Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)
San
José, 20 dic (elpais.cr) – Dos académicos costarricenses solicitaron a
la opinión pública, estar alerta ante una decisión de la Sala
Constitucional de anular la jurisprudencia, utilizada por la Sala
Primera en el caso de la minera canadiense Infinito Gold.
Una
decisión en tal sentido, sostienen, pondrá en conflicto el sistema
jurídico costarricense y dará cabida a los intereses de la transnacional
para llevar a Costa Rica a un tribunal internacional, aspiración
reiterada por funcionarios y abogados de la empresa.
La alerta la
hicieron el abogado Walter Antillón Montealegre y el sociólogo José
Luís Vega Carballo, miembros de la Red Costarricense para el
Constitucionalismo Democrático.
En un pronunciamiento, divulgado
en este medio en la sección Opinión, ambos prestigiosos académicos
alertan acerca de la grave amenaza que puede significarle a nuestro País
una decisión errada de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia.
Recuerdan que desde el pasado 11 de noviembre, es
pública la noticia del extravío de un borrador de sentencia de la Sala
Primera de la Corte, relacionado con el proyecto minero ubicado en Las
Crucitas.
La transnacional canadiense Industrias Infinito Gold
S.A. tuvo acceso a ese documento de trabajo, en un momento en que la
información contenida en el mismo era secreta; y la utilizó para
sustentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional
de la Corte. El caso es objeto de investigación por el Ministerio
Público.
En Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, a tres
kilómetros del río San Juan, la empresa foránea ha pretendido construir
una mina de oro a cielo abierto, pero el Tribunal Contencioso
Administrativo (TCA), eliminó los permisos ilegales y un decreto de
Interés Público y Conveniencia Nacional, emitido por el ex presidente
Oscar Arias.
La Sala Primera en sentencia, por unanimidad de los
cinco magistrados, decidió mantener el fallo del TCA y sepultó
legalmente el proyecto minero Crucitas (Ver aquí Sentencia Completa).
Filtración
Antillón
Montealgre y Vega Carballo denuncian que, pese a innumerables opiniones
vertidas en distintos medios, exigiendo a la Sala Constitucional un
rechazo "ad portas" de aquella acción, basada en el conocimiento previo
de un documento filtrado de manera fraudulenta a un tribunal de la
República, “los Magistrados de la Sala Constitucional se han mantenido
reservados al día de hoy, y ello es altamente preocupante”.
“Porque
si un recurso judicial elaborado con base en documentos espurios
filtrados a un tribunal, como ocurre en este caso, es aceptado, la Sala
Constitucional estaría cohonestando el ilícito, y con ello sentando un
gravísimo precedente para nuestro sistema judicial”, explican los
académicos.
Resaltan que “en todo caso obsérvese que desde el
punto de vista jurídico ya no existe el “asunto pendiente” a que se
refiere el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
debido a que la Sala Primera falló el caso el pasado 30 de noviembre del
2011, confirmando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo
de 14 de diciembre del 2010, tornando insubsistente uno de los
presupuestos procesales de la acción”.
Pero además, aseguran,
“en el plano de la oportunidad, está un grave riesgo, que la Sala
Constitucional nos estaría haciendo correr como País, al acoger por la
vía de la inconstitucionalidad cualquiera de las pretensiones de la
empresa minera; porque con ello franquearía el camino de un eventual
arbitraje internacional a instancias de Infinito Gold: en varias
ocasiones los representantes de la empresa han planteado esta opción; y,
de manera sistemática, en comunicados a sus inversionistas, han
insistido en la inminencia de un conflicto entre la jurisprudencia de la
Sala Primera y la de la Sala Constitucional de la Corte. Acoger
entonces, a estas alturas, algún recurso por parte de la Sala
Constitucional significaría permitirle a la empresa minera confirmar
esta supuesta tesis ante un tribunal arbitral a nivel internacional”.
“Como
ciudadanos comprometidos con la vigencia de nuestro sistema
democrático, y atentos a los riesgos que significa un error de
apreciación de nuestros magistrados, exhortamos a la comunidad nacional a
exigir a la Sala Constitucional que respete nuestro ordenamiento y no
se preste a abrir una peligrosa Caja de Pandora de incalculables daños
para Costa Rica”, concluyen Walter Antillón Montealegre y José Luis
Vega Carballo, en representación de la Red Costarricense para el
Constitucionalismo Democrático.
Cabe recordar que el abogado y
apoderado de la empresa, el constitucionalista Rubén Hernández Valle
dijo al Semanario Universidad que la “última palabra no está dicha”.
El
abogado minero aseguró que el proceso “no ha terminado”, ya que todavía
queda la instancia de la Sala Constitucional con la que esperan que los
magistrados acojan una acción interpuesta por el otro abogado de la
minera, Juan Carlos Hernández.
Hernández Valle recalcó que “los
tribunales contencioso-administrativos no pueden fallar contra la
jurisprudencia de la Sala Constitucional, por lo que veremos qué dice
esta Sala”.
Sin embargo, los abogados ambientalistas durante el
juicio contra la minera fueron enfáticos al reiterar la inviabilidad de
esta acción de inconstitucionalidad.
Álvaro Sagot, abogado que
representó durante el juicio al biólogo Jorge Lobo, explicó que para
que la acción sea acogida se necesita que exista un juicio previo, donde
se discuta algún aspecto en el que se podría considerar la
inconstitucionalidad.
“Al haber terminado el caso en Sala
Primera, la acción debe ser rechazada; es decir, no tiene sentido, ni
sustento”, concluyó Sagot.
Para Bernal Gamboa, abogado de la
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS),
existiendo una sentencia en firme, la posibilidad de que la Sala
Constitucional admita la acción interpuesta por la empresa minera
generaría un “pulso terrible” entre las dos salas.
Fuente:
elpais.cr.
