Por Mauricio Álvarez M.
Geógrafo, docente en Kioscos Socio-ambientales de la UCR y ecologista facilitador de la red oilwatch en Mesoamerica
En el día del ambiente muchas razones para no celebrar.
Otro año sin ambiente ni energía…. pero sí con muchos negocios.
La acción de las comunidades y organizaciones socio-ambientales es la que defiende los bienes colectivos frente a la indiferencia, la parcialidad hacia las empresas y la ausencia de gestión ambiental del gobierno.A la memoria de Kimberley Blackwell, asesinada en Puerto Jiménez, y de don Carlos Arguedas Mora, quien murió de cáncer. Sus cuerpos alimentan la tierra y su espíritu fertiliza nuestros corazones.
La presente administración ha dado continuidad e inclusive ha profundizado la pésima gestión ambiental de la administración Arias. Recién ganadas las elecciones, la presidenta se reunió con varios sectores sociales, y anunció su intención de reunirse también con el sector ecologista, reunión que nunca se dio.
Lejos de darle prioridad al tema ambiental, el actual gobierno impulsa o sueña con proyectos como el de una vía que una Talamanca con el Pacífico Sur. Con respecto a esto, el Vicepresidente Alfio Piva ha dicho: “No sé si los ambientalistas me van a matar pero hay que encontrar como unir a las dos regiones del país.” (Iniciativa Paz con la Naturaleza, 11/05/2010). Este proyecto sería otra ruta 32, similar a la que atraviesa el Parque Braulio Carrillo, pero en una zona de conservación aún más compleja, diversa y amplia como es la de Talamanca. En el caso de la minería de oro, cabe destacar el papel del vicepresidente Alfio Piva, cuyo trabajo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) está lejos de significar una mejoría en temas de ecología y ambiente. Más bien, el Vicepresidente adelantó criterio sobre una posible indemnización de $1700 millones por una eventual demanda de Industrias Infinito. Esta aparente ‘pifia’ sin duda podría tener serias implicaciones legales y económicas para el país.
La presente administración sigue en la línea de nombrar ministros expertos en temas de telecomunicaciones o energía, dejando de los temas ambientales, que ambas carteras delegan a sus respectivos viceministros. Peor aún, el Viceministro del Minaet, Andrei Bourruet, fue quien, en diciembre del 2001, recomendó otorgar la concesión de explotación de oro a Industrias Infinito; además, habría sido el responsable del cálculo de la indemnización a la transnacional (elpais.cr, 30/07/2010). Bourruet también fue asesor legal del mega-monopolio transnacional Holcim en Costa Rica.
En el tema de biodiversidad, la viceministra de Ambiente Ana Lorena Guevara no ha hecho nada por revertir los decretos heredados por la anterior administración, que han erosionado la Ley de Biodiversidad. Estos decretos eliminaron aspectos fundamentales de la ley, y violentan los derechos de pueblos indígenas y otras comunidades locales. La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, obligó al país a cambiar el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, para permitir la privatización del conocimiento tradicional (Red de Coordinación en Biodiversidad, 25/10/2010). La viceministra tampoco tomo posición en defensa de la biodiversidad cuando se trató de prohibir la siembra comercial de piña transgénica en Costa Rica, prohibición solicitada por veinte diputados de siete fracciones, junto con organizaciones ecologistas y campesinas. La siembra de más de 200 hectáreas de piña transgénica haría imposible evitar que se infiltren plantas transgénicas en el escenario agrícola y la producción orgánica nacional, y es una amenaza directa a la biodiversidad (Bloque Verde, 17/02/2011).
1- La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
El viceministro Bourruet es el sucesor del Ministro de Competitividad, Jorge Woodbridge, en la desregulación y la flexibilización pro-empresarial de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en el debilitamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y en la desregulación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA).
Al inicio de la presente administrativo SETENA tuvo que buscar apoyo de otras instituciones (ICE por ejemplo), ante la falta de presupuesto propio, y a pesar que es una instancia de desconcentración máxima el viceministro se puso a la cabeza de la institución. En la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo sobre Crucitas fue evidente que SETENA aprueba lo que le ponga en frente, a pesar de tener criterio técnico de sobra para rechazar un proyecto
Cabe el cuestionamiento que va pasar con estos empleados a “préstamo” de ICE o de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz cuando evalúen proyectos como energéticos de esas instituciones. Por ejemplo el proyecto hidroeléctrico El Diquís que será evaluado en próximos meses.
Una de las herencias que evidencia esta tendencia desreguladora es la propuesta de la administración Arias, en estudio en la Comisión Legislativa, que inhibe al TAA de atender casos en los que una obra provoque daños ambientales, si ésta ha recibido un permiso de operación por parte de SETENA (expediente No. 17.623 de la Ley de competitividad del Estado costarricense; Semanario Universidad, 21/07/2010).
La gestión en costas de SETENA fue criticada con dureza por la Contraloría, que evaluó su labor entre octubre del 2004 a diciembre del 2009. La Contraloría aseguro que SETENA autorizó desarrollos inmobiliarios sin información técnica y sin considerar el impacto de los proyectos sobre bosques, manglares y humedales en el Parque Marino Las Baulas, Refugio Gandoca Manzanillo y el Humedal Nacional Cariari, en Pococí (informe DFOE-AE-IF-01-2010).
El favorecimiento de intereses empresariales por parte de SETENA ha sido evidenciado por la aplicación de la vía rápida para otorgar las viabilidades ambientales a las torres de telecomunicaciones. Esta acción hace imposible una adecuada evaluación ambiental, que estudie si estas antenas tienen efectos nocivos para la salud. La vía aplicada evita consultas a las comunidades e inspecciones en las zonas de los proyectos. Solo entre enero y abril del 2010 se aprobaron cerca de 800 torres, y se estima que con la apertura del sector cerca de 3.000 torres nuevas se instalarán en el país (Semanario Universidad, 07/06/2010).
Sobre la reforma a SETENA rondan toda clase de proyectos como el que eliminaría la evaluación ambiental o el flexibilizar todavía más los procesos, para dejarlos a la medida de los empresarios. Todos estos proyectos, por supuesto, sin la menor participación y obviando la Comisión Mixta de apoyo a SETENA que fue creada para hacer ese tipo de recomendaciones.
2- Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)
Un proyecto que busca el fortalecimiento del Tribunal no ha sido prioridad del gobierno. Al contrario, el titular del Minaet aseguró que “el exceso de independencia para el TAA en materia financiera lo hace salirse del Minaet, y resulta importante que siga siendo de este grupo.” (La Prensa Libre, 10/09/2010). Es importante apuntar que los funcionarios del TAA dependen administrativamente del Minaet, lo cual los hace propensos a presiones, traslados o despidos.
Una de las primeras acciones del gobierno amparado en tema de recursos fue la emisión de un decreto que elimina el compromiso para la retribución económica de los integrantes del tribunal (20/05/2010). Esto implica que sus salarios ya no se homologarán con los que reciben otros miembros de los tribunales superiores del Poder Judicial.
El control que se quiere sobre el tribunal no solamente es presupuestario sino que también en la propuesta de Ley de competitividad del Estado costarricense busca trasladar el nombramiento de los jueces, los plazos de su nombramiento y hasta la potestad de apelación de los fallos al jerarca del Minaet (Semanario Universidad, 21/07/2010). Estas reformas significarían la muerte del Tribunal, que al parecer se convirtió en una piedra en el zapato para los inversionistas y sus políticos, que buscan la eliminación de controles y normas de protección ambiental para los megaproyectos.
Mediante una huelga en agosto del 2010 los empleados del TAA denunciaban la propuesta de presupuesto para el Tribunal, que eliminaba más de ¢500 millones para el trabajo en el 2011. En febrero del 2011, el ministro de Hacienda le comunicó al Tribunal la necesidad de dejar sin ejecución al menos un 20% del ya recortado presupuesto anual. Según el TAA, la disminución del dinero asignado para 2011 obligó a reordenar las tareas del Tribunal, recargando a cada empleado con nuevas obligaciones. Además, el recorte significaría que el TAA cerrara en agosto, por lo que al menos tres barridas ambientales quedarían sin ejecutar, más la revisiones y trabajo de campo (La República, 08/02/2011). Mientras se daba la rebaja del presupuesto para el mismo periodo, el Minaet aumentó su presupuesto para publicidad en un 1.000% (Claudio Monge, diputado del PAC).
Los integrantes de la Comisión del Ambiente de la Asamblea Legislativa —en comparecencia ante el presidente del Tribunal, Lino Rodríguez— mostraron su preocupación por el debilitamiento y los problemas que está enfrentando el Tribunal Ambiental Administrativo, al cual se le reduciría el presupuesto en un 43% para el año 2011 (elpais.cr, 13/08/2010).
No es casualidad que quieran cerrar el Tribunal cuando los casos atendidos por este van en aumento año con año. En su informe anual 2010, el tribunal contabilizó un total de 849 denuncias por delitos ambientales, casi el doble de los 462 que se reportaron en el 2009. Es claro que una de las principales labores que viene realizando el Tribunal es visibilizar el crecimiento de los conflictos ambientales y señalar las contradicciones estructurales entre el discurso (ley) y la realidad socio-ambiental del país. Solo entre 2002-2009, el tribunal tramitó un total de 2.731 casos de infracciones o daños ambientales en todo el país. Por estas denuncias el TAA emitió un total de 11.406 resoluciones, 1.484 inspecciones de campo, 831 audiencias y 15 barridas ambientales (estadísticas web, Tribunal Ambiental Administrativo).
El posible recorte de presupuesto se da en un momento en el que al ministro del MINAET lo que le preocupa es tener menos casos de conflictos abiertos, para así reducir la explosión pública negativa que arrastra el Minaet (Semanario Universidad, 03/05/2011).
3- Denuncias de corrupción
Dentro del Minaet se han detectado casos de presunta corrupción. En San Carlos, se detuvo a cuatro altos funcionarios: el director y subdirector regional, el director del Parque Nacional Volcán Arenal y un biólogo son investigados por posibles nombramientos ilegales y aparentes acciones de peculado, derivadas del uso irregular de vehículos de la institución y del pago de horas extras (Al Día, 19/08/2011).
El diario digital El País y el sindicato SITRAMINAE vienen denunciando una serie de actos de corrupción, irregularidades y persecución interna dentro del Minaet. Un ejemplo de ésta última es el caso de Óscar Loza Mendoza y Roberto Zúñiga Muñoz, funcionarios de la Dirección de Control Interno que estarían siendo perseguidos por haber denunciado irregularidades y destrucción de la naturaleza en diversas Áreas de Conservación de Costa Rica. A Loza se le estarían cobrando sus declaraciones sobre irregularidades financieras en el ministerio, hechas a una comisión de la Asamblea Legislativa en 2009. Mientras a Roberto Zúñiga se le pasa la factura por advertir sobre las violaciones a la legislación ambiental por desarrolladores inmobiliarios en las costas del país. La funcionaria Katy Madrigal Morales también estaría sufriendo persecución laboral, tras denunciar irregularidades en Guanacaste como la desaparición de un expediente (elpais.co.cr, 04/04/2011).
El sindicato del Minaet denunció el deterioro del Parque Nacional Palo Verde y la asignación de vehículos nuevos a los jefes del Área de Conservación (elpais.co.cr, 23/02/2011). En este mismo parque se han dado denuncias por el alquiler sin control de terrenos para pastorear ganado, por deforestación, venta de madera decomisada, y explotación de dos tajos de lastre para caminos (elpais.cr, 14/02/2011). También se denunció que la Reserva Natural Cabo Blanco no tiene sistema de tratamiento de desechos, así como la existencia de una fundación que recoge dinero del Minaet, dinero que debe ingresar a las arcas del estado (elpais.co.cr, 17/02/2011).
4- Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Otra serie de decretos, publicados en el último meses de la administración Arias (07/06/2010) por los políticos empresarios y que se vienen implementado y profundizando en este gobierno, son los que quieren desmantelar al SENARA. El Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo Nº 35884-MINAET) trasfiere la potestad de realizar, de solicitar o no estudios técnicos, avalarlos y determinar medidas de protección alrededor de los pozos y acuíferos del SENARA a la Dirección de Aguas del Minaet. Otro cuestionado decreto es el Reglamento de Registro de Pozos sin Número y Habilitar el Trámite de Concesión de Aguas Subterráneas (Nº 35882-MINAET) que busca “legalizar” pozos sin estudios técnicos que los sustenten, a beneficio de desarrolladores inmobiliarios y turísticos.
