26 de noviembre de 2011
25 de noviembre de 2011
La independencia judicial
Es lamentable que el pueblo no reclame contra la injerencia política en las decisiones de jueces
Luis Fernando Fernández H.
Tesorero, Asociación Costarricense de la Judicatura
12:00 a.m.
24/11/2011
“¿Puede la paz, buena voluntad y la confianza basarse
en la sumisión a hacer el mal, respaldado por la fuerza? Desde los
albores de la era cristiana, una cierta manera de vida se ha ido
formando lentamente entre los pueblos occidentales, y ciertas normas de
conducta y gobierno han llegado a ser valoradas.
”Después de muchas miserias y confusión prolongadas,
se erigió como una verdad insoslayable la concepción del derecho de la
persona, su derecho a ser consultada en el Gobierno de su país, su
derecho a invocar la ley, incluso contra el propio Estado.
”La
independencia de los tribunales de Justicia se creó para afirmar y
reforzar esta costumbre que costó ganar. Así se aseguró en todo el mundo
por las lecciones estrictas de la Revolución, lo que Kipling llamó,
‘Abandonar el permiso para que ninguno pueda vivir más allá de la ley’.
Ahora bien, en esto reside todo lo que hace preciosa la existencia para
el hombre, y todo lo que le confiere el honor y la salud al Estado.”
Esta
frase la dijo Winston Churchill, en 1938, en su discurso La defensa de
la libertad y la paz para impulsar al pueblo estadounidense a enfrentar
la debacle que se presentaba en Europa en la Segunda Guerra Mundial.
La
independencia de criterio de los jueces y juezas para decidir en los
casos sometidos en su contra aparece por primera vez escrita de esa
forma en la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Ante
el genocidio sufrido en el pueblo europeo, los Estados se dieron cuenta
del gran valor de esta independencia, dado que muchas de las personas
que fueron masacradas en los campos de concentración llegaron ahí por
decisiones emitidas por tribunales, títeres del poder policial.
Tribunales temerosos de no emitir las decisiones que, de acuerdo con la
política de seguridad nacional de un régimen autoritario como el de
Hitler, pusieran en riesgo la seguridad nacional pregonada.
En
la Alemania antes de la llegada al poder por los nazis, el sistema
judicial estaba impregnado por la ideología nazi, a tal punto que los
jueces y fiscales eran un baluarte del nuevo Estado sin necesitar mucha
presión. En las primeras semanas del régimen, en 1933, la Asociación
Alemana de Jueces publicó un juramento macabro que rezaba: “Juramos por
el Dios eterno, juramos por el espíritu de nuestros muertos, juramos por
todas las víctimas de una justicia antinacional, juramos por el alma
del pueblo alemán que seguiremos a nuestro Fuhrer (líder) en su camino
como juristas alemanes, hasta el fin de nuestros días”.
Apatía ciudadana. Es
lamentable que no sea el pueblo mismo quien reclame contra la
injerencia ilegítima, disfrazada de legal, en las decisiones de jueces y
juezas de Costa Rica. En este momento, histórico y desde dentro de la
casa de la justicia, la Corte Plena se ha prestado para sancionar a una
jueza por su independencia de criterio. La decisión de la jueza Jiménez
tiene respaldo en el sistema legal costarricense y se le suspende en el
ejercicio de su cargo.
En este instante, donde otras
amenazas más publicitadas se ciernen contra el Poder Judicial; el
régimen democrático presenta signos de haber sido trastocado, en su más
esencial forma y en su imagen por fuerzas externas y lo peor por fuerzas
internas del Poder Judicial.
Este día le
corresponde a la Asociación Costarricense de la Judicatura hacer un
llamado vehemente no solo por la independencia de criterio de los
Tribunales, sino por la preservación del sistema republicano y
democrático de Costa Rica. No por Costa Rica, sino por las personas de
carne y hueso que habitamos este país, de una diversidad de culturas y
estilos de vida.
