fallo contra explotación de oro

Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com 10:38 p.m. 18/01/2011

La empresa Industrias Infinito recurrió ayer, a última hora, a Casación, para impugnar el fallo que anula la concesión de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos.

El ambientalista Edgardo Araya celebró el fallo de octubre.

La Procuraduría General de la República también apeló ayer la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que en octubre encontró ilegalidades en los permisos para extraer oro.

Además, el fallo demostró que hubo daño ambiental cuando se permitió la tala de árboles de almendro amarillo, una especie vital para la supervivencia de la lapa verde, ave en peligro de extinción.

Ayer vencía el plazo para que los afectados recurrieran a Sala Primera, para intentar revertir la sentencia. En un escueto comunicado de prensa, Industrias Infinito dijo que presentó la apelación luego de recibir instrucciones de los abogados de la casa matriz en Canadá (Infinito Gold Inc.)

Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación de Industrias Infinito, agregó en ese comunicado que no rendirá más declaraciones sobre el proceso de casación.

“No será Infinito Gold Inc., ni su subsidiaria Industrias Infinito, quienes provoquen un debate mediático con el único fin de trasladar presión a los magistrados de la Sala Primera”, declaró Obando.

Desde este momento, la Sala Primera podrá convocar a audiencias y pedir prueba adicional y resolver en un plazo de 10 días hábiles.

Industrias Infinito pretendía extraer hasta 700.000 onzas de oro en un plazo de 10 años.

Sin embargo, las organizaciones Frente Norte por la Vida y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna cuestionaron la legalidad de los permisos.

Fuente: Nacion.

18 de enero de 2011

Industrias Infinito apeló sentencia contra mina Crucitas

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Los ambientalistas lograron una contundente victoria legal después de meses de lucha

18 ene | alonso mejía. Empresa no quiso dar declaraciones a los medios

Esta tarde, la empresa Industrias Infinito, a quien el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea le prohibió en sentencia la explotación de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos, recurrió a casación para impugnar la sentencia.

Además de la empresa de origen canadiense, también apeló la sentencia de nulidad la Procuraduría General de la República.

Precisamente hoy martes vencía el plazo para que los involucrados apelaran la sentencia del Tribunal, que encontró irregularidades y daño ambiental en el proceso de concesión para extraer oro en la zona Norte. El por tanto de la sentencia se leyó el 24 de noviembre del 2010, y en él se recomienda investigar al anterior gobierno de Oscar Arias como coresponsable del daño al medio ambiente.

La empresa Infinito, a través de un comunicado de prensa, informó que no se referirán por el momento al proceso en Casación. Los ambientalistas han expresado a diversos medios que están alertas sobre el rumbo que tomará el juicio, auque confían en que el Tribunal reafirme la sentencia de nulidad.

Fuente: El Pregón.

Industrias infinito apela sentencia en caso Crucitas

Natalia García
Adaptación: Teletica.com
Actualizado 07:15 pm
18 de Enero de 2011

El Gobierno e Industrias Infinito apelaron la sentencia que cancela la concesión del proyecto minero Crucitas.

La tarde de este martes se confirmó la apelación de sentencia en el caso Crucitas, tanto por parte de Industrias Infinito como también por parte del Estado, esto por medio de la Procuraduría General de la República.

Ambos presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el que esperan que sea la Sala I de la Corte Suprema de Justicia quien decida si se mantiene la sentencia o se revoque.

Industrias Infinito dio a conocer la acción por medio de un comunicado de prensa en el que por instrucciones de la casa matriz en Canadá dio luz verde para apelar esa sentencia.

Esa acción ya la había dado a conocer días atrás el mismo Gerente de la empresa, y este martes se vencía el plazo para presentar los recursos de casación.

Según la Procuraduría este es un recurso técnico en el que revalora el escrito y los extremos que contienen esa sentencia.

El recurso de casación de la Procuraduría es referido al cuestionamiento que la empresa hace hacia el Estado. Por lo que aseguran que no están cuestionando la sentencia como tal si no la parte administrativa cuestionada hacia el Gobierno.

