Crucitas: ¿apelará o demandará al Estado?

Martes 4 de Enero, 2011

Industrias Infinito tiene tiempo hasta el 18 de enero para definir si impugna sentencia o solicita arbitraje Empresa canadiense impondría denuncia penal contra los jueces del Tribunal de Contencioso Administrativo por cometer presuntamente el delito de injurias y calumnias El libro que comenzó a escribirse hace más de diez años en torno a la mina Crucitas, parecía que iba a tener como desenlace la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló la concesión minera. Sin embargo, los escritores de esta historia no quieren dejarla morir y por ello ya están preparando el nuevo libreto. La duda es cuál será el nuevo escenario, pues se valoran dos opciones: la Sala Primera, donde Industrias Infinito dueña de la mina apelaría la sentencia o bien en el marco de un arbitraje internacional donde la compañía demandaría al Estado y exigiría una indemnización de más de $1.300 millones. Para que se dé la primera opción, la firma canadiense tiene tiempo hasta el 18 de enero próximo, día en que se vence el plazo para apelar la sentencia de los jueces del pasado 24 de noviembre. De momento, los abogados de Crucitas analizan con lupa todos los detalles para ver cómo se traen abajo la decisión del Tribunal. Acudir al segundo escenario solo se puede tras excluir la primera opción, ya que pedir un arbitraje significa decirle adiós al proyecto minero e iniciar los trámites para exigir una indemnización al Estado. El arbitraje podría llevarse a cabo con base en el tratado bilateral de protección a las inversiones costarricenses-canadienses o bien a través del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones. En esa instancia, Industrias Infinito solicitaría solo por los 1,2 millones de onzas de oro que no pueda extraer en Cutris de San Carlos, unos $1.660 millones, más $143 millones por la inversión realizada hasta la fecha, es decir al menos $1.803 millones. A dicha suma posteriormente se deberá sumar el valor de la propiedad de 1.487 hectáreas que se abandonará y un monto por daños morales, el monto de ambos rubros aún no ha sido valorado. Ante la posibilidad de que el país deba indemnizar a Crucitas con esa suma, la presidenta Laura Chinchilla, aseguró que la Procuraduría está estudiando la sentencia y desconoce si el Estado apelará el fallo; sin embargo, de no ser así, intentará que el monto a pagar sea el menor posible. “Cuando un juez resuelve, la sentencia hay que acatarla. Vamos a ver qué pasa, tengo entendido que como fue un Tribunal el que se trajo abajo la concesión y no directamente el Estado, no tendríamos que pagar. Pero si tenemos que ir a un arbitraje, iremos”, dijo Chinchilla. Mientras se resuelve cuál es la instancia a donde acudirá Industrias Infinito, lo que es casi un hecho, es que Crucitas demande penalmente los jueces que integraron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el presunto delito de injurias y calumnias. El pasado 24 de noviembre el Contencioso Administrativo le anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos. Ante los constantes obstáculos para que este proyecto minero se lleve a cabo, los despidos de la empresa en el país han venido en aumento, desde el fallo de la Sala Constitucional de octubre de 2008 a la fecha progresivamente se han cesado 180 empleados, es decir el 75% de la planilla. Hoy día solo cuenta con 43 personas. Natasha Cambronero ncambronero@larepublica.net Fuente: La República.

Centro de Comunicación Voces Nuestras: Campaña "Costa Rica dijo NO a la Minería"

Centro de Comunicación Voces Nuestras, al igual que el resto del país, celebró la suspensión del permiso a Industrias Infinito para realizar la explotación minera en Costa Rica con la campaña  "Costa Rica dijo NO a la Minería"; dicha campaña consiste en la colocación de 150 MUPIs (Mueble Urbano para la Presentación de Información o Marquesinas), colocados en las paradas de autobús en los alrededores de San José desde el 28 de diciembre del 2010 hasta el 14 de enero del 2011.

Con esta campaña se continúa la lucha en contra de las acciones que atenten contra la vida y los recursos naturales. 

El mensaje y la fotografía del material fue escrito y dirigido por la actriz Rocío Carranza Maxera, el trabajo del fotógrafo profesional y la diseñadora gráfica así como la participación de los artistas que aparecen en la campaña fueron colaboraciones gratuitas de todos los involucrados, quiénes hicieron sus aportes con mucho entusiasmo. Algunos de los artistas que aparecen en esta campaña también participaron en el vídeo Diga no a la mineria realizado también por Rocío Carranza Maxera.