Debemos reformar el sistema de
elección de magistrados, derogar el artículo 199 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y reformular todo el sistema del régimen disciplinario de
los jueces y las juezas que refuercen la gran conquista de la
independencia judicial, para controlar sin afectar ese baluarte de la
democracia.
Las luces se están apagando.
Las luces se están apagando.
Fuente: Nacion.com.
Radio Revista Voces Nuestras # 224 / 25 Noviembre 2011
Titular #1 / RRVN #224
 1. Ambientalistas, líderes comunales y hasta académicos consideran que las empresas utilizan al sistema judicial para tratar de convertir cualquier protesta en un hecho criminal, y acabar con la libertad de expresión.
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24 de noviembre de 2011
Sala I rechaza cambiar a sus jueces por caso Crucitas
Integración se mantiene para dictar fallo
Magistrada suplente dijo no a tres peticiones para separar a propietarios
Una solicitud se fundamentó en polémica por fuga de borrador de sentencia
Ni la fuga de documentos que investiga la Fiscalía ni
los múltiples correos acusadores que circularon en los siguientes días,
fueron motivos suficientes.
Imagenes/Fotos
El 17
de noviembre, Anabelle León y Román Solís salieron al paso de correos
que señalaban al segundo como responsable de entregar el borrador de
sentencia a abogados ambientalistas.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia no cambiará su integración para conocer y votar el denominado caso Crucitas.
Serán
sus cinco magistrados propietarios quienes decidirán sobre los recursos
de casación planteados contra la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo, que anuló en noviembre del 2010 la concesión para
desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Así
lo decidió la única magistrada suplente de esa instancia judicial,
Silvia Fernández, al rechazar tres solicitudes de recusación planteadas
contra los cinco jueces titulares de esa dependencia.
Dichas peticiones las hizo una firma privada llamada Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social S. A.
Entre
los argumentos para pedir la recusación está el hecho de que los cinco
magistrados “son denunciantes y parte del proceso penal abierto por la
sustracción de un borrador de la posible sentencia”.
Polémica.
Aunque, al parecer, la filtración del documento ocurrió en octubre,
fue hasta este mes cuando el hecho se puso en conocimiento del
Ministerio Público.
Tras el
inicio de la investigación, un exasesor de la empresa Industrias
Infinito –firma responsable del proyecto minero Crucitas– señaló a un
magistrado suplente como la persona que entregó dicho documento.
La semana pasada, luego de esas declaraciones, el entonces magistrado suplente Moisés Fachler presentó su renuncia al cargo.
Según dijo, se sintió “aludido” porque la Sala Primera solo tiene dos suplentes: él y una mujer.
Esa
misma semana, circuló un correo cuyo remitente era “Institucionalidad
Costa Rica”, según el cual, el magistrado propietario Román Solís
entregó el documento a abogados de organizaciones ambientalistas que se
oponen al proyecto minero Crucitas.
De inmediato, Solís junto a la presidenta de la Sala, Anabelle León, salieron a negar tal rumor.
El primero calificó la acusación como “estrategia bastarda contra la institucionalidad del país”.
Precisamente, la necesidad de Solís de defenderse es otro de los argumentos de las recusaciones.
Además
de León y Solís, la Sala la integran Óscar González, Luis Guillermo
Rivas y Carmenmaría Escoto. Esta última es la encargada de instruir el
polémico expediente.
El último de los motivos para
solicitar la recusación de los miembros de la Sala Primera fue que dos
de ellos participaron en una sesión de Corte Plena en que se rechazó la
posición del mismo Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y
Paz Social S. A. contra el nombramiento de dos jueces del Tribunal
Contencioso, que resolvieron el caso Crucitas.
Aunque se presentaron gestiones de revocatoria e incluso acciones de
nulidad contra el rechazo, todos fueron igualmente denegados.
Esta misma semana, los cinco jueces titulares rechazaron una serie de gestiones planteadas por los recurrentes.
Está
previsto que para las primera semanas de diciembre, la instancia
judicial ya tenga una sentencia, la cual decidirá la suerte del proyecto
minero.
Industrias Infinito intenta desde el 2002 echar a andar la extracción de 800.000 onzas de oro.