*L JV

Industrias infinito apela sentencia en caso Crucitas

Fuente: Telenoticias.

Industrias Infinito apeló sentencia que anula minería en Crucitas

Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com 07:01 p.m. 18/01/2011

San José (Redacción). Poco después de las 4 p. m. la empresa Industrias Infinito recurrió a Casación, para impugnar la sentencia que anula la explotación de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos.

Además de Industrias Infinito, también apeló la Procuraduría General de la República.

Hoy vencía el plazo para que los interesados apelaran la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que encontró irregularidades y daño ambiental en el proceso de concesión para extraer oro en la zona Norte. El por tanto de la sentencia se leyó el 24 de noviembre del 2010.

Voceros de Industrias Infinito dijeron, a través de un comunicado de prensa, que no darán declaraciones sobre el proceso en Casación.

Fuente: Nacion.com.

Crucitas y el arbitraje internacional: algunas precisiones

Nicolás Boeglin

Nicolas Boeglin (*)

La reciente decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (cuyo contundente “por tanto” fue dado a conocer el 24 de noviembre, y cuya lectura completa se dio a conocer el 14 de diciembre del 2010) en relación al proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, ha provocado reacciones generalizadas de júbilo y alegría en distintas partes del país en el seno de la población costarricense. No obstante, algunas voces se han elevado casi de forma inmediata, en particular en las redes sociales, para advertir de la situación de “inseguridad jurídica” que, supuestamente, generaría la decisión del Tribunal. En artículos publicados con posteriordad, esta supuesta “inseguridad” pareciera derivarse de una clara confusión entre dos conceptos (algo básicos) en derecho administrativo: la constitucionalidad del acto impugnado por una parte, la legalidad de este mismo por otra. Y de una clara e intencionada omisión de varios párrafos de la Sala Constitucional en sus dos fallos relativos a este expediente que explícitamente refieren a los recurrentes a problemas de legalidad. Por su parte, la empresa ha advertido que estudia, entre varias opciones, la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional.

El recurso al arbitraje internacional ha sido usado en distintas oportunidades (Nota 1), y varios artículos sobre la amenaza de recurrir a este fueron publicados años atrás, en relación a este polémico expediente. Incluso las mismas autoridades para justificar ciertas conductas hicieron ver en los últimos años que “debían” otorgar ciertos permisos so pena de que esta amenaza se concretara: el Vice Ministro Jorge Rodríguez – nombrado Ministro del Ambiente sin haber nunca sido consultado, en marzo del 2009 (Nota 2) – hace un año aducía que heredó de una mesa servida “que tiene a Costa Rica en la puerta de una demanda” (Nota 3), y en un artículo anterior – siendo aún Vice Ministro – menciona hacia el suscrito que “no se pueden emitir criterios sin conocimiento de causa, que comprometan la soberanía del país “ (Nota 4). En la “sacudida” de despedida ante los serios cuestionamientos de la gestión ambiental 2006-2010 por parte de varias entidades, el mismo funcionario fue enfático en decir que, en relación a la empresa minera, “se necesitaba una definición a su situación jurídica para evitar el arbitraje internacional, difícil y oneroso para el país” (Nota 5). La última referencia las encontramos en las numerosas declaraciones oficiales de julio del 2010 para justificar ante caminantes, ayunantes y ante la opinión pública, la no derogatoria del Decreto de Conveniencia Nacional del 13 de octubre del 2008. En esta reciente oportunidad, incluso, se adelantó un monto de 1.700 millones de dólares, según una “estimación a mano alzada” del Vicepresidente Alfio Piva (La Nación, el 27 de julio del 2010). Si bien el monto es de importancia, sorprende el hecho que a la fecha no se sepa sobre qué tipo de estudio se sustenta, ni con base en que tipo de metodología, ni cuáles fueron los “15 expertos y especialistas” consultados por las máximas autoridades en materia arbitraje y montos indemnizatorios, preguntas hechas públicamente y sin respuesta a la fecha (Nota 6).

