La Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, comparecerá este jueves ante los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea, para explicar sus actuaciones a favor de la empresa minera Industrias Infinito, a la que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló en diciembre los permisos para la explotación de Crucitas.
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En la comparecencia, programada para mañana a la 1 p.m., los diputados pedirán explicaciones a Brenes por el recurso de casación presentado por la Procuraduría General luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló los permisos de explotación de la mina de oro a cielo abierto Las Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos, a la empresa canadiense Industrias Infinito.
El diputado ambientalista José María Villalta, señaló que "la Procuradora debe explicar por qué ha acudido en defensa una empresa privada extranjera, Industrias Infinito, apelando la sentencia que le retira los permisos para la explotación de la mina a cielo abierto en Crucitas".
Villalta resaltó que lo que le corresponde a la Procuraduría como representante judicial del Estado "es defender a la población costarricense", no los intereses de una transnacional minera que fue juzgada por la justicia costarricense por incurrir en acciones ilegítimas para obtener los permisos de explotación de un proyecto minero con un alto impacto negativo al medio ambiente, indicó el diputado del Frente Amplio.
La comisión aprobó la moción de interpelar a Brenes, tras conocerse que la Procuraduría y, por lo tanto el estado costarricense, siguen avalando el proyecto minero Las Crucitas, al presentar una apelación al fallo que eliminó los permisos a la empresa minera y condenó al Estado y a Industrias Infinito al pago del daño ambiental causado.
Brenes había declarado a la prensa con anterioridad que la decisión de la Procuraduría General de pedir la anulación de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo "fue coordinada" con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.
Por su parte, la presidenta Laura Chinchilla había justificado su respaldo al recurso de casación planteado por la procuraduría ante la Sala Primera, alegando que es para evitar una eventual indemnización millonaria que podría plantear la empresa y para defender al Estado porque hay en la sentencia funcionarios cuestionados.
Fuente: Informa-tico.
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