• Proyecto minero de Crucitas

A dos años de la firma de undecreto inconveniente

Carlos Salazar*

El 13 de octubre pasado se cumplieron dos años de la firma del Decreto de Conveniencia Nacional, suscrito por la administración del presidente Óscar Arias Sánchez, para favorecer a la transnacional canadiense Infinito Gold en su proyecto minero, ubicado en Las Crucitas de San Carlos.

Dos años desde que la sociedad costarricense, como pocas veces en su historia, se ha unido de manera inequívoca para exigir ética y responsabilidad a sus gobernantes, solicitando desde varias entidades una derogatoria inmediata de este Decreto Ejecutivo de total inconveniencia nacional, pero defendido como tal por el Estado.

Esta exigencia de derogar tal Decreto Ejecutivo proviene de entidades tan variadas como disímiles, como por ejemplo, los Consejos Universitarios de tres prestigiosas universidades públicas del país (UNA, octubre del 2008; UCR, noviembre del 2008; e ITCR, diciembre del 2008); la misma oficina técnica ambiental de Casa Presidencial (Iniciativa Paz con la Naturaleza); una docena de municipalidades, incluyendo la de San José (voto unánime, mayo del 2010) y la de San Carlos (mayo del 2010); el Colegio de Biólogos (mayo del 2010) o, hecho inusual que llama poderosamente la atención, la misma Iglesia Católica (Pronunciamiento de la Conferencia de Obispos Católicos del 12 de enero del 2010). Ello sin olvidar los capítulos nacionales de la UICN, tanto de Costa Rica (noviembre del 2009), como de Nicaragua (agosto del 2008), y una multitud de entidades ecologistas y sociales en nuestros país.

Pese a este esfuerzo que lleva ya dos años, a un acuerdo explícito de todos los candidatos a la Presidencia durante la reciente campaña electoral (que dijeron, sin excepción alguna, oponerse a la minería química a cielo abierto), y a acciones no violentas como las dos marchas pacíficas, y el ayuno que realizan valientemente desde el viernes 7 de octubre en las afueras de la Casa Presidencial campesinos, integrantes del Frente Norte contra la Minería, y jóvenes del movimiento Ni una Sola Mina, el Gobierno se ha mantenido mudo, atrincherado detrás de sus fuerzas policiales.

Vale recordar que el Movimiento Ni Una Sola Mina nace de la marcha del 22 de abril del 2010, la cual reunió, como pocas veces, a la sociedad costarricense en las afueras de las instalaciones de la Sala IV, a raíz de su polémico voto del viernes 16 de abril, que antecedía en unos días las celebraciones de las jornadas contra la ALCOA, de hace 40 años en Costa Rica.

Contradicciones hunden el proyecto. Hoy ante los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, y desde el pasado 4 de octubre, cada audiencia o deposición de testigos parece hundir más este polémico proyecto minero. Las contradicciones afloran día tras día, los "técnicos" del Estado reconocen ante los jueces vacíos, negligencias y lagunas de toda clase, los expertos de la UCR ponen el dedo en la llaga sin dejar argumentos técnicos a la parte contraria, las ONG ecologistas y sus abogados exponen con talento a la sociedad en su conjunto la serie de irregularidades cometidas por el Estado que dice representar sus intereses.

Ante la sensación de impotencia, la única reacción de la empresa ha sido la de amenazar con recurrir a un arbitraje internacional, si no obtiene de los jueces administrativos una sentencia a su favor.

Al cumplirse dos años de la firma de este decreto, el agua parece por fin hacer mella en lo que una pequeña minoría (¿cuántos realmente serán entre los cuatro millones de habitantes de nuestro país?) todavía consideraba hasta hace unos meses como un proyecto minero único en el mundo, de minería “verde”.

Verde… seguramente lo es, pero no es el verde del plumaje de la lapa o de los hermosos bosques de la Zona Norte, sino el verde maloliente que busca enajenar al aparato del Estado de nuestra Nación.

*Periodista
(csalazar@elpais.co.cr).

Fuente: Diario Extra.