Fuente: Nacion.com
Caen recursos contra magistrados en caso Crucitas
• Se allana el camino para la sentencia final
Redacción
La Corte Suprema de Justicia rechazó las
recusaciones contra varios jueces que intervienen en el caso Crucitas,
presentadas por la empresa minera Industrias Infinito
Los magistrados siguen en sus funciones y los
plazos previstos están en pie para que se dicte la sentencia final en el caso
Crucitas.
La decisión del Poder Judicial de rechazar
las recusaciones contra el nombramiento de dos jueces del Tribunal Contencioso
Administrativo que dictó la sentencia en el juicio por la concesión de la mina
Crucitas, y otras en que se señala que los magistrados recusados son
denunciantes y parte del proceso penal abierto por la sustracción de un borrador
de la posible sentencia, allana el camino para que la Sala I pueda emitir su fallo
a mediados de diciembre.
La decisión estuvo a cargo de la magistrada
suplente, Silvia Fernández, quien rechazó las tres solicitudes del Instituto
Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social S.A., filial de la empresa
Industrias Infinito, para que los cinco magistrados propietarios de la Sala Primera
se retiraran del conocimiento del expediente, porque, según la recusación
solicitada, los magistrados figuran como denunciantes de la fuga de un borrador
de sentencia de este caso.
En el complejo juicio por la ilegalidad de la
concesión para la explotación de la mina Crucitas de Cutris, se allanó el
camino para que la Sala I conozca por el fondo los recursos de casación
planteados por la empresa minera contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que en diciembre de 2010 anuló la concesión otorgada por la
Administración Arias Sánchez a la empresa Industrias Infinito.
Los magistrados podrían emitir la sentencia
final de este juicio a mediados de diciembre. La Sala Primera está integrada
por los jueces Anabelle León, Román Solís, Luis Guillermo Rivas, Óscar González
y Carmen María Escoto.
El abogado Alvaro
Sagot, uno de los demandantes en el caso Crucitas, dijo a Informa-Tico que lo
ocurrido este miércoles en la Sala I al rechazar las recusaciones presentadas
por Industrias Infinito, puede traducirse como “que a pesar de los enredos, el
proceso sigue su curso, la magistrada presidenta dijo que lo ocurrido no tiene
efectos procesales en este juicio y que el cronograma sigue en pie”.
Para Sagot, todos
los recursos presentados por la empresa Industrias Infinito “son para ganar
tiempo y ver si pueden lograr algo” de un juicio que ya tienen perdido desde
que el Tribunal Contencioso Administrativo declaró ilegal la concesión dada a ésta
empresa por el gobierno de Oscar Arias, en diciembre de 2010.
Ahora la Sala
Primera declaró sin lugar los recursos que presentaron Asocrucitas y la empresa
minera e incluso, agregó Sagot, a Asocrucitas le dijo que está emitiendo
argumentos que lesionan la integridad y que ofenden a los jueces del Tribunal
Contencioso Administrativo. Les llamó la atención por irrespetuosos y les dijo
que los argumentos son repetitivos y no aportan nada nuevo al juicio, “por eso
declara la solicitud de recusación, sin lugar”.
A partir de este
jueves, la Sala Primera allanó el camino y se abocará a analizar el caso por el
fondo para dictar la sentencia final.
“Definitivamente,
va ser en diciembre cuando sepamos si nuestros argumentos y lo que dispuso el
Tribunal Contencioso Administrativo, acogiendo nuestras demandas, va a ser
encontrado con lugar” agregó Sagot.
De ser así se
cerraría un ciclo de lucha contra una concesión dudosa, que obtuvo su primera
conquista legal hace un año atrás, cuando el Tribunal Contencioso
Administrativo declaró la ilegalidad de la concesión para la explotación de la
mina Crucitas a Industrias Infinito.
