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Organizaciones ambientalistas creen que detrás del recurso de inconstitucionalidad se intente revivir a Crucitas.
Ulloa Chaverri solicita que "se declaren inconstitucionales los artículos 8 bis, 65 inciso f) del Código de Minería y el Transitorio V de la Ley 8964, por estimarlos contrarios a los artículos 33, 34, 45, 46, 50 y 121 inciso 14 de la Constitución Política y al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, aprobado mediante ley número 7870".
La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en el 2010 la reforma al Código de Minería. En el artículo 8 bis se prohíben los permisos y concesiones para actividades de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional. "Se establece que como excepción se otorgarán, únicamente,permisos de exploración con fines científicos y de investigación".
Sin embargo, Ulloa Chaverri sostiene"que el artículo 8 bis, al disponer dicha prohibición, es contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, en tanto considera que la Asamblea Legislativa,so pretexto de perseguir fines públicos, lo que hizo al introducir esta norma fue perjudicar a dos determinadas empresas de manera arbitraria".
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Fuente: El Periódico CR.
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