Un mes es el plazo para rendir el informe por parte de los expertos, donde fijarán el monto que se cobrará por los daños ambientales en la mina Crucitas.
La jueza Lorena Montes de Oca quien lleva a cabo la ejecución de sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en el caso Crucitas, realizó la inspección de la mina durante la mañana y tarde del día de hoy, en Crucitas de Cutris de San Carlos, esta inspección la hizo en compañía de las partes involucradas en el Juicio y de los ocho peritos propuestos por los ambientalistas, según reportó la documentalista del movimiento social Stella Chinchilla quien junto con los compañeros Laura Valverde y Antonio Sierra de Ni una sola mina y Grace García de Coecoceiba-AT se encuentran en la zona desde el día de ayer jueves.
Stella Chinchilla le solicitó a a la jueza Montes de Oca permiso para participar en la inspección para grabar, sin embargo la jueza no lo autorizó porque durante el recorrido estarían acompañados por un camarógrafo del Poder Judicial quien tomaría el video oficial, esta filmación estará disponible el lunes o martes de la próxima semana.
Nos informan que la inspección se realizó en varios carros, con paradas en varios puntos, don Alfredo Arias, vecino de Crucitas, fue el encargado de guiar al grupo por los diferentes puntos, no hay información de todos los puntos visitados pero se sabe que se visitó el escuálido vivero que forma parte del proyecto y el cementerio de árboles derribados durante aquel nefasto viernes 17 de octubre del 2008, fecha del ahora nulo decreto ejecutivo que declaraba de "interés público y conveniencia nacional el proyecto aurífero de las Crucitas".
La inspección fue todo un éxito, no hubo ningún espectáculo, la seriedad de los participantes fue evidente y los compañeros que se quedaron afuera esperaron pacientemente a pesar del intenso calor que se sentía. Ahora restan 2 semanas de duro trabajo por parte de los peritos para la valoración de los daños ambientales y un país que espera que se haga efectiva la sentencia en todos sus extremos, incluyendo las denuncias en la Fiscalía contra el ex-presidente Óscar Arias y su primo y ex-Ministro de Ambiente Roberto Dobles.
Como una nota al margen los compañeros nos informan que en el pueblo se dice que Industrias Infinito está vendiendo el equipo y mobiliario de las oficinas.
Industrias Infinito se va definitivamente del país y en Costa Rica queda la gente alerta en la defensa de este pedacito de tierra que llamamos Patria.
“Esto de Crucitas lo decide la gente. Todo el país tiene que decidir si quiere o no minería, debemos manifestar qué es lo que queremos y decirle a la minera que no le vamos a permitir sacar el oro de Crucitas”, expresó (Edgardo V. Araya, Oct. 2008)
La jueza Lorena Montes de Oca, que lleva a cabo la ejecución de sentencia del caso Crucitas, visita esta mañana la mina del mismo nombre en Cutris de San Carlos, en compañía, de las partes y de los ocho peritos propuestos por los ambientalistas.
Es la primera vez, que los ambientalistas que ganaron el proceso contencioso administrativo que condenó al Estado y a la empresa Industrias Infinito por daño a la naturaleza en esa zona, ingresan a la finca.
El analista legal de Noticias Reloj, Ewald Acuña, explicó cuál es la importancia de la visita de la jueza.
Ayer, la jueza Montes de Oca rechazó la recusación de la empresa contra cuatro de los ocho ambientalistas propuestos.
Los expertos recusados eran Marino Marozzi Rojas, Rafael Ángel Mata Chinchilla, Eduardo Chacón Madrigal y Edwin Alpizar Vaglio.
El abogado ambientalista, Álvaro Sagot, dijo que la jueza confirmó la defensa que presentaron.
La vocera de la empresa, Yokebec Soto, explicó que no comparten el criterio de la jueza y advirtió que este viernes no se permitirá el acceso a la prensa.
San José (Redacción).El Tribunal Contencioso Administrativo confirmó el embargo de $600.000 que la empresa Industrias Infinito depositó en cuentas de la Setena, como garantía ambiental.
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Los fondos fueron congelados en enero pasado como medida provisional y ahora el Tribunal acogió la medida.
Esa empresa es la desarrolladora del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, cuya concesión fue cancelada por sentencia del mismo Tribunal Contencioso de noviembre de 2010.
A inicios de enero, el congelamiento de los fondos se determinó como medida provisionalísima, a petición de la
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre.
No obstante, una vez realizada la audiencia con participación de demandados y demandantes, la jueza Lorena María Montes de Oca acogió en resolución del 17 de enero la medida cautelar previa a la ejecución de la sentencia.