Los MUPIs están en Pavas, Piedades, Pozos y Centro de Santa Ana, Escazú, Hatillo, San Sebastián, San Francisco de Dos Ríos, Desamparados, San Rafael Arriba, Tirrases y Centro de Curridabat, Zapote, Tres Ríos, Cartago, Sabanilla, San Pedro, Goicoechea, San José Centro, San Sebastián, Guadalupe, Mata de Plátano, San Isidro, Moravia, Tibás, Calle Blancos, La Uruca, Heredia, Alajuela y Belén.

La Coordinadora Ni una sola mina felicita de manera efusiva a los realizadores de esta iniciativa y espera que la lucha del pueblo de Costa Rica contra todo lo que atente contra el derecho fundamental constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado continúe en los años por venir.

                  

                  

                

                

                

La concesión del proyecto minero Crucitas: verdades incómodas

Conflicto del proyecto Crucitas

Fuente: Llamado Urgente por el País , 31 de enero de 2010

Relacionado:

Ante aseveraciones de las máximas autoridades nacionales (Presidente de la República, artículo publicado el 15 de enero del 2010 en La Nación, y artículo en la edición anterior de Pagina Abierta del 26 de enero del 2010 suscrito por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), en relación a supuestos derechos adquiridos por la empresa Infinito Gold S.A. en el proyecto minero ubicado en Crucitas de Cutris de San Carlos, el Grupo Llamado Urgente por el País se permite precisar lo siguiente:

Son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Presidente de la República en el sentido de que “la concesión minera en el proyecto Crucitas no fue otorgada por este Gobierno, ni por mi persona”, y las del señor Ministro de Ambiente en el sentido de que “13 años antes de que llegara el Dr. Oscar Arias a la Presidencia, ya la empresa había obtenido las autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto minero”.

Una primera concesión de explotación minera fue otorgada a Industrias Infinito S.A. mediante resolución No. 578-2001-MINAE de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001. Sin embargo, la Sala Constitucional la anuló por inconstitucional, mediante el Voto No. 2004-13414 del 26 de noviembre de 2004, por violación del principio preventivo y del derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del artículo 50 de la Constitución Política, al haber sido otorgada la concesión de explotación minera sin la aprobación previa del estudio de impacto ambiental.

Esto quiere decir que al momento de asumir el Poder el Presidente Arias, el 8 de mayo de 2006, Industrias Infinito S.A. no era titular de ninguna concesión de explotación minera.

Posteriormente, ante solicitud presentada por Industrias Infinito S.A. el 30 de mayo del 2007, el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, mediante la resolución No. 217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008 resolvieron como punto primero: “Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., cédula de personería jurídica N° 3-101-127121” (p. 14 de la Gaceta Oficial del 20 de mayo del 2008 antes citada). Independientemente de los vicios de nulidad que pueda tener esta resolución del 21 de abril de 2008, es claro que la concesión de explotación minera otorgada en ese acto por el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente a Industrias Infinito S.A., es una concesión nueva y distinta de la otorgada en diciembre de 2001.

Para poder otorgar esta nueva concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, a través del Decreto No. 34492-MINAE del 18 de marzo de 2008, derogaron el Decreto No. 30477-MINAE del 5 de junio de 2002 que declaraba la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. Sin embargo, el referido Decreto No. 34492-MINAE no entró en vigencia sino hasta la fecha de su publicación en La Gaceta No. 107 del 4 de junio del 2008, por lo que la resolución del 21 de abril de 2008, a través de la cual se otorgó la nueva concesión de explotación minera, fue emitida cuando aún estaba vigente la moratoria establecida en el Decreto No. 30477-MINAE.


