Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)
San José, 20 dic (elpais.cr) – Dos académicos costarricenses solicitaron a la opinión pública, estar alerta ante una decisión de la Sala Constitucional de anular la jurisprudencia, utilizada por la Sala Primera en el caso de la minera canadiense Infinito Gold.
Una decisión en tal sentido, sostienen, pondrá en conflicto el sistema jurídico costarricense y dará cabida a los intereses de la transnacional para llevar a Costa Rica a un tribunal internacional, aspiración reiterada por funcionarios y abogados de la empresa.
La alerta la hicieron el abogado Walter Antillón Montealegre y el sociólogo José Luís Vega Carballo, miembros de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático.
En un pronunciamiento, divulgado en este medio en la sección Opinión, ambos prestigiosos académicos alertan acerca de la grave amenaza que puede significarle a nuestro País una decisión errada de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
Recuerdan que desde el pasado 11 de noviembre, es pública la noticia del extravío de un borrador de sentencia de la Sala Primera de la Corte, relacionado con el proyecto minero ubicado en Las Crucitas.
La transnacional canadiense Industrias Infinito Gold S.A. tuvo acceso a ese documento de trabajo, en un momento en que la información contenida en el mismo era secreta; y la utilizó para sustentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte. El caso es objeto de investigación por el Ministerio Público.
En Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, a tres kilómetros del río San Juan, la empresa foránea ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto, pero el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), eliminó los permisos ilegales y un decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional, emitido por el ex presidente Oscar Arias.
La Sala Primera en sentencia, por unanimidad de los cinco magistrados, decidió mantener el fallo del TCA y sepultó legalmente el proyecto minero Crucitas (Ver aquí Sentencia Completa).
Filtración
Antillón Montealgre y Vega Carballo denuncian que, pese a innumerables opiniones vertidas en distintos medios, exigiendo a la Sala Constitucional un rechazo "ad portas" de aquella acción, basada en el conocimiento previo de un documento filtrado de manera fraudulenta a un tribunal de la República, “los Magistrados de la Sala Constitucional se han mantenido reservados al día de hoy, y ello es altamente preocupante”.
“Porque si un recurso judicial elaborado con base en documentos espurios filtrados a un tribunal, como ocurre en este caso, es aceptado, la Sala Constitucional estaría cohonestando el ilícito, y con ello sentando un gravísimo precedente para nuestro sistema judicial”, explican los académicos.
Resaltan que “en todo caso obsérvese que desde el punto de vista jurídico ya no existe el “asunto pendiente” a que se refiere el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a que la Sala Primera falló el caso el pasado 30 de noviembre del 2011, confirmando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 14 de diciembre del 2010, tornando insubsistente uno de los presupuestos procesales de la acción”.
Pero además, aseguran, “en el plano de la oportunidad, está un grave riesgo, que la Sala Constitucional nos estaría haciendo correr como País, al acoger por la vía de la inconstitucionalidad cualquiera de las pretensiones de la empresa minera; porque con ello franquearía el camino de un eventual arbitraje internacional a instancias de Infinito Gold: en varias ocasiones los representantes de la empresa han planteado esta opción; y, de manera sistemática, en comunicados a sus inversionistas, han insistido en la inminencia de un conflicto entre la jurisprudencia de la Sala Primera y la de la Sala Constitucional de la Corte. Acoger entonces, a estas alturas, algún recurso por parte de la Sala Constitucional significaría permitirle a la empresa minera confirmar esta supuesta tesis ante un tribunal arbitral a nivel internacional”.
“Como ciudadanos comprometidos con la vigencia de nuestro sistema democrático, y atentos a los riesgos que significa un error de apreciación de nuestros magistrados, exhortamos a la comunidad nacional a exigir a la Sala Constitucional que respete nuestro ordenamiento y no se preste a abrir una peligrosa Caja de Pandora de incalculables daños para Costa Rica”, concluyen Walter Antillón Montealegre y José Luis Vega Carballo, en representación de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático.
Cabe recordar que el abogado y apoderado de la empresa, el constitucionalista Rubén Hernández Valle dijo al Semanario Universidad que la “última palabra no está dicha”.
El abogado minero aseguró que el proceso “no ha terminado”, ya que todavía queda la instancia de la Sala Constitucional con la que esperan que los magistrados acojan una acción interpuesta por el otro abogado de la minera, Juan Carlos Hernández.
Hernández Valle recalcó que “los tribunales contencioso-administrativos no pueden fallar contra la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por lo que veremos qué dice esta Sala”.
Sin embargo, los abogados ambientalistas durante el juicio contra la minera fueron enfáticos al reiterar la inviabilidad de esta acción de inconstitucionalidad.
Álvaro Sagot, abogado que representó durante el juicio al biólogo Jorge Lobo, explicó que para que la acción sea acogida se necesita que exista un juicio previo, donde se discuta algún aspecto en el que se podría considerar la inconstitucionalidad.
“Al haber terminado el caso en Sala Primera, la acción debe ser rechazada; es decir, no tiene sentido, ni sustento”, concluyó Sagot.
Para Bernal Gamboa, abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), existiendo una sentencia en firme, la posibilidad de que la Sala Constitucional admita la acción interpuesta por la empresa minera generaría un “pulso terrible” entre las dos salas.
Fuente: elpais.cr.
