Carta Abierta a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa

16 de enero 2012

Sr. Claudio Enrique Monge Pereira - Presidente

Sr. José Joaquín Porras Contreras - Secretario

Sr. Ernesto Enrique Chavarría Ruiz

Sra. Xinia María Espinoza Espinoza

Sra. Carmen María Granados Fernández

Sr. Manuel Hernández Rivera

Sr. Alfonso Pérez Gómez

Sr. José Roberto Rodríguez Quesada

Sr. José María Villalta Florez Estrada

Diputados y Diputadas

Comisión Permanente Especial de Ambiente

Estimadas señoras Diputadas, estimados señores Diputados,

Tras extenderles un cordial saludo, acudimos a ustedes para expresarles nuestra profunda preocupación por el desarrollo de la tramitación del expediente D-1 5490-2011 SETENA, presentado por la empresa minera Metales Procesados RLW S.A., concesionaria del proyecto minero Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas.

Queremos recordarles a la audiencia de la Sesión Ordinaria no. 04 del 9 de junio del 2011, cuando ustedes escucharon  las aclaraciones de los representantes de la SETENA sobre este tema: el Colapso de varios componentes de la mina y las Propuestas de reactivarla, especialmente el “Estudio y Plan Conceptual“, que la minera había presentado. En esta ocasión el Ing. Uriel Juárez declaró ante ustedes y el público interesado presente, que la SETENA oficialmente no había analizado este proyecto y siguió:

“...Si ellos desearan reactivar lógicamente que vienen condiciones nuevas, si lo hacen dentro de esas ciento cinco hectáreas que nosotros ya analizamos habría que ver bajo qué condiciones vendría esa solicitud para ver cuál es el instrumento que debemos de aplicar. Si está dentro del área de proyecto, si se sale de esa área del proyecto, señores diputados, aquí aplicaríamos la legislación 8904, en donde prohíbe el uso de cianuro, de tal forma que ipso facto ahí el proyecto no puede ser analizado porque somos respetuosos de las leyes. ...

Entonces quiero que les quede claro a ustedes y queden tranquilos en ese momento de que nosotros no estamos en esta oportunidad ni siquiera estudiando ni analizando ninguna propuesta para una reactivación. Las reglas del juego están bien claras y ahí estamos nosotros actuando.”

Ustedes, igual que nosotros, vecinos de Miramar y ecologistas, se mostraron muy satisfechos y satisfechas por esta decisión, que significaba prácticamente, que el proyecto Mina Bellavista se acabó, ya que en el área aprobada el manejo de una mina no es factible técnicamente.

Sin embargo tan solo un mes después, la SETENA en una audiencia con representantes de la minera y los abogados Niehaus y Cubero, les pidió presentar una base legal para el proyecto de reactivación, (Estudio y Plan Conceptual). En esta ocasión, el Ing. Esaú Chaves, Director Técnico de SETENA (quien ante ustedes había confirmado con mucha convicción lo expuesto por don Uriel) expresó:

“Yo espero que ese D1 traiga un asidero legal tan fuerte elaborado por ustedes dos, supongo destacados abogados, que nos den a nosotros luz y claridad para decir, sí se puede salir sin ningún problema y no nos venga luego la Asamblea Legislativa, la UCR etc. etc. a volar esa decisión.“

En la misma audiencia los representantes de la minera avisaron la entrega de una solicitud de Viabilidad Ambiental para las actividades mineras en Agua Buena, que necesariamente incluyen un tubo para transportar la mena licuada a este sitio, plantas de cianurización y de extracción de oro y una enorme represa para contener varios millones de toneladas de lodos tóxicos.

En obvia contradicción a lo declarado ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, en Julio del 2011, la SETENA admitió este documento D-1 e inició su tramitación técnica: Evaluación Preliminar de los Impactos Ambientales, inspecciones en el sitio Agua Buena y consultas con la empresa minera.

En una audiencia, que la Comisión Plenaria nos otorgó el 11 de enero de 2012, reclamamos, que acorde con la legislación vigente, SETENA no debe tramitar técnicamente ese documento, sino debe rechazarlo con argumentos legales “ad portas”. Nos referimos al DECRETO EJECUTIVO N° 36019 –MINAET “Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 35982-MINAET, en el cual “se declara la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad metálica de oro en el territorio nacional. Entendida ésta como al exploración, explotación y el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio.”

La Comisión Plenaria nos respondió que la SETENA está obligada de admitir (y tramitar) cualquier solicitud que un ciudadano presente. No indicó el sustento legal de esta posición.

Anunciaron, que en la semana entrante aprobaría la resolución al respecto, (que según el reglamento de trámite, pedirá un EIA o PGA a la minera).

