Nosotros y nosotras,
estudiantes de Biología de las tres universidades que imparten esta carrera en
el país (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Latina),
así como personas de otras ocupaciones que se solidarizan con la defensa de la
ética en las profesiones, la libertad de cátedra y la libre expresión, nos
unimos en apoyo expreso con el Profesor Jorge Lobo Segura, ante la acusación de difamación de personería jurídica por parte de la empresa minera
Industrias Infinito, supuesto delito
por el cual la empresa exige una indemnización de más de 500 millones
de colones.
Al
Profesor Jorge Lobo se le incrimina por haber expresado en el documental “El
Oro de los Tontos”, de Pablo Ortega, argumentos como:
a.
La
existencia de accidentes con las lagunas de relave que producen contaminación
con aguas cianuradas. (declaración que la empresa acusa como una difamación
hacia ellos)
b.
La
empresa cumplió con los trámites de una forma sesgada a su favor y que además, él
percibía que habían realizado compras de voluntad dentro del proceso con
favoritismo a lo interno del Estado (como bien lo refuerza el criterio del
juicio en el Contencioso Administrativo del 2010).
Casos
como la demanda contra el Profesor Jorge Lobo y la demanda contra el Profesor
Nicolás Boeglin, también por parte de esta empresa y por las mismas
razones constituyen intentos de
criminalización del pensamiento científico y de la argumentación técnico-jurídica, algo totalmente inaudito y sin
precedentes en Costa Rica. Son represalias por el papel destacado de la
Universidad de Costa Rica en el conflicto y en la discusión nacional acerca de
la minería de oro a cielo abierto y temas similares. Cabe recordar que la
Universidad lo que hace es velar por intereses colectivos y bienes comunes,
como lo demanda su estatuto. Además de estas personas, la minera ha intentado
callar mediante la misma vía al abogado ambientalistas Edgardo Araya y a los
diputados de la Asamblea Legislativa Manrique Oviedo y Claudio Monge.
Esta reprimenda
emprendida por la empresa minera es un acto directo en contra de la autonomía,
los derechos de los funcionarios y la libre cátedra. Es una amenaza a los
derechos humanos y además una amenaza a quienes queremos ejercer nuestra
profesión como biólogos e implementar nuestros conocimientos adquiridos a
través de los años de estudio de manera responsable para emitir criterios
certeros sobre procesos de la realidad nacional, en los cuales, como ciudadanos
de este país, tenemos la plena responsabilidad y derecho de tomar parte.
Denunciamos este tipo de
acciones que lo que buscan es criminalizar la protesta y llamamos a todos los
profesionales del país a seguir ejemplos de valentía y honestidad como el que
brinda el Profesor Jorge Lobo Segura, en defensa no solo de la institución
Universitaria sino de los valores sobre los que se fundamenta nuestro Estado de
Derecho como país democrático.
Considerando que la Sala I resolvió rechazar los
recursos de casación y dejar en firme la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo,
el vergonzoso acto de la filtración del borrador de sentencia de Sala I, todas
las irregularidades en los permisos de la empresa y que nunca se invitó a venir
a este país a Industrias Infinito, solicitamos a la empresa que antes de irse
del país cubra los costos y perjuicios que ocasionó al bosque, a las
comunidades y las personas particulares y además a instituciones del país.
A
Sala IV solicitamos rechazar ad portas los recursos presentados con
base en el documento filtrado. La Sala IV lleva varias semanas de preocupante indecisión
al respecto.
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