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18 de enero de 2012

SETENA rechaza reapertura de mina Bellavista

SETENA rechaza reapertura de mina Bellavista
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) rechazó hoy el trámite del expediente D1-5490-2011, con el cual se pretendía revivir la mina de oro a cielo abierto Bellavista, en Miramar de Puntarenas.

Según informó hoy la organización “Ni Una Sola Mina” el expediente en cuestión fue archivado, y ahora la empresa Metales Procesados M.R.W S.A tiene tres días a partir de la notificación para interponer los recursos de revocatoria ante SETENA y de apelación ante MINAET.

UNIVERSIDAD informó en la edición de esta semana que la empresa minera pretendía construir un tubo de 7,8 kilómetros de largo desde la zona de la mina hasta una nueva planta de beneficiado de oro.

El Secretario de General de SETENA, Uriel Juarez, reconoció a UNIVERSIDAD en una entrevista en 2011 que si la planta que se pretendía construir para revivir la mina se construía en un lugar distinto al del proyecto original, la solicitud tendrían que ser rechazada por la moratoria vigente a la actividad minera en el país.

La mina Bellavista colapsó en 2007 al darse la ruptura de una geomembrana que contenía material de desecho del proceso de beneficiado de oro, el cual contiene cianuro; por lo que la operación fue paralizada.

Reactivación de mina Bellavista está en manos de la SETENA

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) analiza la solicitud de la empresa Metales Procesado MRW S.A para que le otorgue una viabilidad ambiental a su proyecto de reactivar la mina Bellavista, en Miramar de Puntarenas.

La mina Bellavista fue cerrada en el año 2007 luego de que se produjeran derrumbes en la zona de extracción del oro y colapsara una de las geomembranas que contenía el material residual combinado con cianuro.

La SETENA recibió el año anterior un “formulario D1” por parte de esta empresa, la cual pretende construir una gran tubería que traslade el material con oro desde el lugar donde se encontraba originalmente el proyecto, hasta unos 7,8 kilómetros de distancia, donde se encuentra la quebrada Agua Buena, para darle ahí el proceso industrial.

Los ambientalistas opuestos al proyecto solicitan a la SETENA que se rechace el trámite de la empresa minera, pues consideran que cualquier nuevo proyecto de minería está impedido por la moratoria que declaró el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla al iniciar su administración.

NUEVO PROYECTO

El proyecto de la empresa Metales Procesado MRW S.A para reactivar la mina Bellavista consiste en la construcción de una planta de beneficiado de oro a unos 7,8 kilómetros “más abajo” del área original del proyecto.

Según la descripción de proyecto que realiza la empresa, contenido en el expediente D1-5490 SETENA, la construcción de la tubería es solo una de las opciones que se contemplan para trasladar la “mena” en forma de lodo (agua y roca molida).

“Esta tubería sería de polietileno de alta densidad, tendría un diámetro aproximado de 8 pulgadas, y se construiría enterrada a lo largo de la zona, y de forma aérea en los paso de los ríos Ciruelas, Naranjo y Naranjito (…)”, señala el documento  Descripción del Proyecto en el expediente.

De no prosperar la idea de una tubería, la empresa también plantea  la posibilidad de transportar el material por tierra (por medio de vehículos), para llevarlo hasta una planta donde se ubicarían los tanques de lixiviación, donde el cianuro liberaría el oro.

Tras pasar por un sistema que reduce la concentración de cianuro a “niveles aceptables de acuerdo con el Código Internacional de Cianuro”, el material residual se depositaría en un embalse de 38 hectáreas y con una capacidad para 4,5 millones de metros cúbicos.

La Comisión Plenaria de la SETENA recibió a los representantes de la empresa en una audiencia el pasado 6 de julio, donde el apoderado Donald Brown aseguró que la minera ha invertido cerca de $9 millones en un programa de recuperación ambiental y un programa social en Miramar de Puntarenas.

El abogado de la empresa, Walter Niehaus, indicó que los “derechos adquiridos” por la empresa no fueron afectados por el decreto de moratoria de la administración Chinchilla, y aseguró que la intensión es pasar de un “beneficiamiento a cielos abiertos” a un “beneficiamiento cerrado” en tanques.

“SE SALEN DEL ÁREA DEL PROYECTO” 

Julio Mülller, de la organización Miramar al Grano, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar frenar este proyecto, pues considera que este  no se puede realizar tras el decreto de moratoria del presente gobierno.

Según explicó Mülller a UNIVERSIDAD, existe preocupación porque se quiere instalar una gran tubería que traslade lodo, y que contaminaría gran cantidad de agua en su proceso, así como la construcción de una enorme represa para depositar los residuos.

“Originalmente eran 12 millones de toneladas las que iban a producir de residuos, ahora lo redujeron a 4,5 millones. Siempre es una cantidad enorme porque la pila que colapsó en 2007 solo tenía tres millones de toneladas”, comentó el activista.

Müller recordó que el decreto de moratoria incluye claramente las actividades de exploración, explotación y beneficiamiento de oro, por lo que la solicitud de la minera debería ser rechazada “ad portas” por parte de SETENA.

Además, argumentó que la nueva planta de beneficiado se construirá en un lugar distinto al del proyecto original, por lo que debe considerarse como un proyecto nuevo, que de hecho, se está archivando en un expediente distinto en la SETENA.

Mülller recordó que en una entrevista dada a UNIVERSIDAD el 15 de junio del 2011, el secretario general de SETENA, Uriel Juárez, aseguró que si el nuevo proyecto se salía del área que había sido autorizada para el proyecto anterior, ya no se podía tramitar.

“Si se salen del área del proyecto actual, habría que hacer uno nuevo, y la legislación vigente prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro; con solo eso no le podríamos dar ningún trámite”, respondió entonces Juárez.

El propio Ronald Brown reconoció ante la pregunta de una integrante de la SETENA, que en este momento “se están comprando propiedades en ese sector para ubicar el área de beneficiamiento”, lo que deja claro que la planta estaría instalada fuera del área que se dio en concesión.
El ambientalista se manifestó preocupado de que la SETENA ceda a las presiones y autorice a la empresa a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues considera que con eso estaría legitimando la reactivación de la mina.

QUE NI LA UCR LO PUEDA “VOLAR” 

Mauricio Álvarez, del programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, comentó que ellos también fueron recibidos por la Comisión Plenaria de SETENA, donde se les indicó que aún el departamento legal estaba trabajando para determinar si la propuesta de la empresa implica o no una nueva actividad.

“En Kioscos les dijimos que íbamos a hacer una fiscalización de lo que ha sido el expediente y poner la  investigación que hiciéramos al servicio de la comunidad y de las organizaciones ambientales, que están dispuestas a utilizar los mismos mecanismos que en el caso de Crucitas para detener el proyecto”, comentó Álvarez.

El universitario llamó la atención respecto de una declaración que dio el Director Técnico de la SETENA, Esaú Chaves, durante la audiencia del 6 de julio del 2011 con los personeros de la empresa.

“Yo espero que ese D1 traiga un asidero legal tan fuerte elaborado por ustedes dos supongo, destacados abogados, que nos den a nosotros luz y claridad para decir si puede salir sin ningún problema y no nos venga luego la Asamblea Legislativa, la UCR, etc,etc. a volar esa (…)”, manifestó Chaves según consta en las actas de la audiencia.

