La reciente sentencia (Por tanto) de un tribunal contencioso administrativo condenando de manera contundente y por partida doble, a una transnacional minera (Infinito Gold) y al mismo Estado costarricense, esto por los irreparables daños ambientales causados y las groseras ilegalidades igualmente cometidas en el proceso de la concesión, deja ver una vez más las acuciantes aberraciones y contradicciones de un régimen democrático-burgués, sus Instituciones y Poderes. La sentencia no se anda por las ramas y es categórica en varias disposiciones: 1- ANULA la concesión minera otorgada por el bosque primario en la localidad de Crucitas, fronteriza al Norte con Nicaragua, 3- DECLARA la ilegalidad del Decreto Ejecutivo emitido por Oscar Arias (en el que se había declarado a su vez de “interés público” dicho proyecto minero), 4- REQUIERE las indemnizaciones correspondientes CONDENANDO al Estado y a la empresa al pago de las costas del proceso y de los daños ambientales, 5- COMUNICA la sentencia al Ministerio Público (testimonio de piezas) para que se determine si es procedente o no seguir causas penales contra del ex presidente Oscar Arias Sánchez, su Ministro de Ambiente Roberto Dobles Mora y otros funcionarios de la SETENA y de la Oficina de Geología y Minas, y 6- MANTIENE las medidas cautelares que han impedido hasta ahora a la empresa continuar con la tala del bosque y la construcción de las obras.
En este sentido la sentencia establece un importante precedente jurisprudencial no sólo en materia contencioso-administrativa sino también en materia ambiental. Y esto es así aún cuando todavía no está en firme. Porque no debe perderse de vista que se trata de una sentencia de primera instancia y que tiene recurso de impugnación en Sala de Casación, es decir, que el Estado (¡el Gobierno-la Procuraduría) y la misma transnacional (Infinito Gold) pueden “casarla” en un tribunal superior, cosa que ya han anunciado los testaferros de la empresa. Entretanto, la sentencia no es aún cosa juzgada, no es definitiva.
No sin razón este fallo ha causado una euforia generalizada en tanto ha dado la sensación ser el corolario de una lucha sostenida por más de 17 años por los movimientos sociales (y especialmente por el Frente Norte de Oposición a la Minería). Sin duda la sentencia constituye – aún así sea provisionalmente - un durísimo golpe político, económico, ético y judicial a los gobiernos empresariales de Oscar Arias y Laura Chinchilla que han apuntalado sin tapujos a la transnacional minera en esta última etapa. Ya no se trata de que lo digan los movimientos sociales o los grupos ambientalistas, ni siquiera que lo han dicho reconocidos expertos e incluso las mismas universidades. Las atrocidades legales y ambientales las señala ahora contundentemente un tribunal de la República, ni más ni menos. Se produce así entre el activismo de los movimientos sociales y ambientalistas un sincero sentimiento de “recuperación de la confianza en el sistema judicial costarricense”. Sin embargo, creemos que es prudente ubicar este fallo en su dimensión política y jurídica, de tal suerte que no nos confunda sobre el verdadero carácter burgués del Estado costarricense, su sistema judicial y su profuso bloque de legalidad o “Estado de Derecho”.
Derecho burgués a conveniencia
No deja de ser sorprendente en primer lugar que sea un tribunal de lo contencioso-administrativo el que dicte esta sentencia de primera instancia. Esto deja mucho qué desear de la “Justicia Ambiental” costarricense incapaz de haber resuelto esta situación en ese terreno. Otro tanto habría que decir de la “Justicia Penal” que no ha procesado a la fecha a esos mismos siniestros personajes políticos que hoy precisamente el tribunal contencioso ordena investigar (recuérdese que ya hay una causa penal por prevaricato y otros delitos ambientales contra Oscar Arias a propósito de Crucitas). Por su parte, la sacrosanta Sala Constitucional resolvió en su momento más bien dar un espaldarazo a la transnacional minera y al propio Gobierno de Oscar Arias.
