EXMINISTRO DOBLES ACUSADO POR PREVARICATO

• Ayer fue indagado por la Fiscalía de Probidad y Transparencia

MARCO LEANDRO

mleandro@diarioextra.com

Foto: Rándall Sandoval

El abogado Laureano Castro y Roberto Dobles, exministro del Ambiente, se presentaron a la Fiscalía ayer.

Roberto Dobles Mora, exministro de Ambiente y Energía fue indagado ayer por la fiscalía con respecto al delito de prevaricato, en el caso de la declaratoria de conveniencia nacional y otorgar la concesión a la explotación de la mina Las Crucitas de Industrias Infinito S.A., en Cutris de San Carlos.

La investigación comenzó el año pasado luego de que el Tribunal Contencioso fallara en contra de la empresa minera, y ordenara al Ministerio Público comenzar a investigar todos los pormenores de las personas que se vieron envueltas en esa polémica concesión.

Dobles Mora es investigado con otras 9 personas más por el delito de prevaricato previsto y sancionado en el artículo 350 del Código Penal que indica: “Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la Ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores”.

La fiscalía indaga el hecho que mediante la resolución N° R-217-2008-Minae, del 21 de abril del 2008, en la condición de Ministro del Ambiente y Energía ordenó la conversión de la resolución N° 578-2001-Minae, que había sido anulada y aplicando esa figura jurídica, otorgó la concesión de explotación minera a la empresa Industrias Infinito S.A.

Lo anterior, no obstante que la conversión resultaba inaplicable puesto que la resolución había dejado de existir en el ordenamiento jurídico costarricense –por orden de la Sala Constitucional y la Administración- y para ese momento aún se encontraba vigente una moratoria para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional, otorgada por el Poder Ejecutivo desde el año 2002.

El citado proyecto no contaba con un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, por lo que la figura de la conversión se utilizó como un mecanismo fraudulento para convalidar un acto administrativo inexistente y beneficiar así a la empresa Industrias Infinito.

También se investiga el hecho que en vista de que el proyecto implicaba un cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y áreas protegidas, se requería de un Decreto Ejecutivo que lo declarara de conveniencia nacional, como efectivamente se realizó.

Es así como se emitió el decreto ejecutivo N° 34801-Minaet de fecha 3 de octubre del año 2008 declarando de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas.

La indagatoria a Dobles fue notificada el viernes pasado por lo que ayer se presentó con su abogado Laureano Castro y fue advertido que ya se encontraba como imputado en esa causa.

A la salida de la gestión pasadas las 4:30 p.m., Dobles y Castro atendieron a la prensa en las escaleras de los Tribunales de Justicia.

“Roberto ha declarado lo pertinente y se van a pedir otras ampliaciones de declaración. Hoy lo que se le hizo fue una imputación de hechos, declaró y luego ampliaremos las veces que sea necesario”, sostuvo Castro.

Agregó que más adelante el imputado se referirá con lujo de detalles a la firma que Dobles hace, de los decretos respectivos de Ley, que le fueron pasados para estamparle el visto bueno.

“El Ministerio Público considera que no correspondía esos trámites a la tramitación de la concesión”, sostuvo el abogado.

Por su parte, Roberto Dobles manifestó que esa indagatoria fue una oportunidad para explicar como se dieron los hechos. “Presenté una declaración muy amplia con lujo de detalles de todo lo que ocurrió en este caso”, dijo el ex ministro.

Fuente: Diario Extra.

AMBIENTALISTAS CELEBRAN RESOLUCIÓN DE MINA BELLAVISTA

• Setena impide otorgar permiso para extracción de oro

Sandra Cordero G
scordero@diarioextra.com

La caminata realizada por los ambientalistas para llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) rindió frutos porque después de analizar la posición de ambas partes se decidió no permitir la reactivación de la Mina Bellavista, en Puntarenas, para la extracción de oro.

Según la resolución 0126-2012-Setena, no se puede continuar con el proceso de evaluación ambiental y se debe denegar la viabilidad al proyecto porque se encuentra fuera del área de la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto fue presentado por Donald Brown Pérez, quien es el apoderado generalísimo de la sociedad Metales Procesados MRW S.A.

David Rojas, quien participó en esta marcha, que se llevó a cabo en julio de 2011, indicó: “Durante la caminata que realizamos desde San José hacia Miramar, la empresa pagó numerosos espacios publicitarios para emplazarnos y vender la imagen de su proyecto extractivista.

La respuesta se la ha dado hoy la institucionalidad costarricense, que para motivo de orgullo nacional va en la dirección de salir de la espiral descendente a la que se le había condenado y empieza por fin a consolidarse. Confiamos en que esa tendencia se sostenga”.

Fuente: Diario Extra.

DIPUTADO ADELANTA CARTA DE RENUNCIA A INMUNIDAD

• Claudio Monge no teme a denuncia de minera

José Quirós Gallegos 

Sandra Cordero 

jquiros@diarioextra.com

Claudio Monge, diputado del PAC, dice tener lista la carta de renuncia a su inmunidad y pone a disposición su cargo en caso de una posible suspensión, en caso que se lo soliciten, por supuestas difamaciones en contra de Industrias Infinito Gold.

Claudio Monge diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), habló con DIARIO EXTRA sobre la demanda que enfrenta por ¢300 millones debido a supuestas insinuaciones que hizo en contra de la empresa minera Industrias Infinito Gold.

El rojiamarillo Manrique Oviedo también se ha visto involucrado en dichas acusaciones, pues supuestamente en una conferencia de prensa lanzó varios comentarios difamatorios por el accionar de la compañía minera, que demanda al legislador por un monto de ¢200 millones.

Monge declaró en exclusiva a DIARIO EXTRA que ya tiene preparada la carta sobre la renuncia de su inmunidad y pone a disposición su cargo en caso de una posible suspensión.

El legislador procedió a redactar la carta debido a las presuntas insinuaciones que realizó Sergio Alfaro, exdiputado del PAC, en la red social Pensar la Acción Ciudadana (https://www.facebook.com/groups/pensarlaaccionciudadana), donde al parecer compara este caso con el del diputado liberacionista Jorge Alberto Angulo, pues no está de acuerdo con la suspensión del verdiblanco y por esto supuestamente insinuó que Monge también debería renunciar a su inmunidad.

“Para la felicidad de algunos debo comunicar que hace días tengo redactada mi carta de renuncia a la inmunidad y mi suspensión del cargo como diputado, por la demanda proveniente de una transnacional criminal. Será un honor ser mi propio defensor contra esos prostituidores de la institucionalidad nacional”, expresó.

El diputado además calificó de “corruptores de siete leguas, compradores de influencias, pervertidores de soberanía” a Industrias Infinito Gold.

María Eugenia Venegas, diputada del PAC, describe el actuar de Monge como un “show político”, pues aduce que lo conoce suficiente para poder hacer dicha afirmación.

Mientras tanto, Oviedo dijo expresamente a DIARIO EXTRA que él no piensa renunciar a su inmunidad y cuando se le consultó si sostenía lo dicho en el pasado sobre la empresa aseguró que lo sostiene y lo amplía.

Los personeros de Industrias Infinito Gold se mostraron satisfechos con la decisión de Monge, ya que si renuncia a su inmunidad va a poder afrontar la causa por la cual fue acusado y expresaron que “en caso de ganar, el dinero será usado para ayudar a las personas de la zona”.

Fuente: Diario Extra.

• Jorge Lobo, profesor de la UCR, irá a juicio el 11 de enero

INFINITO DESPIDE A LA MAYORÍA DE EMPLEADOS

Sandra Cordero
scordero@diarioextra.com
Fotos: Víctor Benavides

Al menos 50 personas esperaban a Jorge Lobo afuera de los Tribunales de Goicoechea para mostrarle su apoyo. Hasta una manta con las firmas de todos le entregaron al final de la jornada.