Llamado Urgente por el País
(http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com)

Firmantes: Dr. Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Docente-Investigador, UCR; M.Sc. Mario Arias Salguero, Hidrogeólogo, CIG, UCR; Dr. Allan Astorga, Geólogo, UCR; M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, Coeco Ceiba; Dr. Nicolas Boeglin, profesor, Facultad de Derecho, UCR; M.Sc. Rolando Castro, Abogado, CEDARENA; M.Sc. Olga Corrales, Abogada; Lic. Gabriela Cuadrado, Abogada, CEDARENA; M.Sc. Vanessa Dubois, Gestión Ambiental, FANCA/FUDEU; Dr. Rafael González Ballar, Abogado, Facultad de Derecho, UCR; M.Sc. Raúl Guevara, Abogado; Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Biólogo, Escuela Biología, UCR; Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Escuela Biología, UCR; M.Sc. Oscar Lucke, Geógrafo, Escuela de Geografía, UCR; Lic. Patricia Madrigal, Abogada, CoopeSolidar; M.Sc. Jorge Mora Portuguez, Abogado, FANCA/FUDEU; Dr. Eduard Muller, Rector, UCI; M.Sc. Mario Peña Chacón, Abogado, Facultad de Derecho, UCR; Dr. Carlos Quesada Mateo, Ingeniero Civil, CCT; Dr. Guillermo Quirós, Oceanógrafo, UNA; M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, UNA; M.Sc. Vivienne Solís Rivera, Bióloga, CoopeSolidar; M.Sc. Luis Carlos Vargas Fallas, especialista en aguas; M.Sc. Luis Villalobos, Médico Salubrista, Investigador, UCR

Más información sobre el conflicto del proyecto Crucitas

Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Sentencia Crucitas: Aberraciones y contradicciones del régimen

16 de Diciembre de 2010 | 

La reciente sentencia (Por tanto) de un tribunal contencioso administrativo condenando de manera contundente y por partida doble, a una transnacional

minera (Infinito Gold) y al mismo Estado costarricense, esto por los irreparables daños ambientales causados y las groseras ilegalidades igualmente cometidas en el proceso de la concesión, deja ver una vez más las acuciantes aberraciones y contradicciones de un régimen democrático-burgués, sus Instituciones y Poderes. La sentencia no se anda por las ramas y es categórica en varias disposiciones: 1- ANULA la concesión minera otorgada por el bosque primario en la localidad de Crucitas, fronteriza al Norte con Nicaragua, 3- DECLARA la ilegalidad del Decreto Ejecutivo emitido por Oscar Arias (en el que se había declarado a su vez de “interés público” dicho proyecto minero), 4- REQUIERE las indemnizaciones correspondientes CONDENANDO al Estado y a la empresa al pago de las costas del proceso y de los daños ambientales,  5-  COMUNICA la sentencia al Ministerio Público (testimonio de piezas) para que se determine si es procedente o no seguir causas penales contra del ex presidente Oscar Arias Sánchez, su Ministro de Ambiente Roberto Dobles Mora y otros funcionarios de la SETENA y de la Oficina de Geología y Minas, y 6- MANTIENE las medidas cautelares que han impedido hasta ahora a la empresa continuar con la tala del bosque y la construcción de las obras.

En este sentido la sentencia establece un importante precedente jurisprudencial no sólo en materia contencioso-administrativa sino también en materia ambiental. Y esto es así aún cuando todavía no está en firme. Porque no debe perderse de vista que se trata de una sentencia de primera instancia y que tiene recurso de impugnación en Sala de Casación, es decir, que el Estado (¡el Gobierno-la Procuraduría) y la misma transnacional (Infinito Gold) pueden “casarla” en un tribunal superior, cosa que ya han anunciado los testaferros de la empresa. Entretanto, la sentencia no es aún cosa juzgada, no es definitiva.
No sin razón este fallo ha causado una euforia generalizada en tanto ha dado la sensación ser el corolario de una lucha sostenida por más de 17 años por los movimientos sociales (y especialmente por el Frente Norte de Oposición a la Minería). Sin duda la sentencia constituye – aún así sea provisionalmente - un durísimo golpe político, económico, ético y judicial a los gobiernos empresariales de Oscar Arias y Laura Chinchilla que han apuntalado sin tapujos a la transnacional minera en esta última etapa. Ya no se trata de que lo digan los movimientos sociales o los grupos ambientalistas, ni siquiera que lo han dicho reconocidos expertos e incluso las mismas universidades. Las atrocidades legales y ambientales las señala ahora contundentemente un tribunal de la República, ni más ni menos. Se produce así entre el activismo de los movimientos sociales y ambientalistas un sincero sentimiento de “recuperación de la confianza en el sistema judicial costarricense”. Sin embargo, creemos que es prudente ubicar este fallo en su dimensión política y jurídica, de tal suerte que no nos confunda sobre el verdadero carácter burgués del Estado costarricense, su sistema judicial y su profuso bloque de legalidad o “Estado de Derecho”.  

