La declaratoria de interés público que firmó el expresidente Óscar Arias podría ponerlo en apuros judiciales.
El entonces presidente Óscar Arias dijo en el 2008 que firmó el decreto confiado en su ministro de Ambiente, Roberto Dobles (al lado).ARchivo
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Por esa actuación, el Tribunal Contencioso Administrativo solicitó ayer a la Fiscalía considerar la apertura de una causa penal contra el exmandatario.
La investigación pretende determinar si con la declaratoria de interés público, los exfuncionarios incurrieron en prevaricato, delito que comete un funcionario al resolver contrario a la ley o con base en hechos falsos
Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron el decreto 34801 -Minaet el 13 de octubre del 2008.
Con ese acto, facultaron a la firma Industrias Infinito S. A. a cortar árboles “inclusive de las especies que estén vedadas” en los terrenos del proyecto minero, en Cutris, San Carlos de Alajuela.
Para los jueces, sin embargo, al decreto le faltó fundamentación dada “su trascendencia”.
“No solo carece de suficiente motivación respecto al balance de beneficios sociales y costos socioambientales, sino que esa omisión se evidencia en el expediente administrativo”, dijo el presidente del Tribunal, Eduardo González.
Ayer, se intentó consultar al expresidente sobre la recomendación del Tribunal Contencioso. No obstante, no respondió a múltiples mensajes dejados con su personal y en su correo electrónico.
La posibilidad de enfrentar una causa judicial por estos hechos no es nueva ni para Arias ni para el exministro Dobles.
El 21 de octubre del 2008, el Ministerio Público de oficio anunció la apertura de una causa judicial contra ellos. Para entonces, ambos gozaban de inmunidad como miembros de Supremos Poderes.
“Cuando firmé ese decreto fue porque fui informado de que se cumplieron todos los requisitos legales”, dijo Arias en esa fecha.
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