Álvarez aseguró que la construcción de una tubería o de trasladar el material a una planta de beneficiado era parte del proyecto original de la mina, pero fue desechado al ser mecanismos más costosos.

“Ellos esperaban sacar unas 300 mil onzas de oro, y no creo que sacaran ni 100 mil. Con el precio del oro como está, a casi $2000 la onza, claro que es buen negocio invertir unos $10 millones y sacar más de $200 millones de ganancia”, afirmó Álvarez.


Embargan garantía ambiental de $600.000 en el caso Crucitas

La garantía ambiental de $600.000 que entregó la empresa Industrias Infinito para tramitar el proyecto minero en Las Crucitas, fue embargada y será utilizada para pagar las costas del proceso, daños y perjuicios. 

Así lo indicó a UNIVERSIDAD el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien explicó que el embargo se da en respuesta a una gestión que se realizó previo a la ejecución de la sentencia, en la que tanto el Estado costarricense como el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) fueron también señalados como responsables.

Sagot comentó que la pretensión de la parte demandante es que sea la empresa la que pague los daños monetarios y perjuicios, por lo que celebró el embargo de la garantía ambiental por parte de los tribunales.

El abogado aseguró que ahora la parte demandante está en busca de que se apruebe la conformación de una comisión de expertos por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para que sea esta la que determine el monto del daño ambiental causado en Crucitas.

Sagot detalló que la solicitud fue rechazada de momento, pues el CONARE no forma parte del proceso; y esta valoración no la pueden realizar ni el Ministerio del Ambiente, ni el SINAC, pues son partes demandantes.

Una de las opciones que manejan los ambientalistas es buscar un convenio con el Instituto de Políticas de Sostenibildad, que ha sido el encargado de desarrollar la metodología de valoración ambiental.

“Si tuviéramos este convenio, entonces la empresa tendría que ser la encargada de pagarle al Instituto por este trabajo. Al menos esa es la experiencia que he tenido en otros casos en el Tribunal Ambiental”, comentó Sagot.

8 de diciembre de 2011

Empresa minera esperanzada en que Sala IV revierta sentencia contra mina Crucitas

La Fuente de la Hispanidad fue el centro de celebración luego de conocerse el voto de la Sala Primera, que ratificó la sentencia del Tribunal Contencioso en contra de la empresa Industrias Infinito. (Foto: Katya Alvarado)
Mientras que los ambientalistas involucrados en el caso de la mina en Las Crucitas de San Carlos celebran el voto de la Sala Primera, que ratifica la histórica sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, los abogados de la transnacional Industrias Infinito afirman que la “última palabra no está dicha”.
Así lo mencionó a UNIVERSIDAD Rubén Hernández Valle, apoderado especial de la empresa Industrias Infinito, quien al responder consultas hechas por correo electrónico dijo que el proceso “no ha terminado”, ya que todavía queda la instancia de la Sala Constitucional con la que esperan que los magistrados acojan una acción interpuesta por el otro abogado de la minera, Juan Carlos Hernández.
Hernández Valle recalcó que “los tribunales contencioso-administrativos no pueden fallar contra la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por lo que veremos qué dice esta Sala”.
Sin embargo, los abogados ambientalistas durante el juicio contra la minera fueron enfáticos al reiterar la inviabilidad de esta acción de inconstitucionalidad.
Álvaro Sagot, abogado que representó durante el juicio al biólogo Jorge Lobo, explicó  que para que la acción sea acogida se necesita que exista un juicio previo, donde se discuta algún aspecto en el que se podría considerar la inconstitucionalidad.
“Al haber terminado el caso en Sala Primera, la acción debe ser rechazada; es decir, no tiene sentido, ni sustento”, concluyó Sagot.
Para Bernal Gamboa, abogado de  la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), existiendo una sentencia en firme, la posibilidad de que la Sala Constitucional admita la acción interpuesta por la empresa minera generaría un “pulso terrible” entre las dos salas.
“La Sala Constitucional aún no se ha pronunciado sobre este caso, por lo que la expectativa del sector ambientalista es que se rechace la acción.
Por su parte, los abogados de la minera depositan todas sus esperanzas en este recurso, que provocaría un nuevo debate sobre la explotación de oro a cielo abierto en la comunidad de Cutris de San Carlos.
Se intentó conocer con más detalle la opinión de representantes de la empresa Industrias Infinito, pero pese a que se envió un correo electrónico a la encargada de prensa, Yokebec Soto, ella no respondió nuestras consultas.
Investigarían a expresidente Arias
Cabe recordar, que poco más de un año fue suficiente para que la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el pasado 24 de noviembre del 2010, fuera ratificada.
En una votación unánime, los cinco magistrados de la Sala Primera rechazaron todos los recursos de casación presentados tanto por la transnacional como por la Asociación Solidarista de Trabajadores de Crucitas (ASOCRUCITAS), y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Con esto se mantienen en firme la sentencia del Contencioso que anuló la concesión otorgada a Industrias Infinito, así como los dos decretos y la resolución firmada durante la pasada administración Arias Sánchez, y que favorecieron a la empresa.
“Esto nos demuestra que no siempre ganan los mismos”, atinó a decir Álvaro Sagot pocas horas después de conocerse el voto de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la Sala Primera ratificó la solicitud al Ministerio Público para que determine si es procedente o no seguir una causa penal contra algunos de los actores involucrados en este proceso.
Entre estos figuran el expresidente Óscar Arias Sánchez, y su exministro de Ambiente Roberto Dobles Mora.
A estos funcionarios el Tribunal Contencioso Administrativo les atribuye una presunta “orquestación de voluntades” encaminada a lograr que el proyecto minero Crucitas entrara en funcionamiento de la manera que fuera.
El hecho de que la Sala Primera ratifique una setencia que recomienda a la Fiscalía investigar a los funcionarios que estuvieron involucrados en este caso, es catalogado por el abogado Sagot como un “parte aguas” en cuanto a la ética de la administración pública, además de ser un recordatorio al principio de probidad (integridad y rectitud de funcionarios públicos).
“Ahora todos los empleados públicos saben que pueden ser enjuiciados, desde un expresidente hasta quien evalúa criterios técnicos”, señaló Sagot.
El exmandatario Arias a través de su cuenta de Facebook afirmó estar a las órdenes de las autoridades en caso de que sea necesaria su comparecencia con el fin de “esclarecer las investigaciones”. Dijo que los hechos que se le señalan no son de su responsabilidad.
“La firma de un decreto es la culminación de un proceso que abarca innumerables instancias técnicas y legales, de oficinas y departamentos del gobierno, en este caso, tanto del MINAET como de la Casa Presidencial, cuyos funcionarios proporcionaron sus criterios técnicos y jurídicos”, aseguró Arias.
La investigación contra Arias se mantiene abierta en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo el expediente 08-11-33-PE.
Sobre esta indagación el abogado Bernal Gamboa de APREFLOFAS no ocultó su inquietud sobre la “independencia” de la Fiscalía que investiga la actuación principalmente de Arias.
El pasado miércoles 30 de octubre fueron indagados los primeros 10 imputados del caso Crucitas.
Según el Ministerio Público, se investiga a funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para determinar si aprobaron o no varias resoluciones contrarias a la Ley, tendientes a que se otorgara la viabilidad ambiental de la extracción minera a la compañía Industrias Infinito. Esto se da luego de la declaración de varios testigos del caso.