Al parecer la historia de la minería en Costa Rica es un cuento de nunca acabar porque la empresa Industrias Infinito Gold está tomando algunas medidas a causa de la resolución de la Sala Primera, entre ellas despedir a 23 empleados.

El gran dilema es que no se descarta que en los próximos meses sean más los que pierdan el trabajo.

Otro de los acontecimientos que hacen creer que este tema aún tiene cuerda para rato es la definición de la fecha para el juicio por difamación, en el cual las partes involucradas serán Jorge Lobo, profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) que participó en el video “El oro de los tontos”, y la empresa minera canadiense.

EN UN INICIO ERAN 243 EMPLEADOS

Cuando la empresa inició labores en Costa Rica contaba con una planilla de 243 empleados, los cuales en su gran mayoría eran personas de San Carlos que vieron el proyecto minero como su tabla de salvación, más que todo por todas las inversiones y mejoras que se habían llevado a cabo en la zona.

Con el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de diciembre de 2010 se tomó la decisión de prescindir de los servicios de 200 empleados y ayer se les entregó la carta a 23 más, por lo que de momento solo 20 quedan laborando.

Ante el tema de los despidos Industrias Infinito Gold dejó muy claro que “todos los trabajadores que laboraron para la empresa contarán con todas las garantías legales que ofrece la ley”.

Y SIGUE LA HISTORIA

Nuevamente el abogado Ciro Casas se presentó a los Tribunales en Goicoechea para lograr una conciliación con el profesor Lobo, pero al parecer como en las ocasiones anteriores no llegaron a ningún acuerdo satisfactorio para ninguna de las partes.

Por eso el 11 de enero se volverán a ver la cara en el juicio por el video que se presentó hace pocos meses y por las palabras utilizadas el día de su presentación, en el cual los personeros sintieron que Lobo difamaba a la empresa.

Además los abogados de Industrias Infinito Gold presentaron una acción civil resarcitoria por ¢500 millones.

Lobo conversó con DIARIO EXTRA y afirmó: “Yo no tengo por qué retractarme de lo que he dicho. En este caso muchas personas en el país deberían rectificar lo que piensan de la empresa porque al menos el 80% de la población está en desacuerdo con la actividad minera”.

Fuente: Diario Extra.

SALA I SE TRAJO ABAJO PROYECTO CRUCITAS

• Industrias Infinito y Estado deberán pagar las costas del proceso

Sandra Cordero G

scordero@diarioextra.com

Las organizaciones ambientalistas no caben de la felicidad porque una vez más quedó ratificado que fueron los ganadores en el tema de Crucitas.

Hace poco más de un año las partes involucradas en el juicio de Crucitas estaban que se comían las uñas por conocer el veredicto de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, al fin y al cabo este fue desfavorable para Industrias Infinito.

Pero como el cuento no quedó ahí, se fueron a casación, donde ayer la Sala Primera les dio la razón a los miembros del Tribunal y se trajo abajo el proyecto minero Crucitas, por lo tanto declaró sin lugar todos los recursos que la minera presentó.

Mediante esta resolución se ordenó anular las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), en las cuales se le otorgaba la viabilidad ambiental y la concesión a la empresa canadiense.

Además se ordenó anular el decreto ejecutivo y la resolución en que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones declaró el proyecto de minería a cielo abierto de interés público y conveniencia nacional y otorgó la concesión.

¡A PAGAR, SE HA DICHO!

Los dos puntos que más polémica pueden causar son que la parte demandada deberá pagar las costas del proceso y además la Fiscalía General de la República tendrá que abrir una investigación para las personas que participaron en la formulación de los permisos para otorgar la concesión.

Entre ellas están el expresidente Óscar Arias Sánchez y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quienes fueron los encargados de rubricar el documento que declaró de interés público este proyecto minero.

Entre las personas que deben ser investigadas y llamadas a declarar a la Fiscalía están Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sonia Espinoza Valverde, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias.

Además el Minaet debe abrirles un procedimiento administrativo.

Otro que deberá rendir cuentas es Sergio Artavia Barrantes porque en la resolución le solicitan a la fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que lo investigue por el comportamiento que presentó durante el proceso.

Las parte demandante estaba conformada por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, la organización ambiental Unovida y el profesor universitario y defensor del medio ambiente Jorge Lobo Segura. La parte demandada la representaron Industrias Infinito Gold, el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

INFINITO EVALÚA OPCIONES

Al conocer el voto emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la empresa minera Industrias Infinito indicó que “evaluará las opciones legales disponibles a partir de este hecho y que de momento procederá como corresponde a hacer el análisis de la misma apenas tenga en su poder la sentencia integral”.

Fuente: Diario Extra.

¡MANIFESTACIONES INUNDARON EL PAÍS!

• Ambientalistas, taxistas, motorizados, anestesiólogos e Imprenta Nacional

José Quirós Gallegos/Krissia Morris/Marco Antonio González

jquiros@diarioextra.com

Foto: Víctor Benavides

Los ambientalistas transitaron por la Avenida Segunda con banderas y tambores para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia donde explotó la presión contra los magistrados de la Sala Primera.

Para quienes tuvieron que trasladarse hasta sus trabajos o centros de estudio tuvieron que lidiar con un panorama muy difícil, pues el país vivió una jornada intensa de protestas en las que hubo para todos los gustos, porque entre quienes se tiraron a las calles habían ambientalistas, taxistas, motorizados, anestesiólogos, empleados de la Imprenta Nacional y hasta los vecinos de Santa Ana con el famoso tema del peaje.

Los miembros de la “Marea Roja” decidieron tirarse a las calles ante la falta de medidas de la Policía de Tránsito para sacar a los porteadores de circulación, ya que aseguran que sus ingresos se han visto disminuidos y como bien dice la canción “no hay cama para tanta gente”. Por su parte los motorizados del país se adueñaron de las carreteras nacionales para hacerse escuchar ante el aumento del pago del marchamo que deben cancelar.

Los anestesiólogos se sumaron un día más a su paro, porque tienen aproximadamente una semana de no cumplir con sus labores, por esta razón los costarricenses solo están a la espera de que vuelvan de una vez por todas a cumplir con sus deberes.

La protesta de la Imprenta se debe al reclamo del retroactivo del 5%, que se les otorgó en junio de 2009, por medio de la promulgación de un inciso, para que el incentivo pasara de 15% a un 20%, sin embargo, esto nunca se cumplió y a tres años de dicho acuerdo, hoy la Dirección de la Imprenta y el Ministerio de Gobernación se lavan las manos diciendo que dicho incentivo nunca pasó por el análisis de la Procuraduría y que por ello es nulo.

CRUCITAS CALENTÓ LAS CALLES.

Alrededor de 300 manifestantes ambientalistas que están en contra de la minería a cielo abierto en Crucitas realizaron una marcha desde la Plaza de la Cultura hasta la Corte Suprema de Justicia, con el fin de ejercer presión a los magistrados de la Sala Primera para que den una resolución lo antes posible y así frustrar la aparente estrategia de la empresa Industrias Infinito Gold, pues se presume que la intención de la minera es atrasar el proceso para evitar que se dicte la sentencia.

Los abogados Edgardo Araya de Apreflofas y Bernal Gamboa de Unovida, defensores en contra de la explotación de la zona sancarleña, no se quedaron atrás y junto con el grupo de manifestantes firmaron las respuestas a las apelaciones de la empresa Infinito. Con hojas en mano y entonando cánticos patrióticos, los manifestantes y los juristas ingresaron a la Corte, como quien lleva la antorcha de la independencia, para entregar la documentación. Los ambientalistas gritaban “¡Ahí van los defensores del pueblo!”

Además de los grupos ecológicos, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) censuró la intromisión de la empresa canadiense Infinito Gold en los asuntos internos del Poder Judicial, en lo que respecta a la filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera sobre el caso Crucitas y el posible tráfico de influencias que se presentó en este caso. El órgano colegiado instó a la Corte Suprema de Justicia a velar por el respeto y la independencia de los magistrados, al tiempo que solicitó al Ministerio Público que haga las investigaciones pertinentes sobre las posibles responsabilidades penales para llegar hasta las últimas consecuencias.   

