Fuente: Carlos Salazar Fernández | 2012-02-21
Un ambientalista se manifiesta contra la compañía minera Infinito Gold. elpais.cr/archivo
San José, 21 feb (elpais.cr) – Las fiscalía Adjunta de Probidad y la Adjunta Agrario Ambiental, indagaron la tarde de este lunes a la ex Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Sonia Espinoza, por supuesto delito de prevaricato en el caso de la minería en Crucitas.
A Espinoza se le investiga porque en octubre de 2008, emitió un documento con información, aparentemente falsa, informó una fuente oficial del Ministerio Público (Fiscalía).
Los fiscales hicieron llegar a su oficina a Espinoza como sospechosa del delito de prevaricato en su modalidad de cómplice. Los fiscales indagan posibles delitos y responsabilidades de varios funcionarios públicos, incluido el ex presidente Oscar Arias Sánchez.
Cuando en octubre del 2008, Espinoza fungía como Secretaria General de la Setena, emitió un documento con información, supuestamente falsa, a fin de darle la apariencia de legalidad a un Decreto Ejecutivo del 13 de octubre de 2008, que declaró al proyecto minero “Crucitas” de conveniencia nacional.
Dicho decreto pretendía dar vía libre al proyecto minero Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, propiedad de la transnacional canadiense Infinito Gold, que pretendía extraer un mínimo de 800 mil onzas de oro.
El Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, y la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental integran un equipo de fiscales que desarrollan diversas vertientes de la investigación y que han recabado abundante prueba en los últimos meses.
El prevaricato lo comete el funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o las fundamente en hechos falsos.
Tanto el Tribunal Contencioso Administrativo como la Sala Primera de la Corte, ordenaron investigar a: Oscar Arias Sánchez: ex presidente de la Republica; Roberto Dobles, ex ministro de Ambiente; Sonia Espinoza Valverde: Secretaria General de Setena; Eduardo Murillo Marchena, funcionario de Setena; Francisco Castro Muñoz: Director de Geología y Minas; Cynthia Cavallini, abogada de Geología y Minas; Sandra Arredondo li, quien supervisó la tala de árboles en 63 hectáreas, y Arnoldo Rudín Arias, Gerente General de Industrias infinito.
Durante el juicio en Contencioso, igual que ante la Sala Constitucional, Espinoza se refirió al estudio de impacto ambiental (EIA) que aprobó la Setena para que Industrias Infinito pudiera extraer oro en Crucitas.
Dijo que el documento fue aprobado y luego modificado, con el beneplácito de la Secretaría. Según Espinoza, el trámite fue correcto, pero los abogados ambientalistas, Edgardo Araya, Bernal Gamboa y Álvaro Sagot alegaron que los cambios al documento no siguieron el debido proceso, y eso invalidaba el permiso minero.
Ante el Contencioso, Espinoza declaró que no sabía del decreto de moratoria de la minería de oro a cielo abierto, cuando fueron tramitados estudios para otorgar los permisos correspondientes.
Además, reconoció que no sabía que existía la moratoria de minería cuando se tramitaban las viabilidades ambientales, la del 2005 y la modificación del 2008.
"No me acuerdo, no sé, no preciso", fueron las respuestas más comunes de la ex funcionaria, cuando fue interrogada por los abogados ambientalistas demandantes.
Espinosa había sido conducida a declarar al Tribunal Contencioso Administrativo por la policía, tras negarse reiteradamente a rendir su testimonio.
Expediente
Por otra parte, el abogado Sagot Rodríguez, consultado sobre el caso que se lleva en la Fiscalía, dijo que sobre el decreto minero de Oscar Arias “no existían en el expediente, estudios que le dieran el sustento técnico, jurídico, social, económico”.
Recordó que los jueces mandaron a secuestrar el expediente del decreto minero a la Oficina de Leyes y decretos de casa Presidencia, y se verificó que faltaba “sustento jurídico”.
“Faltaba sustento técnico, económico, social para el cambio en el uso de suelo”, añadió.
Por otro lado, cabe recordar que, según el Exp: 08-014068-0007-CO, Espinoza en escrito presentado ante la Sala IV el 3 de diciembre de 2008, manifestó que “es competencia del Presidente y del Ministro del ramo declarar un proyecto de conveniencia nacional, sobre la cual SETENA no tiene injerencia alguna”.