5- Ecología urbana
En la parte urbana, Alfio Piva no cumplió el compromiso de retomar el tema del plan de ordenamiento urbano conocido como PRUGAM, poniéndose en cambio a las órdenes del sector inmobiliario y de la construcción que quiere arrasar con las áreas de protección y recarga acuífera del GAM, además de regalar 7,5 millones de euros al no ejecutar el plan. El gobierno actual termina legitimando el despido del director del PRUGAM, Eduardo Brenes, apenas cuatro días después de que éste se opusiera a un decreto que reduce las zonas prohibidas para la construcción en el Gran Área Metropolitana.
6- El combate a la contaminación sigue neutral
Así como se quiere ser neutral con el cambio climático continúa la misma política de no combatir las causas estructurales de la contaminación del ambiente. La caña en Guanacaste sigue vertiendo aguas y miles de hectáreas siguen quemándose al año, contribuyendo al cambio climático (Telenoticias, 10/05/2010). En la zona de Tacares de Grecia, los vecinos de Urbanización Montisel se quejaron ante la Sala IV por las quemas de caña que se realizan en lugares veconos, ante los oídos sordos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Por efecto del viento, las cenizas y el humo se expanden a kilómetros de distancia (Al Día, 11/05/2010).
Un estudio del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional que midió la contaminación en 17 ríos encontró que cinco ríos del área metropolitana presentan una contaminación alta o severa: Pacacua, Uruca, Torres y Virrilla. El estudio fue realizado en el 60% de los ríos del país entre el 2006 y el 2009, y demostró que la contaminación fluvial aumentó entre el 5% y el 20% anual, dependiendo del contaminante (Teletica.com, 21/07/2010). Mientras tanto, otro estudio de la UNA sobre la calidad del aire en San José y Heredia encontró que éste tiene más cromo, hierro y cobre que en años anteriores. También determinó que hay un crecimiento sostenido en la concentración de dióxido de nitrógeno, un componente que puede generar infecciones respiratorias (Teletica.com, 29/12/2010).
Durante el año que lleva esta administración, la empresa Bridgestone contaminó el río Quebrada Seca en San Antonio de Belén por una fuga de combustible bunker, como denunciaron los vecinos (Teletica.com, 28/02/2011); el Laboratorio Nacional de Aguas determinó que los hoteles Tabacón y Kioro estaban vertiendo aguas negras al cauce del río Arenal; y el Ministerio de Salud verificó la contaminación de los ríos de San Carlos. La fiscalía ambiental de San Carlos realizó una inspección junto con el Organismo de Investigación Judicial y el Minaet (Teletica.com, 13/05/2011).
7- Recurso hídrico: negocios antes del bien común
El gobierno nunca priorizó y más bien frenó el proyecto de reforma constitucional que declara el agua como un bien público, aduciendo que ponía en riesgo la apertura en electricidad ante la eventualidad de que la aprobación de las concesiones para la explotación del agua quede en manos de la Asamblea Legislativa. El partido en el gobierno tampoco convocó el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Agua, expediente número 17.742. Este último logró entrar en la corriente legislativa luego de que al menos 170.000 personas firmaran a su favor.
8- Bosques
Según el Tribunal Ambiental, en 2010/2011 hubo un repunte en la tala ilegal de árboles, hasta llegar a niveles que antes no se registraban en Limón, incluyendo tráfico de madera y la reducción de gran cantidad de especies, que redujeron su margen de existencia en el Caribe Sur (monumental.co.cr, 08/12/2010).
En la Península de Osa y la Fila Costeña se han abierto 60 procesos por delitos ambientales, la mayoría relacionados con la tala de bosques, tal como señala el informe especial “Osa: un tesoro en peligro”, que resume las cuatro barridas de Osa del TAA. Entre el 2002 y el 2009, el Tribunal tramitó un total de 2.731 casos de infracciones o daños ambientales en todo el país y la mayor parte de las denuncias correspondieron a violaciones contra los recursos forestales (1.090 casos por tala).
El Minaet permitió la tala rasa de bosque para la construcción de un campo de golf en el Proyecto Papagayo Norte. En el sitio fueron talados 738 árboles de 38 especies diferentes en un bosque de 6,8 hectáreas (elpais.co.cr, 22/02/2011).
9- Comiendo pesticidas con restos de comida
Según el World Resource Institute, nuestro país es número uno a nivel mundial en el uso de plaguicidas. Recientes estudios del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) demuestran que el uso y abuso de venenos agrícolas ha aumentado significativamente sin que haya aumentado el área de cultivo.
El año pasado, unos 65 trabajadores y trabajadoras de la empresa D&PL Ltda Costa Rica fueron rociados por restos de herbicidas que se utilizan en plantaciones de algodón genéticamente modificado en Chomes de Puntarenas. Unos meses antes, 60 operarias de otra finca de algodón genéticamente modificado –propiedad de Delta & Pine Land– habían sido atendidas por intoxicaciones debidas a altas dosis de herbicidas en el cuerpo (Radio Mundo Real, 20/09/2010).
10- Llueven agroquímicos
En las zonas bananeras son constantes las denuncias por la fumigación aérea sobre plantaciones, como en el caso de Playón Sur de Parrita en el Pacífico Central. Preocupados por los efectos que los fungicidas puedan tener sobre la población y las fuentes de agua, los vecinos presentaron a la Sala Constitucional un recurso de amparo contra las empresas Frutas Selectas del Trópico S.A. y Servicio Nacional de Helicópteros SRL (Semanario Universidad, 02/03/2010). Menos conocido es el caso de la muerte masiva de peces que se dio en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua, aparentemente por el envenenamiento del agua con agroquímicos. La laguna contaminada es una de las fuentes principales de sustento de los vecinos (Teletica.com, 30/08/2010).
11- Minería
El gobierno, una de cuyas promesas de campaña fue oponerse a la minería de oro, no ha combatido la minería ilegal en la Alta Talamanca, que fue denunciada nuevamente durante la presente administración. Tampoco reaccionó ante la huelga de hambre, las caminatas y la opinión pública para derogar el decreto de interés nacional que permitió la apertura de la mina en Crucitas. Después del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, la presidenta salió a defender a funcionarios o ex funcionarios públicos involucrados (como fue el caso de la triste actuación de la procuradora Ana Lorena Brenes y Procurador Mauricio Castro). También avaló que la Procuraduría General de la República impugnara la sentencia del Tribunal.