Este acto sería un nuevo compromiso del Estado y un nuevo “derecho adquirido” para la empresa, prácticamente irreversible, por los costos millonarios de los estudios que podría reclamar, al momento que se demuestre la ilegalidad de la tramitación.

Señores diputados, les rogamos que, en defensa de la autoridad del poder legislativo y por razones de precaución, intervengan en el caso lo más pronto posible.

Como habitantes y defensores del medio ambiente también estamos esperando una Declaración Pública de su parte.

Les saludamos con el sincero respeto que ustedes merecen.

Atentamente,

Marcela Zamora Cruz

Céd. 1-762-270

Tel. 2224-2265 / 8705-6934

p/ Coordinadora Ni una sola mina y Miramar al Grano

Notificaciones a: niunasolamina@gmail.com

DIPUTADO ADELANTA CARTA DE RENUNCIA A INMUNIDAD

• Claudio Monge no teme a denuncia de minera

José Quirós Gallegos 

Sandra Cordero 

jquiros@diarioextra.com

Claudio Monge, diputado del PAC, dice tener lista la carta de renuncia a su inmunidad y pone a disposición su cargo en caso de una posible suspensión, en caso que se lo soliciten, por supuestas difamaciones en contra de Industrias Infinito Gold.

Claudio Monge diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), habló con DIARIO EXTRA sobre la demanda que enfrenta por ¢300 millones debido a supuestas insinuaciones que hizo en contra de la empresa minera Industrias Infinito Gold.

El rojiamarillo Manrique Oviedo también se ha visto involucrado en dichas acusaciones, pues supuestamente en una conferencia de prensa lanzó varios comentarios difamatorios por el accionar de la compañía minera, que demanda al legislador por un monto de ¢200 millones.

Monge declaró en exclusiva a DIARIO EXTRA que ya tiene preparada la carta sobre la renuncia de su inmunidad y pone a disposición su cargo en caso de una posible suspensión.

El legislador procedió a redactar la carta debido a las presuntas insinuaciones que realizó Sergio Alfaro, exdiputado del PAC, en la red social Pensar la Acción Ciudadana (https://www.facebook.com/groups/pensarlaaccionciudadana), donde al parecer compara este caso con el del diputado liberacionista Jorge Alberto Angulo, pues no está de acuerdo con la suspensión del verdiblanco y por esto supuestamente insinuó que Monge también debería renunciar a su inmunidad.

“Para la felicidad de algunos debo comunicar que hace días tengo redactada mi carta de renuncia a la inmunidad y mi suspensión del cargo como diputado, por la demanda proveniente de una transnacional criminal. Será un honor ser mi propio defensor contra esos prostituidores de la institucionalidad nacional”, expresó.

El diputado además calificó de “corruptores de siete leguas, compradores de influencias, pervertidores de soberanía” a Industrias Infinito Gold.

María Eugenia Venegas, diputada del PAC, describe el actuar de Monge como un “show político”, pues aduce que lo conoce suficiente para poder hacer dicha afirmación.

Mientras tanto, Oviedo dijo expresamente a DIARIO EXTRA que él no piensa renunciar a su inmunidad y cuando se le consultó si sostenía lo dicho en el pasado sobre la empresa aseguró que lo sostiene y lo amplía.

Los personeros de Industrias Infinito Gold se mostraron satisfechos con la decisión de Monge, ya que si renuncia a su inmunidad va a poder afrontar la causa por la cual fue acusado y expresaron que “en caso de ganar, el dinero será usado para ayudar a las personas de la zona”.

Fuente: Diario Extra.

Pronunciamiento EN SOLIDARIDAD con los científicos y ambientalistas de Costa Rica - “Crucitas”

Date: Thu, 1 Dec 2011 10:04:26 -0600

From: comunicacion@humboldt.org.ni

Nosotros(as), representantes del Centro Humboldt, tenemos a bien Pronunciarnos EN SOLIDARIDAD con los científicos y ambientalistas de Costa Rica que se oponen al Proyecto de Explotación Minera a cielo abierto “Crucitas”.

CONSIDERANDO QUE:

I

El 24 de noviembre de 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó dejar sin efecto la concesión minera de Industrias Infinito S.A. que permitiría la extracción aurífera a cielo abierto “Crucitas”, ubicada en Cutris, San Carlos, provincia de Alajuela, a escasos 5 km de la ribera sur del Río San Juan de Nicaragua; y el 30 de Noviembre de 2011, la Sala I de la Corte Suprema de Justicia confirmó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de Industrias Infinito S.A., dejando sin efecto la concesión para el desarrollo del Proyecto Crucitas y ordenando  pagar una indemnización por daño ambiental.

