Nicolas Boeglin*
En
esta semana se celebra el primer aniversario de la histórica sentencia
del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), cuyo por tanto leído en
la tarde del 24 de noviembre desató una verdadera fiesta en todo el
país, un desborde contagiante de lágrimas y abrazos, después de meses de
tensión, energía y entrega llevadas a su extremo, y cuya emotividad aun
permanece grabada en los comentarios de gran cantidad de lectores a lo
que fue “la” noticia del momento en las redes sociales.
Basta revisar en estas últimas lo que se escribió y lo que se dijo en
esa inolvidable tarde, para entender que el mensaje enviado por tres
valientes jueces del TCA caló en lo más profundo de la sociedad
costarricense, y ello pese a la intensa campaña publicitaria iniciada
por la empresa minera.
Sobre este último punto, que incluyó en varios de sus cortes la
autorizada opinión de “expertos”, “peritos”, un reciente documental
afirma que fue probablemente una de las más agresivas campañas de
publicidad vivida en el país en los últimos años por parte de una
empresa privada. La cual, no obstante, se mostró reservada en
participar en foros públicos con expertos y académicos en universidades
públicas. La misma tarde del 24 de noviembre del 2010, por alguna
coincidencia, se realizaba un foro convocado por el CONARE, en la
Universidad Nacional, reuniendo a expertos de la UCR y de la UNA con la
moderación de directores del Estado de la Nación, para debatir sobre el
proyecto minero: por enésima vez, y como pareció ser la tónica para
solicitudes de universidades públicas, no llegó ningún representante o
“experto” de la empresa minera invitado a la actividad.
Cruzada. Revisando las imágenes de este juicio
contencioso-administrativo, se hace evidente la profunda desigualdad en
cuanto a recursos entre las dos partes, convirtiéndose en una labor
similar a una verdadera cruzada. Mientras hubo en la sala del TCA que
añadir una mesa adicional para que todos los peritos, abogados y
asistentes del Estado (Procuraduría General de la República, MIN(a?)ET,
SETEN(a?), SINAC y de la empresa, pudieran sentarse cómodamente, los
recurrentes contaron con un escaso grupo de abogados, cuyo única
satisfacción -y único honorario profesional- debió de ser la profunda
convicción y defensa de los principios en los cuales creen,
Otra cruzada, entre muchas más, se dio el 11 de septiembre del 2009
durante la inspección ocular al sitio del proyecto minero. Durante esta
diligencia judicial, los dos magistrados de la Sala Constitucional
ingresaron al sitio del proyecto minero en Las Crucitas con la empresa,
en sus vehículos, mientras que los recurrentes fueron impedidos de
hacerlo, debiendo caminar varios kilómetros bajo un sol inclemente para
llegar a los sitios objetos de la inspección.
Un principio que se considera elemental en la ciencia jurídica, como
el de igualdad de las partes, sufrió un grave atropello que no pareció
en lo más mínimo desvelar a los dos Magistrados de la Sala IV en aquella
ocasión. Este principio implica que para cualquier diligencia judicial,
el juez debe mantener a las partes en un estricto pie de igualdad,
tanto en el acceso a los sitios, como el acceso a los magistrados
durante la visita, o como en el acceso a la información de esta
inspección (cronograma, sitios a visitar, itinerario, detalles
logísticos, etc...). La total improvisación, que llevó incluso a los
recurrentes y a sus expertos molestos a intentar interponer una acción
legal ante los Magistrados en el mismo momento, constituyó una verdadera
cruz para este principio cardinal al que, en buena teoría, se debe todo
juez en cualquier diligencia con ambas partes.
Apego a la institucionalidad. En todas sus actuaciones, en particular
en la recta final ante el TCA, los recurrentes siempre mostraron su
confianza en el sistema judicial costarricense y en sus jueces,
confiados en que los muchos detalles que solo desvelaron a 2 de los 7
magistrados de la Sala IV sí tendrían mayor recibo en un juicio ante un
tribunal más “técnico” que la Sala IV, como lo es el TCA. Lo que debió
de celebrarse esta semana como un primer aniversario de un gran triunfo
de la justicia se ha visto ahora opacado por la filtración de un
borrador de la Sala Primera a una de las dos partes, y de
comprometedoras declaraciones dadas a la prensa por un exfuncionario de
la empresa, quien fuera su vocero en los últimos meses. Se trata de un
grave acontecimiento que trasciende este caso, trasciende la lucha de
los ecologistas y constituye, en palabras del Magistrado Román Solís
Zelaya, de la Sala Primera, un verdadero “atentado a la juridicidad de
nuestro país, y a los cimientos de la República como tal”.
Estos hechos recientes han vuelto a poner en la palestra pública un
proyecto minero ubicado en una remota localidad que pareciera llevar el
inmejorable nombre de “Las Crucitas”, y que pareciera escogido por el
destino para una novela sin fin.
*Profesor, Facultad de Derecho, UCR
La prodigiosa biodiversidad de Costa Rica mundialmente reconocida reposa sobre un territorio con suelos altamente vulnerables a la erosión, como la mayor parte de los suelos tropicales, y con costas sensibles a los efectos de la contaminación telúrica. El peculiar relieve accidentado del país y su régimen de precipitaciones limitan sustancialmente el desarrollo de actividades productivas de cierto impacto. Hoy, por ejemplo, una cantidad igual o incluso menor de agua llovida causa estragos en partes bajas de cuencas en la Zona Norte, o en cantones heredianos, los cuales, últimamente, “pierden” puentes con cada invierno.