A pesar del proyecto de ley contra la minería, hoy en día existen nueve proyectos que quedaron con derechos adquiridos para llevar a cabo exploraciones, principalmente en minas subterráneas. En diciembre del 2010 se presentó un plan conceptual para la reapertura de una mina en Miramar.
12- Violaciones de derechos humanos: persecución, criminalización y atentados contra la vida
• El año pasado (26/12/2010) se presentó un informe llamado Sobre criminalización y persecución de defensores/as de DDHH – Caso Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe es producto del aporte de varias organizaciones indígenas, sociales, sindicales, ambientales y de derechos humanos.
• El informe menciona múltiples casos de persecución en contra de ambientalistas, empezando por las agresivas e irresponsables palabras de la presidenta durante un discurso ante la Cámara de Ganaderos, en el cual, a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque, Chinchilla dijo: “Por eso es que yo necesito que, en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente,” para proseguir diciendo que en una gira por el sur del país, donde firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto, “me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’; esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos…” (30/10/2010).
• Meses después de las palabras anteriores, una conservacionista canadiense, Kimberley Blackwell, apareció asesinada dentro de su casa en la zona montañosa de San Miguel de Cañaza, en Puerto Jiménez de Golfito. Según las notas periodísticas, la Fuerza Pública descartó el robo como móvil del crimen y se inclinó por un ataque de algún cazador de los muchos que Blackwell enfrentó (La Nación, 02/02/2011).
• Mientras tanto, desconocidos amarraron las puertas y le prendieron fuego a la casa del ambientalista Carlos León, quien viene realizando denuncias ambientales en la zona Sur (Diario Extra, 31/08/2010).
• Jorge Ballestero sufrió una agresión por parte de un grupo de cinco matones en Puntarenas al intentar dar seguimiento a una denuncia sobre el secado de una gran cantidad de aletas de tiburón en un muelle sin nombre al costado este del Mercado Municipal (PRETOMA, 08/01/2011). El famoso chef británico Gordon Ramsay fue agredido en Costa Rica mientras realizaba una grabación sobre el aleteo de tiburones que le dio la vuelta al mundo. Después de la grabación, Ramsay regresó al muelle, en donde lo rociaron con gasolina y le apuntaron con un arma de fuego (Teletica.com, 04/11/2011).
• El sindicato de SENARA aseguró que la Junta Directiva presupuestó un millón de colones para pagar a una asesora legal la investigación contra Miguel Ramírez, funcionario de la entidad que denunció la falta de estudios sobre el caso de la minería a cielo abierto en Crucitas (informa-tico, 19/06/2010).
• La policía golpeó y sacó a empujones a un grupo de 21 manifestantes que demandaban una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica en la Asamblea Legislativa. Argumentando que la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas resultaría problemática para el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, el gobierno y su fracción legislativa se muestran en contra del proyecto de Autonomía.
• La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Texas denunció la violación de los derechos indígenas por el Instituto Costarricense de Electricidad y el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Diquís.
• El diario electrónico El País denunció que un grupo clandestino lanzara serias amenazas mediante un correo electrónico al ambientalista Gadi Amit y al director del diario Carlos Salazar, tras las denuncias de este medio sobre intentos de entregar recursos acuíferos de Sardinal a inversionistas de proyectos inmobiliarios (DPA, 06/09/2010).
• El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas fue acusado por una piñera de difamación por haber asegurado que la compañía “contamina el agua y sigue sembrando piña a 50 metros de la naciente”. El juicio se ha suspendido en dos ocasiones (febrero y julio, 2010) y no fue convocado antes de la muerte de Carlos el 31 diciembre del 2010. La demanda interpuesta buscaba 10 millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Consejo Municipal de Siquirres en febrero del 2009. Ese día, un grupo de vecinos estaba solicitando concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres por la contaminación con agrotóxicos desde el 2007, contaminación que afecta a unas 6 mil personas hasta el día de hoy. Para Carlos Arguedas, esta acción legal “no era más que la intención de la empresa Hacienda Ojo de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad.”
• La Asociación Integral de Desarrollo Comunal de San Rafael de Alajuela denunció que la empresa Comercializadora de Concreto COMCOAS S.A. quiere intimidarlos para que no denuncien atropellos a la comunidad. Luego que fuera denunciada en diversos medios por atentar contra la salud de los vecinos, COMCOAS interpuso acusaciones penales contra varios dirigentes. Una de las querellas fue interpuesta en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José por el delito de difamación de persona jurídica contra Jorge Villalobos, Sergio Ávila y otras 4 personas más estarían demandadas entre pobladores y abogados de la comunidad. (El Pregón.org, 09/11/2010 y Era Verde 2011).
• En el caso del Hotel Riu en Guanacaste, frente a las denuncias permanentes hechas por personas de la comunidad, se han ejercido acciones de presión y persecución, tal y como es el caso del señor Edgar Cantón Pizarro –presidente del Consejo Ecocivil de Carrillo–, demandado por difamación, injurias y calumnias por parte del Alcalde de Carrillo; o el caso del despido, en diciembre pasado, del inspector municipal Carlos Martínez Álvarez.
• Los indígenas Térrabas Paulino Nájera e Isabel River, en resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHD), están enfrentando procesos judiciales por los hechos ocurridos el pasado 12 de octubre del 2010 en una manifestación pacífica realizada en el territorio indígena Térraba. La causa se encuentra en el Juzgado Contravencional de Buenos Aires (Exp. 10-200754-0634-PE) y se une al acoso al que estarían siendo sometidos por parte del ICE. Este acoso se debe a la decisión de los indígenas de expulsar al PHD del Territorio Térraba. Según los indígenas, la dirección del proyecto ha estado incitando la división y discriminación contra varios compañeros y compañeras indígenas, diciéndoles a sus empleados que “por culpa de los indios se van a quedar sin trabajo” (Comunicado de voceros del Territorio Indígena Térraba, 22/02/2011).
• Funcionarios del Minaet enviaron una carta donde cuestionan al profesor, abogado y ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez por enseñar a los estudiantes a redactar denuncias y recursos de amparo por malas prácticas de los encargados de instituciones públicas. Como parte de la actividad académica, los estudiantes interpusieron recursos importantes como: para exigir el reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos (VOTO: 07-016999), el reglamento por contaminación visual (VOTO: 08-011696), la ley de pesca (VOTO 09-008065) y para detener la urbanización ilegal que lanza aguas contaminadas (VOTO 09-019095) (Semanario Universidad, 22/09/2010).
