Las organizaciones
ambientales, programas universitarios y entidades sociales que firmamos el
presente documento denunciamos ante la opinión pública nacional e
internacional, una serie de irregularidades en materia de gestión ambiental que
se han venido dando en el accionar del Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET) e instituciones bajo el ámbito operacional del viceministerio
citado.
Estas irregularidades exigen una pronta y cumplida
acción de las autoridades superiores para que se inicie la apertura de
expedientes administrativos en sede, así como en la Procuraduría de la Ética, a
fin de que se investiguen y corrijan cuanto antes los graves hechos que a
continuación se señalan:
1. Se ha irrespetado en reiteradas ocasiones la Desconcentración Máxima de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) prevista en la misma Ley Orgánica del Ambiente, de manera tal que se ha convertido a este importante ente en un organismo subordinado a las decisiones y ordenanzas políticas y al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite desvalorizado como instrumento que tutela el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución.
2. Se ha
puesto más recientemente en peligro de daño ambiental a las aguas
subterráneas, uno de los recursos naturales más importantes y estratégicos
del país, por la emisión de lineamientos que irrespetan la desconcentración
máxima o los criterios técnicos de las entidades que las tienen bajo su responsabilidad,
como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA),
cuando se indica (en Acuerdo 4230 de la Junta Directiva de esta entidad del
pasado 31 de octubre del 2011) que no se solicitarán estudios hidrogeológicos
ni de impacto ambiental, a las actividades que sustituyan tanques de
almacenamiento y trasiego de sustancias hidrocarburadas.
3. Se deja de lado el hecho de que casi el 100%
de esas actividades que disponen de tanques de combustible localización en el
76% del territorio del país es un área de recarga acuífera, así como que los
estudios internacionales confirman que los tanques de combustible con más de 20
años, particularmente los subterráneos, representan una fuente de alto riesgo
de contaminación del suelo, subsuelo y de las aguas subterráneas, con el
agravante de que los efectos de contaminación del agua por hidrocarburos tienen
muy serias consecuencias al ambiente y la salud.
4. Se ha evidenciado, por parte del actual viceministro
del MINAET, Andrei Bourrouet, una evidente
falta de conocimientos en materia de protección de aguas subterráneas y
detectado la poca importancia que le da al tema, cuando, por ejemplo, ante
la contaminación del acuífero en Moín por hidrocarburos desde un tanque de
combustible de RECOPE, este declaró (La Nación, 25/05/2011, p. 4.A) que: “ese
tipo de contaminaciones son comunes en plantas refinadoras”, mostrando una
actitud displicente en vez de solicitar las sanciones que establece
la Ley del Ambiente por daño ambiental para las entidades responsables de dicho
daño, así como una investigación profunda de la situación ambiental de RECOPE y
de otros planteles de esta entidad en todo el país.
5. Se ha dado una interpretación incorrecta y
antojadiza a la Ley 8220 (Ley que protege al ciudadano del exceso de trámites
del Estado), en la medida de que lo que se ha promovido es la eliminación
de requisitos de estudios hidrogeológicos o de impacto ambiental, a la
sustitución de tanques de combustible; cuando lo que corresponde es la publicación de los procedimientos y
reglas que operan en las diferentes instancias bajo su cargo.
6. Se ha
mostrado una clara actitud de beneficiar a un sector en específico sin que se
dé la debida y real importancia a la protección del ambiente, y en
particular de las aguas subterráneas, como lo muestra y documenta el Acuerdo
4230 del SENARA, en el que el citado viceministro, en una reunión con el
Secretario General de la SETENA, el Director de Hidrocarburos y el Gerente del
SENARA, deciden unilateralmente y sin que mediara un discusión técnica
apropiada y en claro irrespeto a la legislación vigente y a la autonomía de
criterio de las entidades en cuestión, eliminar requisitos técnicos sin ninguna
justificación concreta.
Ante las graves anomalías precitadas, exigimos de la
manera más vehemente y enérgica la renuncia o despido del viceministro Andrei Bourrouet
a la brevedad posible, por el claro incumplimiento de sus funciones al dejar de
velar por los intereses públicos que nos asisten como ciudadanos
costarricenses.
ENTIDADES FIRMANTES:
Asociación Ambiental
del Norte de San Rafael de Heredia - Asociacion de Desarrollo para la Ecologia - Asociación de Ecología Social (AESO) - Bloque
Verde - Bosques Nuestros - COECOCEIBA
- Amigos de la Tierra - Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel (Santo
Domingo de Heredia) - Comisión de Ambiente de la FEUNA
- Confraternidad Guanacasteca - Coordinadora Ni una sola
mina - Coronado por la naturaleza - Fundación para la
Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales (FUPROVIRENA) - Grupo
de Apoyo Ambiental del Movimiento Democrático de Oreamuno - Llamado
Urgente por el Pais - Mujeres Unidas en Salud y
Desarrollo - MUSADE - (San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega y
Zarcero) - Oilwatch Costa Rica
- Red Activa de Derechos Humanos - Red de Coordinación en
Biodiversidad - Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Cifras de la empresa y gobierno pasaron de $256 millones a $1.700 millones