San José, 20 dic (elpais.cr) – Dos académicos costarricenses solicitaron a la opinión pública, estar alerta ante una decisión de la Sala Constitucional de anular la jurisprudencia, utilizada por la Sala Primera en el caso de la minera canadiense Infinito Gold.
Una decisión en tal sentido, sostienen, pondrá en conflicto el sistema jurídico costarricense y dará cabida a los intereses de la transnacional para llevar a Costa Rica a un tribunal internacional, aspiración reiterada por funcionarios y abogados de la empresa.
La alerta la hicieron el abogado Walter Antillón Montealegre y el sociólogo José Luís Vega Carballo, miembros de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático.
En un pronunciamiento, divulgado en este medio en la sección Opinión, ambos prestigiosos académicos alertan acerca de la grave amenaza que puede significarle a nuestro País una decisión errada de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
Recuerdan que desde el pasado 11 de noviembre, es pública la noticia del extravío de un borrador de sentencia de la Sala Primera de la Corte, relacionado con el proyecto minero ubicado en Las Crucitas.
La transnacional canadiense Industrias Infinito Gold S.A. tuvo acceso a ese documento de trabajo, en un momento en que la información contenida en el mismo era secreta; y la utilizó para sustentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte. El caso es objeto de investigación por el Ministerio Público.
En Crucitas de San Carlos, provincia de Alajuela, a tres kilómetros del río San Juan, la empresa foránea ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto, pero el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), eliminó los permisos ilegales y un decreto de Interés Público y Conveniencia Nacional, emitido por el ex presidente Oscar Arias.
La Sala Primera en sentencia, por unanimidad de los cinco magistrados, decidió mantener el fallo del TCA y sepultó legalmente el proyecto minero Crucitas (Ver aquí Sentencia Completa).
Filtración
Antillón Montealgre y Vega Carballo denuncian que, pese a innumerables opiniones vertidas en distintos medios, exigiendo a la Sala Constitucional un rechazo "ad portas" de aquella acción, basada en el conocimiento previo de un documento filtrado de manera fraudulenta a un tribunal de la República, “los Magistrados de la Sala Constitucional se han mantenido reservados al día de hoy, y ello es altamente preocupante”.
“Porque si un recurso judicial elaborado con base en documentos espurios filtrados a un tribunal, como ocurre en este caso, es aceptado, la Sala Constitucional estaría cohonestando el ilícito, y con ello sentando un gravísimo precedente para nuestro sistema judicial”, explican los académicos.
Resaltan que “en todo caso obsérvese que desde el punto de vista jurídico ya no existe el “asunto pendiente” a que se refiere el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a que la Sala Primera falló el caso el pasado 30 de noviembre del 2011, confirmando la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 14 de diciembre del 2010, tornando insubsistente uno de los presupuestos procesales de la acción”.
Pero además, aseguran, “en el plano de la oportunidad, está un grave riesgo, que la Sala Constitucional nos estaría haciendo correr como País, al acoger por la vía de la inconstitucionalidad cualquiera de las pretensiones de la empresa minera; porque con ello franquearía el camino de un eventual arbitraje internacional a instancias de Infinito Gold: en varias ocasiones los representantes de la empresa han planteado esta opción; y, de manera sistemática, en comunicados a sus inversionistas, han insistido en la inminencia de un conflicto entre la jurisprudencia de la Sala Primera y la de la Sala Constitucional de la Corte. Acoger entonces, a estas alturas, algún recurso por parte de la Sala Constitucional significaría permitirle a la empresa minera confirmar esta supuesta tesis ante un tribunal arbitral a nivel internacional”.
“Como ciudadanos comprometidos con la vigencia de nuestro sistema democrático, y atentos a los riesgos que significa un error de apreciación de nuestros magistrados, exhortamos a la comunidad nacional a exigir a la Sala Constitucional que respete nuestro ordenamiento y no se preste a abrir una peligrosa Caja de Pandora de incalculables daños para Costa Rica”, concluyen Walter Antillón Montealegre y José Luis Vega Carballo, en representación de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático.
Cabe recordar que el abogado y apoderado de la empresa, el constitucionalista Rubén Hernández Valle dijo al Semanario Universidad que la “última palabra no está dicha”.
El abogado minero aseguró que el proceso “no ha terminado”, ya que todavía queda la instancia de la Sala Constitucional con la que esperan que los magistrados acojan una acción interpuesta por el otro abogado de la minera, Juan Carlos Hernández.
Hernández Valle recalcó que “los tribunales contencioso-administrativos no pueden fallar contra la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por lo que veremos qué dice esta Sala”.
Sin embargo, los abogados ambientalistas durante el juicio contra la minera fueron enfáticos al reiterar la inviabilidad de esta acción de inconstitucionalidad.
Álvaro Sagot, abogado que representó durante el juicio al biólogo Jorge Lobo, explicó que para que la acción sea acogida se necesita que exista un juicio previo, donde se discuta algún aspecto en el que se podría considerar la inconstitucionalidad.
“Al haber terminado el caso en Sala Primera, la acción debe ser rechazada; es decir, no tiene sentido, ni sustento”, concluyó Sagot.
Para Bernal Gamboa, abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), existiendo una sentencia en firme, la posibilidad de que la Sala Constitucional admita la acción interpuesta por la empresa minera generaría un “pulso terrible” entre las dos salas.
Fuente: elpais.cr.
No hay comentarios:
Publicar un comentario