Industrias Infinito depositó fondos desde el 2007 en cuenta de la Setena
Jueces acogieron petición de abogados demandantes para pagar daño ambienta
El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó
inmovilizar la garantía ambiental de $600.000 que la minera Industrias
Infinito depositó desde el 2007.
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Para cobrar
los daños, tanto a la minera como al Estado, primero hay que establecer
los daños ambientales causados por el proyecto minero en Cutris de San
Carlos, entre estos, la tala de árboles.
La imposibilidad para trasladar o retirar tales
fondos quedó establecida en una medida “provisionalísima” que los
jueces contenciosos emitieron el 10 de enero.
Dicha
decisión se tomó en respuesta a una petición de Bernal Gamboa y
Álvaro Sagot, abogados demandantes en el denominado caso Crucitas,
según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
El
proceso concluyó en noviembre, cuando la Sala Primera ratificó un
fallo del Tribunal Contencioso y la anulación de la concesión otorgada a
Infinito para extraer oro en Cutris de San Carlos.
“Esto
es parte del procedimiento para pasar a la segunda etapa, que es de
ejecución de sentencia. El documento que facilitamos (al Tribunal) es un
acto preparatorio para que la empresa asuma y le haga frente a
honorarios de abogados y daños y perjuicios”, manifestó Álvaro Sagot.
El dinero se encuentra depositado en una cuenta denominada Custodia de Valores N.° CV-7297-SETENA-MINAET, del Banco Nacional.
Representantes de la empresa Industrias Infinito manifestaron que
“siempre han hecho frente a sus obligaciones y lo seguirán haciendo como
es debido.
“Debería
quedar muy claro que detrás de todo el proceso, existe una clara
deshumanización de los detractores del proyecto frente a las necesidades
sociales, comunitarias, laborales, de infraestructura y existenciales
de los vecinos y los trabajadores”, manifestó Yokebec Soto, vocera de la
empresa, de capital canadiense.
Peticiones denegadas.
En su gestión ante el Tribunal, planteada el pasado 23 de diciembre,
los abogados Gamboa y Sagot también pidieron congelar las propiedades y
vehículos inscritos a nombre de Industrias Infinito.
No
obstante, dijo Sagot, la instancia judicial rechazó la solicitud al
considerar que no era procedente por un asunto de “proporcionalidad y
razonabilidad”.
De la misma forma, no tuvo éxito el
llamado que se hizo para que el Consejo Nacional de Rectores (Conare)
conformara un equipo de académicos que ayudaran a estimar los daños
ambientales causados por la compañía minera.
El rechazo a la participación del Conare obedece a que este no figura como parte en el proceso.
Para
la fase de ejecución de sentencia, dijeron los abogados, hará falta
tener cálculos de los daños al paisaje, al recurso hídrico y la
biodiversidad que pudo haber provocado el proyecto.
Asimismo, son necesarias las estimaciones del tiempo de recuperación y los mecanismos de mitigación.
Industrias Infinito pretendía extraer 800.000 onzas de oro.
Fuente: Nacion.com.
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