Fuente: Diario Extra.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

•De la lucha antiminería a la defensa de los principios rectores de nuestra patria

Allan Astorga G.

Jorge Lobo

Yamileth Astorga*

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias, para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros en los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminatas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas, y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la Vista realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional se pudo observar  cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la SETENA, el MINAET, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Todo esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir nauseas y molestia, por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un Magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos - sospechosamente discretos desde hace una semana- comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

*Allan Astorga G., geólogo, profesor UCR; Jorge Lobo, biólogo, profesor UCR; Yamileth 

Astorga, bióloga, UCR.

Fuente: Diario Extra.

Sobre cruces, cruzadas y Crucitas

Nicolas Boeglin*

En esta semana se celebra el primer aniversario de la histórica sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), cuyo por tanto leído en la tarde del 24 de noviembre desató una verdadera fiesta en todo el país, un desborde contagiante de lágrimas y abrazos, después de meses de tensión, energía y entrega llevadas a su extremo, y cuya emotividad aun permanece grabada en los comentarios de gran cantidad de lectores a lo que fue “la” noticia del momento  en las redes sociales.

Basta revisar en estas últimas lo que se escribió y lo que se dijo en esa inolvidable tarde,  para entender que el mensaje enviado por tres valientes jueces del TCA caló en lo más profundo de la sociedad costarricense, y ello pese a la intensa campaña publicitaria iniciada por la empresa minera. 

Sobre este último punto, que incluyó en varios de sus cortes la autorizada opinión de “expertos”, “peritos”, un reciente documental afirma que fue probablemente una de las más agresivas campañas de publicidad vivida en el país en los últimos años por parte de una empresa privada.  La cual, no obstante, se mostró reservada en participar en foros públicos con expertos y académicos en universidades públicas. La misma tarde del 24 de noviembre del 2010, por alguna coincidencia, se realizaba un foro convocado por el CONARE, en la Universidad Nacional, reuniendo a expertos de la UCR y de la UNA con la moderación de directores del Estado de la Nación, para debatir sobre el proyecto minero: por enésima vez, y como pareció ser la tónica para solicitudes de universidades públicas, no llegó ningún representante o “experto” de la empresa minera invitado a la actividad.   

Cruzada. Revisando las imágenes de este juicio contencioso-administrativo, se hace evidente la profunda desigualdad en cuanto a recursos entre las dos partes, convirtiéndose en una labor similar a una verdadera cruzada. Mientras hubo en la sala del TCA que añadir una mesa adicional para que todos los peritos, abogados y asistentes del Estado (Procuraduría General de la República, MIN(a?)ET, SETEN(a?), SINAC y de la empresa, pudieran sentarse cómodamente, los recurrentes contaron con un escaso grupo de abogados, cuyo única satisfacción  -y único honorario profesional- debió de ser la profunda convicción y defensa de los principios en los cuales creen, 

Otra cruzada, entre muchas más, se dio el 11 de septiembre del 2009 durante la inspección ocular al sitio del proyecto minero. Durante esta diligencia judicial, los dos magistrados de la Sala Constitucional ingresaron al sitio del proyecto minero en Las Crucitas con la empresa, en sus vehículos, mientras que los recurrentes fueron impedidos de hacerlo, debiendo caminar varios kilómetros bajo un sol inclemente para llegar a los sitios objetos de la inspección.

Un principio que se considera elemental en la ciencia jurídica, como el de igualdad de las partes, sufrió un grave atropello que no pareció en lo más mínimo desvelar a los dos Magistrados de la Sala IV en aquella ocasión. Este principio implica que para cualquier diligencia judicial, el juez debe mantener  a las partes en un estricto pie de  igualdad, tanto en el acceso a los sitios, como el acceso a los magistrados durante la visita, o como en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar, itinerario, detalles logísticos, etc...). La total improvisación, que llevó incluso a los recurrentes y a sus expertos molestos a intentar interponer una acción legal ante los Magistrados en el mismo momento, constituyó una verdadera cruz para este principio cardinal al que, en buena teoría, se debe todo juez en cualquier diligencia con ambas partes.

Apego a la institucionalidad. En todas sus actuaciones, en particular en la recta final ante el TCA, los recurrentes siempre mostraron su confianza en el sistema judicial costarricense y en sus jueces, confiados en que los muchos detalles que solo desvelaron a 2 de los 7 magistrados de la Sala IV sí tendrían mayor recibo en un juicio ante un tribunal más “técnico” que la Sala IV, como lo es el TCA.  Lo que debió de celebrarse esta semana como un primer aniversario de un gran triunfo de la justicia  se ha visto ahora opacado por la filtración de un borrador de la Sala Primera a una de las dos partes, y de comprometedoras declaraciones dadas a la prensa por un exfuncionario de la empresa, quien fuera su vocero en los últimos meses. Se trata de un grave  acontecimiento que trasciende este caso, trasciende la lucha de los ecologistas y constituye, en palabras del Magistrado Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, un verdadero “atentado a la juridicidad de nuestro país, y a los cimientos de la República como tal”. 

Estos hechos recientes han vuelto a poner en la palestra pública un proyecto minero ubicado en una remota localidad que pareciera llevar el inmejorable nombre de “Las Crucitas”,  y que pareciera escogido por el destino para una novela sin fin.

*Profesor, Facultad de Derecho, UCR

Fuente: Diario Extra.

DE NUEVO A LAS CALLES POR CRUCITAS

• Piden que Sala IV no acepte recurso de inconstitucionalidad

Sandra Cordero G.

scordero@diarioextra.com
Foto: Carlos Barquero

Quienes pasaron por la Fuente de la Hispanidad no podían dejar de ver a quienes se manifestaban por el tema de Crucitas porque hasta una obra de teatro montaron.

Quienes pensaban que las protestas, manifestaciones y caminatas por el tema de Crucitas quedaron en el pasado se equivocaron porque quienes pasaron por la Fuente de la Hispanidad debieron armarse de paciencia para llegar a su destino porque en este lugar estaban varios ambientalistas con mantas, pancartas y megáfonos gritando consignas.

Incluso hasta montaron una obra de teatro, en la que una joven representaba a la Justicia.

Además aprovecharon para entregarles volantes a quienes pasaban por el sitio para que lleguen hoy a la Plaza de la Cultura, de donde saldrá una caminata que tiene como destino final los Tribunales de Justicia. Entre las principales peticiones de los ambientalistas está que la Sala IV no acepte el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los abogados de Industrias Infinito en días pasados.

Además exigen que la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación retiren las apelaciones que presentaron por el tema.

Fuente: Diario Extra.

ACOGEN RECURSOS DE CRUCITAS

• Sala Primera con 10 días para sentencia

Sandra Cordero G. scordero@diarioextra.com

Los recursos que fueron planteados por los diversos actores del caso Crucitas fueron admitidos por Sala Primera con el fin de dar una sentencia en los próximos diez días hábiles, después de notificar al último de los interesados y de resolver las objeciones que tengan las partes.

El encargado de dar el resultado es el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. El presentado por el Estado lo aceptó en su totalidad y de los 7 planteados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación solo fueron recibidos 5 para estudio.

Industrias Infinito S.A. presentó 11 infracciones, de las que solo 9 fueron admitidas. A la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito (Asocrucitas) le aprobaron 2 de las 3 que presentó.

La magistrada Anabell León Feoli explicó que de no presentarse ningún contratiempo se podría tener la sentencia en la primera quincena de diciembre.

El Alto Tribunal de Casación Contencioso Administrativo rechazó por el fondo los reclamos procesales que presentaron seis personas de apellidos Espinoza Valverde, Murillo Marchena, Castro Muñoz, Cavallini Chinchilla, Arredondo Li y Rudín Arias por considerar que no tenían legitimación suficiente para recurrir.

