Allan Astorga G.
Yamileth Astorga*
A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.
Lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que
se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería
metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la
empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y
costosísimas campañas publicitarias, para defender su posición legal y
técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han
contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio,
para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que
permiten su publicación, o bien en foros en los que la empresa casi
nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminatas y hasta
huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.
Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron
en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio
del proyecto minero en Las Crucitas, y que ese trato desigual se puso
de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y
los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los
luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y
enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de
igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a
los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información
de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la
improvisación que se puso de manifiesto ese día.
También, en la Vista realizada en noviembre del 2009 en la Sala
Constitucional se pudo observar cómo los representantes de las
instituciones del Estado, como la SETENA, el MINAET, la Dirección de
Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían
formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa
en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada
en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo
reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.
Durante el juicio en el Tribunal Contencioso iniciado el 4 de octubre
del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la
empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa
en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la
minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban
representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos
únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de
convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.
Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal
Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les
dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida
como una verdadera fiesta en todo el país.
Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha
ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el
silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los
abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar
contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.
Todo esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado
dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de
las reglas que establece su legislación.
Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de
ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha
existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de
nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación
de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del
desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder
económico y posiblemente también político de la minera, para los
tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones
expuestas por las partes.
No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir
nauseas y molestia, por una actuación sumamente cuestionable, nos
conducen esta vez a revelar lo que un Magistrado de la Sala Primera
designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a
los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos,
pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales
pilares de nuestra institucionalidad democrática.
No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de
información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras
instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de
justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia
cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se
sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y
sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede
significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un
documento filtrado.
Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a
nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor
vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos -
sospechosamente discretos desde hace una semana- comprendan que los
tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda
el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser
respetadas y cumplidas.
*Allan Astorga G., geólogo, profesor UCR; Jorge Lobo, biólogo, profesor UCR; Yamileth
Astorga, bióloga, UCR.
Fuente: Diario Extra.