PRONUNCIAMIENTODESOLIDARIDAD_CASOCRUCITAS
Fuente: Centro Humboldt.

Minera demanda a dos profesores universitarios

Industrias infinito alega difamación

Empresa pide ¢500 millones por declaraciones dadas en un documental

Al menos cinco personas enfrentan acciones civiles planteadas por firma

Amy Ross A. amy.ross@nacion.com 12:00 a.m. 28/11/2011

La empresa Industrias Infinito, encargada del proyecto de Crucitas en Cutris, San Carlos, demandó a dos profesores universitarios por supuestas declaraciones difamatorias en contra de la minera.

Imagenes/Fotos

La mina a cielo abierto de Crucitas, en San Carlos, suscitó una gran resistencia por parte de ambientalistas.

+ MULTIMEDIA

Se trata de los profesores Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional, y Jorge Lobo, biólogo, quienes participaron de un documental sobre la minería a cielo abierto.

El productor del audiovisual, Pablo Ortega, comentó que la empresa minera pretende una indemnización por ¢500 millones de cada uno de los académicos.

“La demanda es a raíz de un documental llamado El Oro de los Tontos que yo produje para la Escuela de Biología en junio pasado, tanto por declaraciones que se hicieron allí, como por un foro para presentarlo”, aseguró Ortega.

Ciro Sánchez, uno de los abogados de Industrias Infinito, se limitó a confirmar que existen varias querellas por difamación. Sin embargo, no precisó quiénes ni cuántos son los demandados.

Boeglin y Lobo se suman a, por lo menos, otras tres personas que ya enfrentan denuncias de esta empresa: los diputados Claudio Monge y Manrique Oviedo , ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el abogado ambientalista Edgardo Araya.

Declaraciones en cuestión. Según explicó Lobo, la semana pasada recibió la notificación de una acción civil resarcitoria planteada ante los tribunales de justicia en agosto, por dos declaraciones suyas.

“En una yo menciono la existencia de accidentes con las lagunas de relave que producen contaminación con aguas cianuradas. Ellos dicen que eso es difamación porque estoy hablando mal de la empresa”, indicó Lobo.

”La otra acusación se refiere a que yo mencioné que la empresa cumplió con los trámites de una forma sesgada a su favor y que además, yo percibía que habían realizado compras de voluntad dentro del proceso con favoritismo a lo interno del Estado”, agregó.

La semana pasada, el magistrado suplente Moisés Fachler Grunspan pasó a ser imputado en una investigación que realiza la Fiscalía por la filtración del borrador de un fallo de la Sala Primera sobre el caso Crucitas.

Ese veredicto decidirá el futuro del proyecto minero.

Fuente: Nacion.com.

Protección del ambiente y actividad petrolera

28.06.2011

El desarrollo energético del país no se debe sustentar en los hidrocarburos

Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.

Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.

Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.

Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.

Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).

Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.

La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.

Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.

Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.

El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.

Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.

La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.

En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.

Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR

Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa

Fuente: Oilwatch Mesoamerica.

Minera Crucitas demanda a otro diputado

EXIGE ¢300 MILLONES

IRENE VIZCAÍNO ivizcaino@nacion.com 11:27 A.M. 24/06/2011

La empresa Industrias Infinito, que desarrolla el proyecto minero Crucitas, en Cutris, San Carlos, demandó ayer a otro diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La acción es contra Claudio Monge, a quien responsabiliza de difamar la “integridad” de la firma mediante manifestaciones, por lo que le reclama ¢300 millones.

“Nuestro interés es que el dinero sirva para resarcir el daño a la sociedad. Eso será repartido entre las asociaciones de desarrollo comunal de Crucitas”, dijo Wílliam Méndez, asesor legal de la empresa.

El 10 de junio, Industrias Infinito planteó otra querella por difamación contra el también legislador del PAC, Manrique Oviedo. A él, le exige ¢200 millones.

Se desconoce, en ambos casos, las manifestaciones que dieron origen a las gestiones judiciales.

Claudio Monge explicó ayer que desconoce el fondo de la demanda. Sin embargo, aseguró que no le sorprende ni le “intimida”.

“Lo que me sorprende es que se hayan atrasado tanto y que el monto con el que dicen que van a ayudar a los pobres sea tan bajo”, expresó el legislador por Heredia.

Ambas demandas se plantearon ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pues, por ser los diputados miembros de supremos poderes, gozan de inmunidad.

De esta forma, la empresa solicita al Poder Judicial que comience el procedimiento para levantar ese fuero especial.

Fuente: nacion.com.

Carta enviada por la Fracción del PAC

Carta enviada por la Fracción del PAC a la Presidenta a propósito del retardo en la sanción y publicación de la Ley que declara a CR libre de Minería Metálica a Cielo Abierto.

Carta a Laura

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