Derecho burgués a conveniencia

No deja de ser sorprendente en primer lugar que sea un tribunal de lo contencioso-administrativo el que dicte esta sentencia de primera instancia. Esto deja mucho qué desear de la “Justicia Ambiental” costarricense incapaz de haber resuelto esta situación en ese terreno. Otro tanto habría que decir de la “Justicia Penal” que no ha procesado a la fecha a esos mismos siniestros personajes políticos que hoy precisamente el tribunal contencioso ordena investigar (recuérdese que ya hay una causa penal por prevaricato y otros delitos ambientales contra Oscar Arias a propósito de Crucitas). Por su parte, la sacrosanta Sala Constitucional resolvió en su momento más bien dar un espaldarazo a la transnacional minera y al propio Gobierno de Oscar Arias.

Pero como desde el MAS hemos señalado en otras oportunidades, la burguesía usa en este y otro sinnúmero de casos similares su Derecho burgués conforme a sus intereses y necesidades (Sardinal, Concesión Portuaria, Salario Único, Código Procesal Laboral, Ley de “Protección” al Trabajador, etc). Con respecto a Crucitas no había tenido hasta ahora empacho alguno en retorcer y acomodar el Derecho, es decir, interpretarlo con un inescrupuloso descaro, aún a contrapelo de sus propias leyes, códigos, reglamentos, sana crítica y elementos de prueba. Aquí valía un pito la imagen de exportación de “ País Verde ”, “Paz con la Naturaleza” y demás slogans propagandísticos. Más aún, todo lo progresivo y rescatable del Derecho Ambiental en Costa Rica era pisoteado y sigue siendo pisoteado. Y es que, el Derecho y el sistema judicial de un régimen democrático-burgués, con todo su andamiaje de principios generales de “justicia”, “igualdad”, “armonía con la naturaleza” y toda otra suerte de sus hipócritas sandeces jurídicas, serán reconocidas y válidas hasta tanto no estorben en los grandes negocios capitalistas. Este país lleva ya tres décadas de estar sometido a los planes depredadores del neoliberalismo imperialista, a sus programas de ajuste, desmantelamiento de las conquistas sociales, privatizaciones, superexplotación de los trabajadores y entrega de las riquezas naturales a los grandes inversionistas extranjeros, es decir, sometido a una profunda ofensiva recolonizadora, la cual no sólo ha estado acompañada por un Derecho “nuevo” acorde con ese modelo en todas sus sedes ( lo Penal, lo Comercial, lo Público, lo Agrario, etc) sino también que el “viejo” Derecho se tuerce y se retuerce según sus necesidades. ¿Acaso la Sala Constitucional no violentó sin ningún pudor la misma _Constitución Política para permitir a Oscar Arias postularse a la Presidencia de la República?... ¿Acaso esta misma sala no acaba de desdecirse y reinterpretar un voto propio que permite la construcción del Acueducto en Sardinal a favor de los grandes desarrolladores turísticos y urbanísticos, pese a las no menos groseras ilegalidades y corruptelas ocurridas en este otro caso?      

Empero no puede retorcerse el Derecho (Su propio Derecho) con tan evidentes grados de grosería, tal y como se venía retorciendo en el caso de Crucitas. Los descarados atropellos desde el mismo inicio del proceso de concesión (Estudios de Impacto Ambiental viciados, falta de visados, falsedades ideológicas respecto al emblemático camino a Crucitas, etc, etc) aunados a los descarados imperativos políticos (Decreto de Oscar Arias autorizando talas de especies protegidas y exterminios de especies en extinción) y los bárbaros daños y delitos ambientales cometidos por la transnacional minera (tala a mansalva de 50 Hs de bosque), todo ello no podía dejar de configurar una situación jurídica absolutamente ilegal e ilegítima. Cualquier Juez o Jueza de la República en su sano juicio o medianamente honesto, no podía ni tenía margen para convalidar semejante adefesio jurídico, so pena de exponerse a sí mismo a ser acusado de prevaricato. 

