Tomando en cuenta, que la Sala IV aún tiene en estudio de admisibilidad una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Sala Primera que prohíben la puesta en marcha de ese proyecto. Ante tal situación, pocos días después de quedar en firme el fallo en casación, René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, acudió al Registro Minero y canceló la concesión que la firma canadiense solicitó desde 1999.
Sin embargo, el jerarca de Ambiente es enfático en que el proceso en la Sala Constitucional debe paralizarse, pues la sentencia de la Sala Primera entró en vigor desde el pasado 13 de enero. No pasa nada, es un asunto cancelado. Incluso mandamos cancelar en el Registro Minero Nacional su concesión, ya quedó anulada. La Corte ordenó y nosotros lo único que hicimos fue cumplir con el trámite formal?, explicó Castro. A mediados de noviembre pasado, Juan Carlos Hernández y Federico Sosto, abogados de Industrias Infinito, aludieron ante los magistrados constitucionales que los procesos en esas dos instancias son ilegales, pues es cosa ya juzgada. Ello, en razón de que un tribunal de mayor jerarquía como es la Sala IV ya se había pronunciado sobre el caso y había avalado el funcionamiento de Crucitas.
De no dar frutos esa acción, a Industrias Infinito se le agotaría las vías jurídicas a nivel nacional para extraer oro.
La minera solo tendrá que apostar a un arbitraje internacional para pedir una indemnización al Estado por la cancelación del contrato. Esta medida se llevaría a cabo con base en el tratado bilateral de protección a las inversiones costarricenses−canadienses o bien a través del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones. Entre tanto, además de realizar los trámites para cancelar la concesión, el ministro Castro contrató los servicios de la Fundación Neotrópica para que haga la valoración económica del daño ambiental, en la propiedad de aproximadamente 1.487 hectáreas, donde iba a operar Crucitas y de las cuales al menos 50 de ellas fueron taladas en su totalidad. Dichos estudios, que estarán listos en unos diez días y tienen un costo de $20 mil, determinarán el monto que el Estado, la empresa canadiense y el Sistema de Áreas de Conservación deben pagar para reforestar la zona afectada. De momento, a principios de la semana pasada Castro entregó toda la documentación necesaria para llevar a cabo la valoración. Una vez concluido el análisis, un juez del Contencioso Administrativo deberá girar la orden para que se pague la cantidad estimada por Neotrópica, o por el contrario, la orden de revisar el monto.
