Líderes de 18 comunidades indígenas guatemaltecas situadas cerca de una mina de oro de capital canadiense demandaron ayer que cese operaciones, al invocar un recurso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió medidas cautelares por contaminación.
“Reclamamos un derecho justo porque lo que estamos denunciando es la verdad: la contaminación del agua, destrucción de nuestra tierra y división de nuestro pueblo porque ahora hay un conflicto social”, afirmó el líder indígena Víctor Vicente Pérez.
Pérez explicó que desde el 20 de mayo, la CIDH, con sede en Washington, solicitó medidas cautelares para las 18 comunidades próximas a la mina Marlin, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, pero han pasado cuatro meses sin que se hayan adoptado las medidas.
Las comunidades pertenecen a los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde está instalada la mina de oro desde el 2005.
Otra líder de la comunidad, Crisanta Pérez, aseguró que unas 140 casas tienen fisuras por la vibración causada por el uso de explosivos en la mina y el paso constante de vehículos pesados.
El representante legal de las comunidades, Carlos Loarca, explicó que la mina entregó el 31 de agosto un memorial ante el Ministerio de Energía y Minas en el que busca exculparse de la contaminación en los mantos acuíferos.
No obstante, admite que los niveles de arsénico y sulfato están hasta cinco veces más sobre los estándares establecidos por el Banco Mundial y guías de EE. UU.
Por ello, decenas de pobladores tienen laceraciones en la piel, diarreas y caída de cabello. También pruebas de orina determinaron la presencia de metales pesados en la sangre, según estudios hechos por la Universidad de Míchigan, Estados Unidos.
Fuente: http://www.nacion.com/2010-09-23/Mundo/NotasSecundarias/Mundo2531155.aspx
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