Publicado por Info el 4 de October de 2010 | 12:10 pm
El gobierno de Chinchilla, inició el 8 de mayo pasado con la firma de un decreto de moratoria para la minería metálica. Con este acto, podría interpretarse que la presidenta lanzaba un mensaje: una de sus prioridades sería la temática ambiental con lo cual, tomaba un rumbo distinto al del gobierno anterior caracterizado por su agresión constante al medio ambiente. Hoy, cinco meses después, la realidad muestra que tal interpretación no es válida y que tampoco cambiaría el rumbo dominante en materia ambiental de los últimos gobiernos. La firma de ese decreto, podría incluso calificarse como propagandístico ya que hasta el momento, todo sigue igual en materia de minería.
Si bien es cierto que la herencia de la administración Arias es nefasta y pesada en materia ambiental, también es cierto que cualquier gobierno puede tomar decisiones e implementar las mismas en la forma que lo desee y de acuerdo a sus promesas de campaña y prioridades. En Costa Rica, el medio ambiente sigue siendo agredido y cada vez más, perdemos oportunidades para empezar a caminar por otras vías que nos ayuden a contar con una mejor calidad de vida. Sin embargo las costas siguen dando cabida megaproyectos turísticos, el agua de Sardinal sigue siendo objeto de disputas debido a intereses de desarrolladores de proyectos inmobiliarios, Crucitas sigue siendo una cruz para el país y las falsas soluciones son el pan de cada día en materia de cambio climático.
Entonces, ¿cómo es posible estar a favor del medio ambiente -al menos discursivamente- y atacarlo al mismo tiempo? Porque para mucha gente, lo ambiental es algo que se restringe a ciertos aspectos de la vida privada de cada persona: si uso menos agua o reciclo o apago las luces … entonces, soy ecologista. Y las políticas del gobierno se dirigen a este tipo de acciones, que si bien son necesarias, no permiten atacar las causas estructurales que provocan la crisis ambiental que vivimos hoy en día. A través de este abordaje no se dice nada del modelo de desarrollo petroadicto que permite la existencia de un deficiente sistema de transporte público y de carga terrestre que favorece el consumo de combustibles. Tampoco puede verse que es el monocultivo, uno de los causantes de la pérdida de bosques y biodiversidad -y por lo tanto pérdida de conocimiento tradicional-. Al mismo tiempo, no se hace la relación entre ambiente y desigualdad social o enriquecimiento de una pequeña parte de la población. Y esta visión, ha sido reforzada en el gobierno de Chinchilla a través de la elección de quienes ostentan cargos de dirección públicos en materia ambiental.
El vicepresidente Alfio Piva proviene, así como la viceministra ambiental Lorena Guevara, del Inbio. Esta institución privada se ha caracterizado por tener y promover una visión mercantilista de la biodiversidad -y por tanto del medio ambiente- a través de la que ha sido su actividad más publicitada, la bioprospección que pocos beneficios le ha dejado al país. Este equipo se refuerza con el canciller Castro, exministro de ambiente y fuerte impulsor de la minería (durante la administración Figueres) y las falsas soluciones al cambio climático.
Además y más allá de las visiones del señor vicepresidente o la señora viceministra, la administración Chinchilla comparte esta visión que es la misma que ha dominado en los gobiernos anteriores. Costa Rica se ha caracterizado a nivel internacional por impulsar políticas e iniciativas que mercantilizan la Naturaleza y que, según lo dice documentación oficial en cambio climático, se pueda generar ganancias económicas a partir de las crisis. De esta forma, el país se ha vendido -y quiere hacerlo con más fuerza según se ha dicho en estos meses- como un lugar donde la inversión privada tendría una ganancia y es la de mercadear sus productos como amigables con el ambiente porque el país es así.
