24/11/2010 04:25 PM
El Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera a a la empresa Industrias Infinito, S.A. para explotar la minería a cielo abierto en Crucitas, San Carlos.
El fallo, dado a conocer esta tarde, fue recibido por aplausos de un grupo de ambientalistas que estaban presentes en la sala de juicio en Calle Blancos.
El Tribunal condenó a la empresa, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y al Estado al pago de daños ambientales provocados por la tala de árboles.
La causa fue interpuesta por Jorge Lobo , de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, contra la minera Industrias Infinito y el proyecto Crucitas, contra el Estado y el Sinac.
El fallo anula el decreto que declaró de interés público la minería a cielo abierto por parte del Gobierno de Óscar Arias, así como la viabilidad ambiental otorgada al proyecto y el permiso de tala de 12.300 árboles.
Sin embargo, esta sentencia no es definitiva, pues queda pendiente que la Sala Primera resuelva la apelación de la empresa Industrias Infinito.
Mientras, el Tribunal amplió el plazo para la medida cautelar dictada desde abril pasado , que suspendió las acciones mineras en Cutris de San Carlos.
Posible causa penal contra expresidente Arias
El Tribunal solicitó al Ministerio Público investigar a varios exfuncionarios públicos y posiblemente abrir un proceso judicial contra el expresidente Óscar Arias, así como a dos funcionarios de la Dirección de Geología y Minas, la exjerarca de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Sonia Espinosa, y el exministro de ambiente, Roberto Dobles.
El Tribunal afirmó que existen pruebas suficientes para considerar que hubo un impulso irregular del proyecto , principalmente al declararlo de interés público con argumentos poco fundamentados y otorgarle los permisos de funcionamiento cuando existía un decreto que prohibía la minería.
Edgardo Araya, abogado y vicepresidente de la Unión Nacional Norte por la Vida (Unovida) -coadyuvante de la parte demandante-, expresó su satisfacción y recalcó que el mismo Tribunal hizo ver la seria de irregularidades presentes en el proceso en el que Infinito obtuvo los permisos de funcionamiento, así como la voluntad política que existió para impulsar la mina.
“Así estaba previsto”
“Sin sorpresas ni reclamos”. Esas fueron las palabras del gerente de Relaciones Corporativas de Infinito, Juan Carlos Obando, al anunciar que apelarán la sentencia en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por considerar que contiene aspectos de forma y fondo que pueden ser objeto del recurso de casación.
“Era algo previsible producto del contenido técnico del proceso y de la gran cantidad de expedientes legales y técnicos que era necesario analizar y valorar y el poco tiempo que el Tribunal tenía para hacerlo, solamente 2 días ”, señaló en un comunicado de prensa, pues los representantes de Infinito se retiraron de la sala de juicios sin dar declaraciones.
La empresa dijo sentirse sorprendida porque mientras la Sala Constitucional avaló la legalidad de todos los trámites efectuados por la empresa desde hace 19 años, durante un proceso que demoró casi dos años, ahora el Tribunal emite un criterio contrario en un periodo de 2 meses.
“ Resulta difícil entender este fallo cuando el máximo Tribunal del país avaló a Crucitas como un proyecto ambientalmente, legalmente, constitucionalmente y socialmente viable”, apuntó.
Crucitas ha invertido $127 millones en Costa Rica y pretende extraer en Costa Rica 700.000 onzas de oro a cielo abierto, equivalentes en estos momentos a unos $840 millones .
La compañía esperará la sentencia integral que será dada a conocer el martes 14 de diciembre para su debido análisis y estudio
Por el contrario, la Fracción del Partido Acción Ciudadana envió un comunicado donde celebra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo a favor del ambiente y la vida.
“Evidencia una vez más el grave error en que incurrió la administración de Óscar Arias al declarar de interés público el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas”, según el documento.
El 10 de noviembre pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la legislación que prohibe la minería a cielo abierto y declara a Costa Rica como un país libre de minería a cielo abierto .
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