Imágenes de la Mina Bellavista, en Miramar de Puntarenas. CRH
La Mina Bellavista, ubicada en Miramar de Puntarenas, en Monte de Oro, es una de las opciones mineras que se contempla desde 1990, cuando surgió la avalancha de empresas en busca de oro, principalmente provenientes desde Canadá.
Crucitas, Conchudita, Bijagua y Upala, en la región Huetar Norte limítrofe con Nicaragua, y la zona de Liberia, en los bordes mismos del Parque Nacional Guanacaste, en el Pacífico Norte, también han sido pretendidas por la minería.
Las primeras comunidades en enfrentar la amenaza del nuevo boom de minas de oro a cielo abierto fueron las de Miramar, en Puntarenas y San Carlos a partir del año 1995.
Bellavista
En 1996, un grupo organizado en Miramar, apoyado por académicos de las universidades y algunas organizaciones no gubernamentales, lograron demostrar las debilidades técnicas de la propuesta que pretendía extraer el mineral en la cuenca superior del río Ciruelas, lugar de nacimiento del agua potable, que desde principios del siglo XX abastecía a Miramar y a otras comunidades vecinas.
La propuesta proyectaba trasladar el mineral mediante ducto de 6 kilómetros hasta la cuenca media del río Naranjo, donde se proponía lixiviar con cianuro en tanques, construyendo una laguna para las colas y otra para el tratamiento de las aguas.
Desde ese entonces, las empresas mineras recurrieron a la intimidación jurídica para reprimir las protestas en Miramar.
Esta situación es comentada por Sonia Torres, activista de Miramar en contra de la minería, en uno de sus escritos al respecto puntualizando la lucha desigual que han mantenido las organizaciones de cara a las entidades gubernamentales y transnacionales mineras.
Lucha desigual
“Aquí no se nos mata como en otros países, pero se nos encierra en tribunales de juicio para intimidarnos”, señala Cecilia Pérez, quien no ha bajado la guardia desde hace 18 años cuando empezó a defender el agua de su comunidad.
Financieramente, las empresas designan en sus presupuestos recursos para imponer sus propuestas; mientras las comunidades recurren a los tecnicismos y recursos legales ad honorem para frenar las propuestas, encontrándose de frente con el sólido respaldo del gobierno a las empresas mineras.
Cuando la mina Bellavista se empezó a construir a finales del año 2002, lo hizo respaldada en un Plan de Gestión Ambiental homologado a Estudio de Impacto Ambiental, ampliamente cuestionado por expertos nacionales e internacionales.
La compañía convenció al sector pesquero localizado en el Golfo de Nicoya, a escasos 14 kilómetros, que la deforestación masiva, la desertificación local, la contaminación del río Ciruelas, no representaban peligro para la pesca, consiguiendo el respaldo público de los dirigentes pesqueros, que luego de caída la mina han guardado sepulcralmente silencio.
Hundimiento en el 2007
La mina Bellavista, establecida sobre importantes mantos acuíferos, de la que se esperaba explotar 555 mil onzas de oro en 7,3 años, empezó a operar en mayo 2005 y debió suspender temporalmente operaciones debido a los intensos aguaceros en setiembre y octubre de ese año.
Luego de operar en forma interrumpida durante 2 años, suspendió abruptamente operaciones el 25 de julio 2007 y colapsó finalmente el 22 de octubre del 2007, cuando la planta de procesamiento de oro quedó aplastada por el hundimiento de la pila de lixiviación.
La caída evidenció el temor de las comunidades, que habían alertado sobre la inminente ruptura de las geomembranas que eran la garantía ofrecida por la empresa minera para evitar la contaminación de las aguas subterráneas con los tóxicos producto de la lixiviación con cianuro.
Ese riesgo continúa latente y sigue representando un gran temor porque los análisis del agua, bajo responsabilidad absoluta de la empresa minera, continúan arrojando datos negativos, mientras la empresa está renuente a que laboratorios independientes hagan esos análisis.
Fuente: CostaRicaHoy.com
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