COMUNICADO PÚBLICO
ABOGADOS Y PARTES DEMANDANTES DEL JUICIO CRUCITAS
Nosotros,
los abogados y las partes demandantes, directamente involucrados en el
Juicio Contencioso Administrativo relacionado con el Proyecto Minero
Crucitas, hacemos del conocimiento público lo siguiente:
Consideramos
gravísimos los hechos que han sido noticia en relación con la
filtración, a supuestas partes interesadas, del Proyecto de Sentencia de
Casación de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, sobre el caso
del Proyecto Minero Crucitas. Además, hoy conocemos que los señores y
señoras Magistradas de dicha Sala están siendo recusados (objetados para
que no participen en la sentencia) por parte de una persona aliada a
las partes demandadas. Sabemos también que esa persona intentó
bloquear el nombramiento en propiedad de al menos dos jueces del
Tribunal Contencioso que participaron en la redacción del Fallo que
detuvo al proyecto minero. Todos esos hechos atentan contra la dignidad
e independencia de los señores miembros del Poder Judicial, lo que debe
garantizárseles a toda cosa, por el bien de la democracia
costarricense.
Lo aquí denunciado debe llenar de gran
preocupación a toda la sociedad. Sabemos de los grandes intereses
económicos y políticos que están detrás de ese proyecto minero, del
poder político de las personas involucradas y del precio
escandalosamente alto del oro en el mercado internacional, rozando la
marca histórica de los 2000 dólares la onza (se pretendían extraer
alrededor de un millón de onzas).
Hoy se ha colocado en
grave riesgo la decencia de la institucionalidad costarricense y la
esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra lucha
ya no debe ser sólo por evitar los perjuicios para el país de un
determinado proyecto minero y la defensa del apego a la legalidad. Esta
lucha se convirtió ahora en la defensa frontal de toda nuestra
institucionalidad pública, gravemente amenazada con este caso.
El
juicio oral y público llevado a cabo en el Tribunal Contencioso
Administrativo, que desembocó en la ya histórica sentencia que anuló la
concesión minera a favor de Industrias Infinito en Crucitas de Cutris,
San Carlos, fue un gran ejemplo de independencia del Poder Judicial. En
dicho juicio, que duró aproximadamente dos meses, después de un amplio
debate con abundante prueba aportada por todas las partes, los
costarricenses pudimos conocer de primera mano la existencia de graves
actos contrarios a la ley, llevados a cabo por políticos del más alto
nivel, funcionarios públicos y personal de la empresa minera Industrias
Infinito S.A. Lo anterior llevó a dicho Tribunal a considerar, en su
sólida sentencia, que en los permisos otorgados a la empresa minera
existía fraude de ley y que podría haber existido una “orquestación de
voluntades” encaminada a lograr que el Proyecto Minero Crucitas entrara
en funcionamiento de la manera que fuera. Un fallo histórico que
devolvió la seguridad jurídica que este país tanto necesita.
Consideramos,
sin lugar a dudas, que el objetivo de las maniobras denunciadas es
alterar el balance y la integración de la Sala I y entorpecerle el
dictado de su sentencia. Es nuestra opinión que todos estos hechos
forman parte de una nueva campaña del miedo, orquestada con el único
afán de intimidar y amedrentar a todos aquellos que puedan ser un
obstáculo para la realización del proyecto minero. Esto se une a la
serie de denuncias penales infundadas, interpuestas por Industrias
Infinito contra expertos y activistas que se han pronunciado en contra
del Proyecto Minero.
Nos parece que estas acciones también
van encaminadas a desprestigiar a nuestro aparato jurisdiccional, de
cara a un eventual litigio internacional relacionado con este proyecto
minero.
Condenamos enérgicamente esas acciones arteras en
contra de la dignidad de nuestro país y exigimos que se hagan las
investigaciones de caso y se identifique y sancione al culpable o los
culpables de estas maniobras.
Exigimos que salga a la luz
pública el nombre de las partes interesadas y abogados que han tenido
acceso al borrador del fallo, según lo ha comunicado la prensa nacional.
Finalmente,
exigimos al Poder Judicial que respalde la actuación de los señores
magistrados de la Sala I y se rechace de forma contundente cualquier
intento de remover a esos funcionarios del conocimiento del caso
Crucitas.
San José, 12 de noviembre 2011.
Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado
Edgardo Araya Sibaja, Abogado
Edgardo Araya Sibaja, Abogado
Bernal Gamboa Mora, Abogado
Jorge Arturo Lobo Segura, Demandante
Jorge Arturo Lobo Segura, Demandante
Información de contacto
Edgardo Araya tel: 87049502 correo: evinicio@ice.co.cr
Alvaro Sagot tel: 88632887 correo: asagotr@racsa.co.cr
Fuente: Edgardo Vinicio Araya Sibaja.
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