• Comentarios de intolerancia y vinculación de los ambientalistas con el terrorismo que realizó el periodista Camilo Rodríguez Chaverri en un editorial de la Cámara Nacional de Radio contra el movimiento ambiental. (CANARA, 18/03/2011).
13- Expansión piñera incontrolada
• La producción de piña a gran escala está provocando en Costa Rica la violación de derechos humanos como el derecho a la salud, denunció el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México.
• La Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa inició investigaciones relacionadas con la actividad piñera en el país.
• La empresa piñera Agromonte S.A. es denunciada por trabajo infantil y por el despidos de 16 trabajadores y trabajadoras por sindicalizarse (ANEP, 11/10/2010).
• El periódico inglés The Guardian denuncia irregularidades como daño al medio ambiente, uso excesivo de agroquímicos y pago de bajos salarios a los trabajadores en la producción de piña (guardian.co.uk, 02/10/2010).
• La Sala IV ordena al Tribunal Ambiental y al Ministerio de Salud dar curso a una denuncia contra piñeras en Berlín de Los Chiles por contaminación y daño ambiental (sentencia 2010-4949, 12/03/2010). La denuncia fue promovida por la Asociación para la Protección, Conservación y Sanidad de los Recursos Naturales. La empresas responsables son Jimmy Hause S.A., Swiss Tropical Fruit S.A. y Agro Vicces S.A.
• En la región Norte del país, la expansión piñera llegó a más de 20 mil hectáreas, desplazando a otros productos que aseguraban la alimentación nacional, tales como los frijoles y los tubérculos.
• La expansión piñera ha llegado al distrito de Caño Negro y, como consecuencia, la siembra de piña es la principal amenaza al humedal de Caño Negro, según constatan el Tribunal Ambiental Administrativo y el Área de Conservación Huetar Norte. En las barridas del 2010 en la zona de Caño Negro se abrieron cinco expedientes contra empresas piñeras. Desde el año anterior se advirtió a varias piñeras por las malas prácticas encontradas; la inspección que se realizó en febrero de este año demuestra que la mayoría no hizo ningún caso (Semanario Universidad, 13/05/2011).
• El año pasado continuó el juicio contra la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A., que fue denunciada por el Concejo Municipal de Guácimo ante el TAA. Tico Verde es una de las 20 piñeras que se encuentran denunciadas ante el Tribunal. En el expediente administrativo constan mapas que ubican áreas de cultivo de Tico Verde sobre el estudio de Áreas de Recarga Acuífera para el plan regulador de Pococí. Además, es imputada por la violación de áreas de protección, violación a la Ley de Uso (Tribunal Ambiental Administrativo, 28/05/2010).
• Cierre de fincas piñera por mal manejo de los desechos y proliferación de mosca en Venecia, Pital, Río Cuarto de Grecia, Cutris , Guácimo y San Jorge de Cutris.
• El sindicato SITRAP denunció que ocho trabajadores se intoxicaron en las plantaciones piñeras del grupo ACON.
• Las comunidades de Cairo, Luisiana, La Francia y Milano, del cantón de Siquirres, cumplieron cuatro años de recibir agua en cisterna, ya que el acueducto está contaminado con bromacil y diurón, los principales químicos usados en el cultivo de piña.
• Sobre el caso de estas comunidades de Siquirres la Defensoría de los Habitantes pidió la intervención del Ministerio de Salud y de Agricultura, además de vigilar de cerca las plantaciones de piña por el agua contaminada, al parecer, por los agroquímicos que usan esas plantaciones (Teletica.com, 16/12/2010).
• En el río Roxana en Pococí cientos de peces aparecieron muertos. Las autoridades investigan si algún químico de fincas piñeras o bananeras cercanas está contaminando el río. ( Teletica.com, 25/03/2011)
• Unas 250 decenas de pequeños productores de piña de la zona norte se atrasaron en el pago de sus deudas y temen perder sus propiedades. La Cámara de Exportadores de Piña (CANAPEPP) salió al paso a decir que era un problema particular, no una crisis del sector, y que había que revisar la seguridad del mercado antes de sembrar. Igualmente, el gobierno fue enfático al advertir que no habrá formas de readecuación colectiva de deudas (nacion.com, 20/03/2011).
Costa, zona marítimo-terrestre y turismo
14-Continúa el aleteo del tiburón y la descarga en muelles privados
A pesar de que el gobierno amplió por decreto el área de protección en la Isladel Coco, esta reforma no contiene ni revierte el negocio que existe detrás del aleteo de tiburón. Se siguen encontrando barcos descargando ilegalmente aleta de tiburón en muelles públicos, por lo que es lógico pensar en una mayor descarga en muelles privados. Se ha incrementado las acciones legales representantes de la flota extranjera.
15- Con la firma del TLC con China
–cuya flota pesquera esta drenando los mares– es de esperarse que ésta acabe con los recursos marinos. Esto es más grave, como denunció el diputado Claudio Monge, si no se retoma la situación de Incopesca, por la postergación de la reforma y reglamentación de la Ley de Pesca, e inclusive, un proyecto de ley en corriente legislativa que pretende abrir la pesca en las pocas zonas marinas protegidas.
16- Humedales
El país recibió el premio Globo Gris por su deficiente labor en la protección de Playa Caletas de Guanacaste. Esta importante playa de anidación de la tortuga lora está siendo amenazada por la construcción de drenajes, rellenos para caminos, por tala, quemas, cultivo de arroz, y fumigación con agroquímicos (PRETOMA, 28/10/2010).
17- Marina en Isla Moín
Esta marina de 208 hectáreas, destinada a 250 embarcaciones y con un costo de $450 millones solo tiene pendiente recibir el permiso de la Municipalidad de Limón para iniciar las obras. Profesores de la UCR en Limón objetan construcción de marina en isla Moín puesto que la zona elegida para la marina es una isla costera con ecosistemas de costa y humedal, en donde anidan tortugas baula y carey, viven cocodrilos, caimanes y garzas. (Semanario Universidad, 16/11/2010).
18- El mega-turismo
Es una de las fuentes más grandes de conflicto y en donde es apreciable la mayor contradicción ambiental entre el gobierno anterior y el actual. Esto a pesar de la crisis financiera, que detuvo la voracidad con la que venía creciendo este sector –apropiándose de costas, montañas, el agua, el paisaje etc.
