Tribunal ordena anular concesión para extraer oro en San Carlos
Fallo indica que Setena debió exigir segundo estudio de impacto ecológico
Jueces proponen a Fiscalía abrir causa contra Óscar Arias por decreto de tala
El Tribunal Contencioso Administrativo anuló ayer la concesión del proyecto minero Crucitas, luego de encontrar ilegalidades en los permisos para extraer oro y daño ambiental causado por la tala de almendros en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
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Lectura del 'por tanto' de la sentencia
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Los jueces argumentaron que no hubo suficiente fundamentación técnica para que se firmara, en octubre del 2008, el decreto 34801-Minaet que declaró el proyecto minero de conveniencia nacional y de interés público .
Este decreto –firmado por el entonces presidente Óscar Arias Sánchez– permitió la tala de 50 hectáreas de bosque, en el que crecían decenas de almendros amarillos, una especie cuya corta está vedada para preservar el hábitat de las lapas verdes.
El Tribunal también encontró irregularidades en el permiso de viabilidad ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en favor de Industrias Infinito S. A.
A criterio de los jueces, Setena debió exigir un nuevo estudio de impacto ambiental, cuando la minera incluyó cambios en el proyecto y redujo el área de explotación aurífera. Sin embargo, ese segundo estudio nunca se hizo.
Así las cosas, el Tribunal Contencioso anuló los documentos que firmó la Setena para autorizar la viabilidad ambiental, el decreto 34801-Minaet y canceló la concesión minera otorgada a Industrias Infinito.
“Se condena a Industrias Infinito S. A., al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados por la tala rasa llevada a cabo en las propiedades de Industrias Infinito S. A.”, dijo el presidente del Tribunal, Eduardo González .
Además, notificó esta sentencia al Ministerio Público para que valore si corresponde abrir un procedimiento penal contra el expresidente Arias; el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, la exsecretaria de Setena, Sonia Espinosa, y cinco funcionarios más.
Denuncia ambiental. Con esta sentencia, concluye el primer juicio contencioso administrativo que se sigue contra la empresa minera Industrias Infinito.
La demanda fue interpuesta por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), el Frente Norte por la Vida (Unovida) y el abogado ambientalista Álvaro Sagot.
Todos argumentaron que los permisos de viabilidad ambiental se habían otorgado ilegalmente y sin cumplir con los requisitos que establece la normativa vigente.
Además, cuestionaron que el Estado respaldara un megaproyecto minero que pone en riesgo especies vedadas como el almendro amarillo y en riesgo de extinción, como la lapa verde.
La sentencia, favorable a los ambientalistas, fue emitida siete meses después de que la Sala IV rechazara un recurso de amparo interpuesto por Edgardo Araya, a nombre de Unovida.
En aquella oportunidad, los magistrados constitucionales no encontraron “riesgos ambientales” en la exploración minera Crucitas.
Con respecto a dicha resolución, el cojuez David Fallas, argumentó ayer que la Sala IV hizo un abordaje constitucional del caso, “sin detenerse a analizar temas de legalidad propios de la jurisdicción contencioso administrativa”.
Tras darse a conocer la parte dispositiva de la sentencia, el procurador ambiental Mauricio Castro prefirió no referirse hasta que conozca el texto integral, el cual se leerá el 14 de diciembre.
Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito, intentó evadir a la prensa.
Sin embargo, se enfrentó a un grupo de ambientalistas que lo esperaban en las afueras del Tribunal, en Calle Blancos de Goicoechea, y le gritaban improperios.
De manera muy escueta, José Manuel Echandi, abogado de los trabajadores de la mina Crucitas, adelantó que impugnarán el fallo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Edgardo Araya, de Unovida ,y Álvaro Sagot se mostraron muy satisfechos.
“Este es un mensaje de que aquí el poder político y el poder económico no pueden hacer lo que quieren. La institucionalidad de este país se ha reforzado con esta sentencia. Es un triunfo de todos los costarricenses”, declaró Araya.
Este abogado no descartó continuar un segundo juicio contra la mina, esta vez por el supuesto daño en los acuíferos de la zona.
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