Diputados se irían a vacaciones sin discutir filtración de borrador de sentencia

Los atrasos para definir el presupuesto nacional 2012, así como la discusión del Plan Fiscal son parte de los escollos que han tenido que sortear los diputados en los últimos meses.
Esto impidió que se pudiera discutir en el plenario legislativo la filtración del borrador de sentencia de la Sala Primera, escándalo en el que aparece como implicado un exmagistrado suplente como el presunto responsable de este hecho. Magistrado que fue nombrado por el Poder Legislativo en el 2010.
Algunos de los diputados de oposición señalaron su anuencia a conformar una comisión especial que investigue los hechos; sin embargo, esto podría quedar para el próximo año.
Uno de los más entusiastas es el legislador Manrique Oviedo del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien señaló que ante la gravedad de lo denunciado no debe pasar desapercibido, ni tomarse a la ligera.
Oviedo expresó su deseo de investigar lo ocurrido con “seriedad”, y sin el deseo de linchar a una institución; simplemente “evidenciar lo que no está haciéndose bien, para  corregirlo”, puntualizó el legislador del PAC.
Claudio Monge del PAC prometió semanas atrás que durante la discusión del presupuesto nacional del 2012, se aprovecharía para realizar alguna propuesta que investigue lo sucedido en el caso Crucitas. No obstante esto no ocurrió.
Por su parte, el jefe de Fracción de Liberación Nacional, Luis Gerardo Villanueva negó que Moisés Fachler haya sido candidato del PLN.
Para Luis Gerardo Villanueva, el problema pasa por la manera en que se elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que más allá de lo que podría hacer una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa, propone reformar el proceso de selección de estos jueces.
“Liberación Nacional va a pedir a la Corte que los nombramientos los haga mediante concurso, ya que de la forma en que se ha venido haciendo podría prestarse para compadrazgos”, recalcó Villanueva.
Actualmente, los diputados se niegan a votar la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Tercera hasta tanto no se revisen los mecanismos de elección. La Corte Suprema de Justicia accedió a esta solicitud desde octubre pasado.

Fuente: Semanario Universidad.

16 de noviembre de 2011

Filtración de información pretende revertir fallo contra mina Crucitas



La filtración del borrador del proyecto de sentencia de la Sala Primera, en el cual aparentemente se confirmaba la resolución que impedía la explotación de la mina Las Crucitas en Cutris de San Carlos, confirma la injerencia de intereses particulares en una decisión judicial que reviste gran trascendencia para el país.

Las aspiraciones de la empresa de capital canadiense, Infinito Gold, para explotar una mina a cielo abierto toman un nuevo aire, ya que a la filtración de información que llevó a cabo uno de los magistrados suplentes y que terminó en manos de la firma minera, se suma una acción de inconstitucionalidad en contra del juicio que trajo abajo la concesión y los derechos de explotación de la empresa, interpuesta por Juan Carlos Hernández Jiménez el pasado viernes 11 de noviembre.
El recurso aduce que no es materia de jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolver sobre cosa juzgada por la Sala Constitucional.
También se unen la denuncia del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez Garita, quien responsabilizó directamente con la sustracción del documento de borrador a un magistrado suplente de la Sala Primera, quien había participado en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes.
Méndez dijo a UNIVERSIDAD que advirtió a los participantes en la cita, aparentemente realizada en Lindora de Santa Anta en una casa cercana de uno de los representantes de la empresa, que la filtración del proyecto de borrador  significaría la comisión de un delito. (Ver entrevista Exvocero advirtió a empresa que cometían delito)
Al cierre de esta edición trascendió que el magistrado suplente, que estuvo en funciones en la Sala Primera, fue Moisés Fachler, quien negó cualquier participación en los hechos y posteriomente presentó su renuncia el mismo martes 15 de noviembre cuando trascendió su nombre.
Él afirmó a la prensa que su dimisión se presentaba con el fin de no obstaculizar  la investigación que realiza desde la semana pasada la Fiscalía General de la República.
Méndez declaró que en la reunión, que se  realizó a inicios de octubre en la casa de habitación de una allegada de la empresa en Lindora, se habría hablado sobre el documento mas no se planteó ninguna estrategia a seguir con la información allí indicada.
Otras fuentes dijeron a UNIVERSIDAD que en la cita estuvieron dos reconocidos abogados, uno de ellos habría participado activamente en el proceso de juicio en defensa de la empresa Crucitas y otro con asesoramientos.
Aunque este semanario le consultó a Méndez sobre dos de los nombres que se nos indicaron de manera anónima, el asesor de prensa prefirió omitir referirse a ellos mientras se investiga el caso en el Ministerio Público.
No obstante, reconoció que días después uno de los abogados que habría estado en el encuentro le pidió que diera a conocer el borrador de proyecto de setencia de la Sala ante la prensa, a lo cual él se negó para posteriormente apartarse de los criterios de la empresa.
REVERTIR SENTENCIA
El abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Bernal Gamboa, expresó que este tipo de hechos son “maniobras” de la contraparte demandada que pretenden echar abajo la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, debido a la falta de criterios técnicos favorables. “Es tan preocupante la situación para ellos que se logran exponer a tanto, si no lo fuera no lo hacen”, consideró Gamboa.
“La única manera de hacer caer un velo de duda sobre la labor de estos magistrados es sacándoles un borrador de la sentencia por un tercero”, comentó Gamboa al destacar la transparencia de los magistrados propietarios de la Sala I.
Álvaro Sagot uno de los abogados demandantes señaló que el objetivo de filtrar el proyecto es hacer desconfiar a la opinión pública hacia el Poder Judicial y generar toda una campaña de miedo sobre lo que resolvería la Sala I.
Ambos representantes del sector ambiental durante el juicio contra la mina Crucitas, denunciaron que la estrategia es que alguna de las partes recuse a los magistrados propietarios de la Sala I o que en su caso la Corte Suprema emprenda una investigación de oficio para apartarlos del caso, y con ello nombrar magistrados suplentes que se encargarían de resolver el tema.
Edgardo Araya,  representante de la Asociación Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), opinó que sería muy grave que se cambie la integración de la Sala con el único afán de variar su criterio para tratar de conformar otro que piense como empresa.
El biólogo Jorge Lobo, quien está demandado por Industrias Infinito y otro de los cuatro demandantes contra la empresa durante el juicio contencioso, expresó que lo sucedido en torno al caso Crucitas dejó de ser una simple demanda en contra de una compañía transnacional y los impactos ambientales  para convertirse en una lucha por la soberanía e institucionalidad costarricense.
Hechos como los denunciados, apunta Lobo, evidencian que detrás de todo esto existen “mafias políticas”, pero dijo a la vez que ésta es una oportunidad para que la población se indigne y tome cartas en el asunto.
“Lo que ocurra ante esto dependerá de la respuesta de la gente para que “estos” no cumplan su cometido de desestabilizar la Sala para cambiar magistrados”.
En esta mina la empresa canadiense pretendía extraer más de un millón de onzas de oro, las cuales están valoradas en el mercado en $2000 la onza, con lo cual se generaría una ganancia superior a los $2.000,000.000.
El caso Crucitas se encuentra suspendido en la Sala I, al presentarse la acción de inconstitucionalidad por parte del abogado Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito.
Dicha empresa expresó en un comunicado de prensa el pasado sábado 12 de noviembre, que avalaban las investigaciones que se realizan en la Sala I por el Ministerio Público, al tiempo que lamentaron el atraso que podría sufrir la resolución del proceso judicial debido a estos cuestionamientos.
Indicaron que ahora valoran la opción de implementar acciones a partir del mes de enero del 2012. Posteriormente, se dio a conocer la acción de inconstitucionalidad presentada el pasado 11 de noviembre.
La única vía que se señala es recurrir a un arbitraje internacional, según se dice en el boletín: “los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.