Pero como desde el MAS hemos señalado en otras oportunidades, la burguesía usa en este y otro sinnúmero de casos similares su Derecho burgués conforme a sus intereses y necesidades (Sardinal, Concesión Portuaria, Salario Único, Código Procesal Laboral, Ley de “Protección” al Trabajador, etc). Con respecto a Crucitas no había tenido hasta ahora empacho alguno en retorcer y acomodar el Derecho, es decir, interpretarlo con un inescrupuloso descaro, aún a contrapelo de sus propias leyes, códigos, reglamentos, sana crítica y elementos de prueba. Aquí valía un pito la imagen de exportación de “ País Verde ”, “Paz con la Naturaleza” y demás slogans propagandísticos. Más aún, todo lo progresivo y rescatable del Derecho Ambiental en Costa Rica era pisoteado y sigue siendo pisoteado. Y es que, el Derecho y el sistema judicial de un régimen democrático-burgués, con todo su andamiaje de principios generales de “justicia”, “igualdad”, “armonía con la naturaleza” y toda otra suerte de sus hipócritas sandeces jurídicas, serán reconocidas y válidas hasta tanto no estorben en los grandes negocios capitalistas. Este país lleva ya tres décadas de estar sometido a los planes depredadores del neoliberalismo imperialista, a sus programas de ajuste, desmantelamiento de las conquistas sociales, privatizaciones, superexplotación de los trabajadores y entrega de las riquezas naturales a los grandes inversionistas extranjeros, es decir, sometido a una profunda ofensiva recolonizadora, la cual no sólo ha estado acompañada por un Derecho “nuevo” acorde con ese modelo en todas sus sedes ( lo Penal, lo Comercial, lo Público, lo Agrario, etc) sino también que el “viejo” Derecho se tuerce y se retuerce según sus necesidades. ¿Acaso la Sala Constitucional no violentó sin ningún pudor la misma _Constitución Política para permitir a Oscar Arias postularse a la Presidencia de la República?... ¿Acaso esta misma sala no acaba de desdecirse y reinterpretar un voto propio que permite la construcción del Acueducto en Sardinal a favor de los grandes desarrolladores turísticos y urbanísticos, pese a las no menos groseras ilegalidades y corruptelas ocurridas en este otro caso?
Empero no puede retorcerse el Derecho (Su propio Derecho) con tan evidentes grados de grosería, tal y como se venía retorciendo en el caso de Crucitas. Los descarados atropellos desde el mismo inicio del proceso de concesión (Estudios de Impacto Ambiental viciados, falta de visados, falsedades ideológicas respecto al emblemático camino a Crucitas, etc, etc) aunados a los descarados imperativos políticos (Decreto de Oscar Arias autorizando talas de especies protegidas y exterminios de especies en extinción) y los bárbaros daños y delitos ambientales cometidos por la transnacional minera (tala a mansalva de 50 Hs de bosque), todo ello no podía dejar de configurar una situación jurídica absolutamente ilegal e ilegítima. Cualquier Juez o Jueza de la República en su sano juicio o medianamente honesto, no podía ni tenía margen para convalidar semejante adefesio jurídico, so pena de exponerse a sí mismo a ser acusado de prevaricato.
¿Que resulta contradictoria entonces esta sentencia con los intereses empresariales y el mismo carácter de clase del Derecho burgués?... sí, es contradictoria. ¿Que implica una debacle económica para la transnacional (cuyas acciones ya cayeron estrepitosamente en la Bolsa de Valores)… sí, implica esa debacle. ¿Que contradice la misma política pro imperialista de los Tratados de Libre Comercio y, como cínicamente han dicho luego los Arias “aleja a los inversionistas extranjeros”, “causa inseguridad jurídica”?... sí, contradice esa política y asusta a inversionistas.
Sin embargo, debe quedar claro que no estamos aquí ni de lejos ante un giro nacionalista burgués de ningún sector de la burguesía. Tampoco debemos ilusionarnos con un giro similar del sistema judicial costarricense que sigue tan podrido, tan burgués y tan represivo como siempre. La sentencia en comentario – con todo y su importancia jurídica y política – no es sino otra manifestación de esas aberraciones y contradicciones del Derecho burgués costarricense y su sistema de administración de justicia, como lo fue el fallo de la Sala Constitucional respecto a la restitución de la Junta Directiva de SINTRAJAP, como lo es ahora la luz verde que se la al Gobierno y a los grandes desarrolladores en Sardinal. No es sino una grieta en el pesado andamiaje del bloque de legalidad, un estorbo en los planes depredadores mucho más ambiciosos del Gran Capital sobre nuestras riquezas sociales y naturales. Pero un estorbo al fin y al cabo susceptible de ser removido (recordemos que la sentencia aún no está “en firme” y que puede ser revisada y hasta anulada en la Sala de Casación).
