Cifras de la empresa y gobierno pasaron de $256 millones a $1.700 millones
Fuente:
elpais.cr
Organizaciones ambientalistas de Costa Rica y un legislador pusieron en entredicho la actuación de un asesor del Gobierno, quien valoró en 1.700 millones de dólares la indemnización que debería pagar el Estado en caso de rescindir el contrato con la transnacional minera canadiense Infinito Gold.
Hace cinco años, la transnacional reclamaba ante un tribunal internacional una indemnización por $236 millones, mientras que hasta la actualidad se calcula que no ha invertido $35 millones de los $66 que pretende invertir para extraer 85.000 onzas de oro en una década.
El gobierno Laura Chinchilla enfrenta en la actualidad presión para que derogue un decreto de Oscar Arias (2006-2010), que declaró “de interés público y conveniencia nacional” la construcción de la mina Crucitas a cielo abierto, en la Región Huetar Norte, a menos de tres kilómetros con el río San Juan, Nicaragua.
Al viceministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Andrei Bourruet, se le achaca su cercanía con la transnacional, desde el 2001, ya que en diciembre de ese año recomendó la concesión de explotación a la transnacional.
En esa época, Bourruet se desempeñaba como asesor de la titular de la cartera, Elizabeth Odio Benito.
Posteriormente, el actual funcionario aparecía en listas de correos electrónicos enviados por el jefe de prensa Infinito Gold. Andrés Soto, a un grupo de simpatizantes de la minera, así como a periodistas.
Para el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, esa actuación le resta autoridad al funcionario y actual asesor de la Presidente de la República, Laura Chinchilla, y al vicepresidente, Alfio Piva, para determinar que no se prohibirá el funcionamiento de la mina.
Asimismo, en fuentes de las organizaciones ambientalistas trascendió que Bourruet fue quien habría hecho los cálculos de que habría que pagarle una indemnización por $1.700 millones a Infinito Gold, en caso de que se prohíba su funcionamiento.
Además, ecologistas recordaron a este medio que el funcionario fue quien redactó el decreto de moratoria a la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica, firmado el 8 de mayo anterior, cuando la mandataria asumió su cargo.
Reclaman que el funcionario ignoró una propuesta mucho mejor elaborada por abogados expertos en el tema ambiental, que cerraría las puertas a la construcción de nuevas minas, mediante concesiones otorgadas en gobiernos anteriores.
Cabe recordar que Infinito Gold había interpuesto una demanda ante un tribunal del Banco Mundial, para que Costa Rica la indemnizara con $236 millones, porque la sala Constitucional había declarado nula la concesión.
En el 2005, Infinito Gold retiró la demanda tras haber obtenido la aprobación de un estudio de impacto ambiental, por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y que es el documento que sirve legalmente como aval a la minera, a pesar de que se cambio el diseño y la magnitud del hueco que se construirá en Crucitas.
Ecologistas cuestionan ahora de dónde sacó Bourruet los datos de $1.700 millones de dólares, que le aportó a Piva, para indemnizar a la transnacional canadiense.
Sobre el tema, el Grupo Llamado Urgente por el País sostiene que “una primera concesión de explotación minera fue otorgada a Industrias Infinito S.A. mediante resolución No. 578-2001-MINAE de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001”.
“Sin embargo, la Sala Constitucional la anuló por inconstitucional, mediante el Voto No. 2004-13414 del 26 de noviembre de 2004, por violación del principio preventivo y del derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del artículo 50 de la Constitución Política, al haber sido otorgada la concesión de explotación minera sin la aprobación previa del estudio de impacto ambiental”, recordó.
“Esto quiere decir que al momento de asumir el Poder el Presidente Arias, el 8 de mayo de 2006, Industrias Infinito S.A. no era titular de ninguna concesión de explotación minera”, sostiene Llamado Urgente.
Posteriormente, ante solicitud presentada por Industrias Infinito S.A. el 30 de mayo del 2007, el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, mediante la resolución No. 217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008 resolvieron como punto primero: “Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., cédula de personería jurídica N° 3-101-127121” (p. 14 de la Gaceta Oficial del 20 de mayo del 2008 antes citada). Independientemente de los vicios de nulidad que pueda tener esta resolución del 21 de abril de 2008, es claro que la concesión de explotación minera otorgada en ese acto por el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente a Industrias Infinito S.A., es una concesión nueva y distinta de la otorgada en diciembre de 2001, sostiene Llamado Urgente.
Para poder otorgar esta nueva concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, a través del Decreto No. 34492-MINAE del 18 de marzo de 2008, derogaron el Decreto No. 30477-MINAE del 5 de junio de 2002 que declaraba la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. Sin embargo, el referido Decreto No. 34492-MINAE no entró en vigencia sino hasta la fecha de su publicación en La Gaceta No. 107 del 4 de junio del 2008, por lo que la resolución del 21 de abril de 2008, a través de la cual se otorgó la nueva concesión de explotación minera, fue emitida cuando aún estaba vigente la moratoria establecida en el Decreto No. 30477-MINAE. VER: (http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com)
Sobre el tema el diputado Oviedo, del PAC, aseguró que a Piva “no le corresponde señalar cuál es la cifra correcta de indemnización; pretender hacer eso sería completamente improcedente”.
Además, Oviedo cuestiona “¿por qué razón sale el señor Vicepresidente de la República diciendo que hay que indemnizar por mil setecientos millones?, ah, pero ¡qué caray!, como decía y he señalado, en otras oportunidades, un ex presidente, ya vamos hilando, ya vamos uniendo los cabos”.
Recordó además que “hay un correo electrónico de don Andrés Soto, (del que este medio recibió copia en esa época), asunto, comentario de Canara, canal… 13 de agosto de 2009, para, y entre ellos cita a varias empresas y, además, amigos de la compañía minera, y por qué digo esto, porque los conozco a todos, y uno de ellos es don Andrei Bourrouet”.
Finalmente, ambientalistas advirtieron que Bourruet esta a cargo de una reestructuración de la SETENA y del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), lo que genera desconfianza sobre la política ambiental de la presidente Chinchilla.
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