Dos nuevos estudio señalan el impacto del desarrollo inmobiliario en el Pacífico. Por un lado, National Geographic colocó al país en la cuerda floja del ranquin de los mejores destinos del mundo. Mientras la Universidad de Stanford, EE. UU.cuestionó el levantamiento de grandes hoteles y complejos residenciales en las provincias de Guanacaste y Puntarenas. Estos desarrollos inmobiliarios generan una presión y un impacto en los recursos naturales de las zonas (agua, suelo, aire, flora y fauna). Datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos indican que en ambas provincias se construyeron poco más de 2,5 millones de metros cuadrados en el 2008, en pleno boom inmobiliario. Esta cifra representa más del 40% del total construido en Costa Rica en ese año (nacion.com, 11/05/2010).
Entre los casos y megra-proyectos más destacados durante este año están:
• Mega-acueducto de Sardinal. Se hizo el intento de iniciar nuevamente con una conferencia de prensa de la Cámara de Turismo de Guanacaste, A y A y el Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, Carlos Cantillo, pero fue suspendida. Días antes, la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca había divulgado una acusación penal que la Fiscalía adjunta de delitos económicos, de corrupción y tributarios presentó contra Cantillo por presuntos delitos de corrupción. Sobre el proyecto hay pendientes una serie de resoluciones de la Sala Constitucional, que ordenaba a la SETENA cumplir con varias ordenanzas. Sin embargo, el proyecto del acueducto sigue avanzando, mientras sus artífices buscan una salida legal y política para revivirlo. Para la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente, los estudios técnicos del acueducto de Sardinal garantizan la existencia de agua suficiente para los desarrollos hoteleros de la zona, pero todavía está pendiente el estudio de viabilidad ambiental.
• Mega-aeropuerto en la zona sur declarado de interés nacional. La presidenta Laura Chinchilla firmó un decreto que declara de interés público la construcción del Aeropuerto Internacional del Sur, ubicado dentro del área Sierpe de Osa. Desatendiendo todos los criterios y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales, este proyecto ha sido declarado de interés público por las dos pasadas administraciones y los estudios técnicos realizados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) han sido rechazados dos veces debido a que carecían de una detallada evaluación de los impactos ambientales del aeropuerto sobre el humedal Térraba-Sierpe. Este proyecto implicaría replicar, en la Zona Sur, el modelo turístico que se ha venido implementando en Guanacaste a partir del aeropuerto de Liberia.
• Conflicto en Parque Baula. Durante este año de gobierno no se ha generado una política integral sobre este caso, a diferencia de lo que sucedió durante el gobierno anterior, que con el cinismo que lo caracterizó propuso desaparecer (como a las tortugas Baulas) la categoría de conservación del Parque Nacional y reducir el área protegida en casi dos tercios. La Contraloría General de Costa Rica publicó un informe en el que criticó duramente al Ministerio del Ambiente por el “débil” manejo del parque. La Procuraduría General de la República recomendó la no aprobación del proyecto y la Sala Constitucional recomendó que se expropiaran los terrenos del parque en vez de bajarlo de categoría (La Nación, 29/04/2010). Por su parte, la Universidad de Costa Rica recomendó a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto de ley por considerar que se fundamenta en supuestos imprecisos, incompletos e incluso equivocados, que hacen más difícil la realización de las propuestas específicas de la iniciativa (Boletín Consejo Universitario, 05/2010). Dicho proyecto de ley se quedó sin resolver en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa de la legislatura pasada. El negocio inmobiliario continúa alrededor del Parque; por ejemplo, un proyecto inmobiliario de 20 etapas y 500 unidades habitacionales en 150 hectáreas ya se desarrolla contiguo al Parque Nacional Marino Las Baulas, en Guanacaste (larepublica.net, 13/05/2010).
• Polo Turístico Papagayo. Este año los nexos políticos de personas encargadas de este megaproyecto fueron denunciados, además de los bajos impuestos que pagan los propietarios de tierras donde se han construido hoteles de lujo. El diputado José María Villalta denunció que el decreto ejecutivo 35962-MP-TUR beneficia a las grandes empresas turísticas, ya que les cobran impuestos de $1 (cerca de ¢500) por metro cuadrado, impuestos que son recolectados por el Instituto Costarricense de Turismo y no por Ministerio de Hacienda. Este cambio significaría que las municipalidades de Liberia y Carrillo no percibiríann más de ¢602 millones al año. Entre las personas beneficiarias de este canon de las concesiones en la zona marítimo-terrestre están la empresa Ecodesarrollo Papagayo, donde figura como accionista Ramón Antonio Mendiola Sánchez (sobrino del expresidente Arias), la empresa Inversiones Monte del Barco, y destacan como presidente de la junta directiva Javier Chaves, exministro de Obras Públicas y Transportes en la administración de Abel Pacheco, y como tesorero Félix Delgado, gerente del Banco Central y exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad y por la empresa Industria Turística Wafou S.A. aparece el de Rubén Pacheco, actual vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles y exministro de Turismo (Semanario Universidad, 08/02/2011. Mientras el ICT le canceló el derecho de concesión a la sociedad anónima Promotora Vacacional de Guanacaste, y sancionó a otras cuatro empresas por incumplimiento de contrato (La Nación, 10/01/2011).
• Hotel Riu. En el 2011, este hotel pretende duplicar el espacio que ocupa (102.000 metros cuadrados) y construir una segunda etapa en zona de manglar. Durante la construcción de la primera etapa –700 habitaciones– se produjo la muerte de un trabajador en circunstancias dudosas, la destrucción del manglar, uso intensivo del agua en una región con escasez, destrucción del arrecife, tala y entierro de árboles; además de una generación intensiva de desechos. Todo esto afectó una playa que es territorio de anidación de tortugas. Por estas irregularidades, el hotel ha enfrentado denuncias y hasta una resolución en su contra en el Tribunal Ambiental (Colectivo Campamentos Ecologistas y otras organizaciones). Mientras la Fiscalía de Santa Cruz y el OIJ intervinieron el departamento de permisos ambientales de la Municipalidad de Carrillo y el Minaet de Santa Cruz de Guanacaste, por los permisos otorgados para la construcción del mencionado hotel (Diario Extra, 30/03/2011).
19- Energía
Como es la norma en el tema ambiental se estableció una Comisión Interinstitucional del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sin participación de afectados directos y sectores sociales. Lo mismo se está imponiendo en proyectos como las líneas de alta tensión en la región de Dota. El proyecto de electricidad también fue diseñado sin ningún tipo de consulta y participación del sector ambiental.
