A propósito de los bochornosos acontecimientos de que
nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en
relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en
perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el
ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión
mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra
institucionalidad democrática.
Una lucha desigual. Ante todo se debe recordar
que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor
del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy
desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos
para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias para
defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la
actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad,
convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de
comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros a
los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles,
haciendo caminadas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa
Presidencial.
Todavía están frescos los recuerdos de
la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la
Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas y que
ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los
magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se
desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que
desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un
principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el
acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta
diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección
(cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso
de manifiesto ese día.
También, en la visita
realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional, se pudo
observar cómo los representantes de las instituciones del Estado, como
la Setena, el Minaet, la Dirección de Geología, en vez de mantener una
posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de
trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y
de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo
beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al
Tribunal Contencioso.
Durante el juicio en el
Tribunal Contencioso, iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de
ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un
costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa, en conjunto con los
abogados del Estado, en defensa de la posición de la Minera y de lo
actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por
un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han
sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de
entrega en defensa de los principios en los que creen.
Lucha
que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal
Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les
dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida
como una verdadera fiesta en todo el país.
Durante el
último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada,
la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la
casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la
lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos
respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.
Toda
esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro
del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las
reglas que establece su legislación.
Peligra la institucionalidad.
Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido
dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza
en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la
imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia.
Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas,
particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente
también político de la Minera, para los tribunales lo que cuenta es la
verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.
No
obstante, las noticias de los últimos días, además de producir náuseas y
molestia por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta
vez a revelar lo que un magistrado de la Sala Primera designó como un
“verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de
la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos
están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra
institucionalidad democrática.
No se trata, como
algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que
eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de
los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia
que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de
Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que
defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el
grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante
la Sala IV con base en un documento filtrado.
Todos
los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra
institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia.
Es hora de que algunos de nuestros políticos –sospechosamente discretos
desde hace una semana– comprendan que los tiempos han pasado y que
nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La
Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.
*Allan Astorga G. , geólogo, profesor UCR
Jorge Lobo, biólogo, profesor UCR
Yamileth Astorga, bióloga, UCR
Fuente: Nacion.com.
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