La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero

09.12.2011

Edgardo Lander El defecto fundamental del informe del PNUMA "Hacia una Economía Verde" es su incapacidad para analizar las relaciones de poder extraordinariamente desiguales que existen en el mundo actual, y los intereses en juego en el funcionamiento de este sistema económico mundial. La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero   A lo largo de sus centenares de páginas, el informe del PNUMA "Hacia una Economía Verde" (2011) presenta muchas reflexiones valiosas sobre posibilidades de alteraciones en los patrones productivos, en la industria, en la agricultura, en la organización de las ciudades, en los sistemas constructivos, en el transporte.    Recoge igualmente una amplia gama de ricas experiencias de tecnologías alternativas, del uso de energías renovables, y de novedosos regímenes regulatorios que existen en diferentes partes del mundo. Esto permite reconocer que hay hoy en todo el planeta procesos de búsqueda de alternativas a la lógica destructora de los modelos productivos y de consumo hoy hegemónicos. Esto debe ser reconocido como una importante contribución del informe a los debates sobre las alternativas. Sin embargo, son mucho más notorias las ausencias.   Correspondiendo a la lógica “light” que caracteriza a la mayor parte de los documentos de este tipo, en este informe se obvian por completo todos los asuntos más polémicos creando así una ficción de un mundo que no opera en base a intereses, sino sobre la posibilidad de construcción de consensos que beneficien a todos. Un ejemplo de los temas ausentes es el caso de la guerra y de la industria bélica, una de las dinámicas más humana y ambientalmente devastadoras existentes en el mundo actual. Tanto en términos de los masivos insumos materiales y energéticos utilizados para la fabricación y transporte de los equipos militares, como de los impactos, con consecuencias a largo plazo, de su utilización en los conflictos bélicos, se trata de una dimensión central de la lógica destructiva hoy imperante. Aparentemente se trata de un tema tabú que no pueden abordar los organismos internacionales sin ofender a los Estados Unidos. Pero aún más esencial es la ausencia absoluta de toda consideración del significado de las extraordinariamente desiguales relaciones de poder existentes en el mundo contemporáneo, y los intereses que están en juego en la operación de este sistema mundo. Habla el informe reiteradamente de politicas, pero nunca de política, nunca del poder. Con relación a la política, los autores se declaran neutrales, afirman que la “economía verde no favorece a una u otra corriente política, ya que es pertinente para todas las economías, tanto las controladas por el Estado como las de mercado”. Los redactores de este informe parecen vivir en un mundo de fantasía en que los gobiernos son democráticos y toman sus decisiones sobre la base de la voluntad de las mayorías y de las necesidades del bienestar de las presentes y futuras generaciones. Parecen creer (o pretenden hacernos creer) que los regímenes políticos contemporáneos y los denominados “formuladores de políticas”, cuentan con la capacidad para imponer normas de comportamiento a las corporaciones y a los mercados financieros. Parecen suponer que el capital financiero y las empresas transnacionales que están operando como agentes activos de la acelerada devastación del planeta, no lo hacen porque esto corresponda a las formas en que buscan maximizar