• Al descubierto un tinglado de relaciones
Semanario Universidad
Por David Chavarría Hernández *
La participación de un magistrado suplente en el escándalo por la filtración del borrador de sentencia de la Sala I sobre el caso de la mina Las Crucitas revela el tinglado de relaciones entre funcionarios, prominentes bufetes, figuras políticas y miembros del más alto nivel del Poder Judicial.
Diputados de oposición y figuras políticas
sostienen que el hecho de que se filtre información trascendental que todavía
no puede ser de dominio público, de un poder de la República, no es nuevo; la novedad es que el hecho haya
sido denunciado públicamente y por un funcionario de la misma empresa,
Industrias Infinito, testigo del trasiego de la información.
En opinión del excandidato presidencial del
Partido Liberación Nacional (PLN) José Miguel Corrales, todos estos casos
tuvieron su clímax en la época de discusión del Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos, cuando un magistrado suplente de la Sala Constitucional
trabaja en Casa Presidencial; “ya ese es el colmo de los colmos”, expresó
Corrales.
“El TLC se logró dictaminar que no era
inconstitucional gracias a los magistrados políticos de la Sala Cuarta”,
aseguró Jorge Gamboa, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien
también afirmó que posibilitar la reelección presidencial fue “manosear” la
labor de esa sala de la Corte Suprema de Justicia, logrado solamente gracias a
lo que tildó “poderío económico”.
Y es que en este caso pese a que la
actividad minera no cuenta con apoyo popular, 86% en contra del proyecto
Crucitas, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en
Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), figuras políticas no han
dudado en apoyar el proyecto de Industrias Infinito, por lo que esto hace dudar
sobre posibles “intereses ocultos” tras esta iniciativa.
En este caso, el nombre del exmagistrado
Moisés Fachler viene acompañado de una larga trayectoria de altos cargos como
representante y dentro de la estructura del PLN.
Fachler figura dentro de las personas
citadas por el exvocero de la empresa minera, William Méndez, por haber
filtrado el documento en una reunión en la que estuvieron dos abogados y dos
representantes de la empresa canadiense y a la vez destaca como una especie de
contacto a quien debía “llamar de vez en cuando para ver cómo iban las cosas en
la Sala Primera” (Diario Extra, 19 de noviembre), debido a que el gerente de
Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, descuenta una condena por cohecho
impropio en la modalidad de penalidad del corruptor al alcalde de Aserrí, Mario
Morales.
Esta lista de figuras políticas defensoras
o vinculadas en algún momento al proyecto minero Crucitas, incluyen desde un
expresidente, exministros, exmagistrados, y abogados militantes del mismo PLN,
quienes se han casado con la idea de la transnacional. (Ver cuadro “Los
tentáculos de una concesión”)
Esta intervención de personajes políticos
alrededor de las gestiones de esta transnacional despierta suspicacias sobre la
transparencia de los procesos. “Nadie puede decir que dieron dinero o que
alguien es accionista, pero algo debe tener el agua cuando la bendicen”,
cuestionó el político José Miguel Corrales.
Afirmó que la declaratoria de interés
público y conveniencia nacional, realizada en el 2008 a favor de una empresa
transnacional, es tan solo un indicio de lo que está en juego, “el oro es mucha
riqueza”, afirmó. Se estima que por cada onza de oro se pagarían hasta $2000 y
el proyecto pretendía una extracción de un millón de onzas.
Por lo que la sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
“desencadenó toda una maquinaria” para impedir que se confirme un “fallo
que condena a los Arias”, según la opinión del legislador del Frente Amplio,
José María Villalta.
Así que la participación de un magistrado
suplente en este caso confirma las sospechas de algunos otros legisladores
sobre la filtración de magistrados que responden a intereses políticos: “Este
hecho es producto de un acto delictivo realizado por un infiltrado de esa misma
Sala, que estaba sirviendo no a la justicia sino a una empresa con la que tiene
vínculos directos”, señaló Villalta.
Otros diputados de oposición sostienen que
lo sucedido en el caso Crucitas debe trascender más allá de un “escándalo de un
día”, y así sentar un precedente que no deje portillos abiertos para que no se
repita la historia.
Los legisladores concuerdan que gran parte
de la responsabilidad en este caso recae sobre el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, quien en primera instancia forma parte
de los que elaboran la lista de los magistrados elegibles.
Otro punto de consenso entre diputados es
que la manera de elegir a los magistrados debe cambiarse; es por esto que sostienen que no aprobarán la
lista enviada por la Corte para nombrar a los ocho suplentes que hacen falta,
hasta que no se revisen los procedimientos, para evitar que los que asciendan a
este Poder de la República lo utilicen como un medio político.
Juan Carlos Obando, exgerente de relaciones
comerciales de Industrias Infinito que realizó aportes a la campaña de
Liberación Nacional.
Allegados a Industrias Infinito
aportes a campaña de Liberación Nacional
Dos de los apoderados especiales y el
gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito figuran como donantes
de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por ejemplo, Rubén Hernández Valle, quien
entre otras cosas fue abogado coadyuvante del proceso para permitir la
reelección de Óscar Arias, donó a la campaña del expresidente Óscar Arias ¢3.386.000.
Asimismo, Juan Carlos Hernández aportó a
esta contienda electoral de Liberación ¢2.228.000.
Otros de los que aparece en los registros
del Tribunal Supremo de Elecciones es el gerente de relaciones corporativas de
la empresa canadiense, Juan Carlos Obando, quien financió a la campaña de Arias
con ¢5.800.000.
Mientras que Moisés Fachler registra
aportes aun incluso meses antes de ser elegido
como magistrado suplente de la Sala Primera en el 2010, para un total
donado de ¢3.938.907.
Asocrucitas presiona a la Universidad de
Costa Rica
La Asociación Solidarista de Trabajadores
de Crucitas (Asocrucitas) solicitó a la Vicerrectoría de Acción Social de la
Universidad de Costa Rica “cuantificar los montos de los dineros y recursos
dispuestos” para la elaboración de programas de información sobre las
implicaciones del proyecto minero.
En una carta enviada el pasado 30 de agosto
a la Vicerrectora de Acción Social, María Pérez Yglesias, la Asociación entre
otras cosas cuestiona los proyectos desarrollados por el programa de Kioscos
Ambientales, así como la elaboración de producciones audiovisuales como “El Oro
de los Tontos”, realizada por Pablo Ortega,
exfuncionario de la Unidad de Producción Audiovisual.
También se menciona a la agrupación
“Llamado Urgente por el País”, que agrupa a especialistas universitarios de
diversas áreas como Biología, Geografía, Geología y Derecho, y que a través del
Consejo Universitario emitieron un pronunciamiento en el cual se demandaba la
derogación del decreto de conveniencia nacional e interés público.
La Vicerrectoría en su respuesta invocó el
artículo 4 del Estatuto Orgánico de la UCR, en el cual se faculta a la
institución a fomentar el mejoramiento de las relaciones ser humano-ambiente,
asimismo se indica que los gastos incurridos están plenamente justificados.
Asocrucitas representa al menos 40
trabajadores de la empresa Industrias Infinito y durante el juicio en el
Tribunal Contencioso estuvo representada por el ex-Defensor de los Habitantes y
exdiputado del Partido Unión Nacional, José Manuel Echandi.
Se intentó conocer la opinión de la
Vicerrectora pero se informó que se encontraba fuera del país.
Fuente: Informa-tico.
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