Además fueron rechazados por falta de legitimación los recursos presentados por el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social. 

Fuente. Diario Extra.

PETROLERA DEBE REALIZAR NUEVO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

• Setena en 2008 declaró inviable actividad en el Caribe

Sandra Cordero G./Johnny Castro
scordero@diarioextra.com

La Setena será la entidad encargada de determinar si existe la viabilidad para firmar el contrato de la exploración y explotación petrolera de la zona del Caribe.

El tema de la exploración y explotación petrolera en el país sigue dando de qué hablar y es que según fuentes cercanas a DIARIO EXTRA afirman que el gobierno deberá pedirle a la empresa Mallon Oil que realice un nuevo estudio de impacto ambiental o que adjunten un complemento que ya fue entregado con el propósito de ser analizado por la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) para definir si se firma el contrato o por el contrario se declara inviable esta actividad. Un dato relevante es que para 2008 se declaró inviable la explotación petrolera en el Caribe, lo cual sienta un precedente.

En el plan de trabajo presentado por Mallon Oil en el proceso de licitación, esta se compromete a realizar, desde el primer mes, la labor exploratoria de campo, con pruebas de reflexión sísmica, estudios geofísicos, geológicos y geoquímicas en todos los bloques ofertados, pero hasta el momento solo se han presentado estudios de prospección, mejor conocidos como “de escritorio”.

El ecologista, Mauricio Álvarez, quien forma parte de Oilwatch, conversó con el periódico de más venta en Costa Rica y dijo que “si bien se ve que el gobierno empieza a estudiar el expediente, sigue habiendo mucha confusión sobre el asunto legal del caso”.

OTROS GOBIERNOS NO CEDIERON

Asimismo, hay que destacar que los presidentes anteriores, Abel Pacheco y Óscar Arias, dejaron de lado la aprobación de este contrato, porque en caso de aprobarse, solo por presiones se estarían arrastrando una serie de irregularidades en el proceso de concesión.

“Así como los dos anteriores gobiernos, el actual no tiene ninguna obligación de firmar un contrato para la exploración y explotación petrolera con Mallon Oil. Tampoco tiene porqué buscar una salida alternativa como la de convencer a la empresa de que se dedique a la búsqueda de gas. Lo que puede hacer el gobierno es apoyar la aprobación del proyecto de ley que propone la Derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en 1994”, afirmó Álvarez.

El ministro de Comunicación y Enlace Institucional, Roberto Gallardo, manifestó que este decreto que está supeditado al tema de prospección, no es obstáculo para que el gobierno le haya solicitado a la empresa que complete los estudios de impacto ambiental.

Gallardo señaló que la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) solicitó ayer a la empresa que tiene que cumplir con estudios de impacto ambiental para las fases que siguen en este momento. De manera tal que es un decreto que está vigente, pero no está determinando los requisitos que solicita el gobierno.

“Quiero reiterar que la Presidenta de la República ha dicho públicamente varias veces que el país no está interesado en que haya explotación petrolera, pero que se pueden valorar emprendimientos público-privados para la explotación de gas natural, si fuera que se encontrara en cantidades que resultara razonable hacerlo”.

Fuente: Diario Extra.

Actividad petrolera en Costa Rica: Riesgos y desaciertos

Allan Astorga Gättgens (*)

A raíz de las últimas noticias dadas a conocer sobre la exploración petrolera en Costa Rica y el artículo publicado en este diario por el señor César Monge el pasado 9 de junio, se hace importante argumentar algunos puntos.

Al igual que la minería, la actividad petrolera es de muy alto impacto ambiental y por tanto de muy alto riesgo. La misma exploración petrolera entra en esta categoría, debido a que durante la misma se pueden realizar perforaciones que podrían desembocar en el hallazgo de un yacimiento, que podría generar un derrame de petróleo en la superficie.

Los costos de los daños ambientales generados por la contaminación por hidrocarburos son muy altos. Costa Rica no está exenta de ellos, como lo demuestran las recientes noticias sobre el derrame, desde el 2008, de 441.000 de combustible bajo un tanque en la Refinería en Limón, o el costo (por más por ¢1.120 millones) de sanear el Pozo AB-1089 en Barreal de Heredia, contaminado con hidrocarburos, que tardó varios años. En este tema la prevención es clave dado que el costo de la reparación de los daños puede alcanzar cifras muy altas, astronómicas; en particular para territorios tan frágiles ambientalmente como nuestro país. El hecho que las autoridades nacionales ignoraran, gracias al silencio de RECOPE, que desde el 2008 este derrame se da, muestra la falta de capacidad del Estado para fiscalizar debidamente este tipo de actividades
Argumentar, como lo hace el señor Monge, que por un asunto de ganancias y empleo debemos aceptar cualquier negocio de la industria petrolera, incluyendo la exploración petrolera en la zona norte del país, es anteponer los intereses meramente económicos y cortoplacistas a un asunto de interés nacional y visión de país, que es la protección de nuestro ambiente y los recursos naturales.

Costa Rica no puede evitar que Panamá y Nicaragua tomen decisiones sobre el tema petrolero, incluso si estas son de alto o muy alto riesgo; pero si puede exigir que, en virtud de los impactos transfronterizos que pudieran darse, se extremen medidas de seguridad ambiental, a fin de evitar que se den daños en nuestro territorio.

Una trampa. Lo discutido hasta ahora sobre el tema de la actividad petrolera en Costa Rica, así como sobre la minería metálica, a propósito de Crucitas y ahora Bellavista, debería llevar a nuestra sociedad a discutir sobre su modelo de desarrollo. Para algunos, pareciera que el único modelo que es válido es el de corto plazo, de ganancias rápidas y que el país crezca al ritmo que el mercado le imponga, sin importar qué actividades se realizan. Ello, haciendo a un lado lo que se van a llevar en ganancias las compañías extranjeras y lo que estas le pagaran al Estado: sea minería, sea extracción petrolera o de gas, nuestros país sigue usando cánones ridículos que entregan nuestros recursos a cambio de poco, muy poco y sin mecanismos efectivos para compensar en caso de accidente o derrame a Costa Rica.
Las consecuencias de ese tipo de estrategia, cuando no importa el “cómo se hacen las cosas”, sino que se hagan, es decir, con mucha improvisación y falta de planificación, son muy costosas y son lo que realmente nos impide salir del subdesarrollo económico y mental que nos cobija cada vez más. Ejemplos hay muchos, uno de los más recientes es la carretera a Caldera, pero si miramos al pasado hay muchos más (expansión piñera, apertura telefónica, desarrollo inmobiliario, etc.), sin contar los que ya se avecinan, como el Proyecto Hidroeléctrico Diquis.

Decir sí con esa misma visión a una empresa petrolera, que explore el norte del país, es un error, en particular porque se hace en virtud de una información especulativa sobre un potencial petrolero no demostrado. También es un error decir que la actividad se concentre solo en el tema del gas natural y no en el petróleo, pues aparte de que no tiene sustento científico, es caer en la trampa de la información no sustentada y especulativa que se está argumentando.

Norte claro. La gran mayoría de la sociedad costarricense tiene claro el modelo de desarrollo económico que se quiere para nuestro país, que no incluye actividades de alto impacto como la petrolera o la minera metálica y que, por lo contrario, busca preservar el prodigio de la Naturaleza en nuestro país que le ha generado ingresos mayores a cualquier tipo de industria. Aunado a ello, nuestro modelo de desarrollo se basa de igual manera en aprovechar al máximo nuestras mayores fortalezas, como son la educación y creatividad de su población, que es clave para participar en una economía de alta tecnología y en la que nuestro país tiene un enorme potencial, que requiere ser mejor aprovechado. También sus riquezas naturales, como sus aguas y acuíferos, sus bosques y biodiversidad, su paisaje y geodiversidad, que son valores estratégicos claves que también deben ser aprovechados para mostrar y enseñar al mundo, por medio del turismo y el ejemplo, lo que significa el desarrollo sustentable y en armonía con la naturaleza.