sus tasas de ganancia a corto plazo, sino porque no cuentan con suficiente información, o porque no reciben señales suficientemente claras por parte de los marcos regulatorios dentro de los cuales operan. Estos redactores optan por ignorar que la capacidad de los sistemas políticos contemporáneos para establecer regulaciones y restricciones a la libre operación de los mercados -aunque estás sean exigidas por una muy amplia mayoría de la población- está severamente limitada por el poder político y financiero de las corporaciones. Esto es particularmente evidente en los Estados Unidos. Ninguna política de regulación ambiental, y ningún compromiso internacional, puede ser asumido por el gobierno de dicho país si no cuenta previamente con el visto bueno de las grandes corporaciones potencialmente afectadas. Estas, que de, hecho tienen capacidad de vetar las políticas con las cuales no están de acuerdo. Esto lo han demostrado en forma contundente en el freno a todo compromiso de los Estados Unidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las negociaciones de cambio climático de las Naciones Unidas, y la forma como han impedido la aprobación hasta de las normas ambientales más tímidas que se han propuesto en estos últimos años. Para los gobernantes, el costo político de afectar los intereses corporativos es, simplemente, demasiado elevado. Las políticas de ajuste estructural con las cuales los gobiernos europeos han respondido a la actual crisis, llegando inclusive a una reforma constitucional en España, se realizan con el fin de responder a las exigencias cada vez más precisas que formulan “los mercados”. Con esto se vienen dando nuevos pasos en el socavamiento de toda noción de democracia y en la dirección de niveles crecientes de concentración, tanto de la riqueza, como del poder de toma de decisiones a escala global. En estas condiciones, el listado de recomendaciones, el conjunto de propuestas de políticas que el PNUMA pide a los gobiernos del mundo que negocien e implementen, no pasa de ser la expresión ingenua de muy buenos deseos, sin posibilidad alguna de alterar el rumbo actual del planeta. Ninguna propuesta que parta de ignorar por completo las realidades de la geopolítica contemporánea tiene posibilidad alguna de realizar aportes significativos a los retos globales que hoy enfrentamos. Esto lo tienen claro los movimientos de resistencia que luchan hoy en todo el mundo. Por ello es poco probable que se dejen entrampar con las falsas promesas de la economía verde.   Páginas:  10pages Edgardo Lander Profesor titular de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela Edgardo Lander es uno de los más destacados pensadores y autores sobre la izquierda en Venezuela. Participa activamente en los movimientos sociales del continente americano que derrotaron el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCAN). Es miembro del grupo de investigación sobre Hegemonías y Emancipaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y de la junta editorial de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Actualmente, forma también parte del comité ejecutivo del Consejo Hemisférico del Foro Social de las Américas. Entre sus publicaciones, como autor o editor, cabe destacar Contribución a la crítica del marxismo realmente existente: Verdad, ciencia y tecnología; La ciencia y la tecnología como asuntos políticos; Límites de la democracia en la sociedad tecnológica; Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Fuente: Oilwatch.