¿Que resulta contradictoria entonces esta sentencia con los intereses empresariales y el mismo carácter de clase del Derecho burgués?... sí, es contradictoria. ¿Que implica una debacle económica para la transnacional (cuyas acciones ya cayeron estrepitosamente en la Bolsa de Valores)… sí, implica esa debacle. ¿Que contradice la misma política pro imperialista de los Tratados de Libre Comercio y, como cínicamente han dicho luego los Arias “aleja a los inversionistas extranjeros”, “causa inseguridad jurídica”?... sí, contradice esa política y asusta a inversionistas.

Sin embargo, debe quedar claro que no estamos aquí ni de lejos ante un giro nacionalista burgués de ningún sector de la burguesía. Tampoco debemos ilusionarnos con un giro similar del sistema judicial costarricense que sigue tan podrido, tan burgués y tan represivo como siempre. La sentencia en comentario – con todo y su importancia jurídica y política – no es sino otra manifestación de esas aberraciones y contradicciones del Derecho burgués costarricense y su sistema de administración de justicia, como lo fue el fallo de la Sala Constitucional respecto a la restitución de la Junta Directiva de SINTRAJAP, como lo es ahora la luz verde que se la al Gobierno y a los grandes desarrolladores en Sardinal.  No es sino una grieta en el pesado andamiaje del bloque de legalidad, un estorbo en los planes depredadores mucho más ambiciosos del Gran Capital sobre nuestras riquezas sociales y naturales. Pero un estorbo al fin y al cabo susceptible de ser removido (recordemos que la sentencia aún no está “en firme” y que puede ser revisada y hasta anulada en la Sala de Casación).

Los planes depredadores siguen en pie

La voracidad capitalista no se va a detener por esta sentencia. Ahí viene de nuevo Sardinal. El ICE viene desarrollando el megaproyecto Hidroeléctrico del Diquís que ya da señas de atropellos procesales aún más groseros que estos de Crucitas puesto que no sólo se burlas los procedimientos y requerimientos de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas sino que se avasalla descaradamente a las comunidades indígenas irrespetando incluso convenios internacionales que tutelan sus derechos. Recientemente el Gobierno de Laura Chinchilla sepultó en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas argumentando cínicamente que estorbaría el desarrollo del PH Diquis. En esa misma Zona Sur del país, se proyecta la construcción de un mega-aeropuerto de similares impactos ambientales y cambios de uso de suelo que significan además desalojos forzosos de las familias campesinas de Palmar Norte.  Detrás de estos planes vienen los grandes proyectos turísticos e inmobiliarios, marinas, granjas atuneras y zonas francas en toda la Zona Sur, que estarían terminando con todas las riquezas y bellezas naturales que aún quedan en esa región. El capitalismo – incapaz de sacar de la pobreza y el subdesarrollo a estas comunidades – no tiene otra receta que no sea una mayor superexplotación  de los trabajadores y de la Naturaleza, una mayor destrucción de nuestras bases productivas agro-alimentarias y extinción masiva del campesinado pobre. Ahí está el “modelo de desarrollo” en Guanacaste, mismo que ahora se quiere imponer en toda la Zona Sur.  No por casualidad la misma Laura Chinchilla acaba de declarar públicamente la guerra abierta a los grupos ambientalistas que se han venido oponiendo a estos planes depredadores.   Y valga aquí un comentario: es curioso que hoy el Gobierno títere de Laura Chinchilla, en el marco de esa farsa de conflicto fronterizo,  esté pegando el grito al cielo por 2 hectáreas de bosque arrasadas arbitrariamente por el Régimen Sandinista de Nicaragua en Isla Calero. No se vio ni por asomo esa misma beligerancia “ambientalista” ante el hecho de 50 Hs de bosque primario arrasadas en Crucitas.     

¿Una sentencia desmovilizadora?