Como al inicio, la juzgadora rechazó las otras peticiones de los demandantes, que consistían en embargar propiedades y vehículos inscritos a nombre de Infinito.
“Resulta desproporcionado conceder el embargo sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles enumerados por los petentes, en tanto pro prudencia y razonabilidad podría corresponder a un abuso (no justificado a la fecha) del uso de la figura del embargo”, dijo la jueza.
Igualmente, mantuvo la respuesta negativa a la solicitud de ordenar al Consejo Nacional de Rectores nombrar a un grupo de expertos para evaluar los daños ambientales en Crucitas.
Ambientalistas piden a la Fiscalía no olvidar a los otros imputados que pidió investigar el Tribunal Contencioso Administrativo durante la sentencia que cerro la operación de la Minera Crucitas, en San Carlos.
Marcela Zamora, del grupo antiminero “Ni una sola mina” se mostró satisfecha por la investigación que realiza el Ministerio Público contra la ex secretaria general de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), Sonia Espinoza Valverde por emitir criterios falsos. Esto habría servido para avalar el Decreto Ejecutivo del ex presidente Oscar Arias Sánchez que declaraba el proyecto minero Crucitas de Conveniencia Nacional.
El grupo antiminero pide a la Fiscalía no olvidar a los otros imputados. “Desde que se dio el fallo del Juicio del Tribunal Contencioso Administrativo que insta al Ministerio Público a investigar a varios funcionarios, entre ellos a la ex secretaria general de la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA), Sonia Espinoza Valverde; al ex mandatario, Óscar Arias; el ex ministro de ambiente, Roberto Dobles; al actual director de Evaluación de SETENA, Eduardo Murillo Marchena, entre otros; estamos esperando todas esas indagaciones”, dijo Zamora.
“Nosotros esperábamos que la Fiscalía abriera las investigaciones. Entendíamos que se tenía que esperar a que la sentencia estuviera absolutamente en firme, que se resolvieran las apelaciones y cuando todo eso sucedió (en diciembre pasado) esperábamos que la Fiscalía al fin continuara con los demás porque es algo que el país requiere”, manifestó la ambientalista Marcela Zamora.
Agregó que SETENA se ha convertido en una agencia otorgadora de permisos para mineras y piñeras, entre otros, cuando lo que se requiere es que sea un ente regulador del ambiente.
“Nos complace que se esté investigando a Sonia Espinoza pero esperamos que se investigue a todos los que el Tribunal Contencioso Administrativo solicito ser investigados”, sentenció la ambientalista.
Por su parte, crhoy.com intentó conversar con la ex secretaria Sonia Espinoza Valverde, pero ella fue enfática en señalar que no se iba a referir a las investigaciones de la Fiscalía en su contra y que no daría declaraciones sobre eso.
La Fiscalía Adjunta y de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental realizan las investigaciones por falsedades tramitadas para permitir que Industrias Infinito abriera operaciones de la Minera Crucitas, actividad que quedo desestimada con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, ratificado en diciembre por la Sala Primera.
RECHAZO CATEGÓRICO Y ROTUNDO DE LAS BURDAS CALUMNIAS DE LAS QUE HE SIDO OBJETO.
Ante las recientes informaciones aparecidas en distintos medios de prensa, en las que me pretenden involucrar en un supuesto soborno relacionado con la fuga del borrador de la sentencia del caso Crucitas en la Sala I, hago de conocimiento público lo siguiente:
RECHAZO ROTUNDA Y CATEGÓRICAMENTE las acusaciones hechas en mi contra por José Eduardo Vargas Rivera y llegaré hasta las últimas consecuencias legales y políticas paradesenmascarar esta burda maniobra y dejar a sus autores en evidencia.
Denuncio públicamente que esta vil maniobra forma parte del inicio de una persecución política y económica de la que estaremos siendo objeto todos los que de una u otra forma participamos en la lucha antiminera. Los grandes y oscuros intereses económicos y políticos que hemos afectado con la defensa de nuestra Madre Tierra no nos perdonarán jamás la derrota que el pueblo costarricense les propinó en Crucitas.
Estamos absolutamente claros que en nuestra lucha, el poder económico y políticosiempre ha estado en la acera de enfrente. Son ellos y no nosotros los que tienen acceso a grandes sumas de dinero y a importantes contactos en la esfera pública.
Debo dejar claro que esta jugada tan sucia lleva como objetivo lanzar una cortina de humo para desviar la atención de la investigación, sobre los verdaderos responsables de la fuga del borrador de la Sentencia del caso Crucitas y al mismo tiempo enlodar mi nombre y mi reputación y con ello la credibilidad de todo el movimiento social, que a fin de cuentas es nuestra principal carta de presentación.