Un exmagistrado de tinte verdiblanco


Moisés Fachler ha tenido una amplia y reconocida militancia en el Partido Liberación Nacional (PLN).
Él fue tesorero de campaña de Rolando Araya cuando se enfrentó al expresidente Abel Pacheco en el período 2002-2006. Anteriormente se desempeñó como subsecretario del PLN, cargo que abandonó para asumir la tesorería de la campaña arayista. También fue integrante de la juventud del PLN durante la década de los 80.

Moisés Fachler negó haber entregado algún documento del expediente de la setencia de la Sala I, aunque admitió que fue a una fiesta a la casa del jerarca de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, condenado a un año de prisión por la dádiva ofrecida al alcalde de Aserrí, Mario Morales, para favorecer a la empresa canadiense de recolección y depósito de desechos EBI Berthiere.

Cuando Fachler fue postulado a la Sala I de la Corte como magistrado suplente, apoyado por la bancada de Liberación Nacional se declaró como una persona con buena formación ética y moral.




Magistrada Presidenta de Sala I

“Por este motivo no nos vamos a separar del caso”


Anabelle León Feoli, magistrada presidenta de la Sala I, defendió la labor realizada por los cinco integrantes que conforman este órgano de la Corte Suprema, Feoli sí reconoció que lo sucedido es algo penoso, y que ahora tendrán que buscarse los responsables para que estos asuman las consecuencias penales del caso.

A continuación un extracto de la conversación con la magistrada, Anabelle León.
¿Qué contenía el documento que se filtró de la Sala?
-Lo que tiene es una propuesta de proyecto, en el sentido de que lo que ha venido trabajando la Sala, además contenía antecedentes del caso, la puntualización de los cargos; por lo que hablar de que era un documento definitivo es mentira, pero sí es proyecto que avanza sobre los recursos de casación.
¿Qué tan grave es este hecho?
-El documento en sí no significa un voto o sentencia, es más un documento de trabajo, una primera parte. Lo que sí es que es penoso y lamentable es que a nivel de la Sala de alguna forma, si es que se llega a determinar, este haya cogido otra ruta. ¿Quién lo generó?, y ¿Con que propósito?, no lo sabríamos, pero sí estamos firme en dar todo el apoyo al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial en el proceso que ahora se emprende.
¿La filtración se da por algún miembro de la Sala?
-Este documento sigue la ruta que cualquier proyecto que nosotros manejamos para la resolución de los casos; aquí están asignados para esto dos letrados y los cinco magistrados. No descartaría que cualquiera de nosotros se lo hubiera pasado a la secretaria para que se lo imprimiese, a pesar de que ya estaba impreso, en fin hay otras circunstancias.
¿Podría esto generar una recusación de los magistrados que los aparte del caso?
- Nosotros por este motivo no nos vamos a separar del caso, eso no quiere decir que algunas de las partes pueda plantear sobre eso alguna gestión de que nos separemos vía recusación en cuyo caso no nos tocará a nosotros resolverlo.
¿Qué tanta presiones tienen los integrantes de la Sala I?
-Ninguno de los cinco integrantes, y así lo hemos conversado, ha recibido alguna llamada o a algún intermediario, por lo que para nosotros esto no ha representado ninguna presión.



Exvocero de Industrias Infinito:  “Les advertí que estábamos ante la eventual comisión de un delito”