A diferencia de lo que muchos políticos creen nuestro país tiene su norte bien definido. Lo malo es que algunos creen que ese norte es el que ellos se imaginan, y no el que el colectivo de la sociedad ha venido construyendo.

*Geólogo, Profesor UCR.

Fuente: Diario Extra.

Biodiversidad, suelos, destrucción y silencios

Nicolas Boéglin (*)

La prodigiosa biodiversidad de Costa Rica mundialmente reconocida reposa sobre un territorio con suelos altamente vulnerables a la erosión, como la mayor parte de los suelos tropicales, y con costas sensibles a los efectos de la contaminación telúrica. El peculiar relieve accidentado del país y su régimen de precipitaciones limitan sustancialmente el desarrollo de actividades productivas de cierto impacto. Hoy, por ejemplo, una cantidad igual o incluso menor de agua llovida causa estragos en partes bajas de cuencas en la Zona Norte, o en cantones heredianos, los cuales, últimamente, “pierden” puentes con cada invierno.

El cantón de Acosta, entre otros, vive una situación crítica debido al acelerado deterioro de su infraestructura vial causada por lluvias y deslizamientos. La tragedia ocurrida en calle Lajas constituye una clara advertencia. El colapso de la mina de Bellavista de Miramar (octubre del 2007) advierte de las limitaciones de las “garantías técnicas” de unos que quedaron plasmadas en mayo del 2005 ante la Sala Constitucional (Voto 5790-2005); y evidencia la incapacidad de las autoridades, a casi 4 años de ocurrida, de realizar un diagnóstico sobre los efectos de esta anunciada catástrofe ambiental. Paralelamente, varias playas van perdiendo su atractivo de antaño o su sello ecológico. Varias especies de anfibios, tortugas y aves ven sus poblaciones diezmándose año tras año ante la mayor indiferencia estatal.

Señales preocupantes: Mientras los diagnósticos sobre cambio climático vaticinan entre 30 a 40% menos de precipitaciones en Guanacaste en los próximos años, un hotel de 701 habitaciones en Playa Matapalo es inaugurado y ya se anuncia el inicio de una segunda etapa, sin hablar de varios megaproyectos turísticos que florecen por doquier en Guanacaste. Mientras estudios de la UCR indican que desde el 2002, Costa Rica perdió el 50% de sus monos, asistimos a una expansión piñera sin precedentes en frágiles zonas de alta biodiversidad. Llevamos casi 4 años con 6000 personas tomando agua de cisternas en el Cairo y Milano de Siquirres, a un costo estimado de $27.000 mensuales, sin que el Estado haya iniciado acción alguna contra las empresas contaminadoras anunciada por el titular del AyA ante los medios (La Nación, 16/07/2007).

Un pesado silencio de las autoridades a un reciente articulo pareciera indicar que ni el MIN(a?)ET, ni SENARA ni el MAG han elaborado en estos años algún protocolo para evitar que ello se repita en otras regiones (ver artículo sobre el intento de “control integrado” de las aguas subterráneas de Allan Astorga, La Nación, 11/05/2011). El AyA y la ESPH se alistan ante una probable crisis de abastecimiento del agua potable en el Valle Central. Llevamos casi 3 años con una sentencia de la Sala IV exigiendo a las autoridades amojonar la Zona Inalienable decretada visionariamente en 1888 (resguardando así la principal fuente en agua potable del Valle Central), sin que las autoridades demuestren un real voluntad en ejecutar esta decisión.

“Insensatez” de la expansión piñera en Costa Rica (El Financiero, edición 724, junio del 2009), “Déficit de coherencia” ambiental (El Financiero, edición 740, oct. 2009) evidencian el doble discurso imperante. Con una clara llamada de atención del Estado de la Nación: en el 2008 (Informe XIV) alertaba que “Costa Rica llegó a una situación límite en materia de gestión ambiental, siendo esta condición crítica en cuanto al ordenamiento territorial” (p. 217). Un año después (2009, Informe XV) advertía que “Costa Rica exhibe un ritmo en la demanda por los recursos naturales mayor que la capacidad de su territorio para satisfacerla”. Además, un señalamiento inequívoco al Estado, en particular al Ejecutivo, el cual “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (p. 207).

Las comunidades afectadas presentan recursos ante los tribunales, incluso demandas posteriores por desacato contra alcaldes y/o ministros que incumplen fallos de la Sala IV. Exigen con argumentos de peso establecer moratorias (para el desarrollo inmobiliario en Guanacaste, para nuevas plantaciones de piña, para el otorgamiento de permisos de uso y de construcción en la ZMT en Osa y Golfito). Pero estas y otras demandas, encuentran muy poco eco ante un parco aparato estatal, que pareciera incapaz de aprender lecciones de sus propios yerros.

Una reacción que se hace esperar. Las nuevas autoridades hubieran podido tomar medidas drásticas para mitigar los efectos de esta acelerada degradación ambiental generalizada. En materia de ordenamiento territorial en la GAM, la incorporación de la variable ambiental no se implementa debido a que el INVU no aprueba los planes reguladores. El Tribunal Administrativo Ambiental está bajo amenaza de cierre técnico debido a recortes presupuestarios. Valientes funcionarios del SENARA son objeto de órganos disciplinarios por exigir que su Junta Directiva y su Gerente cumplan con la ley y no induzcan en error a Magistrados (Miguel Ramírez, “Inexistente aval de SENARA a Crucitas”, Página Abierta, 4/05/2010). Un sitio RAMSAR como el humedal de Caño Negro se desangra en la mayor impunidad, rodeado de batallones de empresas piñeras que avanzan inexorablemente hacia él. Las tomas aéreas de un reciente documental de la UNED sobre Caño Negro no parecieran interesar mayormente al MIN(a?)ET.

Si Costa Rica optó desde muchos años por promoverse en el exterior “sin ingredientes artificiales”, y si sus visitantes vienen atraídos principalmente por su belleza escénica y su prodigiosa biodiversidad, flaco favor harían las autoridades en seguir tolerando que se destruya (de manera probablemente irreversible) uno de los principales atractivos del país. Pero el daño no se limita a la atracción de visitantes, o a la acelerada pérdida de especies: está amenazando la sostenibilidad del país. La misma ley orgánica del ambiente (LOA) reza claramente que el daño al ambiente no tiene similitud alguna con otros daños, al precisar que: “constituye un delito de carácter social, (…), económico (…), cultural (…); y ético porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras “(art. 2 inc. e). La LOA cumplió sus 15 años en octubre pasado en el mayor silencio por parte de las autoridades; las cuales, de igual manera, “celebraron” en un pesado silencio el pasado 22 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Biológica.

*Profesor, UCR.

Fuente: Página Abierta-Diario Extra.

CRUCITAS Y LAS LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Allan Astorga Gättgens *

El histórico juicio contra el proyecto minero, ubicado en Las Crucitas ante el Tribunal Contencioso Administrativo que se resolvió el pasado mes de diciembre, a favor de la legalidad y el ambiente y en contra de Industrias Infinito S.A. dejó muchas lecciones importantes que requieren ser repasadas y aclaradas. En particular, dado el hecho que, unos sectores, inmediatamente conocida la sentencia del TCA, salieron a advertir de una supuesta “inseguridad jurídica” a los inversionistas, cuando el verdadero mensaje de esta decisión se inclina por el respeto a la institucionalidad de un país y desnuda los intentos de unos por burlarla.

