En el reportaje de esta semana vemos los intentos de reabrir la Mina Bellavista en Miramar, Puntarenas, pese a la oposición de muchas personas y pese a los errores que se cometieron en el pasado, que obligaron a cerrarla.
28 de junio de 2011
Protección del ambiente y actividad petrolera
28.06.2011
El desarrollo energético del país no se debe sustentar en los hidrocarburos
Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.
Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.
Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.
Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.
Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).
Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.
La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.
Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.
Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.
El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.
Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.
La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.
En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.
Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR
Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Fuente: Oilwatch Mesoamerica.
Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.
Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.
Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.
Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.
Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).
Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.
La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.
Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.
Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.
El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.
Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.
La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.
En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.
Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR
Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Fuente: Oilwatch Mesoamerica.
27 de junio de 2011
Protección del ambiente y actividad petrolera
El desarrollo energéticodel país no se debe sustentar en los hidrocarburos
Allan Astorga G. a.astorga.g@gmail.com 09:11 p.m. 27/06/2011
Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.
Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.
Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.
Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.
Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.
Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).
Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.
La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.
Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.
Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.
El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.
Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.
La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.
En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.
Allan Astorga G. Profesor de Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos, UCR
Claudio Monge. Diputado, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa
Fuente: Nacion.com.
25 de junio de 2011
Minera Crucitas demanda a otro diputado
EXIGE ¢300 MILLONES
IRENE VIZCAÍNO ivizcaino@nacion.com 11:27 A.M. 24/06/2011
La empresa Industrias Infinito, que desarrolla el proyecto minero Crucitas, en Cutris, San Carlos, demandó ayer a otro diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La acción es contra Claudio Monge, a quien responsabiliza de difamar la “integridad” de la firma mediante manifestaciones, por lo que le reclama ¢300 millones.
“Nuestro interés es que el dinero sirva para resarcir el daño a la sociedad. Eso será repartido entre las asociaciones de desarrollo comunal de Crucitas”, dijo Wílliam Méndez, asesor legal de la empresa.
El 10 de junio, Industrias Infinito planteó otra querella por difamación contra el también legislador del PAC, Manrique Oviedo. A él, le exige ¢200 millones.
Se desconoce, en ambos casos, las manifestaciones que dieron origen a las gestiones judiciales.
Claudio Monge explicó ayer que desconoce el fondo de la demanda. Sin embargo, aseguró que no le sorprende ni le “intimida”.
“Lo que me sorprende es que se hayan atrasado tanto y que el monto con el que dicen que van a ayudar a los pobres sea tan bajo”, expresó el legislador por Heredia.
Ambas demandas se plantearon ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, pues, por ser los diputados miembros de supremos poderes, gozan de inmunidad.
De esta forma, la empresa solicita al Poder Judicial que comience el procedimiento para levantar ese fuero especial.
Fuente: nacion.com.
24 de junio de 2011
RESUMEN EJECUTIVO (AL 20-06-2011) RESPECTO A DENUNCIAS U OTROS// IRREGULARIDADES QUE PRESUNTAMENTE INVOLUCRAN A FUNCIONARIOS DEL MINAET
En la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa del jueves 23 de junio salieron a la luz las valientes denuncias del funcionario Oscar Loza de MINAET.
DenunciasControlInternoMINAET
Se acordó una nueva audiencia para el próximo jueves 30 de junio a la 1:15 pm. con don Teófilo de la Torre y don Oscar Loza para dar seguimiento denuncia por denuncia. Les compartimos aquí por ser información pública la lista de denuncias emitidas por don Oscar Loza... no podemos seguir con esta negligencia en el sector pùblico ambiental.
DenunciasControlInternoMINAET
17 de junio de 2011
Murió el Plan Conceptual - la lucha continúa.
"Si la empresa encargada del proyecto minero Bellavista solicita de manera oficial extender su área de trabajo para la exploración y explotación de oro, la solicitud se rechazaría por el decreto de moratoria firmado en el 2010, que impide nuevos proyectos para esas actividades, aseguró Uriel Juárez, nuevo secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.“ http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/3969-uriel-juarez-secretario-general-setena-plan-para-reactivar-mina-bellavista-incumpliria-legislacion-vigente.html
Ya el 9 de junio en la audiencia de la Comision de Ambiente de la Asamblea el Ing.Uriel Juárez, indicó: “El área del proyecto que SETENA analizó fueron 105 hectareas...Si ellos desearan reactivar el proyecto, lógicamente que vienen condiciones nuevas. Si lo hacen dentro de esas 105 has, que nosotros ya analizamos, habría que ver bajo que condiciones vendría esa solcitud, para ver cual es el instrumento que debemos aplicar – si está dentro del área del proyecto. Si se sale de esa área del proyecto, srs. diputados, aqui aplicariamos la legislación 8904, en donde prohibe el uso de cianuro. De esta forma ahi el proyecto no puede ser analizado. Porque somos respetuosos de la ley.“
En la entrevista con el Semanario Universidad declaró: "Si (los desarrolladores) se salen del área del proyecto actual, habria que hacer uno nuevo (?), y la legislación vigente prohibe la mineria a cielo abierto y el uso de cianuro, con solo eso no le podriamos dar ningún tramite.“
http://www.youtube.com/watch?v=Z3qsNZyPeDA&feature=uploademail
http://www.youtube.com/watch?v=Z3qsNZyPeDA&feature=uploademail
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| Ing. Juárez, observadoras |
Semanario: Entonces como es una nueva planta, es un nuevo proyecto porque significa salir del lugar?