William Méndez Garita, periodista y hasta el pasado 12 de noviembre vocero de la empresa minera en Las Crucitas, Infinito Gold, dijo que advirtió en una reunión con representantes y abogados de la empresa canadiense hace al menos un mes, que estaban ante la posibilidad de cometer un delito por poseer el documento de borrador del proyecto de sentencia de la Sala I.
A continuación un resumen de la entrevista dada a UNIVERSIDAD el pasado martes 15 de noviembre.
¿Debido a la renuncia del magistrado suplente Moisés Fachler se podría presumir que fue él quien facilitó el documento de borrador de la sentencia en la reunión?
-El Ministerio Público es el que lleva toda la investigación, ellos son los que tendrían que confirmar o negar la participación de algunas personas; lo que sí puedo confirmar es que en mi declaración ante este Ministerio hice mención de un magistrado suplente.
¿Este magistrado puso el documento de borrador frente a todos ustedes durante la reunión?
-Este magistrado estaba en el lugar en el que estaba el documento, situación que yo señalé que era indebida y advertí a la gente que estaba ahí, que estábamos ante la eventual comisión de un delito.
¿Se le ofrece a usted en esta reunión que dé a conocer este documento a la prensa?
-Posteriormente se me hace la recomendación de que filtre a la prensa este documento sin ninguna explicación, sin ninguna lógica o sentido, lo que yo rechacé inmediatamente; no podía aceptar esto.
¿Por qué?
-Ya para ese momento había llegado a una conclusión: que la primera reunión había sido un acto indebido; yo no estaba dispuesto a continuar esa cadena, y hacer lo que me solicitaron era hacerle un daño muy grande a la institucionalidad  de este país. No acepté hacer esto y presenté mi primera renuncia, porque al cabo de una semana renuncié dos veces.
¿Cuál era el objetivo de sacar a la luz pública esto?
-No entendí la lógica de esto; supongo que creían que podían repetir lo mismo que ocurrió con el famoso memorándum (memorando Casas-Sánchez, 2007), pero me parece que las circunstancias históricas no tienen ese nivel de comparación, ni hubiera tenido la misma repercusión, y más bien hubiera sido hacerle un daño al Poder Judicial.
¿Pretendían revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo?
- No sé si en realidad eso de una u otra manera podría revertirlo o no; a mí me parece que todo lo que ha ocurrido durante este periodo no tiene ninguna explicación lógica. Me parece que han sido torpezas y estupideces que no sé de dónde salen, pero son errores muy graves.
¿Fue esto un acto planificado?
-Yo diría que es un acto contrario a la ley, y por ende significa que quienes participan del mismo pueden hacerlo de dos maneras: una voluntario, otra involuntaria; ustedes pueden escoger la de cada persona en esa reunión.
¿En alguna ocasión este magistrado suplente dijo quién le había facilitado el documento?
-En realidad nunca supe yo de quién recibió él este documento, o como lo obtuvo. Espero que quien nos entregó este documento precisamente dé las explicaciones y revele la fuente o la forma sobre cómo lo obtuvo.
¿Se dice que este documento ratificaba la sentencia del Tribunal Contencioso?
-Lo que sí vi fue la carátula y recuerdo que en algún momento determinado vi una parte en la que se señalaba como un criterio adicional; era como una parte de un anexo de indicaciones específicas de algún magistrado. En su momento en la reunión quienes leyeron el documento dijeron que era un voto salvado.
¿La reunión versó sobre el documento?
-Puedo decir que la reunión fue una discusión sobre el documento.
¿Y las estrategias?
-Ahí no se tomó ninguna estrategia; técnicamente los abogados de la empresa se llevaron los documentos para estudiarlos, luego hubo varias semanas de silencio.
¿Por qué este silencio?
-Creo que nadie quería hablar sobre eso.
¿Recibió algún trato diferente luego de negarse a acatar la orden de la empresa?
-Hice varias notas durante las últimas semanas, y ya les había advertido personalmente que estaban ante la comisión de un delito, y que se estaban exponiendo a una situación muy peligrosa ante la opinión pública; obviaron mis notas y me separaron de cualquier relación con la parte legal.
Esto me lo hacen saber a través de sus abogados, por lo que además confirman que ellos han depositado toda su confianza en sus estrategas legales. Estoy hablando de los representantes canadienses; yo les hice una advertencia de que tenían que separar a sus abogados del caso.
¿La acción de inconstitucionalidad que presenta uno de los abogados de la transnacional el pasado viernes, tiene relación con la infiltración de este documento?
-A mí lo único que me notificaban era lo que iban a hacer; las razones las desconozco; el departamento legal no me daba ninguna razón.
¿Pero se habló antes de conocer el documento sobre una posible acción de inconstitucionalidad?
-No, yo creo que al final los abogados deberán dar a conocer por qué hicieron cada cosa; lo que pueda hacer yo son suposiciones.
¿Por qué se exponen a tanto?
-No sé en realidad.
¿Se imaginó que era tan frágil vulnerar la Sala?
-No puedo generalizar; si un juez se equivoca no todos son iguales; creo que tenemos magistrados muy valiosos. Esto es más un caso extraño,  una excepción a la regla y no la regla; espero que sea así, y que además quien quiera andar en estos pasos se atenga a las consecuencias.
¿Tienen tanto poder las transnacionales?
-No creo; este país está hecho por gente muy educada, y tenemos además una prensa que puede decir lo que quiere, y por ello la gente no traga cuento tan fácilmente.
¿La empresa lo expuso al hacerlo participar en la reunión?
-Sí, claro, al convocar a una reunión y participar de un acto que yo creo que es contrario de cualquier servidor público o privado.
¿Por qué su silencio casi un mes?
-La situación es tan compleja que cuando uno la recibe entra en un estado de sorpresa; uno lo que hace es tener una actitud de distancia para sopesar lo que está ocurriendo, y comprenderlo; es que no se entiende de la noche a la mañana. A mí me costó entender esto, pero cuando ya me di cuenta, y vi las manifestaciones, no me quedaba otra obligación personal y para con el país que presentarme en el Ministerio Público.
Lo más fácil era quedarme callado, y luego tratar de no quedar implicado, pero ¿qué pasa después en Costa Rica?, ¿qué pasa si no se da a conocer esto?
¿Quién tiene más intereses que este proyecto camine, la empresa o gente con intereses políticos en el país?
-En realidad esta es una empresa extranjera, por lo que creo que los que van a perder son los inversores que ponen la plata en los puestos de bolsa internacional; no hay un financista único; los que pierden son los que iban a poner o los que la han puesto.

17 de agosto de 2011

Comunidades del país protestan contra torres de telefonía celular

Antena celular a baja altura, cerca de casas de habitación en Zapote. (Foto: Katya Alvarado)

Los distritos del cantón de Barva en Heredia lograron un precedente en la lucha que realizan vecinos organizados en distintas comunidades del país, para que las municipalidades reglamenten adecuadamente la instalación de torres y antenas de las empresas de telefonía celular, que se han venido colocando con permisos y sin permisos, según denuncias.

Tras la presión de ciudadanos que se oponen a que les coloquen antenas celulares cerca de sus casas o escuelas, el Concejo Municipal de Barva recibió un pliego con decenas de firmas, y acordó realizar una consulta popular y no dar permisos para torres hasta que no se emita un reglamento.

Esto, después que el pasado 5 de agosto amas de casa y otros vecinos de San Pablo de Heredia se lanzaron a la calle para impedir la descarga de una torre que una constructora iba a instalar a 50 metros de la escuela.

La inquietud ha llegado a diversas comunidades del país, al propalarse informaciones sobre los riesgos para la salud que traería la exposición prolongada a las señales de radiofrecuencia de los sistemas celulares. “Son mitos”, afirman autoridades de salud, aunque reconocen que las investigaciones no dan aún para sacar conclusiones definitivas (ver recuadro “Puros mitos”).

Un amago de disturbio ocurrió la semana pasada en el residencial Roma Oeste en Rohrmoser, Pavas, por una torre que se está montando junto a casas en la zona de aproximación al aeropuerto. Vecinos del residencial -de clase media- estacionaron sus vehículos para obstaculizar los trabajos y la policía llegó a moverlos.

Los vecinos contrataron a un abogado, Roberto Zamora, para iniciar un proceso contencioso administrativo impugnando la legalidad del permiso concedido por la Municipalidad de San José a la construcción. Según el abogado, el permiso no cumple con varios requisitos de la normativa atinente y el plan de desarrollo urbano.

Mariella Argüello dijo que mediante recursos han logrado detener desde hace más de un año una torre que les pretenden poner en el vecindario en San Pablo de Barva de Heredia. Pero dijo que en algunos distritos ya han instalado torres, pues las empresas negocian con los dueños de los lotes con la condición de que no digan nada, y cuando el vecindario se da cuenta ya está la torre levantada, incluso en algunos casos sin permisos.

Detalló que están pidiendo a la municipalidad que en el reglamento se exija un retiro de 200 metros a la redonda, lejos de las viviendas, escuelas y centros de recreación. “En Europa se exige hasta una distancia de 1 kilómetro; aquí no somos ciudadanos de cuarta categoría, como para que nos quieran poner antenas sobre el techo. En España a Telefónica no se lo permiten y aquí sí”, protestó.

Grupos de diversas comunidades afectadas formaron el movimiento Más Urba (MOV+URBA) y se reúnen semanalmente en el hotel Del Lago, en La Sabana. Entre las acciones contemplan una movilización para el 15 de setiembre, anunció una de sus integrantes, la empresaria Claudia Gavosto.

Informó tener conocimiento de movimientos opositores en lugares como Barrio México, Escazú, San Francisco de Dos Ríos, Guadalupe, Purral, Paso Ancho, Santa Ana, Barva, San Carlos, Cóbano de Puntarenas, San Carlos, y Gandoca y Manzanillo en Limón, las cuales están estableciendo comunicación.