Con todo y sus virtudes, esta sentencia tiende peligrosamente a desmovilizar. Las ilusiones en la legalidad y en el sistema judicial costarricense que ha generado la sentencia en amplios sectores sociales, ambientalistas y de la misma izquierda costarricense, traen a debate entonces el tema de las forma de lucha. Como se sabe, esta lucha contra la minería a cielo abierto en Crucitas lleva ya más de 17 años, heroicamente sostenida por el Frente Norte de Oposición a la Minería. Durante todo este tiempo la resistencia de los movimientos sociales y ambientalistas ha tenido sus flujos y reflujos. Recién emitido por Oscar Arias en 2008 el Decreto Ejecutivo que declaró de “interés nacional” esta inversión, la resistencia retomó fuerzas. Hubo importantes movilizaciones en la Zona Norte y en San José. Todas las encuestas de opinión a nivel nacional vertían un abrumador porcentaje de repudio a la minería a cielo abierto. Incluso se llegó a una huelga de hambre durante el desarrollo del mismo juicio contencioso-administrativo. Al lado de luchas como la de Sardinal, la defensa de los muelles en Limón o la misma lucha presupuestaria en las universidades estatales, esta de Crucitas expresa el repunte de las movilizaciones en el país luego de la gran derrota nacional en la lucha contra el TLC en 2007.

Aún así no ha sido la movilización sino esta sentencia la que parece estar derrotando el plan minero imperialista. Pero lo cierto es que, por más fuerza que en algunos tramos mostró esta lucha, la movilización no se dio unitariamente y en especial, no fue asumida ni acompañada consecuentemente como tal por el movimiento sindical presa de un gremialismo obtuso y de sus dirigencias burocráticas que no pasaron de las moralistas proclamas de solidaridad. Por otra parte, los mismos grupos ambientalistas, dispersos y sin sobrepasar sus programas estrictamente ambientales, no terminaron de entender que, hoy por hoy, toda lucha ambientalista deviene en lucha política anticapitalista, en lucha contra el neocolonialismo imperialista y depredador.

No despreciamos por supuesto la lucha legal. Más aún, esta puede ser un componente de las luchas en general, pero sólo eso, un componente y no el principal. La sentencia Crucitas con todo y su trascendencia como ya lo vimos, sigue siendo marginal y precaria (esta por resolverse en Casación) y no debe inducirnos a un mayor cretinismo judicial ante todo el aún más vasto plan recolonizador del imperialismo, apuntalado por el Gobierno de Laura Chinchilla. Este no es un pleito de abogados.

Hoy por hoy hay que organizar la lucha política y la movilización contra el neoliberalismo imperialista exigiendo al Gobierno de Laura Chinchilla que DEROGUE DE INMEDIATO el espurio Decreto Ejecutivo de Arias que le dio sustento al plan minero, esto SIN ESPERAR NI MUCHO MENOS CONFIAR al albur de que la sentencia se confirme en la Sala de Casación. Ya está más que demostrado técnica y legalmente la atrocidad y la corrupción que hubo en torno a la concesión minera. Urge también organizar la lucha de las comunidades directamente impactadas por el proyecto minero, exigiendo planes de desarrollo, prestación e inversión de servicios básicos de Salud, Educación, vivienda, tierras, carreteras, electricidad y empleo en efectiva armonía con las grandes riquezas naturales de toda esa región.  

Fuente: MAS Costa Rica

Carta a Laura Chinchilla solicitando pronunciamiento caso Crucitas

Esta es la carta a la señora Presidenta Laura Chinchilla entregada el pasado martes 14 de diciembre de 2010 en Casa Presidencial donde se solicita a la señora Presidenta un pronunciamiento claro sobre la sentencia y la acogida y el apoyo a las disposiciones de este Tribunal, comprometiéndose a velar porque se cumplan las disposiciones de la sentencia.  

Dicha carta se entregó junto con más de 20 000 (veinte mil) firmas, que junto a las anteriores 15 000 (quince mil) firmas constituyen más 35 000 (treinta y cinco mil) firmas en las cuales  muchos costarricenses de diferentes partes del país enviaron su solicitud a doña Laura Chinchilla para que derogara el decreto 34.801 MINAET, estas firmas fueron recolectadas como parte de la Campaña Nacional de Firmas que realizó el Frente Norte de Oposición a la Minería y la Coordinadora Ni una sola mina durante los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del presente año.

Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina reiteramos nuestra satisfacción con respecto a la sentencia integral dada a conocer el martes 14 de diciembre del 2010, en el que el Tribunal Contencioso Administrativo detalla la argumentación del fallo dado el 24 de noviembre  del 2010.