Además, indicó que “SETENA no determina la corta de árboles sino que ello le corresponde al SINAC. Lo que respecta a su competencia SETENA lo que analiza son los impactos ambientales del proyecto. Reitera que el área a impactar no es 192 hectáreas sino de 191.77 y reitera los fundamentos que ha dado en los informes anteriores”.
A Espinoza se le investiga porque en octubre de 2008, emitió un documento con información, aparentemente falsa, informó una fuente oficial del Ministerio Público (Fiscalía).
Los fiscales hicieron llegar a su oficina a Espinoza como sospechosa del delito de prevaricato en su modalidad de cómplice. Los fiscales indagan posibles delitos y responsabilidades de varios funcionarios públicos, incluido el ex presidente Oscar Arias Sánchez.
Cuando en octubre del 2008, Espinoza fungía como Secretaria General de la Setena, emitió un documento con información, supuestamente falsa, a fin de darle la apariencia de legalidad a un Decreto Ejecutivo del 13 de octubre de 2008, que declaró al proyecto minero “Crucitas” de conveniencia nacional.
Dicho decreto pretendía dar vía libre al proyecto minero Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, propiedad de la transnacional canadiense Infinito Gold, que pretendía extraer un mínimo de 800 mil onzas de oro.
El Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, y la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental integran un equipo de fiscales que desarrollan diversas vertientes de la investigación y que han recabado abundante prueba en los últimos meses.
El prevaricato lo comete el funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o las fundamente en hechos falsos.
Tanto el Tribunal Contencioso Administrativo como la Sala Primera de la Corte, ordenaron investigar a: Oscar Arias Sánchez: ex presidente de la Republica; Roberto Dobles, ex ministro de Ambiente; Sonia Espinoza Valverde: Secretaria General de Setena; Eduardo Murillo Marchena, funcionario de Setena; Francisco Castro Muñoz: Director de Geología y Minas; Cynthia Cavallini, abogada de Geología y Minas; Sandra Arredondo li, quien supervisó la tala de árboles en 63 hectáreas, y Arnoldo Rudín Arias, Gerente General de Industrias infinito.
Durante el juicio en Contencioso, igual que ante la Sala Constitucional, Espinoza se refirió al estudio de impacto ambiental (EIA) que aprobó la Setena para que Industrias Infinito pudiera extraer oro en Crucitas.
Dijo que el documento fue aprobado y luego modificado, con el beneplácito de la Secretaría. Según Espinoza, el trámite fue correcto, pero los abogados ambientalistas, Edgardo Araya, Bernal Gamboa y Álvaro Sagot alegaron que los cambios al documento no siguieron el debido proceso, y eso invalidaba el permiso minero.
Ante el Contencioso, Espinoza declaró que no sabía del decreto de moratoria de la minería de oro a cielo abierto, cuando fueron tramitados estudios para otorgar los permisos correspondientes.
Además, reconoció que no sabía que existía la moratoria de minería cuando se tramitaban las viabilidades ambientales, la del 2005 y la modificación del 2008.
"No me acuerdo, no sé, no preciso", fueron las respuestas más comunes de la ex funcionaria, cuando fue interrogada por los abogados ambientalistas demandantes.
Espinosa había sido conducida a declarar al Tribunal Contencioso Administrativo por la policía, tras negarse reiteradamente a rendir su testimonio.
Expediente
Por otra parte, el abogado Sagot Rodríguez, consultado sobre el caso que se lleva en la Fiscalía, dijo que sobre el decreto minero de Oscar Arias “no existían en el expediente, estudios que le dieran el sustento técnico, jurídico, social, económico”.
Recordó que los jueces mandaron a secuestrar el expediente del decreto minero a la Oficina de Leyes y decretos de casa Presidencia, y se verificó que faltaba “sustento jurídico”.
“Faltaba sustento técnico, económico, social para el cambio en el uso de suelo”, añadió.
Por otro lado, cabe recordar que, según el Exp: 08-014068-0007-CO, Espinoza en escrito presentado ante la Sala IV el 3 de diciembre de 2008, manifestó que “es competencia del Presidente y del Ministro del ramo declarar un proyecto de conveniencia nacional, sobre la cual SETENA no tiene injerencia alguna”.
Además, indicó que “SETENA no determina la corta de árboles sino que ello le corresponde al SINAC. Lo que respecta a su competencia SETENA lo que analiza son los impactos ambientales del proyecto. Reitera que el área a impactar no es 192 hectáreas sino de 191.77 y reitera los fundamentos que ha dado en los informes anteriores”.
Fuente: elpais.cr.
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