Una referencia hecha al iniciar los procesos ante al TCA, y ante la Sala IV: es menester recordar además que a unos días de iniciar el proceso ante el TCA (que formalmente inició el 4 de octubre del 2010), el representante de Industrias Infinito Gold en Costa Rica, John Thomas, indicó en declaraciones ante la prensa que “Estamos ante un momento crucial, confiados en que el sistema legal costarricense nos dará la razón sin necesidad de tener que buscar instancias internacionales para resolver el conflicto”(…), (Nota 7) De igual manera, a inicios del proceso ante la Sala IV (que inició el 21 de octubre del 2008 con la presentación del recurso presentado por Edgardo Araya, y finalizó el 16 de abril del 2010) el Gerente Arnoldo Rudín en una entrevista a este mismo medio indicaba que “la compañía podría acudir a un arbitraje” (Nota 8).

Algunas precisiones: el mecanismo del arbitraje internacional ante el CIADI, tribunal arbitral creado en el marco del Banco Mundial, se ideó en los años 50-60 para solventar situaciones en las que un inversionista extranjero invierte de buena fe en un Estado y ve sorpresivamente su proyecto frenado o suspendido a raíz de una decisión de este mismo Estado, que le significa un “cambio de las reglas de juego”. El caso más frecuente es el de una decisión tomada por un Gobierno en caso de expropiación o de nacionalización de bienes o activos, o de revocación o anulación de una concesión o de permisos de explotación, o bien de la adopción de una legislación discriminatoria, o de algún mecanismo asimilable a una denegación de justicia al inversionista, y así lo ilustra la abundante jurisprudencia del CIADI (Nota 9).

En lo que atañe a Costa Rica, por ejemplo, el Decreto de 5 de mayo de 1978 que creaba en Guanacaste el Parque Nacional de Santa Rosa dio lugar a un arbitraje CIADI: en esta oportunidad, la demanda presentada en 1995 por los propietarios norteamericanos expropiados exigía el pago de US$ 41.200.000 al Estado costarricense; en el 2000, el CIADI en su decisión ordena el pago de un monto de US$ 16.000.00 por la expropiación operada en 1978 (Sentencia CIADI del 17 de febrero del 2000). La figura del arbitraje aplica difícilmente en caso de permisos, concesiones, o viabilidades ambientales otorgados en condiciones irregulares y así declarados por tribunales nacionales; y menos aún cuando un tribunal administrativo logra inferir que esta “orquestación de voluntades” (según la expresión usada por el Tribunal Contencioso Administrativo) amerita una profusa investigación por parte del Ministerio Público. Otro caso en Costa Rica es el de la petrolera Harkken: si bien la empresa amenazó inicialmente a Costa Rica con una demanda por 57.000 millones de dólares, ante un tribunal arbitral nacional en el 2009, la suma en discusión era de tan solo 13 millones de dólares y el Estado tan siquiera se apersonó. Valdría la pena interrogarse sobre las razones por las que la petrolera Harkken (cuya concesión fue anulada por la Sala IV en el voto 2000-8019 de septiembre del 2000, y “aclarado” en el voto 2000-10075 de noviembre del 2000), empresa que motivó presiones sobre el Presidente Abel Pacheco desde la misma embajada de EEUU (Nota 10) presentó una demanda ante el CIADI el 15 de septiembre del 2003 para retirarla casi de inmediato, 15 días después (Nota 11).