Lecciones aprendidas: El caso Crucitas, si se revisa con detalle, es similar a un curso intensivo de cómo no se deben tramitar los permisos ante las autoridades de un proyecto de inversión. A modo ilustrativo, ofrecemos 10 lecciones de cómo no se debe proceder:

1. No se deben promover proyectos que destruyan el bosque, cuando existe prohibición de cambio de uso del suelo en zona de bosque. En el caso de Crucitas, desde el año 1996, cuando se aprobó la Ley Forestal, ya existía esa prohibición y esto fue antes de que la minera solicitara la explotación del yacimiento de oro, bajo un bosque.

2. No se debe creer que se puede explotar el oro, si todavía no se tiene la viabilidad ambiental. Crucitas obtuvo en 2001 la concesión para la explotación minera por parte del Poder Ejecutivo, pero condicionado a que obtuviera la viabilidad ambiental. Así resulta manifiesto que el tema del cambio de uso en el bosque, el de los impactos ambientales a generar y el de las medidas a aplicar, deben convencer a la autoridad y a la sociedad para obtener la viabilidad ambiental.

3. Se debe presentar un estudio de impacto ambiental completo, que permita realizar un balance integral sobre el costo beneficio ambiental. El primer estudio de Crucitas fue rechazado por la Setena en el año 2002. No obstante, la empresa insistió y logró que se le solicitara un Anexo, que finalmente fue aprobado en diciembre de 2005. La viabilidad se dio para un diseño de proyecto diferente al que obtuvo concesión en el año 2001 (a mediados de diciembre) y se le dio un plazo de 2 años para iniciar la extracción. Además, el Estudio presentado no cumplía el requisito legal de contar con el refrendo previo del Colegio de Químicos e Ingenieros Químicos.

4. No se debe tramitar la viabilidad ambiental del proyecto mientras esté vigente la moratoria a la actividad minera. Pese a que estaba vigente la moratoria a la minería a cielo abierto promulgada en 2002, la empresa minera insistió con el trámite de evaluación de impacto ambiental. Así, una vez obtenida la viabilidad en diciembre de 2005, no se inició el proceso de extracción, pese al plazo otorgado de 2 años, debido a que no se tramitó ante la Dirección de Geología y Minas la respectiva concesión, la cual, de acuerdo con la Sala Constitucional debería corresponder con el diseño de proyecto que se presentó en el Estudio de Impacto Ambiental.

5. No se debe hacer un cambio significativo en el diseño del proyecto, sin realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. La empresa Infinito Gold, en diciembre de 2007 (otro diciembre...), se presenta nuevamente a la Setena con un documento en el que señala que está haciendo un cambio de diseño (se aumenta la explotación de 6 a 9 años y prácticamente se duplica el tonelaje a explotar), en el que se indican solo los efectos positivos de ese cambio, no así los impactos negativos. La Setena en un periodo muy corto (2 meses), sin solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, en incumplimiento de la Ley del Ambiente y del Código de Minería, le otorga viabilidad ambiental a ese cambio de diseño. Se inhibió así a la sociedad costarricense de poder participar en la decisión.

6. No se pueden plantear dos diseños diferentes a sendas autoridades para un mismo proyecto. La Dirección de Geología y Minas tramitó la concesión minera para un diseño de proyecto diferente al que la Setena le otorgó la viabilidad ambiental, que implicaba una explotación para 10 km2 y además, la afectación del acuífero regional inferior en caso de la Setena, mientras que en caso de la DGM no se autorizaba que se afectara dicho acuífero.

7. No se puede otorgar una concesión de explotación minera estando vigente todavía la moratoria a la minería. El Poder Ejecutivo de la Administración Arias, en su apuro por otorgar la concesión de explotación de oro a Crucitas, otorgó esta en 2008, de forma ilegal, un mes antes de que se levantara la moratoria minera promulgada en el año 2002. A este respecto es de señalar que la Setena afirmó delante de los jueces del TCA no saber de la vigencia de dicha moratoria, algo totalmente inaudito para una entidad de ese rango.

 8. No se puede otorgar una declaratoria de conveniencia nacional y de interés público si no se cuenta con un estudio de costo beneficio ambiental integral. La Administración Arias otorgó dicha declaratoria en octubre de 2008, para un proyecto privado, sin que se realizara un estudio integral de costo beneficio, ni siquiera con un análisis de los costos ambientales de los efectos del desarrollo del proyecto como debió haberse hecho con la realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo para el cambio de diseño.

9. No se debe plantear el desarrollo de un megaproyecto minero a cielo abierto sin un análisis de riesgo integral. Con el cambio de diseño del proyecto, el riesgo inicial se incrementó, no solo en la represa de relaves que en caso de ruptura impactaría el río San Juan, sino por el uso de explosivos y mayor uso de cianuro y de sustancias peligrosas; así como el daño irreversible del acuífero local superior y de impactar de forma directa el acuífero regional inferior que se comparte con Nicaragua, sin contar con una valoración sobre sus efectos regionales de tipo transfronterizo.

10. No se debe plantear la explotación a cielo abierto durante 9 años, dejando la fase de recuperación y control ambiental del cierre por un periodo de 18 meses. Crucitas planteó, en la evaluación ambiental que la fase de cierre tardaría 18 meses, luego de eso, la represa y la laguna de relaves, el lago artificial y otras obras del proyecto quedarían al “garete”, sin que ninguna entidad se hiciera responsable de eventuales daños ambientales. Para colmo de males, la Setena estableció una garantía ambiental de $600 mil, un monto insignificante comparado con el eventual costo de los impactos irreversibles y daños que podría generar el proyecto minero.

A las faltas antes señaladas se suman muchas otras. No obstante, las indicadas demuestran claramente que el proyecto minero planteado tuvo serias e importantes fallas que deben servir de lecciones sobre lo que no se debería permitirle a un proyecto de inversión en Costa Rica.

* Geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica

Fuente: Diario Extra.

PROCURADOR ACEPTÓ NEXO FAMILIAR CON EMPRESARIO

• En caso de Crucitas

PABLO QUIRÓS
pquiros@diarioextra.com

El procurador ambiental, Mauricio Castro, aceptó que tiene nexos familiares con Luis Lizano (su tío) quien figura como dueño de la empresa Grupo 8 Zona Norte, relacionada con Infinito Gold en la Minera Crucitas.

Castro comentó que se dio cuenta de la participación de su tío, aproximadamente en noviembre, tras encontrárselo en los tribunales. Asegura que de inmediato lo comentó a sus superiores, quienes no le solicitaron continuar con el caso. Incluso Castro fue quien elaboró el borrador del recurso de casación, así lo reconoció tras finalizada la comparecencia ante los diputados de la Comisión de Ambiente.

El legislador del PAC, Claudio Monge, comentó que el hecho es muy grave y que Castro debió apartarse desde un principio, sin siquiera consultarlo a sus superiores.

José María Villalta del Frente Amplio externó su preocupación, dado que la Procuradoría es el ente encargado defender al Estado. “Es desastroso para Costa Rica que quienes tengan la obligación de defender el ambiente se presten para este tipo de alianzas con empresas o grupos poderosos”, dijo el diputado.

Ambos legisladores no descartan solicitar la anulación del recurso de casación, ya que así lo establece el artículo 31 de la Ley de la Procuraduría que establece que “se debe anular cualquier resolución si existe vínculo entre un funcionario y un familiar”.

Fuente: Diario Extra.

PROCURADORA NO RENUNCIARÁ Y CANTÓ A DIPUTADO DEL PLN

• Por inducirla al telefonazo con los Arias

PABLO QUIRÓS/KRISSIA MORRIS
pquiros@diarioextra.com
Foto: Gesline Anrango

La procuradora Ana Lorena Brenes afirmó que fue Víctor Hugo Víquez quien le aconsejó que llamara a Rodrigo Arias horas antes de su reelección.

La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, no renunciará al cargo, pese a la solicitud planteada por diputados de la oposición.

La propuesta de los legisladores surge a raíz de la aceptación de conversaciones telefónicas con los hermanos Arias Sánchez antes de su reelección y posteriormente con motivo a la presentación del recurso de casación por el fallo del caso Crucitas.