La filtración del
borrador de la sentencia de la Sala I, se suma a la lista de acciones al margen
de la legalidad que se han dado alrededor de la explotación minera en nuestro
país y vuelven a encender las alarmas en el caso de Crucitas y en otras
comunidades, como Miramar donde esta ubicada la mina Bellavista, por la
vulnerabilidad del país frente a poderosas empresas transnacionales ávidas de
explotar nuestros recursos naturales a cualquier costo.
Los abogados Edgardo
Araya, Jorge Lobo, Bernal Gamboa y Alvaro Sagot son los demandantes en el
juicio contra la empresa Industrias Infinito.
Fuente: Informa-tico.
23 de noviembre de 2011
Filtración muestra conexión política de Industrias Infinito
• Al descubierto un tinglado de relaciones
Semanario Universidad
Por David Chavarría Hernández *
La participación de un magistrado suplente en el escándalo por la filtración del borrador de sentencia de la Sala I sobre el caso de la mina Las Crucitas revela el tinglado de relaciones entre funcionarios, prominentes bufetes, figuras políticas y miembros del más alto nivel del Poder Judicial.
Diputados de oposición y figuras políticas
sostienen que el hecho de que se filtre información trascendental que todavía
no puede ser de dominio público, de un poder de la República, no es nuevo; la novedad es que el hecho haya
sido denunciado públicamente y por un funcionario de la misma empresa,
Industrias Infinito, testigo del trasiego de la información.
En opinión del excandidato presidencial del
Partido Liberación Nacional (PLN) José Miguel Corrales, todos estos casos
tuvieron su clímax en la época de discusión del Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos, cuando un magistrado suplente de la Sala Constitucional
trabaja en Casa Presidencial; “ya ese es el colmo de los colmos”, expresó
Corrales.
“El TLC se logró dictaminar que no era
inconstitucional gracias a los magistrados políticos de la Sala Cuarta”,
aseguró Jorge Gamboa, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien
también afirmó que posibilitar la reelección presidencial fue “manosear” la
labor de esa sala de la Corte Suprema de Justicia, logrado solamente gracias a
lo que tildó “poderío económico”.
Y es que en este caso pese a que la
actividad minera no cuenta con apoyo popular, 86% en contra del proyecto
Crucitas, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en
Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), figuras políticas no han
dudado en apoyar el proyecto de Industrias Infinito, por lo que esto hace dudar
sobre posibles “intereses ocultos” tras esta iniciativa.
En este caso, el nombre del exmagistrado
Moisés Fachler viene acompañado de una larga trayectoria de altos cargos como
representante y dentro de la estructura del PLN.
Fachler figura dentro de las personas
citadas por el exvocero de la empresa minera, William Méndez, por haber
filtrado el documento en una reunión en la que estuvieron dos abogados y dos
representantes de la empresa canadiense y a la vez destaca como una especie de
contacto a quien debía “llamar de vez en cuando para ver cómo iban las cosas en
la Sala Primera” (Diario Extra, 19 de noviembre), debido a que el gerente de
Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, descuenta una condena por cohecho
impropio en la modalidad de penalidad del corruptor al alcalde de Aserrí, Mario
Morales.
Esta lista de figuras políticas defensoras
o vinculadas en algún momento al proyecto minero Crucitas, incluyen desde un
expresidente, exministros, exmagistrados, y abogados militantes del mismo PLN,
quienes se han casado con la idea de la transnacional. (Ver cuadro “Los
tentáculos de una concesión”)
Esta intervención de personajes políticos
alrededor de las gestiones de esta transnacional despierta suspicacias sobre la
transparencia de los procesos. “Nadie puede decir que dieron dinero o que
alguien es accionista, pero algo debe tener el agua cuando la bendicen”,
cuestionó el político José Miguel Corrales.
Afirmó que la declaratoria de interés
público y conveniencia nacional, realizada en el 2008 a favor de una empresa
transnacional, es tan solo un indicio de lo que está en juego, “el oro es mucha
riqueza”, afirmó. Se estima que por cada onza de oro se pagarían hasta $2000 y
el proyecto pretendía una extracción de un millón de onzas.