La buena fe de un inversionista: un inversionista que acude ante el CIADI debe demostrar que su conducta siempre fue apegada al principio de buena fe, elemento básico para efectivamente exigir una justa indemnización. Este principio cardinal conlleva, entre otros, cumplir a cabalidad con la legislación nacional y con permisos (concesiones, viabilidades ambientales) vigentes. Arriesgarse a invertir a sabiendas que una concesión o permiso, o una declaratoria de conveniencia nacional, están en discusión ante los tribunales es un riesgo que sólo puede asumir el inversionista. Si nos limitamos en el análisis únicamente a la concesión minera de Crucitas, la situación es la siguiente: la primera concesión otorgada en diciembre del 2001 (publicada en La Gaceta Oficial el 30 de enero del 2002) fue anulada por la Sala IV en el 2004 (voto 2004-13414 del 26 de noviembre del 2004). Posteriormente, la concesión minera otorgada el 21 de abril del 2008 (R-217-2008 MINAE, publicada en la Gaceta Oficial el 20 de mayo del 2008) fue recurrida ante la Sala IV la cual remitió (Voto 2010-14009 del 3 de septiembre del 2010) el recurrente a problemas de legalidad. Finalmente dicha concesión se anula en el fallo reciente del TCA. La buena fe de un inversionista extranjero sugiere más bien que, al saber que una concesión minera está siendo cuestionada antes los tribunales, hay que esperar la decisión de un tribunal antes de iniciar operaciones, y no adelantarse a invertir sin saber a ciencia cierta si los permisos (en este caso la concesión minera) serán declarados vigentes o no. La lectura de las 170 páginas del reciente fallo del Tribunal Contencioso Administrativo revela de manera muy detallada y documentada que palabras usadas como “fraude”, “grosero”, “malicioso”, “orquestación” cuentan con un sólido y variado sustento probatorio, tanto en relación a la conducta de las autoridades nacionales como de la empresa. En cambio, no aparece ningún registro de la “buena fe” del inversionista en el texto de esta sentencia que pudiese serle de alguna utilidad en un eventual recurso ante el CIADI.

(*): Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

(1): Véase nuestro artículo del 3 de agosto del 2010, Minería, arbitraje y amenazas, disponible en: http://costaricahoy.info/opinion/foro/mineria-arbitraje-y-amenazas/61455/
(2): Nota de prensa: Lo nombran ministro sin pedirle opinión, Prensa Libre, 13 de marzo del 2009. Disponible en: http://www.prensalibre.co.cr/2009/marzo/13/nacionales08.php
(3): Jorge Rodriguez, Ministro de Ambiente: Un problema se resuelve, no se pospone, Diario La Extra, 26 de enero del 2010, Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/enero/26/opinion10.php
(4), Jorge Rodriguez, Vice Ministro de Ambiente, El proyecto minero en Crucitas es viable, La Nación, 27 de febrero del 2009. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/27/opinion1888388.html
(5): Véase Nota de prensa, Minaet se sacude de críticas de grupos ambientalistas, El Financiero, 14 de abril del 2010, en el documento “Respuesta completas del Ministro” disponible en la sección Multimedia, Información relacionada en el link: http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/18/economia2334856.html#
(6): Allan Astorga, Crucitas y números del Gobierno, Pagina Abierta, 24 de agosto del 2010, Diario Extra). Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/agosto/24/opinion07.php
(7): Nota de prensa relativa al juicio ante el TCA, Diario Extra, 7 de octubre del 2010, http://www.diarioextra.com/2010/octubre/07/nacionales04.php. Estas aseveraciones fueron interpretadas como una verdadera amenaza a los jueces: Ver artículo reproducido en: http://es.justinvestment.org/2010/10/minera-canadiense-amenaza-a-jueces-de-recurrir-a-un-arbitraje-internacional/
(8): Alvaro Rudin, Gerente General, y Andrés Soto, vocero, Entrevista, Diario Extra, 24 de noviembre del 2008. Disponible en:
http://www.diarioextra.com/2008/noviembre/24/nacionales07.php
(9): De los 118 casos pendientes ante el CIADI (al 15 de enero del 2011), 67 conciernen a países de hemisferio americano (29 a Argentina, 12 a Venezuela, 5 a Perú y a Ecuador, 3 a Guatemala, 2 a Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Paraguay, y con 1 caso: Canadá, Granada, Honduras, México y Uruguay). Ver para más detalles: http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending
(10): Nota de prensa: Abel Pacheco: ex embajador de EEUU presiono por petróleo. La Nación, 15 de enero del 2011. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-01-15/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2652035.aspx
(11): Véase nota de Inforpress/Centroamérica, 10 de octubre del 2003:http://www.inforpressca.com/inforpress/infor2003/1532-13.htm

Notas relacionadas:

  1. Crucitas y la supuesta “inseguridad jurídica”: algunas precisiones
  2. La Política Hoy: Crucitas
  3. La Política Hoy: Seguridad Jurídica y Crucitas
  4. Minería química y acuíferos transfronterizos: algunas respuestas desde la esfera internacional
  5. Minería, arbitraje y amenazas
Fuente: CostaRicaHoy.info.