Presión social hace que gobierno desinfle pretensiones de Mallon Oil

13.07.2011

¡Asustaron con la vaina vacía para “mañanear” al gobierno! Para oilwatch al solicitar un nuevo Estudio Impacto Ambiental (EIA) “se patea el balón par adelante” y en primera instancia se desmarca de la presión con la que empresa Mallon Óil quiso doblar el brazo al gobierno a punta de amenazas y números alegres sin ningún sustento. El gobierno parece empezar a entender que al declararse inconstitucional el artículo 41 de protección ambiental de la Ley de Hidrocarburos es necesario la presentación de un verdadero e integral EIA en forma previa al otorgamiento de la concesión y firma del contrato. No en la forma en que Mallon quería de firmar el contrato y posteriormente completar el EIA. Esto nos hubiera dejado en una verdadera inseguridad jurídica si posteriormente se rechaza el Estudio de Impacto Ambiental como paso en el caso Harken que tiene demandado al Estado en un juicio contencioso administrativo. Para le ecologista Mauricio Alvarez “Si bien se ve que el gobierno empieza a estudiar el expediente sigue habiendo mucha confusión sobre el asunto legal del caso. Se nos da la razón en el sentido que no hay un verdadero e integral EIA eso iba ser insostenible en un Tribunal pues habían criterios técnico de peso de las instancias estatales especializadas”. La SETENA tiene potestad y herramientas– con ayuda de universidades y científicos, la Comisión Mixta de apoyo a SETENA– para solicitar un Estudio Integral como lo demanda la Ley de Biodiversidad, se desprende de las resoluciones de la Sala Cuarta en relación al tema y en la misma resolución que declaro no viable ambientalmente el EIA de Harken. La SETENA ya declaró en 2002 no viable la exploración petrolera en el Caribe Costarricense en la resolución (Nº 0146-2002-SETENA)del “Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero” en el considerando 4 asegura que la definición de la Evaluación de Impacto Ambiental el artículo 17 la Ley Orgánica del Ambiente “hace suponer que toda actividad humana deberá ser valorada previamente de manera integral siendo que, en el caso concreto, no se ha dado precisamente esta situación”. Después continua asegurando en el considerando 5 que “El inciso anterior se puede afirmar debido a que no se ha presentado en la SETENA un Estudio de Impacto Ambiental integral, tal como lo indica la Ley de Biodiversidad, Ley 7788 del 30 de abril de 1998, en el artículo 94, el cual dice: Etapas de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe efectuarse en su totalidad, aun cuando el proyecto esté programado para realizarse por etapas. Esto nos lleva a que no es del todo cierta la afirmación de la cláusula 2.4 del Contrato de Concesión de que se cuenta con aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, pues lo que cuenta con aprobación es única y exclusivamente el Estudio Geofísico de Reflexión Sísmica Marina.” Así como los dos anteriores gobiernos-el actual- no tiene ninguna obligación de firmar un contrato para la exploración y explotación petrolera con Mallon Oil. Tampoco tiene porque buscar una salida alternativa como lo es la de convencer a la empresa de que se dedique a la búsqueda de gas (hay claros intereses para que así sea). Lo que puede hacer el Gobierno es apoyar la aprobación del proyecto de ley que propone la Derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, interesadamente aprobada en 1994. Puede el Gobierno estudiar si cabe alguna indemnización a la empresa por la inversión de buena fe que logren demostrar. El gobierno no puede ser tan ingenuo de creer que la simple expectativa de derecho que tiene Mallon Oil pueda llevar al país a un tribunal internacional. Más Información con: Mauricio Álvarez, facilitador de Oilwatch Mesoamérica, www.oilwatchmesoamerica.org

Fuente: Oilwatch Mesoamerica.

Protección del ambiente y actividad petrolera

28.06.2011

El desarrollo energético del país no se debe sustentar en los hidrocarburos

Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.

Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.

Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.

Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.

Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).

Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.

La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.

Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.

Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.

El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.

Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.

La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.

En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.

Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR

Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa

Fuente: Oilwatch Mesoamerica.

¿Dónde está el enemigo?