20- Agenda Ambiental legislativa
• Los diputados, principalmente del gobierno, han estado opuestos a reformar la Ley Orgánica del Ambiente para exigir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) antes de otorgar una concesión como ha ordenado la Sala Cuarta en varios votos.
• El pagar favores políticos amparados en la apropiación de los bienes comunes no ha sido fácil para los diputados del gobierno, diputados libertarios y para el Poder Ejecutivo. Esto pues la Sala IV declaró nuevamente inconstitucional el Proyecto 14.836 de Reforma a la Ley de Concesión de Marinas, por encontrar artículos que lesionan el principio de progresividad de los derechos humanos en materia ambiental y por no incluir varias categorías de manejo para las áreas silvestres protegidas en la prohibición de marinas (Diario Digital Costa Rica Hoy, 25/03/2011).
• El proyecto de ley (expediente Nº 15.904) para eliminar el patrimonio natural del Estado modificando el artículo 13 de la Ley Forestal prestado por la diputada guanacasteca doña María Ocampo tendría como consecuencia que todos los bosques ubicados en terrenos públicos que no formen parte de áreas silvestres protegidas y la zona marítima terrestre queden excluidos del patrimonio del estado. Esta propuesta fue catalogada como “conflicto de intereses personales” por la vinculación con el caso de la diputada con la empresa de la familia Ocampo, que pretende inscribir como propiedad en la Zona Marítimo Terrestre en playa Cabuyal, Liberia (Diario Digital Costa Rica Hoy, 29/03/2011).
• No se convocó para discusión en sesiones extraordinarias el Proyecto de Vida Silvestre de Iniciativa Popular.
21- Participación y acciones sociales de denuncia
No es la actual administración la que está logrando detener la negativa herencia del gobierno pasado y la deuda ecológica histórica que arrastramos. Es la participación de particulares y organizaciones comunales y ambientales la que está logrando poner a trabajar a las instituciones y hacer cumplir la ley en casos como:
• El recurso de amparo que se trajo abajo el decreto de entrega de la isla San Lucas interpuesto por ambientales (Sala Constitucional, resolución 2010-13099, 04/08/2010).
• El Plan Urbano Territorial de la Región Chorotega, decretado por la administración Arias, porque no cumplió con obligaciones ambientales (Sala Constitucional, resolución 8645-10, 29/05/2010).
• La acción legal interpuesta por vecinos y ambientalista ante la Sala IV que exigió un nuevo estudio de impacto ambiental para un “desarrollo” inmobiliario que pretendía construir 300 condominios en una montaña de Tilarán, Guanacaste (elpais.cr, 15/08/2010).
• La paralización de todas las obras del proyecto Azul Paraíso, que consiste en la construcción de un condominio de cuatro niveles, solicitado por la organización Confraternidad Guanacasteca a la SETENA (Diario Extra, 20/08/2010).
• Un recurso de amparo la Sala IV ordenó que en Santa Cruz de Guanacaste no se den nuevas concesiones para el aprovechamiento del agua hasta que las autoridades ambientales del país determinen la capacidad de recarga del acuífero local. El recurrente asegura que un nuevo proyecto inmobiliario (dos torres de condominios) podría afectar el suministro de agua potable a los usuarios de la Asociación Administrativa del Acueducto Rural de playa Brasilito (La Nación, 05/09/2010).
• La Sala IV también exigió a la Municipalidad de Osa incluir al proceso de viabilidad ambiental de la SETENA al territorio comprendido por Playa Arco (sentencia 2010-12 458).
• Los esfuerzos de comunidades y organizaciones han logrado mitigar un poco la expansión agresiva de la producción piñera, como es el caso de la comunidad de Santa Rosa de la Rita de Pococí, que ha mantenido parada la siembra de más de 200 hectáreas de piña, por amenazar las fuentes de agua, en una finca del grupo ACON (Semanario Universidad, 02/02/2011).
• Paralización de un gran proyecto turístico en playas Zapotillal y Nombre de Jesús. Esta lucha viene siendo denunciada por la organización ecologista Bosque Nuestros y diputados de oposición. En el distrito de Cabo Velas en Santa Cruz, Guanacaste por orden de un juez, ante posible daño ambiental. También se indaga si hubo anomalías en los permisos dados por SETENA y Minaet. Según ha podido determinar la Fiscalía, se han talado extensas áreas de bosque. El proyecto se levanta sobre 268 hectáreas, de las cuales 180 hectáreas son de bosque seco (La Nación, 07/11/2010).
• El Tribunal Ambiental Administrativo abrió un proceso legal contra el Hotel Fiesta Premier por una denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Público y Privados del ICT, debido a la construcción de áreas de recreo y cabinas dentro de la zona marítimo-terrestre en Playa Arenilla en el Golfo de Papagayo (La Prensa Libre, 17/11/2010).
• La Junta Directiva del Acueducto Rural de la comunidad de Milano, ubicada en el cantón de Siquirres, interpuso una demanda penal contra la transnacional Del Monte por el delito de contaminación de aguas ocasionada por una piñera de su propiedad ubicada en dicha comunidad.
• La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Limón proteger el acuífero costero de Moín y demandó anular la patente conferida a un parqueo que afecta la zona de recarga de las nacientes (La Nación, 28/06/2010).
• La Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia y el Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel denunciaron la tala de bosque en zonas aledañas al Macizo del Barva, una zona declarara inalienable desde 1888. La tala se dio cerca de varias quebradas que nacen en esta zona (El Financiero, 13/01/2011).
• Las comunidades, organizaciones locales y Municipalidad de Naranjo emprendieron la defensa de Zona Protectora El Chayote. En esta zona se pretende construir un proyecto inmobiliario que afecta dos acuíferos que nutren a 19 acueductos rurales y al acueducto de la ciudad de Naranjo. El decreto Nº 35151-MINAET redujo la Zona Protectora en 100 hectáreas. El proyecto pretende construir residencias, condominios y caminos asfaltados en 59 de esas hectáreas. La SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto sin tomar en cuenta la alta vulnerabilidad del sitio (Diario Digital Costa Rica Hoy, 03/03/2010).