Los planes depredadores siguen en pie
La voracidad capitalista no se va a detener por esta sentencia. Ahí viene de nuevo Sardinal. El ICE viene desarrollando el megaproyecto Hidroeléctrico del Diquís que ya da señas de atropellos procesales aún más groseros que estos de Crucitas puesto que no sólo se burlas los procedimientos y requerimientos de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas sino que se avasalla descaradamente a las comunidades indígenas irrespetando incluso convenios internacionales que tutelan sus derechos. Recientemente el Gobierno de Laura Chinchilla sepultó en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas argumentando cínicamente que estorbaría el desarrollo del PH Diquis. En esa misma Zona Sur del país, se proyecta la construcción de un mega-aeropuerto de similares impactos ambientales y cambios de uso de suelo que significan además desalojos forzosos de las familias campesinas de Palmar Norte. Detrás de estos planes vienen los grandes proyectos turísticos e inmobiliarios, marinas, granjas atuneras y zonas francas en toda la Zona Sur, que estarían terminando con todas las riquezas y bellezas naturales que aún quedan en esa región. El capitalismo – incapaz de sacar de la pobreza y el subdesarrollo a estas comunidades – no tiene otra receta que no sea una mayor superexplotación de los trabajadores y de la Naturaleza, una mayor destrucción de nuestras bases productivas agro-alimentarias y extinción masiva del campesinado pobre. Ahí está el “modelo de desarrollo” en Guanacaste, mismo que ahora se quiere imponer en toda la Zona Sur. No por casualidad la misma Laura Chinchilla acaba de declarar públicamente la guerra abierta a los grupos ambientalistas que se han venido oponiendo a estos planes depredadores. Y valga aquí un comentario: es curioso que hoy el Gobierno títere de Laura Chinchilla, en el marco de esa farsa de conflicto fronterizo, esté pegando el grito al cielo por 2 hectáreas de bosque arrasadas arbitrariamente por el Régimen Sandinista de Nicaragua en Isla Calero. No se vio ni por asomo esa misma beligerancia “ambientalista” ante el hecho de 50 Hs de bosque primario arrasadas en Crucitas.
¿Una sentencia desmovilizadora?
Con todo y sus virtudes, esta sentencia tiende peligrosamente a desmovilizar. Las ilusiones en la legalidad y en el sistema judicial costarricense que ha generado la sentencia en amplios sectores sociales, ambientalistas y de la misma izquierda costarricense, traen a debate entonces el tema de las forma de lucha. Como se sabe, esta lucha contra la minería a cielo abierto en Crucitas lleva ya más de 17 años, heroicamente sostenida por el Frente Norte de Oposición a la Minería. Durante todo este tiempo la resistencia de los movimientos sociales y ambientalistas ha tenido sus flujos y reflujos. Recién emitido por Oscar Arias en 2008 el Decreto Ejecutivo que declaró de “interés nacional” esta inversión, la resistencia retomó fuerzas. Hubo importantes movilizaciones en la Zona Norte y en San José. Todas las encuestas de opinión a nivel nacional vertían un abrumador porcentaje de repudio a la minería a cielo abierto. Incluso se llegó a una huelga de hambre durante el desarrollo del mismo juicio contencioso-administrativo. Al lado de luchas como la de Sardinal, la defensa de los muelles en Limón o la misma lucha presupuestaria en las universidades estatales, esta de Crucitas expresa el repunte de las movilizaciones en el país luego de la gran derrota nacional en la lucha contra el TLC en 2007.
Aún así no ha sido la movilización sino esta sentencia la que parece estar derrotando el plan minero imperialista. Pero lo cierto es que, por más fuerza que en algunos tramos mostró esta lucha, la movilización no se dio unitariamente y en especial, no fue asumida ni acompañada consecuentemente como tal por el movimiento sindical presa de un gremialismo obtuso y de sus dirigencias burocráticas que no pasaron de las moralistas proclamas de solidaridad. Por otra parte, los mismos grupos ambientalistas, dispersos y sin sobrepasar sus programas estrictamente ambientales, no terminaron de entender que, hoy por hoy, toda lucha ambientalista deviene en lucha política anticapitalista, en lucha contra el neocolonialismo imperialista y depredador.
No despreciamos por supuesto la lucha legal. Más aún, esta puede ser un componente de las luchas en general, pero sólo eso, un componente y no el principal. La sentencia Crucitas con todo y su trascendencia como ya lo vimos, sigue siendo marginal y precaria (esta por resolverse en Casación) y no debe inducirnos a un mayor cretinismo judicial ante todo el aún más vasto plan recolonizador del imperialismo, apuntalado por el Gobierno de Laura Chinchilla. Este no es un pleito de abogados.
Hoy por hoy hay que organizar la lucha política y la movilización contra el neoliberalismo imperialista exigiendo al Gobierno de Laura Chinchilla que DEROGUE DE INMEDIATO el espurio Decreto Ejecutivo de Arias que le dio sustento al plan minero, esto SIN ESPERAR NI MUCHO MENOS CONFIAR al albur de que la sentencia se confirme en la Sala de Casación. Ya está más que demostrado técnica y legalmente la atrocidad y la corrupción que hubo en torno a la concesión minera. Urge también organizar la lucha de las comunidades directamente impactadas por el proyecto minero, exigiendo planes de desarrollo, prestación e inversión de servicios básicos de Salud, Educación, vivienda, tierras, carreteras, electricidad y empleo en efectiva armonía con las grandes riquezas naturales de toda esa región.
Fuente: MAS Costa Rica
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