Dicho reconocimiento tuvo lugar la semana anterior, durante su segunda comparecencia ante los diputados de la Comisión de Ambiente.

DELATÓ A VÍQUEZ

La procuradora Brenes dijo que fue el legislador liberacionista Víctor Hugo Víquez quien le recomendó llamar al ministro Rodrigo Arias justo horas antes de su reelección, en octubre anterior.

Precisamente Víquez se presentó ayer a la comparecencia y se colocó al lado Brenes, lo que causó el cuestionamiento por parte de la oposición, que afirmó que su intención era intimidar a la procuradora, esto por la cercanía que tiene el legislador con los Arias.

“No es bien visto que Víquez llegara a la Comisión porque no lo conocemos precisamente como defensor del ambiente”, indicó Claudio Monge, diputado del PAC.

VÍQUEZ: “SATANIZAN EL TEMA”

El diputado Víquez dijo que Brenes lo llamó para que le diera el apoyo para reelegirse, a lo que le respondió con un sí. “Yo le dije que llamara a don Rodrigo y le pidiera que le ayudara con otros diputados, eso no es ningún pecado”, expresó el herediano.

Al consultarle si él intercedió ante los compañeros para que le dieran el voto dijo no recordar. “Probablemente sí”, afirmó.

Ante el cuestionamiento sobre el posible tráfico de influencias, Víquez lo rechazó contundentemente asegurando que si Brenes necesitaba los votos era comprensible que acudiera a los diputados.

Finalmente, el legislador comentó que el tema se ha satanizado y se está haciendo un circo político.

“Están haciendo perder el tiempo a esta Asamblea”, acotó.

NO RENUNCIARÉ

Ante la consulta del diputado Monge si renunciaría al cargo, la procuradora dijo que no. Reconoció que en su momento valoró la renuncia, sin embargo sostiene que a su criterio no hizo nada indebido al llamar al ex ministro de la Presidencia, ya que estaba consciente de los términos en que hacía la llamada. Los diputados opositores José María Villalta y Claudio Monge no descartan abrir un proceso para destituir a la procuradora de su cargo.

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ANÁLISIS POPULAR

DIPUTADOS Y PRESIDENTA OPINAN

José María Villalta, Diputado Frente Amplio

“Quedó claro la presión que ejercen los diputados liberacionistas, ejemplo de ello fue que llegara Víquez y se sentara a su lado. Siento que eso la intimidó”.

Víctor Hugo Víquez, Diputado PLN

“Efectivamente yo le recomendé que llamara a Rodrigo Arias... No es tráfico de influencias porque si ella necesitaba los votos era importante el apoyo de los líderes”.

Laura Chinchilla, Presidenta de la República

“Si de mi dependiera le diría que no. Ningún funcionario puede controlar quién le llama, lo importante es cómo se comporta este funcionario ante las llamadas”.

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NOTA EXTRA

El diputado Víctor Hugo Víquez prácticamente se metió en la boca del lobo al sentarse al lado de la procuradora, muchos lo vieron como un acto de presión de su parte para que no hablara más de los Arias, sin embargo el delatado fue él.

Fuente: Diario Extra.

SERÁ ILEGAL TRAMITAR PROYECTOS DE MINERÍA EN EL PAÍS

• Decreto fue publicado en La Gaceta

scordero@diarioextra.com

Los grupos ambientalistas se sienten satisfechos con la publicación de la Ley Nº 8904 que prohibirá los proyectos de minería a cielo abierto en el país.

La Ley Nº 8904 para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, que fue aprobada por unanimidad el pasado 9 de noviembre en segundo debate del plenario legislativo que prohíbe la minería a cielo abierto, ya es una realidad por lo cual de ahora en adelante será ilegal tramitar este tipo de proyectos en el país.

El reglamento que tuvo 49 votos a favor fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, gracias a que recibió la firma de la presidenta Laura Chinchilla.

Desde el día siguiente de su aprobación en la Asamblea los grupos ambientalistas solicitaron por escrito al Poder Ejecutivo que diera especial atención y celeridad al trámite correspondiente.

De hecho hace unos día hicieron el reclamo respectivo porque el vicepresidente, Alfio Piva, les había hecho llegar una nota desde el mes de enero explicándoles que la Mandataria ya había firmado la ley y que estaba en proceso de publicación, por lo cual a estos les extrañaba sobremanera que no se hubiera dado hasta el lunes pasado.

En el reclamo que hicieron quienes están en contra de la minería a cielo abierto también estaban involucrados el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre y el director de la Imprenta Nacional, Jorge Vargas, ante lo cual indicaron que el atraso correspondía a una carencia presupuestaria para ejecutar la publicación.

David Rojas, de la agrupación Ni Una Sola Mina, indicó que “esto significa, que a partir de este maravilloso día, es absolutamente ilegal tramitar ante las instituciones del Estado costarricense, proyectos mineros del tipo Crucitas, una vez más, Costa Rica se pone a la vanguardia en materia de protección al medio ambiente”.

Información que trascendió en las últimas horas indica que la ley fue firmada desde el 1 de diciembre. Por lo tanto, para citarla es la Ley Nº 8904 del 1 de diciembre de 2010.

Ante la consulta de DIARIO EXTRA, el Gerente de Relaciones Corporativas y de Comunicación de Industrias Infinito afirmó que “esta publicación se da ante la presión que ejercieron los diputados del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio, por lo que ahora de manera serena nos sentaremos a estudiar el contexto de la reforma y ver cuáles son las acciones legales que se tendrían que tomar contra esta modificación.

Fuente: Diario Extra.

OPOSICIÓN ESPERA HOY RENUNCIA DE PROCURADORA

• Comparecencia continúa en Comisión de Ambiente

PABLO QUIRÓS
pquiros@diarioextra.com

La procuradora Ana Lorena Brenes comparecerá hoy nuevamente ante los diputados.

La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, visitará hoy la Comisión de Ambiente para terminar de responder las preguntas planteadas por los diputados durante su primera comparecencia.

Algunos legisladores de la oposición comentaron que esperan la renuncia de la procuradora después de que reconoció conversaciones con los hermanos Arias antes de su reelección, en octubre anterior, y posteriormente con la presentación del recurso de casación.

Los diputados comentan que ambas acciones restaron credibilidad en el cargo de la procuradora, quien de paso se presentó como una persona independiente al momento de su reelección.

“QUE SIGA A GOYENAGA”

“Yo espero que ella siga el camino de la Ministra de Deportes, quien renunció al cargo. No creo que tenga que aportar mayor información a lo dicho la semana anterior con respecto a los hermanos Arias”, dijo el rojiamarillo Claudio Monge.

Agregó que a su criterio queda demostrado que no tiene independencia.

Monge comentó que presentará una moción ante la Comisión para traer a comparecer a dos personas que son testigos directos y que aportarán informaciones reveladoras respecto al caso Crucitas y las llamadas entre la procuradora, el ex presidente Arias y su hermano Rodrigo Arias.

Aunque prefirió dejar para hoy el dar a conocer quiénes son sus ases bajo la manga.

El diputado oficialista Jorge Angulo comentó que a su criterio Brenes ya dijo lo que tenía que decir y respecto a la renuncia era un tema muy personal.

OTRAS INQUIETUDES

José María Villalta, legislador del Frente Amplio, coincidió con Monge en la espera de la renuncia, sin embargo dijo que aprovecharán para consultar a Brenes sobre su manera de proceder en ambas circunstancias.

“Queremos que responda preguntas concretas de manera instantánea porque, pese a que reconoció muchas cosas, aún tiene varias por aclarar”, acotó Villalta.

Tras finalizada la comparecencia la semana anterior, Brenes reconoció haber evaluado la posibilidad de renunciar. “Por razones personales”, dijo al ser consultada sobre el motivo.