• El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, denunció que el gobierno pretende eliminar la regulación actual de los máximos de sustancias tóxicas permitidas en el cemento que actualmente importa el país. Según el diputado, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) quiere derogar la norma técnica RTCR383, implantada en el 2004, que obligó a que el cemento cumpla requisitos y que pone límite a 13 sustancias como plomo, cromo y arsénico. La empresa Cementos David, junto a la compañía MECO, construye una planta cementera en San Rafael de Alajuela. Según la denuncia, el consorcio impugnó el decreto ante la oficina respectiva del MEIC. Por su parte, la empresa MECO se encuentra entre los más grandes donantes a la campaña presidencial de Laura Chinchilla. MECO donó, por medio de su presidente Carlos Cerdas, la suma de 11.200.000 colones a la campaña.
• La Sala IV ordenó el monitoreo del manto acuífero Barva (que abastecen 500.000 habitantes) al Consejo Nacional de Concesiones, a SETENA y SENARA después de que maquinaria de la empresa Autopistas del Sol rompiera el acuífero durante la construcción de la carretera a Caldera (La Nación, 23/06/2010).
• Nuevamente, el abogado experto en derecho ambiental Álvaro Sagot y el físico José Alberto Brenes presentaron una acción de inconstitucionalidad por el decreto emitido por el gobierno para autorizar construcciones en zonas protegidas del Gran Área Metropolitana.
• El Comité Poaseño en Defensa de la Naturaleza informó que cientos de vecinos denunciaron ante el Ministerio Público, la Casa Presidencial y diputados que la Municipalidad de Poás y su Alcalde continúan irrespetando el voto 2004-01923, donde se cuestionan los permisos para la construcción de una urbanización (elpais.cr, 07/09/2010).
• La Sala IV derogó un decreto que permitía al ministro del Ambiente otorgar concesiones para generación hidroeléctrica. La constitución establece que la concesión debe ser otorgada con fundamento en una ley general o resultar de una decisión legislativa (Voto 12299-10).
• La Sala Constitucional resolvió parcialmente un recurso presentado por un vecino de Limón, que denunció la descarga de aguas negras en el mar (diarioextra.com, 14/02/2011).
• El caso más emblemático para la acción de los grupos ambientales y la opinión pública es el juicio que canceló la explotación minera en Las Crucitas. El tribunal condenó a la compañía Industrias Infinito a pagar los daños por la tala de 50 hectáreas de bosque, y pidió al Ministerio Público que evalúe la procedencia de entablar un juicio contra el expresidente Óscar Arias, el ex ministro del Ambiente, Roberto Dobles, y otros seis funcionarios. Además, el Tribunal declaró ilegal el decreto de “conveniencia nacional” firmado en el 2008 y que permitió la deforestación. Los jueces explicaron que dicho decreto no hizo un balance adecuado de los beneficios del proyecto y de los costos que tendría para el ambiente.
• Los pocos espacios de participación ciudadana existente quieren ser eliminados con el proyecto de ley sobre gobernabilidad que corre en la Asamblea bajo el expediente N° 17673. El proyecto trata de evitar la participación de organizaciones socio-ambientales en la institucionalidad pública de este país, incluyendo la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Red de Coordinación en Biodiversidad, 25/10/2010).
Conclusiones
1. Hay un incremento de los conflictos ambientales en el país y cada vez el Gobierno es mayor promotor mediante políticas, proyectos y sobre todo con la inacción. Además, el gobierno se ha parcializado radicalmente del lado de los empresarios y las transnacionales.
2. La agenda socio-ambiental no es prioridad, ni hay una política solida e integral que aborde la crisis ambiental. Esto es visible en el aumento en el número de conflictos que son resueltos por los Tribunales y por resistencia comunitaria -ecologista. No hay políticas de educación o prevención ni cumplimiento de la ley, si no que todo termina resolviéndose, en el mejor de los casos, en tribunales.
3. La acción del gobierno se centra en la flexibilización, la reducción de la institucionalidad y la fiscalización ambientales. Además, se debilitan las instancias de control y denuncia.
4. La participación activa de las comunidades y organizaciones es la que está deteniendo los impactos del actual modelo de desarrollo.
5. Los casos de mayor conflictividad se relacionan con el mega-turismo y con la expansión piñera, las dos actividades con mayor estímulo de parte de los últimos gobiernos.
6. Como consecuencia de un proceso de denuncia y crecimiento de la resistencia socio- ambiental se fortalece la intolerancia, la estigmatización social, incluso llegando a ataques físicos, judicialización y asesinatos de ecologistas, indígenas, y comunidades. Cada año se suman más casos de este tipo, y partiendo de las declaraciones de la presidenta hay un claro discurso anti-ecologista – no solo como reacción ante la exitosa campaña contra la minería, sino también producto del aumento de la agresividad de las compañías o individuos cuyas ganancias dependen de la explotación de la naturaleza.
Referencia
Monge Pereira, Claudio. “El rastro de los Arias contra el ambiente”. En: elpais.cr, 11/05/2011.
COECOCEIBA. “La labor ambiental de la administración Chinchilla” http://coecoceiba.org/2010/10/04/la-administracion-chinchilla-y-el-ambiente/. En: coecoceiba.org, 04/12/2010.
COECOCEIBA. “Chinchilla dice ser ambientalista pero…”. En: coecoceiba.org, 02/04/2011.
Páginas web consultadas
Organizaciones e instituciones
Bloque Verde (http://www.bloqueverde.blogspot.com/)
Cámara Nacional de Radio Costa Rica (http://www.canara.org/)
Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica (http://www.cu.ucr.ac.cr/)
Contraloría General de la República, Costa Rica (http://www.cgr.go.cr/)
Iniciativa Paz con la Naturaleza (IPN) (http://www.pazconlanaturaleza..org/)
Programa Kioscos Socio-Ambientales para la Organización Comunitaria (kiosocosambientales.ucr.ac.cr)
Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) (http://www.pretoma.org/es)
Red de Coordinación en Biodiversidad (http://redbiodiversidadcr.info/)
Sala Constitucional – Corte Suprema de Justicia (http://www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/)
Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) (http://www.tribunalambiental.org/)
Medios de comunicación
http://costaricahoy.info
http://semanario.ucr.ac.cr
http://www.aldia.cr
http://www.diarioextra.com
http://www.dpa.com
http://www.elfinancierocr.com
http://www.elpais.cr
http://www.guardian.co.uk
http://www.larepublica.net
http://www.nacion.com
http://www.prensalibre.cr
http://www.radiomundoreal.fm
http://www.teletica.com
Fuente: Costa Rica Hoy.