Extracto de la sentencia: http://vimeo.com/17871235

Video realizado por una colaboradora.

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San José, 14 de diciembre, 2010.

Lic. Laura Chinchilla Miranda

Presidenta de la República

Señora Presidenta:

Reciba de parte de la Coordinadora Ni Una Sola Mina, nuestro más atento saludo.

Como se lo expresamos en nuestra carta del 12 de octubre del 2010, durante los meses de Julio y Agosto, quienes integramos esta organización y el Frente Norte de Oposición a la Minería recorrimos la distancia que separa Casa Presidencial de Crucitas, solicitándole que derogara el decreto que declara la minería a cielo abierto en Crucitas, como un proyecto de Interés Público y Conveniencia Nacional, realizamos actividades pacíficas frente a Casa Presidencial como la Celebración a la Madre Tierra y durante todo Octubre con valientes compañeros realizamos un Ayuno indefinido que posteriormente fue declarado Huelga de hambre reiterándole esta solicitud.

Para nosotros era muy claro que una mina de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro (una de las industrias modernas más voraces y destructivas del ambiente y de las comunidades), no entra de manera alguna dentro de esa concepción de interés público y conveniencia nacional, y solamente entra dentro de una concepción de beneficio privado a costa del mal de todo un pueblo.

Por esto representando el 90% de la población nacional que rechaza el proyecto minero, las personas que caminamos, hicimos silencio, recogimos firmas y ayunamos le solicitamos vehementemente que derogara el decreto 34.801 MINAET, que sin fundamento técnico ni científico, declaraba de interés público y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos.

Sin embargo nuestra voz nunca fue escuchada por su persona y fue el Tribunal Contencioso Administrativo quién resolvió entre otros aspectos, los siguientes: 

1. 1.    Cancelar la concesión a la empresa canadiense Infinito Infinito S.A. (IISA).
2. 2.    Que la Fiscalía analice abrir un proceso en contra de las personas que irresponsablemente estuvieron vinculados a la entrega de los permisos a la empresa; entre ellos: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Sandra Arredondo Li, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla y Arnoldo Rudín Arias.
3. 3.    Condenar al Estado, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a Industrias Infinito (IISA) a la reparación integral de los daños ambientales.
4. 4.    Declarar NULO el Decreto 34801- MINAET.

Ante esto, solamente le solicitamos un pronunciamiento claro sobre la sentencia que será leída este martes 14 de diciembre del 2010 en el TCA y la acogida y el apoyo a las disposiciones de este Tribunal, comprometiéndose a velar porque se cumplan las disposiciones de la sentencia.  

Esta carta la acompañamos con miles de firmas de personas de diferentes partes del país que en su momento también le solicitaron derogar el decreto 34.801 MINAET.

Con todo respeto,

Coordinadora Ni Una Sola Mina

Crucitas: Lectura Integral de la Sentencia

Mañana martes 14 de diciembre a partir de las 9 am., los jueces leerán la sentencia integral del Juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, de la demanda contra Industrias Infinito S.A. y el Gobierno Costarricense. Ya sabemos el por tanto ahora darán los detalles que los llevaron a dar este fallo y cómo es que es juicio de legalidad que no crea ninguna inseguridad jurídica sino todo lo contrario.

Por esto estamos convocando a todos los compañeros que puedan, a asistir y acompañar a los compañeros en la Sala de Juicio del Tribunal Contencioso Administrativo (Calle Blancos, Edificio donde se ubicaba la Motorola, frente a Café Dorado), la sala es pequeña pero los que no quepamos nos quedamos afuera.

Coordinadora Ni una sola mina - niunasolamina@gmail.com

Concentración para celebrar el fallo del

Juicio contra Industrias Infinito y funcionarios del Gobierno

Apoye a los abogados y

los valientes compañeros involucrados en el juicio

Fecha: Martes 14 de diciembre

Hora: A partir de las 9 am. hasta la tarde

Dónde:

Frente al Tribunal Contencioso Administrativo

(Calle Blancos, Edificio donde se ubicaba la Motorola, frente a Café Dorado)

¡¡¡¡Manifiéstese!!!!!

Llegue identificado, lleve sus carteles, candelas,

lo que quiera!!!

Fuera Infinito de Crucitas

Ni una sola mina en Costa Rica