La abogada Violeta Arias relató que la asociación de desarrollo comunal de Paso Ancho Norte presentó un recurso de amparo con 70 firmas, que fue aceptado para su trámite por la Sala IV el pasado 22 de julio, según los criterios del derecho de información, derecho al ambiente sano, y derecho al debido proceso. Al menos en Barrio México y Pavas también han sido presentados recursos, acotó.

Explicó que en Paso Ancho Norte todo está listo para construir una torre en un lote esquinero a 300 metros al norte de la iglesia católica, pero la comunidad no está de acuerdo, porque está con un retiro de apenas tres metros de la propiedad vecina, y frente a un condominio de cientos de apartamentos.

En su opinión, el Estado debía haber tomado las previsiones del caso a través del Ministerio de Salud conforme al “principio precautorio”, porque en este momento no existen estudios que digan que las torres no van a hacer a daño.

Hans Kurz, miembro de un grupo de vecinos de Vista Linda de Escazú que lucha contra la anunciada instalación de una torre junto a sus casas, relató que tras audiencias en la Municipalidad, la semana pasada les dijeron que no autorizarán permisos mientras la municipalidad no adopte un reglamento. Sin embargo, no están confiados porque “las presiones son enormes”.

Carmen Arce, síndica y miembro de la comisión de telecomunicaciones de la Municipalidad, expuso que en Tibás están trabajando en un reglamento, y quieren hacerlo con el menor impacto posible, porque hay preocupación de la gente.

Johanna Cruz, concejala del distrito central Santa Ana, dijo que al frente del residencial Las Cabañas les quieren poner una torre y lo que más les preocupa es que se devalúe la propiedad.

“Las torres son horrorosas. En Santa Ana hasta donde se pueda no vamos a permitir que haya una torre por cada empresa (telefónica), sino que vamos a exigir que estén juntas”, aseveró.

Según el arquitecto Mauricio Ordóñez, es irresponsable afirmar que las emisiones de radiofrecuencias en antenas celulares no provocan efectos en la salud. La opinión de la comunidad científica está dividida, y cuando se tiene un grupo de científicos que dicen sí y otro que dicen no, se aplica el principio precautorio. Decir que no pasa nada es irresponsable. ¿Cómo saben? Puede ser que las enfermedades que hemos estado sufriendo, como el insomnio y otros males, se deban a eso, señaló.

Recordó que las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -que aplica el Ministerio de Salud- se basan nada más en los efectos térmicos. Pero las ondas electromagnéticas inciden en los cuerpos, y mientras algunos dicen que se detienen en la piel, otros dicen que llegan más adentro, cuestionó Ordóñez, quien se ha interesado en ahondar sobre el tema.

Recordó que muchos países no acataron o han abandonado las normas recomendadas por la OMS para la potencia de las señales, y han adoptado unas más estrictas, es el caso de Suiza, Rusia y Este Europeo, Bélgica, Luxemburgo, y Austria-Salzburgo, donde la telefonía celular funciona sin problemas.

El descontento con las normas de la OMS va creciendo y un ejemplo es la Resolución de la Comisión de Medio Ambiente sobre Salud y Campos Electromagnéticos que aprobó el pleno del Parlamento Europeo en abril del 2009, con normativa más exigente, agregó.

COMISIÓN

Walther Herrera, funcionario de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y miembro de la Comisión de Infraestructura, comentó que ha habido preocupación de la población sobre el tema, porque se ha estado enviando información no oficial a los medios de comunicación, diciendo que la radiación de las antenas en las torres es perjudicial para la salud y que estas afean el paisaje, y la gente se alarma con razón.

Explicó que la norma adoptada es la recomendada por la OMS, que toma como referencia los niveles de radiación establecidos por el Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP, sigla en inglés). Las radiaciones que se están permitiendo son 50 veces menores que el límite que ellos determinaron, de manera que se está considerando el principio precautorio, afirmó.

En el documento de buenas prácticas se recomienda que las antenas tengan un mínimo de 30 metros , pero quien define el tamaño de la torre es la empresa operadora, que es la responsable de dar el servicio de calidad, y dependiendo del terreno pone las torres y determina cuál es la altura más adecuada, puntualizó.

La SUTEL abrió una línea de consulta gratuita para los usuarios y las municipalidades (888 SUTEL), para que las personas consulten las dudas que tengan.

Se formó una comisión interinstitucional de la SUTEL y tres ministerios para colaborar con las municipalidades en los trámites de permisos para infraestructuras en telecomunicaciones. Dado que las municipalidades no tenían ninguna normativa, se estableció por medio de la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) una propuesta de reglamento, para que cada ayuntamiento tuviera un instrumento en que pudiera respaldarse para dar los permisos, añadió Herrera.

Ya 46 de las 81 municipalidades han adoptado el reglamento, así como 6 de 8 distritos municipales que hay en el país, aseguró Herrera.


“Puros mitos”

La ingeniera María Cordero es la encargada del tema de las radiaciones ionizantes y no ionizantes en la Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud (MS), y por eso se le preguntó con base en qué les están asegurando a las comunidades preocupadas, que no hay peligro con la normativa adoptada para las emisiones de las antenas celulares.

Dijo que como país miembro de la OMS, el MS tomó las recomendaciones de esa organización y las hizo obligatorias, mediante un decreto ejecutivo firmado en febrero del 2011, donde se toman los parámetros permisibles adoptados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes.

Mencionó que en mayo de este año salió un informe de la OMS, en el que los campos electromagnéticos emitidos por el teléfono celular los categorizan en un nivel 2B y dicen que posiblemente tengan algún efecto para la salud. Hay que tomar en cuenta que las investigaciones se han hecho en animales, no en humanos.

Pero las radiobases se están excluyendo, porque manejan magnitudes muy bajas. Entonces no es trascendente la emisión de campo electromagnético en una torre, a diferencia del teléfono celular, donde la señal es más potente y además lo tenemos cerca, sostiene Cordero.

Sin embargo, en la comunidad científica hay divergencia de opiniones. ¿No habría que seguir el principio precautorio?

-Por supuesto, el principio precautorio, pero ahora con esta presentación de estos expertos, hay uno que es investigador, el Dr. Sabatini, quien definitivamente dice que hay muchos estudios, pero ninguno ha llegado a una conclusión. Lo que dice da pie a pensar que lo que el viceministerio de Salud ha hecho (aplicar la norma de la OMS) es basándose en conclusiones totalmente científicas.

No obstante, esos estudios se refieren únicamente al efecto térmico de las ondas.

-No, se toma en cuenta que ya demostrado está que el efecto térmico es el que hace más daño, no el campo electromagnético.

Usted dice que la potencia de emisión de las antenas es muy baja, pero ¿qué hay con el tipo de onda, como las ondas pulsantes que se trasmiten en las frecuencias del celular, y de las cuales se dice que podrían tener efectos perjudiciales en las células, las del cerebro, por ejemplo?

-Puros mitos. Sabemos que el cerebro es muy eléctrico y los campos electromagnéticos están muy cerca del cerebro. Pero la OMS dice que no hay ninguna conclusión de que esos campos tengan ningún efecto en el cerebro, o sea que no está demostrado que dé dolor de cabeza, o mareos y tantas cosas de que hablan las personas.