DIARIO EXTRA intentó conversar con la procuradora, sin embargo la encargada de prensa de la Procuraduría aseguró que Brenes no daría declaraciones antes de su visita a los diputados.

Fuente: Diario Extra.

INDUSTRIAS INFINITO SE DECIDIÓ POR CASACIÓN

• Proceso en Sala I duraría de 6 a 9 meses en resolverse

Sandra Cordero G.
scordero@diarioextra.com

La tan esperada decisión de si se presentaba el recurso de casación o no en el caso Crucitas se resolvió ayer, cuando los abogados de la empresa Industrias Infinito se acercaron a la Sala I a darle trámite al documento con el que esperan se dé la resolución para que la empresa pueda retomar sus labores.

El último día que tenían para apelar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo dictada el 24 de noviembre del año pasado, y quedando en firme el 14 de diciembre de 2010, se dio ayer mismo cuando fue presentado el documento.

La empresa Industrias Infinito, que reiteró su respeto al Estado de Derecho, afirmó que presentó el recurso de casación por la institucionalidad, la seguridad jurídica y las comunidades que se han visto perjudicadas con la resolución del Tribunal.

La decisión se tomó luego de que la casa matriz en Canadá, Infinito Gold, instruyera a sus representantes para presentar el recurso de casación ante la Sala I de la Corte Suprema de Justicia
“Infinito Gold Inc., reitera su respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país. El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera”, señaló el gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación, Juan Carlos Obando.

RESOLUCIÓN POLÉMICA

Con la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del pasado 24 de noviembre se anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos.

Además también se derogó el decreto de “Interés Público y Conveniencia Nacional”, dictado por el ex presidente, Óscar Arias Sánchez. Asimismo, el Tribunal aseguró que la empresa habría cometido fraude de ley en la tramitación de los permisos, con la ayuda de funcionarios de entidades estatales, a quienes el Ministerio Público investiga por sus actuaciones, por recomendación de los jueces.

Al consultarle al abogado Bernal Gamboa, representante de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, indicó que “es previsible que fueran a presentar el recurso de casación, ante lo cual ahora nosotros solo tendremos que esperar para ver qué tenemos que alegar en su momento después de que pase por el proceso de preadmisibilidad”.

Fuente: Diario Extra.

QUITAN CONCESIÓN MINERA A CRUCITAS

• Tribunal ordena abrir causa contra ex presidente Óscar Arias

Sandra Cordero G
scordero@diarioextra.com
Fotos: Víctor Benavides

En el momento cuando los jueces salieron de la sala, los abogados ambientalistas aprovecharon para abrazarse y celebrar el fallo, con el cual se eliminaba la concesión de la empresa minera.

Los ambientalistas y personas relacionadas con el caso Crucitas, que se seguía en el Tribunal Contencioso Administrativo desde el pasado 4 de octubre, ayer tuvieron por fin la posibilidad de escuchar el por tanto del fallo, en el cual se ordenó anular la concesión a la Empresa Industrias Infinito para desarrollar el proyecto minero. Además se anularán el decreto de conveniencia nacional, la viabilidad ambiental y el decreto de la corta de árboles, por lo que el ex presidente Óscar Arias, y el ex ministro, Roberto Dobles, deberán rendir cuentas ante el Ministerio Público, adonde se enviará el fallo. El fallo dado por los jueces, Eduardo González, Grace Loaiza y David Fallas, tomó por sorpresa a muchos y con agrado a otros, luego de estar más de mes y medio en juicio para determinar la legalidad de los procesos que le dio el Estado al proyecto minero localizado en Cutris de San Carlos. La anulación de la concesión se debe dar por parte del Registro Minero, según lo indica el Código Minero.
Pero el por tanto no solo hizo que se eliminara la concesión, sino que también ordenó a la Empresa Industrias Infinito, al Estado y al Sistema de Áreas de Conservación (Sinac), a pagar por los daños ambientales causados en la zona y al restablecimiento del equilibrio ambiental.
Para esto deberán crear una cuenta, en la que se depositarán los recursos cuando se haya realizado el debido cálculo.
Para quienes deseen conocer la sentencia completa deberán esperarse hasta el 14 de diciembre cuando se dé la lectura completa.

ENVÍO DE FALLO AL MINISTERIO PÚBLICO

Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo indicaron que se recomendaba enviar el fallo al Ministerio Público para abrirle la causa judicial al ex presidente Óscar Arias Sánchez, y al ex ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles, para que rindan cuentas por el Decreto de Conveniencia Nacional.
Además también deberán ser procesados los funcionarios de la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental vinculados con la declaratoria de interés público de la Mina Crucitas. Se trató de conocer la opinión del Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, pero al cierre de edición de DIARIO EXTRA no había querido brindar declaraciones sobre el tema.

AMBIENTALISTAS CELEBRARON

Al terminar de dar el fallo y al salir los jueces de la Sala Número 2 del Tribunal Contencioso Administrativo los abogados ambientalistas se pusieron a celebrar entre ellos abrazándose y comentando la decisión del trío de jueces. No veían el momento de salir para festejar con las personas que los esperaban en las afueras del antiguo edificio Motorola.
El abogado y representante de Unovida, al salir de la sala, no pudo evitar derramar unas lágrimas de alegría, como él mismo las definió, e indicó que se sentía muy satisfecho con el fallo, porque quedó demostrado que “el poder político y económico del país no puede hacer lo que quiera”, haciendo referencia al decreto de conveniencia nacional, promovido en el gobierno pasado.
En el caso del abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Bernal Gamboa, indicó que “sí esperábamos este veredicto, porque los jueces fueron muy cuidadosos en sus interrogatorios, lo único que no me esperaba era la parte en la que remiten el fallo al Ministerio Público por lo cual tengo que decir que los jueces fueron muy valientes al dar este fallo”.

PREPARADOS PARA IR A CASACIÓN

Los personeros de la Empresa Industrias Infinito S.A. afirmaron que ya tenían previsto que independientemente del fallo se iría a casación y apelarán ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y lo mantienen al afirmar “así estaba previsto, sin sorpresas, ni reclamos”.
Con respecto a las acciones legales que tomará a partir de este momento Industrias Infinito S.A., la compañía esperará la sentencia integral que será dada a conocer el martes 14 de diciembre para su debido análisis y estudio para argumentar la respectiva respuesta ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el futuro de la empresa, que ha invertido $127 millones en Costa Rica, Obando afirmó que Industrias Infinito continuará con su operación normal en el país por la responsabilidad que tiene con sus empleados, con las comunidades y con el Estado costarricense. “No podemos abandonar a las decenas de familias de Cutris y Pocosol que tienen muchos años de esperar el apoyo necesario para salir de la pobreza y seguiremos luchando para ayudarles a progresar”, subrayó Obando.

PRESIDENTA CAUTELOSA

Laura Chinchilla, presidenta de la República, dio declaraciones acerca del fallo de Crucitas y afirmó: “Recordemos que lo que dieron los jueces es el por tanto y ustedes van a requerir una posición del gobierno, por lo que desde ya les adelanto que para nosotros va a ser un poco difícil manifestarnos al respecto hasta no tener en nuestras manos el fallo completo, de manera tal que esa será la posición de nosotros y de la Procuraduría.

¿Qué opina sobre el fallo del Tribunal?

Rocío Carranza
“Creo que es un día hermoso para Costa Rica, la verdad ha ganado, la vida y la verdad, además hemos dejado claro que en el país los derechos humanos se respetan”.
Víctor Rojas
“Resulta increíble que el Tribunal haya fallado no a la minería, si a la vida, extremadamente felices, es un indicador de que todas las acciones realizadas funcionaron.

Rosibel Porras
“La verdad lo esperábamos, teníamos fe en los jueces, quienes fueron tan transparentes desde el principio, y en que todavía podemos creer en el sistema”.

Ricardo Prado
“Es casi que increíble, es inesperado, en este momento estoy en estado de júbilo”.