Sí a la vida, no a la minería

Escrito por Redacción

Miércoles 01 de Diciembre de 2010 01:14

Por Sonia Marta Mora La importante lucha que han venido dando miles de costarricenses está dando sus frutos. El Tribunal Contencioso Administrativo acaba de anular la concesión del dañino proyecto minero Crucitas. La institucionalidad del país, a la que acudieron organizaciones ecologistas buscando que se reestableciera la legalidad quebrantada, sin lugar a dudas se refuerza con esta sentencia. Esta decisión marca un hito, no solo en la defensa de una país respetuoso de la naturaleza y que fundamenta su desarrollo en el aprovechamiento responsable de nuestros extraordinarios recursos, sino en la defensa ciudadana del interés de la mayoría. La valentía del Tribunal debe destacarse con fuerza. Porque hace mucho tiempo –y el avance de este nocivo proyecto en medio de irregularidades y daños cuantiosos es una prueba incontestable- muchos políticos y funcionarios, órganos técnicos, creadores de opinión e instancias de los poderes públicos han venido guardando silencio o cubriéndose en convenientes ambigüedades para no enfrentar a un sector de políticos y de interés económico de inmenso poder e influencia en Costa Rica. Uno de los proyectos insignia de estos intereses poderosos ha sido precisamente el proyecto minero Crucitas. La publicidad millonaria y engañosa a favor de la empresa, sus ataques sin misericordia a todos los sectores que osaban oponerse a un proyecto tan dañino para las actuales y futuras generaciones y el apoyo de políticos costarricenses de gran influencia hicieron temblar a más de uno. Pero no a esos tres jueces de la República –dos hombres y una mujer-, que al actuar con independencia vuelven a levantar la bandera de la dignidad y le recuerdan a esos sectores, que han venido creyéndose todopoderosos, el elemental principio democrático de la igualdad de todas y todos ante la ley. Pero si algunas y algunos que pudieron en su momento, en el actual gobierno y en el anterior y gracias a la posición que ostentaban, haber levantado la voz para evitar tanto daño no lo hicieron, sí se atrevieron a hablar algunos actores clave: organizaciones ecologistas, miembros de la comunidad de San Carlos, iglesias, periodistas independientes y críticos, partidos opositores comprometidos con la defensa del ambiente, estudiantes y universidades, organizaciones laborales, creadores de opinión, profesionales en diversos campos, valerosos costarricenses que jugaron un papel decisivo en la defensa del Estado de derecho, el patrimonio nacional y el interés general. Todas estas fuerzas dieron voz a esa ciudadanía que a veces se siente impotente ante los grupos de poder que en los últimos años han querido manejar el país a su antojo. Y es esta una de las más grandes lecciones que deja esta sentencia. Por una parte, que peligrosamente pueden orquestarse voluntades para aprobar proyectos que interesan a unos pocos y satisfacen su voracidad de poder y ganancias, aún teniendo que incurrir en ilegalidades, atropellos, desconocimiento de los criterios técnicos y daños irreparables a nuestro patrimonio. Y enseña, por otra parte, la fuerza y la responsabilidad de la ciudadanía, así como de las fuentes llamadas a generar un pensamiento independiente. Pero muestra sobretodo el ejemplo de jueces y juezas valerosas e independientes: un llamado fuerte a los funcionarios públicos a no debilitarse ante la política de turno y a no ceder en su dignidad y misión de defender la ley y el bienestar de la mayoría. Un llamado, sobretodo, a la esperanza y a la renovación de nuestro amor por Costa Rica. Fuente: Página Abierta.