Pido humildemente la solidaridad de todo el pueblo costarricense, gestor de nuestro gran triunfo, a todos los sectores del movimiento social y en general a todas las personas yorganizacionesdecentes de nuestro país, para que nos unamos en contra de estas sucias maniobras.
Agradezco profundamente las muestras de solidaridad que he recibido de muchas personas y organizaciones.
Reitero mi absoluta sumisión a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y midisposición de asistir a declarar las veces que sean necesarias para aclarar lo más pronto posible todo este montaje.
Ciudad Quesada, 9 de febrero del 2012.
LIC. EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA
Vicepresidente UNOVIDA
Regidor Municipalidad de San Carlos, Partido Alianza Sancarleña.
San José, 12 ene (elpais.cr) – El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), ordenó el embargo de 600 mil dólares, depositados por la transnacional canadiense Infinito Gold como garantía ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), para hacer frente a las costas del juicio perdido en noviembre del 2010.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot informó a este medio que en la solicitud de medidas precautorias, como parte de los trámites para la ejecución de la sentencia, un juez de los Contencioso Administrativo no acogió todas las peticiones presentadas en diciembre.
Sagot dijo, vía telefónica, que el juez rechazó la propuesta de que una comisión de profesionales fuera nombrada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), para hacer las valoraciones de la destrucción ambiental en Crucitas.
Infinito Gold perdió ante el TCA el juicio para seguir adelante con el proyecto de construir una mina de oro a cielo abierto en Crucitas, San Carlos, provincia de Alajuela, a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
La sentencia fue ratificada por la Sala Primera, por voto unánime de magistrados y magistradas, como última instancia legal en Costa Rica, donde se demostró la ilegalidad en el otorgamiento de permisos, así como de un decreto del ex presidente Oscar Arias Sánchez, que declaraba el proyecto de “interés público y conveniencia nacional”.
Sagot anunció que como “no tenemos dinero para contratar una empresa o un equipo de profesionales para valorar el daño ambiental, causado por la minera, estamos buscando llegar a un acuerdo con alguna empresa especializada, o con varios profesionales”.
“El Juez decidió que nuestra parte haga los estudios de valoración; además, ya ha notificado al Gobierno, a la Setena, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la Procuraduría General de la República, así como a la empresa minera y a la Asociación de Empleados de Crucitas”, añadió.
No se descarta que la empresa haga su propio estudio, ni tampoco que impugne la resolución del juez ejecutor de la sentencia, del TCA.
Los peritos, aprobados por el Juez, deberán valorar los costos de los daños al ambiente por contaminación y tala, al paisaje, la recuperación del bosque, entre otros, anotó Sagot.
Para Sagot, lo más importante es que sea la empresa la que pague todas las costas, tanto legales como por daños ambientales, “porque ha sido la causante del problema”.
“El Estado costarricense no debe pagar parte de las costas porque, entonces, se usaría dinero de los contribuyentes. No queremos eso”, insistió.
Recordó que los ambientalistas han rechazado que sean expertos de entidades gubernamentales quienes realicen esos estudios, ya que el Sinac, la Setena y el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), tomaron parte activa en la defensa del proyecto minero de la transnacional canadiense.
Entre los costos del proceso judicial, conocido como Crucitas, los abogados calculan los honorarios en alrededor de cien millones de colones, que de prosperar serían pagados con el dinero depositado en Setena como garantía, por parte de la empresa, de que su proyecto no causaría daño ambiental.
Abogados ambientalistas solicitaron al Tribunal Contencioso Administrativo embargar los $600.000 que la minera Industrias Infinito depositó como garantía ambiental desde el 2007.
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Álvaro Sagot (de negro) y Bernal Gamboa presentaron ayer por la mañana la solicitud ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La solicitud la presentaron ayer Bernal Gamboa y Álvaro Sagot, demandantes en el denominado caso Crucitas, cuya sentencia dictó el Tribunal Contencioso en noviembre de 2010 y confirmó este mes la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo anuló la concesión otorgada a Industrias para extraer oro de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Fue debido a ese proyecto que, en agosto de 2007, la minera, de capital canadiense, depositó el dinero en una cuenta del Banco Nacional denominada Custodia de Valores N.° CV-7297-SETENA-MINAET.
Para Gamboa y Sagot, es necesario inmovilizar ese dinero ante la posibilidad de que la empresa lo retire y deje sin posibilidad de cobrar por los daños causados al ambiente, como ordenó la resolución.
“Esto lo hacemos con el objetivo de que no sea el Estado el que tenga que sacar dinero, sino pretendemos que la empresa (Industrias Infinito) sea la principal responsable”, indicó Sagot.