17 de enero de 2011

¿Apelará la Minera Crucitas?

Dr. Rodrigo Cabezas Moya

Estamos en suspenso pues en unos días vence el plazo para que la subsidiaria de Infinito Gold apele el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló todos sus permisos de explotación y también el decreto de interés nacional promulgado por el ex Presidente Arias.

Hasta ahora las únicas noticias de ellos es que sus acciones en las bolsas de valores extranjeras siguen en picada, el último valor reportado es de $ 0.10, sí, lo leyó correcto, diez centavos de dólar!

Como se sabe, para apelar un juicio o ir a un arbitraje internacional como han amenazado, se requiere dinero, el cual está muy escaso en estos momentos. Es dudoso que los inversionistas quieran gastar más dinero para apoyar esas gestiones. Particularmente no estarían interesados en aportar más capital cuando esa compañía lo ha gastado en cosas ajenas a su función como son financiar campañas políticas o gastar las millonarias sumas en publicidad que han gastado.

Eso es lo que se conoce. No sabemos cuánto han gastado en las famosas ¨ consultorías ¨ que con tanta ligereza se dan aquí a amigos, político-empresarios o parientes o tal vez en donaciones a alguna fundación por ahí, que podrían haber incidido en aberrantes decretos que benefician a esa compañía solamente.

Cuando sentimos el clima tan frío estos días, nos preguntamos si es un enfriamiento general que pudiera afectar también el infierno?

En cuanto a las opiniones sobre el trillado tema de ¨ seguridad jurídica ¨ y cómo podría eso alterar las inversiones extranjeras, la confianza en un país la tienen las empresas que saben que ese país es respetuoso de sus leyes, protege el medio ambiente y atrae compañías que comparten esa visión. El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo para establecer la legalidad o falta de ella en lo que hizo la Minera Crucitas solo refuerza el apego de este país a sus leyes. Debemos recordar que la Sala Constitucional emitió su voto en relación a otros aspectos de la ley.

Fuente: elpais.cr

Crucitas

Gloria Álvarez Desanti, Ph.D.

Mañana 18 de enero será el último día que tendrá Industrias Infinito para apelar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo dictada el 24 de noviembre que anuló la concesión minera. ¿Acudirá Industrias Infinito a la Sala de Casación o en su lugar demandará al estado ante un tribunal de arbitraje acogiéndose a las ventajas que le da el tratado de inversión con Canadá? El geólogo Allan Astorga y otros intelectuales consideran, “En resumen, la Administración y la empresa no cumplieron con objetividad y legalidad una serie de requisitos legales y técnicos vigentes para el momento en que tramitaba los permisos y cuyo cumplimiento era de su responsabilidad. Estas faltas dejan claro que, aunque las diferentes autoridades del Estado no debieron actuar con tanta ligereza, la responsabilidad principal recae en la empresa, que era la llamada a cumplir de forma estricta con la legislación. Como se ve, la inseguridad jurídica surge precisamente por no cumplirse con la legislación y no por la legislación en sí, como se ha querido señalar a propósito del caso Crucitas.” (La Nación, 26/12/2010). De acuerdo con este argumento el Estado costarricense no tendría ninguna responsabilidad ante un reclamo de indemnización por parte de la empresa, ya que la responsabilidad recaería solo sobre la empresa, Industrias Infinito, la cual según este argumento es la que tiene la obligación de cumplir a cabalidad con la legislación del Estado costarricense y se exime al Estado costarricense de no cumplir en forma estricta con su propia legislación, o de actuar con ligereza. Considero que don Allan y sus colegas brindan un argumento para que un tribunal de arbitraje internacional lo use precisamente a favor de la empresa en contra de los intereses nacionales por cuanto el Estado es único e indivisible en arbitrajes internacionales.