-Pero tampoco está demostrado que no provoquen daño

-Bueno en eso está la OMS investigando. En el momento que dé una conclusión que los campos electromagnéticos del teléfono celular sean dañinos para la salud, y que lo cambien de categoría, en ese momento creo que todas las autoridades del mundo tenemos que tomar decisiones, porque creo que nadie en este momento esté levantando la mano para dejar de usar el teléfono celular, sabiendo que es una herramienta que es parte del trabajo de las personas. Entonces no nos podemos aventurar; claro, hay gente que anda dando mala información.

¿Como cuál?

-Que da cáncer, que provoca leucemia en niños, que trae trastornos como dolor de cabeza, insomnio, mareos, todos esos mitos.

¿Son mitos o es que no hay estudios concluyentes sobre los efectos?

-Sí se han estudiado. Es más, estos expertos dicen que hace 60 años se están haciendo estudios, no es de ahora. Ahora tenemos celulares; en Costa Rica desde hace 15 años. ¿Cuánto tiempo está trabajando el ICE en Costa Rica? Hace 15 años.

Pero no se han estudiado los efectos…

-No, en Costa Rica no se hacen investigaciones, pero a nivel mundial hay una cantidad de países que han hecho investigación.


“Antenas seguras”

Jorge Luis Araya

jorge.arayae@gmail.com

Las radiaciones de las antenas celulares son tan bajas que no hay que temer efectos en la salud. Y en cuanto a la exposición a la radiación de los propios teléfonos celulares a largo plazo, aún no se pueden hacer conclusiones definitivas, dijo a UNIVERSIDAD el brasileño Renato Marcos Sabbatini.

Biofísico, sociólogo, profesor universitario e investigador en temas de salud y emisiones electromagnéticas, Sabbatini impartió una charla a funcionarios municipales la semana pasada invitado por la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM). Estuvo acompañado del también brasileño Adorbal Bonturi, director de MMF, una fundación de las casas fabricantes de celulares.

¿En su criterio, la norma que se está aplicando en Costa Rica para las emisiones de antenas celulares es segura para la salud de las personas?

-Cosa Rica está entre el medio centenar de países que adoptan un estándar internacional de la OMS, que ha sido extensamente investigado por el ICNIRP, y que son los campos electromagnéticos que utilizan los teléfonos. Ese nivel de seguridad ha sido determinado por experimentos científicos con animales (ratones), y para proporcionar un nivel más seguro lo rebajaron 50 veces. Un nivel de 200 vatios lo rebajaron a 4, que es un nivel muy bajo y no hay ninguna acción biológica. Pero además las torres celulares operan a niveles aun más bajos, normalmente entre 1.000 y 200 veces por debajo de ese nivel que ya es 50 veces menor.

Pero entendemos que ese estudio solo mide los efectos térmicos (calor) de esas emisiones.

-Es verdad. Es el efecto de calentamiento como resultado de la incidencia de microondas, que son los tipos de ondas de la mayoría de las emisiones.

Pero no es el único efecto posible; puede haber efectos de otro tipo.

-Hay varios trabajos que han estudiado si existirían otros efectos llamados no térmicos. Ellos existen, pero parecen ser insignificantes. Son de muy baja intensidad. Probablemente no tienen fuerza suficiente para romper moléculas o causar muerte celular, etc.

¿No es cierto que son estudios que consideran la potencia o intensidad de las emisiones, y no el tipo de onda, como las ondas pulsantes, que se transportan en estas frecuencias y que, al parecer, según algunos científicos, pueden tener efectos biológicos y sobre lo que no hay aún suficiente investigación?

-La mayoría de los trabajos utilizan simulaciones de estaciones de GSM o CDMA, que son las dos que se utilizan hoy día. Entonces ya se simula la pulsación de frecuencia que esas tecnologías utilizan. Los científicos se han preocupado mucho de utilizar no solamente la intensidad y la potencia de emisión que sea compatible con el nivel con que el cuerpo siente la emisión de la radiobase o de los teléfonos, sino también el patrón de emisión.

-Pero hay divergencias en la comunidad científica sobre los efectos de las emisiones, y los países han adoptado regulaciones para lugares sensibles como escuelas y hospitales, y europeos, por ejemplo, exigen emisiones más bajas…

-La OMS no ve nada especial en escuelas y hospitales, porque las radiaciones son muy bajas. Entonces es poco probable la posibilidad de causar efectos en personas mayores de edad, niños o bebés, pero se puede tomar precauciones. Esas precauciones consisten en preservar una distancia mínima entre las torres y las escuelas. En hospitales no hay necesidad. En estos la precaución es no utilizar los teléfonos en la unidad de terapia intensiva, o en los centros quirúrgicos, porque hay varios aparatos que utilizan comunicación inalámbrica y podrían sufrir una interferencia y ocasionar una mala función que ponga en peligro la vida de un paciente. Es un efecto indirecto. Pero la mayoría de los fabricantes han notado ese efecto y entonces se organizan para poner a los aparatos blindajes especiales y filtros de frecuencia electromagnética.

Esas investigaciones que menciona y por las que dice que no hay que temer efectos dañinos en la salud ¿se han hecho con suficiente espacio de tiempo como para llegar conclusiones definitivas?

-No, tiene que pasar el tiempo. Nosotros tenemos datos, pero como el celular es un fenómeno relativamente reciente, unos 15 años en nuestros países, lo que pasa es que no tenemos información suficiente sobre el largo plazo de exposición. Hay varios estudios que están siendo hechos en países desarrollados como el Reino Unido, EE.UU. y en Europa, para seguir por 25 años o más. Empezaron en 2009 y creo que va a pasar mucho tiempo antes que tengamos una conclusión definitiva. Pero se puede adelantar que como no hay mecanismos biofísicos plausibles que sean fáciles de acreditar es muy poco probable que se prueben esos efectos.

¿Ante la duda no habría que tener una actitud precautoria?

-En cuanto a eso, lo que se puede hacer es seguir el principio de precaución. A nivel individual utilizar el manos libres, audífonos, no hablar tanto por celular, no darlo a los niños pequeños. Son medidas de precaución que no hacen mal a nadie, y creo que como en otras esferas de la vida son necesarias. Eso para los teléfonos, pero para la estación radiobase, repito, el campo que ellas emiten a distancia segura es tan bajo, que no hay cómo penetrar siquiera en el cuerpo humano; para en la ropa.

Fuente: Semanario Universidad.

13 de julio de 2011

Ambientalistas advierten que humedal de isla Portillo figura en licitación a petrolera

Vicecanciller, Carlos Roverssi.

El sector en disputa con Nicaragua, declarado un sitio RAMSAR, un humedal de interés internacional, está en uno de los bloques ofrecido en licitación a la petrolera Mallon Oil Company, advirtieron el ambientalista Allan Astorga y el profesor en derecho internacional Nicolás Boeglin.

Portillo, una cuña de tierra perteneciente a Isla Calero, la zona en litigio con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cobró renombre luego de que Costa Rica acusó a la vecina nación de invadir, en octubre, ese sector para construir un canal artificial destinado a desviar el cauce del fronterizo río San Juan.