Juárez: "Si, entonces no podría operar. Si quieren seguir explotando, es ahi mismo, pero es un riesgo por lo del deslizamiento.“
Suponiendo que el sr.Juárez estaba autorizado de hacer estas declaraciones, algo pasó desde el 14 de abril, cuando la Licda. Cynthia Cavallini, DGM, supuestamente también autorizada, declaró ante la misma Comisión Ambiental:
"El concesionario puede modificar el área o las labores, siempre que haya justificación técnica para hacerlo. … Si por razones técnicas usted tiene que variar las condiciones bajo las que fue otorgada esa concesión, porque necesita variarlas, tiene que pedir la autorización a la DGM. Implica una modificación, no una nueva concesión.“ --- Nada de "No habrá tramite.“
Parece que el gobierno entendió, que resultaria dificilísimo apoyar el aventurero "Plan Conceptual“.
Pero eso no significa, que se abandonó la idea de reactivar la explotación de la mina Bellavista. Al contrario todas las manifestaciones de los funcionarios indican, que piensan seguir con ese proyecto como si no hubiera pasado nada. Esta intención solo se puede realizar bajo tres condiciones. Son exactamente esas, que los funcionarios defienden con uñas y dientes contra toda lógica y evidencia.
En primer lugar es la insistencia en que el deslizamiento fue provocado por lluvias imprevisibles.
Segundo: La afirmación, que no hubo daño ambiental.
Tercero: El pronóstico, que el movimiento tectónico no volveria a ocurrir.
No me imagino, que funcionarios con tanta experiencia sostengan en serio estas ficciones. Pero son imprecindibles para la reactivación de la mina. Porque cada una de estas situaciones deberia llevar a la anulación de la viabilidad o al cierre del proyecto, misión imposible mientras se han extraido solo 80 mil onzas de las 420 mil que esperan en la roca y quieren lucir en los tresores.
En la audiencia de la Comisión de Ambiente quedó evidente el apuro de los representantes de la SETENA.
Al ser enfrentado con el argumento que el deslizamiento se desenfrenó en puro verano y que también las lluvias en los años anteriores eran menores que las de 1997 y 1998, cuando se elaboró el PGA, al sr. Juárez solo le salvó la ayuda humanitaria del presidente de la comisión, quien pasó la palabra a otro diputado sín esperar la respuesta.
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| Claudio Monge, pres. Comisión |
Lo mismo pasó con el argumento que la rotura de la geomembrana, el desborde de la laguna de alta concentración, el hundimiento de la escombrera con la subsecuente sedimentación del río, normalmente son evaluados como daños ambientales graves. SETENA no tenía que responder, gracias a la generosidad del presidente quien solo les pidió que "respondan a algunas preguntas“.
En las conclusiones finales del Ministerio (expediente 45-99) los mismos funcionarios declaran los daños ambientales inexistentes porque "se concentraron en propiedad privada.“
También el pronóstico de la futura estabilidad del patio de lixiviación y de la escombrera se fundamentan en afirmaciones curiosas, como que las formaciones tectónicas no se movieron mucho en el terremoto de Cinchona. Admite la famosa consultora Tetra Tech, que todavia no cuentan con un modelo de las fallas en el área del proyecto para determinar en detalle el comportamento futuro del deslizamiento. Los diputados expresaron su esperanza que un deslizamiento no se repitiera. No comparto esta esperanza.
El efecto desmovilizador intencionado ya se observa en algunos grupos antimineros, que han registrado las declaraciones de SETENA con gran alivio.
De hecho el sr. Juárez usa palabras fuertes, como: "Hay quienes se quieren brincar las reglas; lo que se pide a un desarrollador a veces no le gusta, pero tenemos que ser consecuentes.“ o "Cualquier desarrollador que quiera ir en contra de una legislación y a lo que el pueblo está manifestando, no se la va a jugar.“
Son palabras que conocemos bien de las "barridas“ del TAA.
Para someter a prueba el esperado fin del proyecto, pedimos con más insistencia ahora el cierre técnico definitivo y sostenible de la mina. Hechos, no palabras.
Esto incluye medidas como muros de contención, recomendados por expertos en la materia pero no realizados por la minera, el traslado de partes del material estéril y de la mena agotada a lugares seguros, el desmontaje de todas las instalaciones y una reforestación, que merezca el nombre, en lechos de tierra
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| Área "reforestada" |
fértil, con riego sistemático en verano, con especies pioneras, que aguantan las duras condiciones en un terreno devastado.
Estas medidas cuestan mucho tiempo, trabajo y capital, pero hay que pedirlas ahora, mientras la B2Gold saca enormes ganancias en Nicaragua.
Aún asi siempre quedarán daños irreversibles como el tajo, triste monumento de un desarrollo equivocado.
Fuente: Miramar al Grano.
Fuente: Miramar al Grano.
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