10 feb. | alonso mejía. Procuraduría causó escándalo al apelar, a favor de empresa extranjera, anulación de la minería a cielo abierto
A casi tres meses de anulada la concesión minera a la empresa canadiense Industrias Infinito Gold S.A. por el Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en Calle Blancos de Goicoechea, por fin se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la ley que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en el país.
Una gran cantidad de mensajes de júbilo a través de las redes sociales han circulado desde ayer, sobre todo provenientes de organizaciones y de la sociedad civil costarricense que defienden el medioambiente.
En octubre pasado, después de casi un mes de juicio, maniobras publicitarias de la empresa aludida y protestas contínuas y huelga de hambre de los ambientalistas, el presidente del Tribunal, Eduardo González Segura, dió lectura de la sentencia en Calle Blancos, para fulminar las pretenciones de la explotación minera en Las Crucitas
Causa judicial contra expresidente Arias
En el fallo de los jueces, además de la prohibición, se recomendó al Ministerio Público abrir una causa judicial al expresidente de la República Óscar Arias Sánchez y a funcionarios de la Dirección de Geología y Minas.
El Tribunal Contencioso ordenó además a la empresa Industrias Infinito el pago de una indemnización al país por los daños ambientales causados en la zona, que incluye el arboricidio contra maderas preciosas y básicas para el hábitat de la zona, como las de almendras, del cual se alimentan las lapas verdes, especies en peligro de extinción.
El ex presidente Oscar Arias firmó el decreto 34801-MINAET durante su gestión, y declaró "de interés nacional" el proyecto. Laura Chinchilla se negó a derogarlo luego de asumir la Presidencia en 2010, y este año, la Procuraduría en representación del Estado costarricense apeló la sentencia, el mismo día que lo hizo Industrias Infinito, originando múltiples declaraciones de rechazo de sectores políticos y de la sociedad civil.
Triunfo ambientalista
La lucha contra la minería a cielo abierto incluyó numerosas caminatas, marchas de diferentes sectores sociales ; ayuno y luego una huelga de hambre de 26 días que realizaron ciudadanos ambientalistas del Frente Norte de Oposición a las Minería y la Coordinadora Ni Una Sola Mina y que el gobierno de la presidente Chinchilla ignoró.
El Tribunal Contencioso Administrativo acogió la demanda de las organizaciones ambientalistas integrado por un un equipo jurídico de abogados de CEDARENA, de UNOVIDA, y de APREFLOFAS.
El Tribunal comenzó el 4 de octubre el juicio, cuya resolución se leyó el miércoles 24 de noviembre y que falló a favor de las organizaciones ambientalistas. La sentencia íntegra N° 4399-2010 de la resolución se leyó el catorce de diciembre del dos mil diez.
Fuente: El Pregón.
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