Integración se mantiene para dictar fallo
Magistrada suplente dijo no a tres peticiones para separar a propietarios
Una solicitud se fundamentó en polémica por fuga de borrador de sentencia
Ni la fuga de documentos que investiga la Fiscalía ni
los múltiples correos acusadores que circularon en los siguientes días,
fueron motivos suficientes.
Imagenes/Fotos
El 17
de noviembre, Anabelle León y Román Solís salieron al paso de correos
que señalaban al segundo como responsable de entregar el borrador de
sentencia a abogados ambientalistas.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia no cambiará su integración para conocer y votar el denominado caso Crucitas.
Serán
sus cinco magistrados propietarios quienes decidirán sobre los recursos
de casación planteados contra la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo, que anuló en noviembre del 2010 la concesión para
desarrollar el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Así
lo decidió la única magistrada suplente de esa instancia judicial,
Silvia Fernández, al rechazar tres solicitudes de recusación planteadas
contra los cinco jueces titulares de esa dependencia.
Dichas peticiones las hizo una firma privada llamada Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social S. A.
Entre
los argumentos para pedir la recusación está el hecho de que los cinco
magistrados “son denunciantes y parte del proceso penal abierto por la
sustracción de un borrador de la posible sentencia”.
Polémica.
Aunque, al parecer, la filtración del documento ocurrió en octubre,
fue hasta este mes cuando el hecho se puso en conocimiento del
Ministerio Público.
Tras el
inicio de la investigación, un exasesor de la empresa Industrias
Infinito –firma responsable del proyecto minero Crucitas– señaló a un
magistrado suplente como la persona que entregó dicho documento.
La semana pasada, luego de esas declaraciones, el entonces magistrado suplente Moisés Fachler presentó su renuncia al cargo.
Según dijo, se sintió “aludido” porque la Sala Primera solo tiene dos suplentes: él y una mujer.
Esa
misma semana, circuló un correo cuyo remitente era “Institucionalidad
Costa Rica”, según el cual, el magistrado propietario Román Solís
entregó el documento a abogados de organizaciones ambientalistas que se
oponen al proyecto minero Crucitas.
De inmediato, Solís junto a la presidenta de la Sala, Anabelle León, salieron a negar tal rumor.
El primero calificó la acusación como “estrategia bastarda contra la institucionalidad del país”.
Precisamente, la necesidad de Solís de defenderse es otro de los argumentos de las recusaciones.
Además
de León y Solís, la Sala la integran Óscar González, Luis Guillermo
Rivas y Carmenmaría Escoto. Esta última es la encargada de instruir el
polémico expediente.
El último de los motivos para
solicitar la recusación de los miembros de la Sala Primera fue que dos
de ellos participaron en una sesión de Corte Plena en que se rechazó la
posición del mismo Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y
Paz Social S. A. contra el nombramiento de dos jueces del Tribunal
Contencioso, que resolvieron el caso Crucitas.
Aunque se presentaron gestiones de revocatoria e incluso acciones de
nulidad contra el rechazo, todos fueron igualmente denegados.
Esta misma semana, los cinco jueces titulares rechazaron una serie de gestiones planteadas por los recurrentes.
Está
previsto que para las primera semanas de diciembre, la instancia
judicial ya tenga una sentencia, la cual decidirá la suerte del proyecto
minero.
Industrias Infinito intenta desde el 2002 echar a andar la extracción de 800.000 onzas de oro.
Fuente: Nacion.com
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