Costa Rica usó como una de sus principales cartas ante la Corte de La Haya para acusar a Nicaragua la comisión de daños ambientales de gran envergadura en el sector fronterizo por parte del ejército vecino durante la apertura del canal artificial en isla Calero, un territorio de unos 152 kilómetros cuadrados, que colinda con el San Juan.

El caso de Portillo y el conflicto fronterizo con Nicaragua cobró vida de nuevo a finales de junio luego de que el vicecanciller Carlos Roverssi denunció que civiles afines a la Juventud Sandinista, presuntamente respaldados por el gobierno de Daniel Ortega, realizan periódicas incursiones en Portillo, donde realizan actos políticos, izan banderas nicaragüenses y lanzan proclamas de soberanía. (Ver recuadro 1: Extraña coincidencia, dice Nicolás Boeglin).

El gobierno de Costa Rica ha revivido un posible proyecto de exploración petrolera y de gas natural en la zona norte, luego de que en abril la Sala IV rechazó una serie de recursos de amparo interpuestos por organizaciones ambientalistas contra una concesión de una licitación hecha por el Estado costarricense a Mallon Oil Company destinada a realizar eventuales exploraciones de hidrocarburos y gas natural en las llanuras del norte costarricense.

Con la vía libre, la transnacional presiona al gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla para la firma de un contrato de concesión de exploración y explotación de petróleo y gas en aquella zona.

La licitación fue adjudicada en el año 2000 a la firma extranjera durante el gobierno del entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez. La zona licitada cobija las planicies de San Carlos, las llanuras de Sarapiquí y la región de Pococí.

“El gobierno de Costa Rica debe tener cuidado a la hora de negociar un contrato de concesión con la petrolera, porque isla Portillos y el humedal están metidos en uno de los bloques diseñados para eventuales exploraciones y explotaciones de hidrocarburos”, dijo a UNIVERSIDAD el experto en ambiente Allan Astorga, quien acompañó a la misión de RAMSAR que en abril visitó el sitio en disputa para verificar la existencia de daños ambientales en el sector, atribuidos a Nicaragua.

Astorga dijo que se trata de un tema “delicado”, porque precisamente Costa Rica usó el factor ambiental y de necesidad de asegurar esa zona protegida para sustentar la demanda que elevó a la CIJ en noviembre del año pasado.

“Podría ser un gran problema si Mallon gana la concesión en la zona norte, incluyendo isla Portillos, sería echarle más leña al fuego al conflicto con Nicaragua”, sentenció Astorga.

“Firmar un contrato en esas condiciones podría provocar un lío porque es un tema de discusión legal. Es como darle argumentos a Nicaragua. El Poder Ejecutivo debe tener mucho cuidado”, comentó el experto en material ambiental.

Astorga recordó que incluso Nicaragua protestó cuando Costa Rica hizo la concesión a Industrias Infinito para la explotación de minería a cielo abierto en Crucitas bajo el argumento de que se corría el riesgo de contaminación del San Juan.

“Esa es una cuenca hidrográfica que converge hacia el San Juan, y eventuales problemas de contaminación o de derrames afectarán al río tarde o temprano”, comentó.

Por su parte, Boeglin también coincidió con Astorga en que Costa Rica puede verse en un lío si otorga una concesión a Mallon en las condiciones señaladas.

“Ahora con el tema de la Petrolera Mallon Company aparece que isla Portillos está “concesionada” o incluida en los bloques sometidos a licitación. Ese es un territorio en conflicto, Nicaragua aún no ha dicho nada, pero pudiera decir algo”, advirtió Boeglin a UNIVERSIDAD.

“Esto lo puede usar en algún momento Nicaragua en su defensa ante la Corte Internacional de La Haya, aunque por ahora se mantienen en bajo perfil”, comentó el especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica.

“Analice usted el problema en que se puede meter el país por otorgar concesiones en esa zona, primero porque es fronteriza, segundo por eventuales riesgos de contaminación y derrames y tercero porque hay un sitio donde ninguno de los dos países, según ordenó la CIJ, puede ejercer ningún tipo de derecho”, añadió.

Boeglin cuestionó la posibilidad de que el gobierno de Chinchilla alcance un acuerdo, aunque sea sólo de explotación de gas, con Mallon Oil Company. “La explotación de gas y petróleo van de la mano. Hay una tremenda improvisación y no se sabe responder a los cuestionamientos”, indicó.

El politólogo e historiador Luis Guillermo Solís consideró que una eventual concesión en una zona protegida y sobre todo en un territorio en litigio no tendría ningún valor jurídico.

“Supongo que en caso de lograrse un acuerdo ese sitio quedaría fuera”, comentó Solís.

El vicecanciller Carlos Roverssi dijo desconocer que isla Portillo se encuentra afectado por bloques sometidos a concesión por el Estado costarricense desde el año 2000, aunque opinó que de ser así “sería una barbaridad”.

“Es primera noticia. Es una zona en la que no puede realizarse ningún trabajo de este tipo (exploración y explotación de hidrocarburos y gas)”, dijo Roverssi a UNIVERSIDAD.

Por su parte, el exministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, también se mostró extrañado porque en el bloque de concesiones licitado a favor de la petrolera estadounidense se incluyeran humedales y áreas protegidas.

“Si es una zona de protección, es de protección. Es lo que se ha dicho, que hay un trasfondo en este conflicto con Nicaragua, que esa zona es rica en depósitos de gas y eso es lo que está detrás de todo el problema”, señaló.

Mientras tanto, el biólogo Freddy Pacheco restó importancia a lo que haya ofrecido en su oportunidad el Estado de Costa Rica para la eventual exploración y explotación petrolera en su territorio.

“Los bloques se ofrecen en concesión, pero acorde con la legislación vigente. No significa que si isla Calero está incluida se pueda hacer una exploración o explotación petrolera o de gas en ese sitio. Son áreas de conservación y de acuerdo a la legislación de Costa Rica no se puede”, explicó Pacheco a UNIVERSIDAD.


Extraña coincidencia reflote de diferendo con Nicaragua, dice Boeglin

El profesor universitario y especialista en derecho internacional, Nicolás Boeglin, consideró como una “extraña coincidencia” que la Cancillería de Costa Rica denunciara supuestas nuevas incursiones de Nicaragua en isla Portillo a finales de junio, justo en momentos en que el Ministro René Castro era citado a comparecer ante la Asamblea Legislativa para que explicara el asunto de cuestionados nombramientos en el servicio exterior.

“Se podría haber tratado de una especie de cortina de humo para tratar de atenuar (el impacto de la comparecencia). En todo caso es “una extraña coincidencia”, dijo Boeglin.

No obstante, el vicecanciller Carlos Roverssi insistió en que civiles nicaragüenses, presuntamente de la Juventud Sandinista, siguen realizando incursiones en isla Portillo pese a la prohibición de la Corte de La Haya.

Explicó que al tener evidencia de esos hechos, la Cancillería dirigió dos cartas de protesta a Managua, que no se hicieron públicas, sin obtener respuesta.

“No quisimos hacerlas públicas porque esperábamos una actitud constructiva de Nicaragua, que le dijeran a la Juventud Sandinista que no entraran (en Portillos). No hubo respuesta y cuando pasó el “tiempo diplomático” denunciamos ante la CIJ, aclaró.