Para lograr un desarrollo sostenible, el ordenamiento territorial es central
En río revuelto, ganancia de pescadores: el debilitamiento de la gestión ambiental en los últimos años dio protagonismo a acciones y actores que apuestan poco por la sostenibilidad, y ponen en riesgo unos de los pilares de nuestro desarrollo humano.
El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, acaba de estimar que la conservación le dejó a este país ¢778.000 millones de colones en el 2009: 2,4 veces lo generado por la exportación de piña y un 15% de las exportaciones totales. ¿No vale la pena cuidar esta mina más que cualquier otra?
El recién presentado Informe Estado de la Nación plantea que las autoridades políticas priorizaron la actividad productiva por encima de la protección ambiental. En un país con amplio resguardo de su territorio, una activa sociedad civil ecologista y una alta dependencia económica de su imagen “verde”, podría ser un error irreversible entender esta protección como un “obstáculo” para el desarrollo, comprometiendo la sostenibilidad de esa riqueza natural, y a la larga, el crecimiento mismo.
Arriesgado camino. Tres elementos demuestran el arriesgado camino que hemos emprendido en el país. El primero es la profundización de patrones insostenibles de uso de recursos naturales, que se evidencia en una huella ecológica negativa (un consumo de estos recursos que exige 12% más del territorio disponible). Un ejemplo es la dependencia del uso de petróleo. Aunque en electricidad priorizamos fuentes limpias, el 76% de nuestro consumo energético proviene de hidrocarburos, especialmente para el transporte de personas y mercancías. Esto deriva en una huella de carbono creciente: en el 2009 se dedicó 30,3% del territorio por persona para absorber las emisiones de CO2, y en el 2021 será un 47,2% de no tomarse medidas eficaces.
El segundo elemento es que esta prioridad económica sobre el ambiente implica nuevos riesgos para el patrimonio natural. La competencia por la tierra se ha trasladado a las áreas protegidas, y en el 2009 se registran al menos 15 conflictos sociales por el uso de estos territorios. La Contraloría General de la República reporta la existencia de proyectos destinados a reducir o debilitar su protección, en favor de ciertos intereses económicos. En este marco, las actividades de alto impacto requieren también una revisión: según el Estado de la Nación, los potenciales yacimientos de minería metálica en el país se traslapan en 90% con áreas protegidas, corredores biológicos y territorios indígenas, evidenciando el riesgo de esta apuesta productiva.
En tercer lugar, el debilitamiento de la gestión institucional exacerba las presiones y los conflictos por el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, el “proceso de agilización” vivido por la Setena bajo el amparo del Ministerio de Competitividad (y no de Ambiente) fue señalado incluso por entidades del Ejecutivo (Iniciativa Paz con la Naturaleza) como una tendencia peligrosa a convertir la evaluación ambiental en mero trámite, y no en un instrumento clave para la sostenibilidad de la actividad productiva.
Ordenar el territorio. Ante este panorama, el Informe reitera el desafío central de plantear políticas para ordenar el territorio, de manera que existan instrumentos informados y participativos para establecer qué se hace y dónde. Nuestro espacio es pequeño, cruzado por fronteras conflictivas entre la actividad productiva y la protección ambiental. Para que las decisiones sean favorables al desarrollo sostenible, el ordenamiento territorial es central. No obstante, el marco normativo es omiso, fragmentado e insuficiente, no define competencias con claridad y genera traslapes de escala de trabajo y funciones entre las 30 entidades y 70 normas que tienen que ver con el tema.
Ordenarse es una decisión, como también no hacerlo. En este último caso, se favorecen actores ganadores de poco compromiso ecológico, que seguirán desgastando el patrimonio de todos y todas.
Como cualquier campo del desarrollo humano en que el país ha salido adelante, la prioridad del ambiente requiere información, diálogo político y compromiso de todos los sectores. Costa Rica puede, a partir de esas condiciones, producir y crecer en armonía con la naturaleza, y no permitir que el río corra dejando su verdadero oro en pocas redes.
Fuente: nacion.com.
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