Esta visión se concreta en hechos como los siguientes:
• herencia de la administración Arias: como escribimos líneas arriba y es público y notorio, Oscar Arias se caracterizó por ser un enemigo del ambiente. A través de decretos favoreció los impactos ambientales de varias inversiones privadas, vetó la participación ciudadana en materia ambiental, dejó encaminado un proyecto que elimina la participación ciudadana en órganos públicos donde se toman decisiones -como la CONAGEGIO- e intentó flexibiizar la legislación nacional de protección ambiental(1). ¿Puede un nuevo gobierno eliminar una herencia como esta que nadie quiere? Claro que sí: tomando decisiones sencillas como por ejemplo convocar en sesiones extraordinarias proyectos de ley de trascendental importancia para el país como el de participación ciudadana vetado por Arias. En campaña por ejemplo, Chinchilla se reunión con varios sectores sociales y algunos medios nacionales anunciaron que habría una reunión con el sector ecologista que nunca se llevó a cabo y hasta el momento tampoco ha sido convocada. Esas reuniones las promovió Chinchilla para acercarse a los diversos sectores sociales, darles a conocer su visión y conocer la del sector con el fin de promover mecanismos al menos de comunicación, destruidos por varios gobiernos anteriores;
• el proyecto minero Crucitas sigue siendo una pesada cruz para el país: luego del decreto lanzado el día del traspaso de poderes, la administración Chinchilla se ha caracterizado por no hacer nada para revertir la entrega de nuestro país a esta compañía minera a través de la declaración de su proyecto como de utilidad pública. Se han realizado dos caminatas de 200 kilómetros cada una, campañas de envío de solicitudes a nivel nacional e internacional, realización de numerosos espacios de discusión y la única respuesta del gobierno se dio por intermedio del señor vicepresidente: si estamos contra la compañía minera, el país tendrá que pagarle millones de dólares. Gracias al señor Vicepresidente, la minera aseguró su negocio y su triste declaración pública quedó para la posteridad. Esperamos que la dignidad se recupere en el juicio contencioso administrativo y que la triste historia de este proyecto sea rápidamente olvidada;
• el monocultivo de la piña continua creciendo a pesar de los impactos que provoca en el agua, la biodiversidad y la salud de las personas. Es lamentable esta situación debido a que la ministra de Salud conoce muy bien la situación. Contrario a detener la expansión piñera, se le impulsa a través de la negociación de tratados de libre comercio. Incluso prestigiosos periódicos como The Guardian han publicado videos y extensos reportajes sobre el sabor amargo de la piña costarricense;
• el agua de Sardinal -y de muchas otras comunidades- sigue siendo objeto de los sueños de privatizadores y desarrolladores de complejos turísticos en las costas ya deterioradas de nuestro país. Las instituciones públicas siguen insistiendo en concesiones y abrir los pozos de agua mientras la Sala Constitucional -en un ataque de decencia- jugó a favor de la protección de los acuíferos;
• el cambio climático es un área que muestra la existencia de una visión compartida entre la administración Arias y la de Chinchilla: la gran estrella es la propuesta de carbono neutral que tiene como uno de sus objetivos, vender una marca país para que inversionistas privados se asienten en el país. Además no brinda solución alguna a la crisis climática. El papel del país en las negociaciones internacionales se caracteriza por buscar recursos financieros y apoyar la eternización de la crisis climática. Recientes declaraciones del señor canciller, René Castro así lo confirman: Costa Rica irá a posicionarse para poder tener acceso a mayores recursos económicos porque de las negociaciones de Cancún no saldrá nada. Además es falso, en Cancún puede pasar mucho y en beneficio de todo el mundo: revertir las falsas soluciones, contar con mecanismos que ataquen la deforestación y exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales para detener emisiones de los países industrializados;
• la biodiversidad también ejemplifica un continuismo. La administración Arias, vía decreto promulgó una serie de medidas que erosionaron esta ley. A pesar de las denuncias de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de una serie de acciones legales interpuestas por esta y ampliamente difundidas, la administración Chinchilla no ha derogado esos decretos y no ha hecho nada por fortalecer uno de los cuerpos legales de mayor calidad con la que cuenta el país: la ley de biodiversidad. Y claro que es buena si fue elaborada en forma ampliamente participativa y ha sido defendida por grupos académicos, ecologistas, campesinos e indígenas;
• fortalecimiento de las áreas protegidas: la administración Arias fue la primera en promover la reducción de las áreas protegidas como quedó claro con Baulas. Hace pocos días un tribunal contencioso administrativo degrada la zona protectora Tivives. Mediante acciones fáciles de tomar e implementar, la administración Chinchilla podría fortalecer dichas áreas empezando por las dos señaladas;
• el debilitamiento de la institucionalidad ambiental del país continúa una marcha que se fortaleció más con la aprobación de los tratados de libre comercio. A SETENA, mediante reformas legales, se le quiere dar un papel simbólico por ejemplo.
No creemos que la administración Chinchilla rompa con un legado neoliberal que en materia ambiental, se personifica en numerosos impactos negativos. Tocará, como ha sido la norma, continuar haciendo nuestra labor desde el movimiento ecologista: resistiendo proyectos de muerte, movilizándonos en defensa de nuestros ideales y seguir construyendo un país mejor a través de nuestra agenda transformadora que incluye desde la economía solidaria hasta la soberanía alimentaria o el manejo comunitario del bosque y la biodiversidad.
(1) Para más detalles sobre la administración Arias en materia ambiental puede verse en “La huella verde o desbalance ambiental de la administración Arias” de Mauricio Alvrez, mimeografiado, 6 páginas, julio del 2010.
Fuente: Coecoceiba-AT.
El
7 de diciembre de 1994, Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime
Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO)
murieron en condiciones que todavía no han sido aclaradas. Hace 17
años, la campaña contra la transnacional Stone Container había sido
ganada luego de un duro trabajo llevado a cabo en conjunto con las
comunidades de la Península de Osa. En la madrugada de ese 7 de
diciembre, un incendio cuyas causas no han sido aclaradas, acabó con la
vida de nuestra compañera y compañeros. Siete meses y siete días después
(14 de julio de 1995), David Maradiaga, integrante de la AECO fue
encontrado muerto también. Hoy a 17 años de estos tristes sucesos,
seguimos exigiendo su aclaración y seguimos reclamando justicia.