Se les consultó a representantes de la empresa, pero según su vocera, Yokebec Soto, no es posible referirse a una gestión que hasta ayer desconocían.
Además de la garantía ambiental, los abogados solicitaron embargar las cuentas en los bancos Nacional, de Costa Rica, Popular y HSBC a nombre de la minera.
También pidieron el decomiso de 16 propiedades y seis vehículos también propiedad de Infinito.
Temores. Los ambientalistas realizaron la petición de embargo luego de conocer sobre consultas realizadas sobre esta garantía.
“El 21 de diciembre nos enteramos de que funcionarios del MINAE preguntaron ese día en Setena por el depósito y consultaron sobre si se podría cobrar o no; lo que podría entenderse como que Industrias Infinito ya inició gestiones para retirarlo”, detalla el documento presentado ante el Tribunal.
Hace poco más de una semana, Industrias Infinito cerró oficinas en San Carlos y despidió a más trabajadores. En total ha prescindido de 223 en los últimos meses.
Se trata del abogado Sebastián Casas Zúñiga, hijo de
Ciro Casas Zamora, quien representa a la minera en una demanda por
difamación contra dos profesores de la Universidad de Costa Rica.
Casas,
de 27 años, laboró entre setiembre y octubre de este año como letrado
meritorio en una de las plazas de confianza de la magistrada Carmenmaría
Escoto.
El trabajo meritorio se desempeña sin
recibir un salario a cambio y lo hacen profesionales recién graduados
con interés en desarrollar una carrera judicial en el país.
Sebastián Casas es graduado en Derecho Financiero y Bancario de una universidad en Londres.
En
agosto, la magistrada lo encontró junto a su padre en una cafetería.
Como el joven acababa de graduarse y no tenía trabajo, la alta jueza lo
invitó a servir como meritorio en la Sala I.
Escoto
dijo anoche que ella conoce al litigante Ciro Casas (padre de
Sebastián), pero fue por medio de la prensa que se enteró de que estaba
ligado con Industrias Infinito.
“Me
enteré por el periódico y dije: ‘Ay, Dios mío’, y Anabelle León
(presidenta de la Sala I) también se preocupó (...)”, dijo la
magistrada.
Agregó que el letrado nunca le
preguntó por el caso Crucitas y ella tampoco tenía por qué enseñarle
los documentos relacionados.
La alta jueza dijo que
su asistente no volvió a presentarse a la Sala desde “por ahí del 18 de
octubre” y ni siquiera se despidió de ella.
“A mí me llamó la atención, pues él estaba muy contento porque aprendía mucho, que no me llamara ni me dijera nada”, narró .
Por su parte, Sebastián Casas dijo anoche a La Nación que dejó el puesto para evitar un posible conflicto de intereses y para que nadie manchara su honor.
“Salí
porque me enteré de que el despacho iba a manejar el asunto de
Crucitas. Vi que había un posible conflicto de intereses, ya que mi papá
es abogado penalista de esta empresa, y, por lo tanto, por una cuestión
de honor y alguien fuera a decir algo en contra de mi honor,
simplemente me fui”, contó.
En su criterio, esa
decisión no tenía por qué comunicársela a la magistrada Escoto ni a
nadie, “porque yo hago lo que a mí me da la gana. Yo hice lo que sentía
que tenía que hacer, y lo que era correcto”.
El abogado puntualizó que nunca tuvo acceso al expediente relacionado con Crucitas.
El
14 de noviembre trascendió que un borrador del fallo sobre el caso
Crucitas había sido filtrado de la Sala I. Por este hecho se le sigue
causa al magistrado suplente Moisés Fachler, quien renunció al cargo
tras conocerse el caso.
Fiscalía tras detalles.
Por su parte, la presidenta de la Sala I, Anabelle León, explicó
anoche que la Fiscalía General ya tiene información relacionada con el
paso de Sebastián Casas por la Sala I.
Esto, en el
marco de las pesquisas que sigue el Ministerio Público sobre la
filtración del borrador de la resolución de Crucitas.
Casas dijo que, a la fecha, la Fiscalía no lo ha indagado ni le ha requerido ninguna información.
La
magistrada León explicó, además, que cada magistrado tiene un equipo de
confianza integrado por dos letrados y una secretaria.
Sebastián Casas era parte de ese grupo de la magistrada Escoto.
León dijo que conoce a los padres de Sebastián porque fueron compañeros de la Universidad, pero ella no lo llevó a la Sala.
Asimismo, indicó que ella desconocía la relación de Ciro Casas con la minera canadiense.
“Cuando damos la noticia de que se filtró el proyecto (del fallo), ya Sebastián había dejado de asistir”, aseguró León.