07.12.2010

A 16 años de la muerte de Maria del Mar Cordero, Jaime Bustamante y Oscar Fallas Por Mauricio Álvarez Mora geógrafo, docente de la UCR y ecologista “Enero del 2013. A propósito la inauguración del Parque Binacional Nicaragua-Costa Rica ‘Isla Calero’, y tras consolidar otra área en los terrenos de Industrias Infinito, la presidenta llamó a combatir a los empresarios y a las transnacionales que se aprovechan del ambiente…”. El párrafo anterior es una ficción no tiene que ver con la realidad, espero no ser demandado por eso. Pero éste sí es real: "…por eso es que yo necesito, que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes, nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente”. Lo dijo la presidenta Laura Chinchilla en San Carlos ante la Cámara de Ganaderos, a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque en la Zona Norte. En la grabación se escuchan aplausos y Chinchilla prosigue su discurso diciendo que, cuando firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto, “en (la Península de) Osa me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’, esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos”. Lamentablemente, hay demasiados ejemplos en la historia de personas que se han visto acalladas por amenazas o atentados, incluso asesinatos, por pensar distinto. Aunque la memoria histórica de Costa Rica no lo registre, en Costa Rica también hay ejemplos de ello. ¿Quiénes son los enemigos? Uno de esos habitantes preocupados por la firma del decreto que declara de interés público la construcción del aeropuerto de Osa es el ambientalista Carlos León quien viene realizando denuncias ambientales en la zona. León sufrió un ataque a su casa a finales de agosto, cuando desconocidos amarraron las puertas de la casa en Palmar Norte y le prendieron fuego (Diario Extra, 31-8-2010). Este caso está en investigación y se suma a una práctica muy común en Osa, la de ataques físicos y represión de la lucha ambientalista. Todavía se recuerda el arresto de ecologistas durante una marcha pacífica en el cruce de Chacarita, en el marco de una lucha por establecer una veda forestal en Osa. Ese mismo día fue incendiada la sede policial de Rancho Quemado de Osa (La Nación, 22-2-1999). Otro incendio provocado destruyó la Asociación para el Desarrollo del Parque Marino Ballena. En esa zona ya habían tenido lugar cuatro ataques contra grupos ecologistas y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet). En 1995 se le prendió fuego a la casa de los guardaparques (La Nación, 15-1-2006). El año pasado fue incendiada la oficina del Minaet del Área de Conservación Osa, en Palmar Norte. Las oficinas dañadas contenían expedientes sobre investigaciones de talas en zonas protegidas (La Nación, 23-4-2009). Además, vecinos de la zona recuerdan, en plena pelea por la defensa de la Fila Costeña, el incendio de expedientes dentro de la Municipalidad de Osa. El ambientalista Alcides Parajeles, quien ha denunciado sistemática­­­­­mente a madereros y autoridades en Península de Osa, fue amenazado con armas y sufrió la destrucción de su finca. Y así se podría continuar… El hecho más trágico se da después de una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero, cuando murieron en un incendio (cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial) Oscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense, el 7 de diciembre de 1994. Meses después se dio la muerte de David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas. Estos antecedentes no son los únicos; en nuestro ecológico país muchos “radicales” han sido amenazados, perseguidos, y hasta asesinados. Fueron asesinados el luchador indígena Antonio Zúñiga (1989) y Oscar Quirós, dirigente de la lucha en contra de la deforestación en Sarapiquí (1992). El activista de la Zona Sur Aquiles Rivera fue amenazado de muerte y su computadora fue sustraída de una oficina (2009). En la década pasada recibieron amenazas la escritora Ana Cristina Rossi, la periodista Patricia Sánchez, y el ingeniero forestal León González. En abril de 1995 hubo incendios simultáneos en las viviendas del geólogo Wilfredo Rojas y de la trabajadora social Elizabeth González, que participaban de una lucha contra el relleno sanitario en Mora. Asimismo, el año pasado se le prendió fuego a la casa del dirigente comunal y defensor de las tortugas de Ostional Gilbert Rojas, luego haber sido amenazado semanas atrás con arma de fuego. También pueden citarse las demandas por diversas causas relacionadas con la protección del ambiente, como al comunicador social de Zona Norte Marco Tulio Araya, en 2006, por parte de la minera Industrias infinito; al programa Era Verde de Canal 15; a la ecologista Marielena Fournier y al catedrático Fredy Pacheco; al líder comunal Abel Sánchez Solórzano, a la regidora del PAC Erlinda Quesada; al activista Carlos Arguedas, etc. Hasta José Lino Chaves, Jorge Bonilla y Mario Leiva, jueces del Tribunal Ambiental Administrativo del Minaet, fueron amenazados de muerte por teléfono luego de haber cerrado proyectos turísticos irregulares en las zonas costeras (AFP, 20-5-2008). Entonces uno se pregunta… ¿somos los y las ecologistas, escritores, periodistas, pescadores, indígenas, líderes comunales, guardaparques, catedráticos, funcionarios públicos, amas de casa, universitarios, profesionales, jueces de la República y campesinos una amenaza a combatir? ¿A quién y para qué está arengando la presidenta Laura Chinchilla? ¿Por qué quiere crear un enemigo donde claramente no lo hay? Y lo fundamental: ¿Tendrá la presidenta idea de las acciones que pueden motivar sus irresponsables y desafortunadas palabras? Fuente: Oilwatch.