Por su parte, el especialista en arbitrajes Esteban Agüero considera que “si el asunto termina con el proceso judicial en Casación, más tarde, por haber agotado el proceso judicial interno, pierde la oportunidad de recurrir al arbitraje internacional. Un arbitraje permitiría alejar las presiones políticas e ideológicas locales de un caso tan polémico” (El Financiero 26/12/2010). De este argumento se deduce que el probable curso de acción de la empresa sería el de acudir directamente a arbitraje internacional.

Independiente de lo que haga la empresa canadiense en defensa de sus inversiones, las discusiones del caso de Crucitas en nuestro país se han convertido en una polémica político-ideológica, en cuestionamientos al concepto de seguridad jurídica, incluso sobre el papel de la legalidad de la Sala Constitucional “¿se excedió efectivamente el juez contencioso ante un fallo previo de la Sala Constitucional, o es la Sala la que se excedió en sus potestades?” (Páez, La Nación 5/1/2011). Ausente estuvo la discusión sobre las responsabilidades derivadas de los tratados de inversión, así como las consecuencias con la atracción de futuras inversiones. Finalmente, existe un consenso nacional a favor de la sostenibilidad ambiental, pero este concepto pareciera tener acepciones muy distintas e incluso contradictorias para diferentes grupos.

Fuente: La Política Hoy.

12 de enero de 2011

La SETENA quedó al descubierto con sentencia sobre Crucitas

Los errores y graves omisiones que cometió la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en el proceso de aprobación del proyecto minero Las Crucitas, dejó en evidencia las grandes carencias y el mal manejo que se le viene dando a esta institución en los últimos años.

Así lo consideran expertos en diferentes áreas relacionadas con temas ambientales, tras conocer la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso de la mina de oro a cielo abierto de la empresa Industrias Infinito, emitida el año anterior.

La falta de cumplimiento de las normas establecidas, y la excesiva injerencia política en la institución a la hora de tomar decisiones, son parte de las críticas que hicieron los expertos consultados por UNIVERSIDAD.

“SETENA está en crisis”

El especialista en evaluación ambiental y exsecretario general de la SETENA, Allan Astorga, opinó que la sentencia del caso Crucitas deja claro que esta institución no cumplió con lo que le exige la Ley Orgánica del Ambiente, respecto a actuar con eficiencia y estricto apego a los procedimientos.

Para Astorga, la SETENA vive una seria crisis, que se comprueba con la no utilización de sus reglamentos e instrumentos técnicos, a pesar de ser una de las instituciones “mejor equipadas” en este aspecto.

“SETENA tiene todas las herramientas técnicas, y el contencioso de Crucitas lo que muestra es que con la primera vialidad ambiental que se anula, y la segunda vialidad, esos procedimientos no se cumplieron, cosa que yo venía alegando hace dos años”, afirmó Astorga.

Para el analista, la responsabilidad no es solo de la SETENA, pues los reglamentos están claros y disponibles para todos los interesados, por lo que los desarrolladores deben ser más rigurosos a la hora de diseñar y ejecutar sus obras.

El geólogo recordó que la poca rigurosidad de este ente en la aplicación de sus reglamentos, también fue criticada por la Contraloría General de la República, en un informe publicado el año anterior.

“La Contraloría encontró muchos proyectos desarrollados sobre la zona marítimo-terrestre, algunos incluso sobre manglares, casos en los que la SETENA no tiene defensa, porque los resultados son más que evidentes”, acotó Astorga.

El exfuncionario cuestionó además el hecho de que la SETENA no asuma su papel fiscalizador sobre los proyectos, y preguntó cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que esta entidad clausuró una obra.

Astorga considera que los instrumentos legales de la SETENA están bien diseñados, por lo cual la solución no es pedirle que fabrique otros nuevos, como lo recomendó la Contraloría en su informe.

“¿Qué hacemos con cambiarle el martillo al carpintero, si no sabe martillar? Más bien es peligroso pedirle nuevos instrumentos, porque los hace de manera cerrada, olvidando que la evaluación ambiental es un asunto de toda la sociedad”, declaró el experto.