Por lo que la sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
“desencadenó toda una maquinaria” para impedir que se confirme un “fallo
que condena a los Arias”, según la opinión del legislador del Frente Amplio,
José María Villalta.
Así que la participación de un magistrado
suplente en este caso confirma las sospechas de algunos otros legisladores
sobre la filtración de magistrados que responden a intereses políticos: “Este
hecho es producto de un acto delictivo realizado por un infiltrado de esa misma
Sala, que estaba sirviendo no a la justicia sino a una empresa con la que tiene
vínculos directos”, señaló Villalta.
Otros diputados de oposición sostienen que
lo sucedido en el caso Crucitas debe trascender más allá de un “escándalo de un
día”, y así sentar un precedente que no deje portillos abiertos para que no se
repita la historia.
Los legisladores concuerdan que gran parte
de la responsabilidad en este caso recae sobre el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, quien en primera instancia forma parte
de los que elaboran la lista de los magistrados elegibles.
Otro punto de consenso entre diputados es
que la manera de elegir a los magistrados debe cambiarse; es por esto que sostienen que no aprobarán la
lista enviada por la Corte para nombrar a los ocho suplentes que hacen falta,
hasta que no se revisen los procedimientos, para evitar que los que asciendan a
este Poder de la República lo utilicen como un medio político.
Juan Carlos Obando, exgerente de relaciones
comerciales de Industrias Infinito que realizó aportes a la campaña de
Liberación Nacional.
Allegados a Industrias Infinito
aportes a campaña de Liberación Nacional
Dos de los apoderados especiales y el
gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito figuran como donantes
de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por ejemplo, Rubén Hernández Valle, quien
entre otras cosas fue abogado coadyuvante del proceso para permitir la
reelección de Óscar Arias, donó a la campaña del expresidente Óscar Arias ¢3.386.000.
Asimismo, Juan Carlos Hernández aportó a
esta contienda electoral de Liberación ¢2.228.000.
Otros de los que aparece en los registros
del Tribunal Supremo de Elecciones es el gerente de relaciones corporativas de
la empresa canadiense, Juan Carlos Obando, quien financió a la campaña de Arias
con ¢5.800.000.
Mientras que Moisés Fachler registra
aportes aun incluso meses antes de ser elegido
como magistrado suplente de la Sala Primera en el 2010, para un total
donado de ¢3.938.907.
Asocrucitas presiona a la Universidad de
Costa Rica
La Asociación Solidarista de Trabajadores
de Crucitas (Asocrucitas) solicitó a la Vicerrectoría de Acción Social de la
Universidad de Costa Rica “cuantificar los montos de los dineros y recursos
dispuestos” para la elaboración de programas de información sobre las
implicaciones del proyecto minero.
En una carta enviada el pasado 30 de agosto
a la Vicerrectora de Acción Social, María Pérez Yglesias, la Asociación entre
otras cosas cuestiona los proyectos desarrollados por el programa de Kioscos
Ambientales, así como la elaboración de producciones audiovisuales como “El Oro
de los Tontos”, realizada por Pablo Ortega,
exfuncionario de la Unidad de Producción Audiovisual.
También se menciona a la agrupación
“Llamado Urgente por el País”, que agrupa a especialistas universitarios de
diversas áreas como Biología, Geografía, Geología y Derecho, y que a través del
Consejo Universitario emitieron un pronunciamiento en el cual se demandaba la
derogación del decreto de conveniencia nacional e interés público.
La Vicerrectoría en su respuesta invocó el
artículo 4 del Estatuto Orgánico de la UCR, en el cual se faculta a la
institución a fomentar el mejoramiento de las relaciones ser humano-ambiente,
asimismo se indica que los gastos incurridos están plenamente justificados.
Asocrucitas representa al menos 40
trabajadores de la empresa Industrias Infinito y durante el juicio en el
Tribunal Contencioso estuvo representada por el ex-Defensor de los Habitantes y
exdiputado del Partido Unión Nacional, José Manuel Echandi.
Se intentó conocer la opinión de la
Vicerrectora pero se informó que se encontraba fuera del país.
Fuente: Informa-tico.
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