Él ha sido uno de los más insistentes proponentes para que se convoque a la Comisión Mixta de la SETENA, la cual está integrada por un amplio grupo de representantes de organizaciones, y tiene más de tres años sin ser convocada.

Esta comisión fue la encargada de diseñar los reglamentos técnicos y herramientas que utiliza la SETENA, y es la que -de acuerdo con la legislación- debería realizar las reformas que sean necesarias.

Astorga opinó que las debilidades que hoy son evidentes en la SETENA, son parte del legado que dejó su anterior secretaria general, Sonia Espinoza, junto al exministro de Competitividad, Jorge Woodbridge.

“Con esa línea de `modernizar´ la SETENA, se fue la mayoría del personal con experiencia y que eran más estrictos en el uso y cumplimento de los reglamentos, para remplazarlos por personal nuevo”, recordó.

Astorga advirtió que la permanencia prolongada del viceministro Andrei Bourret como secretario general interino de la SETENA, podría traer algunos problemas, ya que el Ministerio de Ambiente se vuelve “juez y parte” en algunas decisiones.

“Si a un proyecto SETENA le rechaza algo, y presenta una apelación ante el ministro de Ambiente, pues es muy probable que obtenga la misma respuesta que tuvo del viceministro en SETENA, lo que crea un estado de indefensión”, explicó.

Despolitizar

Mientras tanto, para Yamileth Astorga, directora del Programa de Gestión Ambiental Institucional de la UCR (ProGAI), la necesidad más urgente de la SETENA es su despolitización, ya que debería funcionar solo bajo criterios técnicos.

Para ella, la sentencia en el caso Crucitas deja ver claramente la injerencia política que ha tenido esta institución a la hora de tomar decisiones, y que se mantiene con la presencia de un viceministro como secretario general.

Astorga, quien es también la coordinadora del grupo de expertos ambientales “Llamado Urgente por el país”, criticó el que no se haya convocado a la Comisión Mixta, para que exista un diálogo más transparente y abierto sobre los temas que corresponden a la entidad.

La bióloga además reprochó el hecho de que tras más de siete meses en el gobierno, la actual administración mantenga como secretario general al viceministro de Ambiente, sin que haya señales de que se quiera nombrar a otra persona.

Recordó que a la SETENA se le empujó siempre hacia la “agilización de trámites”, lo que resultó en detrimento de la vigilancia para la protección del ambiente.

“Se aprueban proyectos con procesos `agilizados´ y lo que se hace es aprobar cosas como en el caso de Crucitas, donde se aceptó una modificación sustancial al proyecto en solo tres semanas”, aseveró.

Astorga también mencionó la gestión que realizó el exministro Woodbridge para “agilizar” la SETENA, de la cual salieron el decreto de “Conveniencia Nacional” para el proyecto Crucitas, y otros decretos similares para otros proyectos.

“SETENA debería estar fuera de la influencia política, y tener un secretario general nombrado por capacidad técnica, no por amistades, ni mucho menos por relación política, como ha sido en los últimos tiempos”, recriminó.

De igual manera, instó a que las universidades públicas pongan más atención al representante que tienen ante la SETENA, dado que el que se nombró en lugar de Rolando Mendoza nunca fue convocado a la Comisión Plenaria, por lo que renunció y ahora su espacio sigue vacante.

Principio Precautorio

Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, quien participó del juicio contencioso de Crucitas, lamentó el hecho de que la SETENA ha abandonado su función de velar por el “principio precautorio” a favor del medio ambiente.

“Lo que queda perfectamente de manifiesto, y así se deja entrever de algunas frases de la sentencia, es que la SETENA olvidó que es un órgano técnico y estaba tomando decisiones políticas”, puntualizó Sagot.

“No cumple con el principio precautorio que es su razón de ser, de verificar que previo a cualquier proyecto se valoren las situaciones que ponen en riesgo el ambiente. El tribunal en el caso Crucitas señala que se estaba facilitando a la empresa trámites para otorgar los permisos”, agregó.

El abogado ambientalista recomendó que se produzca una capacitación intensiva para el personal de la SETENA en los temas técnicos, pero principalmente que se refuerce la parte ética.

Fuente: Semanario Universidad.